El golpe a las instituciones

La prolongada incapacidad del secesionismo catal¨¢n para acordar la investidura de un president de la Generalitat es el ¨²ltimo episodio de una mete¨®rica degradaci¨®n institucional. Su pertinaz desobediencia a las leyes, su insistente desprecio a la oposici¨®n y su prolongado desacato a los tribunales marcan esa corrosi¨®n del orden democr¨¢tico e institucional y deja al autogobierno repleto de instrumentos b¨¢sicos desacreditados. Esta es la herencia:

1.- El veneno del desorden

En el principio del desorden estuvo el elogio a la desobediencia. La ruptura del orden estatutario y constitucional por el secesionismo catal¨¢n en oto?o de 2017 tuvo dos pr¨®logos. Uno, el seudorefer¨¦ndum del 9-N de 2014 por el que el president Artur Mas y varios de sus consejeros fueron condenados por el delito de desobediencia en el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a. Otro, justo un a?o despu¨¦s, la resoluci¨®n parlamentaria de 2015, tras las elecciones ¡°plesbicitarias¡± del 27-S en las que el convocante perdi¨® el plebiscito (en voto popular) pero gan¨® la mayor¨ªa parlamentaria (en esca?os).

Esta resoluci¨®n plasmaba la llamada ¡°hoja de ruta¡± del independentismo. Proclamaba abiertamente ¡°el inicio del proceso de creaci¨®n de un estado catal¨¢n en forma de rep¨²blica¡±. Un proceso que achatarraba la legislaci¨®n democr¨¢tica vigente, por el que la C¨¢mara no se supeditar¨ªa a sus instituciones, ¡°en particular¡± el Tribunal Constitucional (TC); e instaba al Govern a ¡°cumplir exclusivamente¡± sus normas y mandatos.

La hoja de ruta fue suspendida por el TC ¡ªy anulada el 2 de diciembre¡ª por violar la Constituci¨®n , quedando afectadas de nulidad todas las resoluciones parlamentarias que colgasen de ella.

El independentismo quiso equiparar su reivindicaci¨®n con el movimiento norteamericano de los a?os sesenta por los derechos civiles, especialmente de la minor¨ªa negra (de Rosa Parks a Martin Luther King)

La propaganda oficial intent¨® justificar la desobediencia con argumentos hist¨®ricos, electorales e hist¨®ricos, todos ellos inaplicables al caso.

Quiso equiparar la reivindicaci¨®n de la independencia catalana con el movimiento norteamericano de los a?os sesenta por los derechos civiles, especialmente de la minor¨ªa negra (de Rosa Parks a Martin Luther King); con el pacifismo anticolonial del Mahatma Gandhi en India; y con la resistencia de Nelson Mandela y la mayor¨ªa sometida al apartheid en Sur¨¢frica. Pero no es lo mismo, porque la desobediencia en esos casos la protagonizaron los ciudadanos, y no las instituciones de gobierno. Y sobre todo porque las normas contra las que se rebelaron esos movimientos no eran democr¨¢ticas, a diferencia de los Estatutos de Catalu?a (de 1979 y 2006) y de la Constituci¨®n espa?ola de 1978. Estos textos fueron apoyados por amplias mayor¨ªas del electorado catal¨¢n, que en el caso de la Carta Magna alcanz¨® el 91,09% de los votantes (casi el doble que los secesionistas del 9-N de 2014), dos puntos m¨¢s que la media espa?ola.

La propaganda pretendi¨® anclar tambi¨¦n la secesi¨®n en un ¡°mandato electoral¡±, el del 27-S: pero el voto a los partidos independentistas se cifr¨® entonces en el 47,7% de las papeletas (y declin¨® unas d¨¦cimas en 2017), es decir, no alcanz¨® siquiera la mayor¨ªa. La doctrina m¨¢s comprensiva con los movimientos de secesi¨®n ¡ªcomo el dictamen del Tribunal Supremo de Canad¨¢ de 1998 sobre Quebec¡ª dicta que la mayor¨ªa exigible sea adem¨¢s ¡°clara¡±, reforzada.

Y el secesionismo blandi¨® asimismo la pretensi¨®n de que la democracia se reduce a votar: ¡°President, posi les urnes¡±, hab¨ªa clamado el 11 de septiembre de 2014 la dirigente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) que ser¨ªa elegida en 2016 presidenta del Parlament, Carme Forcadell. En realidad, los sistemas democr¨¢ticos, adem¨¢s de consagrar ese principio representativo, se fundamentan en el de legalidad, en el de gobierno de la mayor¨ªa y respeto a las minor¨ªas, en la separaci¨®n de poderes, en la tutela de todos los derechos y libertades individuales.

Complementariamente, el secesionismo aup¨® su plan evocando el derecho a la autodeterminaci¨®n de los pueblos reconocido por la ONU: apelaci¨®n inaplicable en este caso por no estar sometida Catalu?a a una opresi¨®n colonial, ocupaci¨®n militar extranjera u opresi¨®n dictatorial asfixiante, los supuestos en que el derecho internacional da luz verde a las leg¨ªtimas secesiones (¡°Catalu?a no es Kosovo).

Esta llamada a la desobediencia planteaba un venenoso horizonte de desorden en cascada: ?con qu¨¦ credibilidad una autoridad reclamar¨ªa en el futuro a sus ciudadanos que respetasen las leyes, si antes ella misma las viol¨®?

2.-El golpe contra la legalidad democr¨¢tica

La principal instituci¨®n de una sociedad moderna es su legalidad democr¨¢tica. Es exactamente eso lo que fue sometido al golpe parlamentario del 6, 7 y 8 de septiembre mediante las leyes de ¡°desconexi¨®n¡± o ruptura que abrogaron la vigencia del Estatut, la Constituci¨®n y el entero acervo jur¨ªdico del ordenamiento democr¨¢tico catal¨¢n y espa?ol.

La ley (auton¨®mica) del ¡°refer¨¦ndum de autodeterminaci¨®n¡± destruy¨® el principio de jerarqu¨ªa normativa al autootorgarse la preeminencia sobre el Estatut y la Constituci¨®n: ¡°prevalece jer¨¢rquicamente sobre todas aquellas normas que puedan entrar en conflicto con ella¡± (art¨ªculo 3.2).

Atentaba contra las leyes supremas catalana y espa?ola al abrogarlas parcialmente: reduc¨ªa la soberan¨ªa a solo una parte del pueblo espa?ol (art¨ªculo 2); reputaba de ¡°vinculante¡± el resultado, y por un solo voto, cuando los referendos en Espa?a son consultivos (salvo los de ratificaci¨®n de reformas estatutarias y constitucionales), seg¨²n el art. 92 de la Constituci¨®n; se inmiscu¨ªa en la libertad de los medios informativos (art¨ªculo 12); erig¨ªa una autoridad electoral, la ¡°sindicatura¡±, sin contar con ley electoral previa y monopolizada (como result¨® ser, sin excepci¨®n alguna) por los partidos secesionistas (art¨ªculos 14 y siguientes).

Y lo hac¨ªa violando el procedimiento arbitrado en el propio Estatut para su reforma: su art¨ªculo 222 prescrib¨ªa (y prescribe) que para modificarlo se exige una mayor¨ªa reforzada m¨ªnima de dos tercios de la C¨¢mara (90 esca?os), am¨¦n de la aprobaci¨®n de las Cortes y de los ciudadanos en refer¨¦ndum. Pero la ley del refer¨¦ndum (que iba a¨²n m¨¢s all¨¢ de la reforma del texto estatutario: lo reemplazaba parcialmente) solo concit¨® la adhesi¨®n de 72 diputados.

Este proyecto, votado en el bochornoso Pleno del 6 de septiembre de 2017, atentaba tambi¨¦n contra toda la normativa internacional sobre consultas referendarias, concretamente la de la Comisi¨®n de Venecia del Consejo de Europa, seg¨²n la cual ¡°el uso de los referendos debe cumplir con el sistema legal en su totalidad ¡°, y ¡°no pueden celebrarse si la Constituci¨®n o una ley conforme a esta no los estipula¡± (art¨ªculos I y III de su C¨®digo de Buenas Pr¨¢cticas).

La celebraci¨®n del refer¨¦ndum, el 1 de octubre, incumpli¨® adem¨¢s todos los dem¨¢s requisitos de Venecia: nomas regulatorias dictadas con un a?o de antelaci¨®n, censo permanente y registro fiable, composici¨®n equilibrada y neutralidad de la autoridad electoral. Y tambi¨¦n 25 de los 34 art¨ªculos de la propia Ley del refer¨¦ndum.

La otra ley de desconexi¨®n, la de ¡°transitoriedad y fundacional¡± de la Rep¨²blica catalana, consagraba un Estado catal¨¢n independiente de corte autoritario, desde horas despu¨¦s del refer¨¦ndum y la declaraci¨®n de independencia hasta la redacci¨®n de una Constituci¨®n de nuevo cu?o.

Las leyes de desconexi¨®n instauraba un orden autocr¨¢tico, autoritario, cercano a las dictaduras

Ese Estado liquidar¨ªa la actual divisi¨®n de poderes y la independencia judicial. La judicatura se convert¨ªa en un monopolio de poder del Ejecutivo. Corresponder¨ªa al presidente de la Rep¨²blica (y de su Gobierno, en ins¨®lita acumulaci¨®n de funciones para un r¨¦gimen parlamentarista) el nombramiento (art¨ªculo 66) del presidente del Tribunal Supremo (directamente), seg¨²n el modelo semidictarorial polaco actualmente perseguido por las instituciones de la Uni¨®n Europea. E indirectamente (art¨ªculo 70) el Ejecutivo obten¨ªa el mando sobre todos los dem¨¢s cargos judiciales, a trav¨¦s de una Comisi¨®n Mixta en la que su representantes ostentar¨ªan la mayor¨ªa absoluta frente a una minor¨ªa de jueces cooptados.

La elaboraci¨®n de la nueva Constituci¨®n se encomendaba a un disparatado modelo de inspiraci¨®n venezolana: durante la vigencia de la ley de transitoriedad, se crear¨ªa (art¨ªculos 85 y siguientes) un organismo escabinado entre gobernantes y miembros de la sociedad civil (en la pr¨¢ctica, de las organizaciones de agitaci¨®n secesionista, ANC y ?mnium Cultural) que ¡°preparar¨ªa¡± el dicho proceso constituyente, someti¨¦ndole a un cors¨¦, el de una ¡°consulta¡± organizada a su modo.?

De modo que ambas leyes de ¡°desconexi¨®n¡± no se limitaban a destruir el orden democr¨¢tico libremente elegido por los catalanes y el conjunto de los espa?oles. Instauraban un orden autocr¨¢tico, autoritario, cercano a las dictaduras.

3.- La burla a los propios juristas de la Generalitat

Los principales organismos de la Generalitat encargados de vigilar la adecuaci¨®n de las leyes auton¨®micas (y otras) al Estatut y la Constituci¨®n mediante su control previo son dos: el Consell de Garanties Estatut¨¤ries (CGE, una suerte de TC sin efectos obligatorios) y los Servicios Jur¨ªdicos del Parlament (internos de la C¨¢mara). Ambos producen dict¨¢menes, informes y opiniones de car¨¢cter consultivo ¡ªde efectos no vinculantes¡ª, pero por su prestigio t¨¦cnico y trayectoria han gozado de gran influencia y predicamento. Tanto el Parlamento como el Gobierno auton¨®micos han tenido muy en cuenta sus recomendaciones.

Los letrados aedvirtieron de que las leyes de ¡°desconexi¨®n¡± vulneraban las advertencias del Constitucional

Eso ha sido as¨ª hasta la fase final del ¡°proc¨¦s¡±, en que los dirigentes secesionistas han minimizado, ignorado e incluso ridiculizado a los propios juristas propios.

Las leyes de ruptura violaron el propio Estatut y la normativa internacional sobre consultas referendarias

El CGE dictamin¨® en 2017 contra seis de las siete normas parlamentarias esenciales para el ¡°proc¨¦s¡± que le fueron sometidas y declar¨® anticonstitucionales, en su mayor¨ªa por unanimidad. Solo convalid¨® la relativa al voto electr¨®nico en el extranjero (dictamen 9/2017).

Desautoriz¨® la disposici¨®n del presupuesto de 2017 que habilitaba una partida para el refer¨¦ndum ilegal (2 de marzo).

Oblig¨® a retocar la reforma del reglamento del Parlament que permit¨ªa votaciones expr¨¦s y en secreto, circunscunscribi¨¦ndolas al caso de que las aconsejase la naturaleza de la proposici¨®n; y requiri¨® mantener los requisitos de publicaci¨®n previa del texto y su sometimiento al an¨¢lisis del CGE (6 de julio).

Instruy¨® a que el nuevo C¨®digo Tributario de Catalu?a citase a la Constituci¨®n y al Estatuto como fuentes y desactiv¨® unas discriminatorias ¡°pruebas restringidas¡± para el acceso a los cuerpos de la administraci¨®n de impuestos (dictamen 8/2017).

Deslegitim¨®, por inconstitucionales, los privilegios previstos en el acceso a los empleos p¨²blicos en la Agencia Catalana de Protecci¨®n Social (24 de agosto).

Acord¨® que el tr¨¢mite parlamentario ¡°expr¨¦s¡± acordado para votar la ¡°ley del refer¨¦ndum de autodeterminaci¨®n¡± deb¨ªa respetar los tr¨¢mites esenciales obligatorios para toda norma, como la presentaci¨®n de enmiendas (6 de septiembre).

Y consagr¨® que toda proposici¨®n de ley (sin excepci¨®n), como la relativa a la ¡°ley de transitoriedad y fundacional de la Rep¨²blica¡±, debe ¡°poder ser objeto de solicitud de dictamen¡± del propio CGE. Dicha solicitud, ¡°no puede ser limitada¡± por cuanto es un derecho firme de los parlamentarios, que la escu¨¢lida mayor¨ªa secesionista pretend¨ªa obviar (como hizo) a la oposici¨®n (7 septiembre).

Ese mismo consejo valid¨® en buena medida la aplicaci¨®n del art¨ªculo 155 de la Constituci¨®n por el Senado para intervenir puntualmente la autonom¨ªa catalana, al aceptar la constitucionalidad de la disoluci¨®n del Parlament para convocar elecciones, lo que consider¨® una ¡°medida necesaria¡± para la ¡°restituci¨®n del autogobierno en el plazo m¨¢s breve¡±; as¨ª como las limitaciones de la C¨¢mara en la labor de control de la Generalitat intervenida, dado el car¨¢cter de ¡°gesti¨®n de tr¨¢mite¡± que se le atribuy¨®. En cambio, consider¨® que los ceses del president y del Govern no respetaron ¡°los principios de gradualidad y de proporcionalidad¡± (5 de diciembre).

Tambi¨¦n los letrados de los Servicios Jur¨ªdicos del Parlament advirtieron en numerosas ocasiones a la Mesa y a sus se?or¨ªas de que se propon¨ªan aprobar normas abiertamente ilegales.

Su coraje profesional les cost¨® disgustos, especialmente en las sesiones golpistas del 6 y 7/8 de septiembre de 2017, cuando manifestaron sentirse ¡°coartados¡± y ¡°presionados¡± por Forcadell y la mayor¨ªa independentista de la C¨¢mara. La presidenta lleg¨® a negar la palabra en una junta de portavoces al Letrado Mayor, Antoni Bayona, que la hab¨ªa solicitado para advertir a los parlamentarios de que el organismo regulador del refer¨¦ndum que se propon¨ªan aprobar (la ¡°Sindicatura electoral¡±) era enteramente ilegal.

Pese a ese abuso, los letrados tramitaron un escrito a la Mesa alertando que ambas leyes de ¡°desconexi¨®n¡± (refer¨¦ndum y transitoriedad) vulneraban las advertencias del TC, por lo que quedaban ¡°afectadas¡± por la prohibici¨®n de la resoluci¨®n sobre la hoja de ruta del 9-N de 2015: incumplirla ¡°podr¨ªa dar lugar a la exigencia de responsabilidades de los miembros de la Mesa¡±, como as¨ª fue m¨¢s tarde en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Estaban advertidos.

Ya antes (16 de febrero) les hab¨ªan recomendado modificar el primer formato con que los secesionistas buscaban despachar las leyes rupturistas: en ¡°ponencia conjunta¡±, para aparentar una inexistente unanimidad favorable de los grupos parlamentarios, pues solo dos (Junts pel S¨ª ¡ªpostconvergentes y Esquerra¡ª y la CUP) las apoyaban, contra otros cuatro disidentes (Ciudadanos, Catalunya s¨ª que es pot ¡ªlos ¡°comunes¡±¡ª PSC y PP. En esa ocasi¨®n obedecieron.

Otro tanto ocurri¨® con la modificaci¨®n del reglamento del Parlamento para aligerar y anular tr¨¢mites en la votaci¨®n de ambas leyes (22 de junio) por lectura ¨²nica y a velocidad expr¨¦s, lo que reduc¨ªa los derechos de los diputados de la oposici¨®n. O con la inclusi¨®n en el presupuesto de una partida ilegal con que financiar el refer¨¦ndum (22 de junio).

La ¨²ltima ¡ªy una de las m¨¢s famosas¡ª toma de posici¨®n de los juristas institucionales contra el pirateo legislativo caracter¨ªstico del ¡°proc¨¦s¡± ha sido la recomendaci¨®n de evitar una investidura presidencial sin presencia del candidato, por v¨ªa telem¨¢tica o por delegaci¨®n: ello impedir¨ªa ¡°una interlocuci¨®n e interacci¨®n directa entre los diputados y el presidente de la Generalitat¡±, sostuvieron, y atentar¨ªa contra el acervo normativo (15 de enero 2018).

El Gobierno central ha ignorado en 26 ocasiones las sentencias del Constitucional

Tambi¨¦n recientemente, el Gobierno de Mariano Rajoy ha sido fuertemente criticado por ignorar el informe del Consejo de Estado solicitado (el 25/1/2018) sobre su prop¨®sito de recurrir al TC contra la propuesta de investidura de Carles Puigdemont como president. El Consejo concluy¨® (dictamen 84/2018) que no hab¨ªa lugar al recurso porque no mediaba un acto administrativo impugnable, sino que se trataba de una impugnaci¨®n ¡°preventiva o hipot¨¦tica¡±. Y sin embargo el Gobierno recurri¨® ante el alto tribunal, que emiti¨® una resoluci¨®n de g¨¦nesis discutida (adopt¨® medidas de tipo cautelar sin haber aceptado formalmente a tr¨¢mite el recurso) y efectos salom¨®nicos.

El episodio erosion¨® en parte la eficacia de la cr¨ªtica del mundo constitucionalista al independentismo. Pero no se trata de actuaciones del mismo nivel. El hecho de desatender el dictamen consultivo del Consejo de Estado no se ha acompa?ado de insinuaciones degradantes ni declaraciones lesivas. Ha sucedido ya en otras ocasiones que dicho consejo desautorizase proyectos del ejecutivo (en 2005 con algunos aspectos de la ley de violencia de g¨¦nero; en 2009 con el decreto regulador de la televisi¨®n digital terrestre; en 2014 con la f¨®rmula para retocar la ley del aborto). Y la disonancia del Gobierno con ¨¦l no ha tenido car¨¢cter sist¨¦mico, a diferencia de lo ocurrido en Catalu?a con el CGE.

4.-El incumplimiento a los mandatos de los tribunales

El s¨ªmbolo m¨¢s exacto de c¨®mo el independentismo ha vulnerado la ley, desafiado a la Justicia y quebrado los mandatos de los tribunales tiene un nombre, el del exjuez Santiago Vidal: un magistrado para violar la ley.

En efecto, siendo a¨²n juez (magistrado de la Audiencia provincial de Barcelona), esto es, garante del cumplimiento de las leyes, particip¨® en la redacci¨®n de una Constituci¨®n para una Catalu?a independiente, que violaba el ordenamiento constitucional. Fue sancionado en febrero de 2015 y apartado de la carrera judicial, a la que ha pedido reincoporarse. Luego fue elegido senador por Esquerra, cargo que debi¨® abandonar tras alardear de que el Govern obten¨ªa datos fiscales de los ciudadanos, de lo que se desdijo el pasado d¨ªa 13 ante el juez barcelon¨¦s que sigue su causa, aduciendo que el contenido de sus conferencias ¡°no era real¡±.

Esta conducta de ejemplar coherencia ha sido paradigma en los momentos cumbre de la actuaci¨®n secesionista: la proclamaci¨®n de la rep¨²blica catalana independiente por la mitad del Parlament el 27 de octubre de 2017 fue bastante ef¨ªmera. Dur¨® ocho segundos. Luego su ejecuci¨®n se agu¨® y al cabo sus protagonistas adujeron ante el Tribunal Supremo que no hab¨ªa que tomarla en serio porque hab¨ªa sido ¡°simb¨®lica¡±¡­ pese a lo cual el grupo del presidente destituido y fugitivo la sigue reivindicando.

Los continuos quebrantamientos del Estatut y la Constituci¨®n a cargo del secesionismo han forzado al TC a dictar 34 resoluciones contra sus actuaciones: 22 sentencias y 13 autos. Versan desde la resoluci¨®n del Parlament que aprob¨® en 2014 una declaraci¨®n de soberan¨ªa y del derecho a decidir del pueblo de Catalu?a, hasta un recurso de amparo del PSC sobre el acuerdo de la Mesa que permiti¨® la tramitaci¨®n y aprobaci¨®n de la ley del refer¨¦ndum, este mismo febrero. El tribunal las adopt¨®, todas ellas, por unanimidad, sorteando as¨ª las acusaciones de politizaci¨®n partidista del m¨¢ximo garante de la Constituci¨®n, m¨¢s propias de etapas pasadas.

Pero los mismos pol¨ªticos que empezaron quebrantando la ley han acabado vulnerando los mandatos de la Justicia que les obligaban a restaurarla. Los incumplimientos de las resoluciones se aproximan a una decena aunque, de momento, solo existe una condena, al ex president Artur Mas, Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau por organizar la consulta del 9-N, que hab¨ªa sido prohibida por el TC.

No es que todos los Gobiernos hayan sido escrupulosos en la ejecuci¨®n de las resoluciones del TC. El propio Gobierno central las ha ignorado en 26 ocasiones. Sin embargo, en su inmensa mayor¨ªa no versaban sobre el n¨²cleo duro de la Constituci¨®n sino sobe cuestiones competenciales (como la atribuci¨®n de la competencia para becas escolares), sin duda administrativamente importantes, pero de menor relevancia.

Otra conducta que ha contribuido a erosionar la coherencia institucional es la doble vara de medir utilizada por el independentismo en sus reacciones a esas resoluciones: por un lado se esfuerza en deslegitimarlas (as¨ª como a los propios magistrados) en su discurso pol¨ªtico. Por otro, no duda en recurrir cualquier sentencia que le sea desfavorable ante el propio tribunal. Contradicci¨®n que suele explicar como una conveniencia procesal, la necesidad de agotar la v¨ªa jurisdiccional interna antes de apelar al Tribunal de Derechos Humanos del Consejo de Europa con sede en Estrasburgo.

Todas esas mellas inferidas al aparato institucional de la democracia han tenido tambi¨¦n efectos colaterales contaminantes. As¨ª, el Gobierno aprob¨® en 2015 ¡ªen solitario¡ª, una reforma del propio TC dirigida a frenar cualquier intento secesionista. La reforma le dot¨® de un mecanismo directo para hacer cumplir sus sentencias y le otorg¨® la potestad de suspender de sus funciones a cargos p¨²blicos. Buena parte de los magistrados que forman parte del plenario la consider¨® como un intento del Gobierno de Mariano Rajoy de trasladar al Constitucional la resoluci¨®n de un problema de alcance estrictamente pol¨ªtico, sobre todo en aquel momento. El propio Consejo de Europa, a trav¨¦s de la Comisi¨®n de Venecia, analiz¨® esa reforma y la aval¨®, aunque reprocho haber atribuido al tribunal la capacidad de imponer multas a los incumplidores.

Aunque el Gobierno ha cumplido con la ley al intentar asegurar que todo el mundo hiciera lo propio, la apelaci¨®n casi en exclusiva a los tribunales para frenar al independentismo se ha revelado insuficiente: m¨²ltiples voces han reclamado v¨ªas y planteamientos pol¨ªticos adicionales para encauzar el problema. Una lamentable consecuencia de este d¨¦ficit es el riesgo de erosi¨®n de la imagen exterior de la s¨®lida democracia espa?ola: los organismos internacionales especializados la respaldan, pero la opini¨®n p¨²blica europea toma distancias: Espa?a figura como tercer Estado (por detr¨¢s de Bulgaria y Eslovaquia) donde un mayor porcentaje de ciudadanos percibe que la justicia no es independiente, seg¨²n el informe de la Comisi¨®n Europea, hecho p¨²blico en abril de 2017.

El r¨ªgido alineamiento general de la acci¨®n de la fiscal¨ªa, independiente en su trabajo pero regida por los principios de unidad y jerarqu¨ªa, con la agenda del Ejecutivo, contribuye a esa percepci¨®n. Agravada por pron¨®sticos del ministro de Justicia, Rafael Catal¨¢, sobre el futuro procesal de los imputados o las ¡°conversaciones¡± del Gobierno con algunos magistrados del propio Constitucional. Ocultar esos defectos, limitaciones e interferencias gubernamentales ser¨ªa ingenuo. Equipararlos con la rebeld¨ªa secesionista contra la legalidad ser¨ªa excesivo, porque si el fin no justifica los medios, tampoco es equivalente el objetivo de mantener la ley que el de destruirla.

5.- El Govern, a cargo de un sanedr¨ªn clandestino

Los gobiernos en la sombra son leg¨ªtimos artilugios de la oposici¨®n para contrarrestar al Gobierno con su imagen alternativa, que se pretende mejor. La oposici¨®n en el Reino Unido suele articular estos shadow cabinet, p¨²blicos y notorios, un expediente meramente propagand¨ªstico, porque no adopta decisiones ejecutivas, pero prefigura el tono del Ejecutivo alternante.

El sottogoverno o alto funcionariado de la Administraci¨®n ejerce de tecnocracia, influye en la pol¨ªtica con su sabidur¨ªa y o habilidad t¨¦cnica, econ¨®mica, jur¨ªdica. Pero est¨¢ a las ¨®rdenes formales del Gobierno democr¨¢tico.

Lo que sucedi¨® con la instituci¨®n del Govern en la Catalu?a del proc¨¦s apenas tiene parang¨®n en la historia. Quiz¨¢, aunque en forma de caricatura, con los organismos de doble poder de la Rusia de 2017: hubo un verdadero poder, secreto e irresponsable ¡ªpor exento de responsabilidad jur¨ªdica exigible¡ª, que adoptaba l¨ªneas pol¨ªticas estrat¨¦gicas por encima del Govern te¨®ricamente responsable, mientras este apenas gobernaba m¨¢s que como comit¨¦ de agitaci¨®n y propaganda.

La existencia del sanedr¨ªn, estado mayor, pinyol o gobierno invisible, en la oscuridad, tom¨® carta de naturaleza p¨²blica en julio de 2017 cuando el consejero de Empresa, Jordi Baiget, hizo unas declaraciones al diario El Punt/Avui que le costar¨ªan el cargo, acusado (en sordina) de traidor: ¡°Una parte del Govern no est¨¢ en el n¨²cleo duro de las decisiones y esto genera lo que genera. A m¨ª, y a otros, ?se nos consulta la estrategia que tendremos que hacer?¡±, manifest¨®, pesaroso, horas antes de ser fulminantemente destituido.

El sanedr¨ªn, aunque de composici¨®n cambiante, ten¨ªa entre sus fijos al president Puigdemont y a su predecesor Artur Mas; al vicepresidente Oriol Junqueras; a los jefes del grupo parlamentario de Junts pel S¨ª, Jordi Turull y Marta Rovira; a los dos Jordis (S¨¢nchez y Cuixart, presidentes de las asociaciones soberanistas privadas ANC y ?mnium); al editor y fundador del diario ¡°Ara¡±, Oriol Soler, visitante de Julian Assange en la embajada ecuatoriana de Londres y activo activista en las redes de la causa independentista catalana; al ex consejero Xavier Vendrell, y fue censado (pero con ment¨ªs) el antiguo hombre de confianza de Mas, Davi Mad¨ª.

El formato m¨¢s barroco del estado mayor fue la heter¨®clita congregaci¨®n de gobernantes y activistas en la decisiva noche del 25 de octubre de 2017, cuando Puigdemont decidi¨® convocar elecciones auton¨®micas y volver a la legalidad, prop¨®sito que no mantuvo ni 24 horas. Estuvieron reunidos durante m¨¢s de seis horas en el Palau de la Generalitat todos los consejeros del Govern, los parlamentarios Rovira, Turull, Marta Pascal, David Bonveh¨ª, Llu¨ªs Corominas, el ex cantautor Llu¨ªs Llach, y los sustitutos de los Jordis, Marcel Mauri y Agust¨ª Alcoberro.

Fue un c¨®nclave informal bastante agitado, en algunos momentos tempestuoso y con l¨¢grimas. No se escribi¨® un acta oficial, no hubo un registro de asistentes, pero el president formaliz¨® verbalmente aquella decisi¨®n de convocar, que de haberse mantenido habr¨ªa evitado la intervenci¨®n de la Generalitat. Cosas del amateurismo y la degradaci¨®n institucional: un sopragoverno que es un organismo de convocatoria clandestina; de composici¨®n secreta; que act¨²a en ausencia de procedimientos reglados; con usurpaci¨®n de funciones legales; quebrantando la transparencia; y en violaci¨®n del principio de responsabilidad.

6.- La desnaturalizaci¨®n del Parlament

Una de las instituciones m¨¢s desnaturalizadas por el ¡°proc¨¦s¡± ha sido el Parlament, la instituci¨®n que representa al pueblo de Catalu?a, que lo sit¨²a en una ¡°posici¨®n central en el sistema institucional del autogobierno de Catalu?a¡±, como resalta el propio organismo.

Pero la c¨²pula secesionista de la C¨¢mara ha tenido desde (al menos) octubre de 2015 la obsesi¨®n de desgarrarla, al reducir los derechos de casi la mitad de la misma ¡ªla oposici¨®n¡ª, y obstaculizar autoritariamente su labor.

Sin contar otras actuaciones de autodefensa, los diputados de Ciudadanos, del PSC o del PP ¡ªque componen el llamado bloque constitucionalista¡ª, han tenido que acudir en dos ocasiones a pedir amparo al TC. Y tuvieron que hacerlo porque no se les permiti¨® ejercer su derecho a participar en los asuntos p¨²blicos limit¨¢ndoles su actuaci¨®n. En tanto que son representantes de los ciudadanos, tambi¨¦n se vulner¨® el derecho fundamental de los electores a la participaci¨®n pol¨ªtica (art. 23 de la Constituci¨®n). Es decir, se vulner¨® la l¨ªnea de flotaci¨®n de la democracia representativa.

Uno de los recursos se interpuso por la declaraci¨®n del Parlament sobre el ¡°inicio del proceso de creaci¨®n del estado catal¨¢n independiente en forma de rep¨²blica¡±¡ªvalidada por Junts pel S¨ª y la CUP¡ª que fue debatida y aprobada en noviembre de 2015. El tribunal les dio la raz¨®n en junio de 2016.

El TC tambi¨¦n ampar¨® a los diputados en diciembre de ese mismo a?o por la creaci¨®n de las tres ponencias para redactar las leyes de desconexi¨®n, R¨¦gimen jur¨ªdico, Protecci¨®n social y Administraci¨®n tributaria.

Y lo ha vuelto a hacer en febrero de este a?o por el acuerdo de la Mesa del Parlamento del 6 de septiembre de 2017, que permiti¨® la tramitaci¨®n y aprobaci¨®n de la ley del refer¨¦ndum sin admitir la solicitud de dictamen preceptivo del Consell de Garanties Estatut¨¤ries (CGE).

Pese a que la responsabilidad pol¨ªtica por estas actuaciones es colectiva, destaca por su preeminencia institucional la responsabilidad individual de la presidenta del Parlament hasta el 18 de enero, Carme Forcadell.

Forcadell ha sido el estandarte del menosprecio a la Constituci¨®n. Hasta el punto de que hasta en seis ocasiones (para un mandato de poco m¨¢s de un bienio), el TC ha tenido que advertirle, con car¨¢cter personal y espec¨ªfico, de la ilegalidad de sus actuaciones.

Han sido las referidas a la creaci¨®n de la Comisi¨®n de Estudio del Proceso Constituyente (julio 2016); la votaci¨®n y ratificaci¨®n de las conclusiones de esa misma comisi¨®n (octubre de 2016); la resoluci¨®n sobre el futuro de Catalu?a en la que se menciona un supuesto derecho imprescriptible e inalienable a la autodeterminaci¨®n (febrero de 2017); la tramitaci¨®n de la ley del ¡°refer¨¦ndum de autodeterminaci¨®n¡± (septiembre de 2017); la admisi¨®n de la ley de ¡°transitoriedad jur¨ªdica y fundacional de la rep¨²blica¡± (septiembre de 2017); la convocatoria de pleno el 9 de octubre de 2017 para declarar la independencia; y la propia declaraci¨®n del inicio del proceso constituyente (noviembre de 2017).

En cinco de esas seis ocasiones, el empecinamiento de la presidenta del Parlament por quebrar la ley dio paso a la decisi¨®n de trasladar los casos a la fiscal¨ªa, ante las ¡°eventuales responsabilidades, incluida la penal¡± que se habr¨ªan producido.

Adem¨¢s del Constitucional, la inclusi¨®n de argumentos casi pol¨ªticos en las resoluciones del juez que instruye las causas secesionistas, el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, han agrandado esa percepci¨®n.

7.- La degradaci¨®n de la figura del President

Entre las instituciones del autogobierno catal¨¢n, destaca una por su arraigo popular casi m¨ªtico, la del ¡°President¡±. Tres presidentes contempor¨¢neos de la Generalitat contribuyeron mucho a ese car¨¢cter legendario de la figura: la de Francesc Maci¨¤, el avi, un coronel de trayectoria rom¨¢ntica y aventurera; la de Llu¨ªs Companys, entregado al general Franco por los nazis y fusilado en Montju?c; y la de Josep Tarradaellas, quien durante 40 a?os mantuvo digna y sobriamente en el exilio la llama de la instituci¨®n.

Los presidentes de la etapa secesionista dilapidaron esa herencia y degradaron la instituci¨®n de la presidencia hasta niveles subterr¨¢neos. Artur Mas ni siquiera se present¨® como cabeza de lista, y por tanto como candidato formal a ¡°president¡±, en sus ¨²ltimas elecciones (2015), sino en la cuarta plaza, para evitar concurrir a debates en que su partido pudiera ser acusado de corrupci¨®n (el caso del 3%). Carles Puigdemont pretende confundir el presidencialismo del autogobierno con la impunidad, al reclamar al Gobierno que le exima del proceso judicial (lo que ilustra, adem¨¢s, sobre su concepto de la divisi¨®n de poderes y la independencia judicial) y as¨ª volver a Espa?a sin dar cuentas de su actuaci¨®n. Adem¨¢s, ¨¦l y su c¨ªrculo se mofan de la historia de sacrificio de los presidentes en el exilio (Companys, Josep Irla, Tarradellas), equiparando su fuga como pr¨®fugos de la Justicia a la persecuci¨®n que aquellos sufrieron a mano de las dictaduras.

El proc¨¦s ha desvirtuado con numerosos adjetivos y suced¨¢neos la figura de president: leg¨ªtimo, exiliado, investido telem¨¢ticamente, simb¨®lico¡­. Una figura que se convertir¨ªa as¨ª en material estirable, moldeable, desestructurado.

El presidente de la Generalitat, adem¨¢s de encabezar el gobierno auton¨®mico catal¨¢n ostenta otra funci¨®n capital: es el ¡°representante ordinario del Estado en Catalu?a¡±, seg¨²n el Estatut (art¨ªculo 67). Esta calidad sirvi¨® de argumento en las batallas medi¨¢tico-pol¨ªticas que Jordi Pujol despleg¨® en un tema aparentemente menor pero de relevancia pol¨ªtico-simb¨®lica: el orden protocolario de prelaci¨®n, por ejemplo en relaci¨®n con los ministros en los eventos oficiales. De hecho, la reivindicaci¨®n de esta competencia se extendi¨® a lo largo del tiempo y figur¨® en la lista de reclamaciones que Pujol entreg¨® al Gobierno del PP para seguir apoy¨¢ndole hasta las elecciones generales del 2000.

Pero para Puigdemont la responsabilidad como representante del Estado es un concepto vac¨ªo de valor o significado, lo que degrada adicionalmente el cat¨¢logo competencial de la figura que encarn¨®. Ni la ha reivindicado, ni la practicado, pues la primera obligaci¨®n de un representante del Estado consiste en practicar la lealtad con el mismo, en vez de intentar destruirlo por v¨ªa de segregaci¨®n.

Su empe?o por construir un Estado independiente carente de ninguna base jur¨ªdica (y de consenso social y apoyo europeo e internacional alguno) cristaliz¨® en la eliminaci¨®n de la autonom¨ªa. El secesionismo que hoy lamenta su p¨¦rdida y asegura pretender la recuperaci¨®n de las instituciones de autogobierno fue el mismo que abrog¨® el Estatut (y la Constituci¨®n) con las leyes de ¡°desconexi¨®n¡± de septiembre.

Para mayor desgracia, el aparente caos conceptual sobre la intervenci¨®n de la Generalitat autorizada por el Senado al Gobierno central esconde meros vaivenes de oportunidad, oportunismo y confusi¨®n. El secesionismo dijo querer evitar la aplicaci¨®n del art¨ªculo 155 de la Constituci¨®n que la ampar¨®; el president incluso se comprometi¨® el 25 de octubre a convocar elecciones auton¨®micas para volver a la legalidad y evitar esa intervenci¨®n; y se desdijo al d¨ªa siguiente por temor a sus bases y socios. Adem¨¢s, el grupo de Puigdemont junto con los otros dos secesionistas (Esquerra y la CUP) la aceptaron plenamente, de facto, al presentar candidaturas a las elecciones del 21 de diciembre convocadas seg¨²n dicho art¨ªculo, y reclamar a los dem¨¢s que respetasen sus resultados; el propio Puigdemont prometi¨®: "volver¨¦ si las urnas rechazan el 155", y no ha vuelto; y luego se?alaron que se opon¨ªan frontalmente al mismo¡­ para acabar prolongando su vigencia, dado el desacuerdo interno de la propia mayor¨ªa parlamentaria separatista (que es num¨¦rica y potencial, pero a¨²n no efectiva) para elegir un nuevo president.

El secesionismo asegura que el de Catalu?a es el primer caso en Europa desde 1945 en que un Gobierno es arrumbado. Debe afinar. En octubre de 2002, el Gobierno brit¨¢nico suspendi¨®, por cuarta vez desde 1998, la autonom¨ªa de Irlanda del Norte para superar una grave crisis pol¨ªtica interna e Irlanda del Norte volvi¨® a situarse bajo el mando y control de Londres.

Alega tambi¨¦n que no solo su expresidente, sino tambi¨¦n parte de su Gobierno ha sido forzado a ¡°exiliarse¡±. Obvia que lo suyo no es un exilio y olvida el caso m¨¢s antiguo del mundo, el de la Rada de la Rep¨²blica Popular Bielorrusa, que lleva cien a?os en el exterior. Y es que un Gobierno en el exilio solo tiene sentido ¡ªy esa apelaci¨®n precisa¡ª, cuando no es posible formar uno leg¨ªtimo en el propio territorio, por ejemplo por imposibilidad de votar democr¨¢ticamente. No es, por supuesto, el caso de Catalu?a, que ha votado decenas de veces desde 1977, la ¨²ltima de ellas el pasado 21 de diciembre.

8.- Arbitrismo y arbitrariedad policial

Cuando el 14 de noviembre de 2012 Ester Quintana recibi¨® un proyectil en su ojo izquierdo, las protestas contra los Mossos se multiplicaron hasta el punto de que menos de dos a?os despu¨¦s las pelotas de goma fueran prohibidas en Catalu?a. La acci¨®n represiva tambi¨¦n fue criticada por el desalojo de la Plaza de Catalu?a, donde se concentraban los indignados del 15-M; y por el desalojo del centro social okupa Can Vies. En abril de 2014, en menos de 24 horas, dos personas fallecieron, en Barcelona y Salou, cuando estaban siendo detenidas por los agentes auton¨®micos.

En todos esos casos, socialmente se enfatiz¨® el aspecto represor de los agentes. En los d¨ªas previos y durante la jornada del refer¨¦ndum ilegal del 1 de octubre, la loa, especialmente promovida por los ¨®rganos oficiales, fue por la inacci¨®n de este cuerpo.

El 13 de septiembre, poco m¨¢s de dos semanas antes de que se celebrara la consulta ilegal, la Fiscal¨ªa de Catalu?a orden¨® al mayor de los Mossos, Josep Llu¨ªs Trapero, as¨ª como a la Guardia Civil y a la Polic¨ªa Nacional que, para evitar la "consumaci¨®n del delito" que supon¨ªa la celebraci¨®n del refer¨¦ndum, "requisen urnas" y todo material destinado a preparar la votaci¨®n. Los Mossos fueron socialmente aplaudidos (al menos por una parte de la sociedad catalana) por vigilar, desde lejos, la ocupaci¨®n de los colegios en la v¨ªspera del 1 de octubre; por preservar ¡°los derechos de los ciudadanos¡± durante la jornada electoral.

La Guardia Civil y parte de la sociedad entendieron, por el contrario, que hab¨ªan ejercido las ¡°funciones de protecci¨®n y seguridad¡± de quienes estaban cometiendo una ilegalidad. La carga no cay¨® solo sobre ellos sino tambi¨¦n sobre su responsable pol¨ªtico, el consejero Joaquim Forn. Seg¨²n el juez que investiga la causa de sedici¨®n, Pablo Llarena, la actitud de Forn ¡°estuvo siempre orientada a aparentar una voluntad de cumplimiento de las decisiones judiciales, pero poniendo en marcha un plan que imped¨ªa su observancia¡±.

15 d¨ªas despu¨¦s de que se produjera el simulacro de consulta, Trapero fue llamado a declarar en la Audiencia Nacional acusado de un delito de sedici¨®n por la inacci¨®n de sus agentes en los d¨ªas previos y durante el 1 de octubre.

La desconfianza de jueces y fiscales llev¨® a que decidieran relegar a la polic¨ªa auton¨®mica catalana como polic¨ªa judicial en algunas investigaciones para dejarla en manos de la Guardia Civil y la Polic¨ªa Nacional. As¨ª, el proc¨¦s se ha llevado por delante parte de la credibilidad de los Mossos.?

El defectuoso plan del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, para contrarrestar la pasividad de la polic¨ªa auton¨®mica catalana, tampoco ayud¨® a prestigiar a las fuerzas de seguridad. Interior envi¨® entre 5.000 y 6.000 polic¨ªas y guardias civiles a Catalu?a para evitar la celebraci¨®n de un refer¨¦ndum ilegal que fue derrotado a medias. La operaci¨®n Cop¨¦rnico cost¨® 87 millones de euros invertidos, entre otras cosas, en el alquiler de los barcos Azzurra y Rhapsody en los que se instalaron los agentes, no sin quejas: dos cruceros decorados con dibujos infantiles que fueron claro objeto de burla y mofa. No lo pasaron mejor los agentes instalados en hoteles de varios municipios. Su presencia, y en algunos casos su provocaci¨®n, provoc¨® inadmisibles escraches en los establecimientos.

¡°Todo el plan consist¨ªa en sacar el material previsto para la consulta de los colegios y evitar la votaci¨®n, tal y como hab¨ªan ordenado los jueces¡±, aseguraron fuentes policiales sobre los dispositivos montados para impedir el refer¨¦ndum ilegal. Pero el 1 de octubre amaneci¨® con colegios abiertos, aparecieron como por ensalmo las (supuestamente buscadas) urnas y la polic¨ªa tuvo que suplir la inacci¨®n de los Mossos que deb¨ªan desalojar sin violencia los centros de votaci¨®n previstos para el refer¨¦ndum.

La polic¨ªa us¨® de manera "excesiva" la fuerza contra los ciudadanos, seg¨²n Human Rights Watch, que censur¨® la utilizaci¨®n de porras contra quienes se resist¨ªan "pasivamente" y a quienes causaron "m¨²ltiples heridas". Por estas, se abrieron una docena de causas en los juzgados de Catalu?a, seg¨²n datos del Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a a 24 de enero de 2018. Las m¨¢s destacadas son las que investiga el juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 7 de Barcelona, con la denuncia de 257 personas y el juzgado n¨²mero 2 de Girona, en la que se han presentado m¨¢s de 200 afectados. Los otros municpios en donde se abrieron causas fueron Matar¨®, Manresa (con 40 lesionados), l?Hospital de Llobregat (cinco denuncias archivadas), Matar¨® (ocho diligencias por delito de lesiones), Sabadell (dos denuncias archivadas), Amposta (dos procedimientos en investigaci¨®n), Tarragona (ocho diligencias por lesiones), Lleida (cuatro querellas por actuaciones policiales), Sant Feliu de Gu¨ªxols (una denuncia por las cargas de Barcelona que fue remitida a la capital) y La Bisbal d?Empord¨¤ (tres denuncias sobrese¨ªdas). Y son 11 los juzgados que tienen abiertas causas tras las denuncias de particulares por la ¡°inactividad¡± de los Mossos (Barcelona, Cerdanyola del Vall¨¦s, Santa Coloma de Gramenet, El Prat del Llobregat, matar¨®, Gav¨¤, Vilanova i la Geltr¨², Sabadell, El Vendrell, Reus y Gandesa).

Los jueces decidir¨¢n libremente, como corresponde a un Estado de derecho. Pero pol¨ªticamente, la torpe ejecuci¨®n de una intervenci¨®n ideada con el leg¨ªtimo fin de impedir un acto abiertamente ilegal ha sido lo que ha proporcionado al secesionismo su mejor baza ante la opini¨®n interna y exterior.

9.-Contra el Rey, la bandera y la senyera

La jefatura del Estado corona el edificio constitucional, por lo que suele protegerse de forma espec¨ªfica. Pa¨ªses de democracia consolidada como Holanda castigan con penas de c¨¢rcel de hasta cinco a?os los insultos a sus monarcas (legislaci¨®n que ahora se est¨¢ revisando). En 2016, un ciudadano de los Pa¨ªses Bajos que trat¨® al rey de violador y asesino fue condenado a prisi¨®n.

La Audiencia Nacional archiv¨® en abril de 2017 la causa contra cinco j¨®venes acusados de delitos contra la Corona por quemar fotos del Rey. Un tratamiento distinto a la dureza empleada en Holanda, pese a que el mundo secesionista considera a ese pa¨ªs como de alta calidad democr¨¢tica, frente a la presunta baja calidad que imputa a la democracia espa?ola, contra toda evidencia de los organismos internacionales.

Los activistas del proc¨¦s han generado un desgaste en la imagen de la monarqu¨ªa, especialmente entre sus votantes, aunque tambi¨¦n han contribuido a poner a prueba su papel institucional y al cabo a afianzarlo entre otros sectores.

El momento clave de esta secuencia fue la solemne y grave alocuci¨®n televisada de Felipe VI, el 3 de octubre de 2017, contra la ¡°pretensi¨®n de la Generalitat de que sea proclamada, ilegalmente, la independencia de Catalu?a¡±, prop¨®sito que demostraba ¡°una deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado¡±.

La intervenci¨®n reclam¨® a todos esos poderes un compromiso por la vigencia del orden constitucional, del Estatut y el autogobierno catal¨¢n. Algo que moviliz¨® en primer lugar al Gobierno y los partidos constitucionales, que hasta el momento imprim¨ªan un ritmo pol¨ªtico muy pausado a sus reacciones. El precio a pagar por esta movilizaci¨®n fue lo que comentaristas nacionalistas han calificado como ¡°ruptura emocional¡± con ese mundo; contrapesado por el apoyo a los preocupados por la conducta ilegal de las autoridades auton¨®micas: ¡°no est¨¢n solos ni lo estar¨¢n¡±, les prometi¨®.

Todo lo que dijo el monarca en su mensaje televisado ¡ªy lo que a?adi¨® en sus discursos de Asturias y de Davos¡ª estaba plenamente dentro de los l¨ªmites de la doctrina constitucional. Si acaso, algunos echaron en falta una alusi¨®n a su condici¨®n de jefe del Estado tambi¨¦n respecto de republicanos e independentistas respetuosos del orden democr¨¢tico, y una atenci¨®n espec¨ªfica a ¡°quienes de buena fe creen que Espa?a ya nada les ofrece¡±, escribi¨® un catalanista que profesa de espa?ol (Ignasi Guardans, Majestad, p¨®nganoslo m¨¢s f¨¢cil).

Estos son muchos, pero no todos. El desprecio por los s¨ªmbolos constitucionales se ha ido fraguando en los ¨²ltimos a?os, sobre todo desde 2011, y plasmando en la retirada de la bandera constitucional espa?ola en las sedes de consistorios y en las proclamaciones de independencia de centenares de municipios.

A esos incumplimientos ha ido parejo el arrinconamiento en la calle de la senyera, la bandera oficial de Catalu?a, que encabez¨® en Catalu?a muchos movimientos de resistencia contra la dictadura franquista. Arrinconamiento concomitante con la profusa presencia de la bandera ¡°estelada¡± ¡ªestrellada, o sea, con estrellas¡ª, un invento reciente del coronel Maci¨¤ en la estela de la emancipaci¨®n cubana. La estelada es una bandera facciosa (al representar solo a una facci¨®n de la ciudadan¨ªa catalana), antinacional (porque trata de reemplazar a la ¡°senyera¡±, s¨ªmbolo catal¨¢n por excelencia y adoptado por la generalidad de sus ciudadanos) y carente de tradici¨®n. Aunque, naturalmente, sus portadores bienintencionados merezcan topo el respeto personal.

10.-La d¨¦bil radiotelevisi¨®n p¨²blica

En abril de 2016, Junts pel S¨ª se qued¨® solo defendiendo al nuevo responsable de la televisi¨®n p¨²blica catalana, Vicente Sanchis, que fue recusado por el Parlament. La elecci¨®n no fue ¡°por motivos profesionales sino por pol¨ªticos¡±, defendi¨® entonces Catalunya S¨ª que es Pot. ¡°Es un fan¨¢tico de la independencia, odia e insulta a Ciudadanos y ha vivido muy bien de la vieja Converg¨¨ncia¡±, alegaron los de Rivera mientras el PSC ped¨ªa un concurso de m¨¦ritos y el PP incid¨ªa en que el perfil de Sanchis no era ¡°el perfil neutral que necesita un medio p¨²blico¡±.

La trayectoria de Vicent Sanchis estuvo muy vinculada a la difunta Converg¨¨ncia, ya que fue el hombre de confianza del ahora condenado por fraude fiscal Llu¨ªs Prenafeta, mano derecha del expresidente Jordi Pujol.

El Gobierno catal¨¢n entiende los medios p¨²blicos de una manera peculiar y considera ¡°una intromisi¨®n¡± que un diputado de la oposici¨®n pida una lista de tertulianos pagados con fondos p¨²blicos. Le ocurri¨®, en noviembre de 2016, al parlamentario del PSC, David P¨¦rez, y esa es la respuesta que obtuvo del director general de comunicaci¨®n del Ejecutivo catal¨¢n, Jaume Clotet.

Las cr¨ªticas por la falta de pluralismo pol¨ªtico fue tema central tambi¨¦n en de la comisi¨®n celebrada en marzo del 2017 en la que ha comparecido el presidente del Consell Audiovisual de Catalu?a (CAC), Roger Loppacher. Como en otras ocasiones, Loppacher se escud¨® en los informes sobre la pluralidad que realiza el CAC. Uno de ellos, sobre la cobertura de la jornada del refer¨¦ndum ilegal del 1 de octubre, el Consell de l?Audiovisual concluy¨® con poco m¨¢s que la afirmaci¨®n de que TV3 modific¨® su parrilla de programaci¨®n habitual para dedicar de manera casi ¨ªntegra al 1 de octubre. ¡°El especial abord¨® la actualidad del d¨ªa con formatos informativos con conexiones en directo con centros de votaci¨®n, la emisi¨®n de mensajes institucionales, entrevistas y ruedas de prensa institucional y desde las sedes de partidos pol¨ªticos. La opini¨®n tuvo espacio en seis tertulias y un debate con representantes de fuerzas pol¨ªticas con representaci¨®n en el Parlament de Catalu?a¡±.

El consejero del CAC Jordi Sirera present¨® un voto particular a este dictamen apunt¨® que el mismo ¡°no analiza el grado cumplimiento del deber de neutralidad, objetividad, veracidad y equilibriode presentadores, moderadores y conductores de los programas especiales y periodistas de los informativos, ni tampoco realizan un an¨¢lisis de las tertulias que que se emitieron durante la jornada del 1 de octubre¡±.

Antes y despu¨¦s de la consulta ilegal, Reporteros Sin Fronteras (RSF) denunci¨®, en dos informes, en las presiones del Gobierno catal¨¢n, antes y despu¨¦s del 1 de octubre, para intentar condicionar sus informaciones

"Demandamos a las autoridades catalanas que condenen la estigmatizaci¨®n de los medios espa?oles, intentando culparles de una situaci¨®n que en realidad tiene un origen pol¨ªtico. Esta forma de echar culpas a los medios evoca las campa?as de Donald Trump y los movimientos de extrema derecha", se?al¨® Pauline Ad¨¨s-Mevel, autora del informe. "La voluntad del Gobierno regional de imponer su propia narrativa a la prensa local, espa?ola e internacional se ha pasado de la raya, al tiempo que las maniobras de intimidaci¨®n del Gobierno central de Madrid tampoco han ayudado", expuso. Y se?al¨®, como ejemplo, el env¨ªo de mensajes mandados de altos cargos en los que comparaban la respuesta del Gobierno con la brutal respuesta del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, al golpe de Estado de 2016.

El documento recog¨ªa, el testimonio de Henry de Lagu¨¦rie, periodista de Europe1: ¡°En 2015 sufr¨ª ataques por parte de algunos altos cargos de la Generalitat o pr¨®ximos a la Generalitat. Por expresar dudas sobre temas relacionados con la independencia o la acci¨®n del Govern, he sido criticado de forma desproporcionada. B¨¢sicamente, se te descalifica y se?ala. En ning¨²n caso he recibido insultos ni amenazas. Pero esta forma de se?alar en las RRSS [redes sociales] es muy desagradable, porque estos altos cargos, son seguidos por miles de personas que luego te asaltan¡±.