Los Franco alegan que la exhumaci¨®n es una ¡°farsa¡± y reiteran que lo llevar¨¢n a La Almudena
El letrado de la familia del dictador defiende que el decreto del Gobierno persigue un caso ¨²nico que quiebra el principio de igualdad
La familia Mart¨ªnez-Bordi¨² Franco ha presentado este martes, a trav¨¦s de su letrado Luis Felipe Utrera-Molina, su escrito de alegaciones finales contra el procedimiento de exhumaci¨®n de los restos de Francisco Franco decretado por parte del Gobierno de Pedro S¨¢nchez, en el que lo descalifica como "farsa jur¨ªdica". El texto, de 55 p¨¢ginas, compendia todos los argumentos avanzados en estos meses por los Franco contra el proceso abierto por el Gobierno para retirar del Valle de los Ca¨ªdos los restos mortales del dictador e insisten en que es un ataque a su derecho a la intimidad o que es un caso ¨²nico que quiebra el principio de igualdad ante la ley. Los Franco advierten al Ejecutivo de que si sigue adelante con sus planes y ejecuta la exhumaci¨®n, llevar¨¢n los restos a la cripta familiar en la catedral de La Almudena.
Los Franco insisten en sus alegaciones contra la exhumaci¨®n del dictador en denunciar que el procedimiento administrativo abierto por el Gobierno, con un decreto ley en teor¨ªa de car¨¢cter general aplicable a todos los cad¨¢veres inhumados en el Valle de los Ca¨ªdos, no cumple los requisitos del art¨ªculo 16.3 de la ley de memoria hist¨®rica (haber fallecido a consecuencia de la Guerra Civil espa?ola). Tambi¨¦n remarcan que el procedimiento establecido parece "de car¨¢cter singular, ¨²nica y exclusivamente dirigido a la exhumaci¨®n de los restos mortales de Francisco Franco, excluyendo del mismo a cientos de afectados por la citada norma" y se preguntan por qu¨¦ la familia del dictador debe "soportar el dolor, la humillaci¨®n y la afrenta de ver desenterrado a su abuelo, con evidente intenci¨®n de agraviar su imagen y recuerdo, antes que el resto de familias que tienen a parientes en la misma situaci¨®n".
El escrito de alegaciones de los Franco descalifica el procedimiento seguido de "farsa administrativa para dar cobertura legal a una decisi¨®n tomada de antemano por el presidente del Gobierno el pasado mes de junio, toda vez que existen pocas dudas de que, independientemente de las alegaciones de las partes, la resoluci¨®n del procedimiento en el que el Gobierno es juez y parte ser¨¢ favorable a la exhumaci¨®n".
Las alegaciones de la familia Franco se centran en intentar desmontar el informe redactado por la Delegaci¨®n del Gobierno de Madrid sobre los problemas de seguridad que desaconsejan una eventual reinhumaci¨®n de los restos en la Cripta de la Almudena. El letrado de los Franco asegura que ha consultado expertos en materia de seguridad que argumentan que los riesgos que se apuntan en dicho informe son reducidos. Y detalla esas razones: "Por ser la zona en la que se ubica dicha cripta altamente segura por la elevada presencia de fuerzas de seguridad del Estado, con medidas de control antiterrorista y restricciones; por no ser objetivo del terrorismo isl¨¢mico, ¨²nica amenaza terrorista considerada en la actualidad; por no ser relevante la afluencia prevista de visitantes (m¨¢ximo de 1.000 diarios) respecto de otros eventos que se celebran en la capital, como los partidos de f¨²tbol que concentran a 100.000 personas en el centro de Madrid durante un plazo de tres horas, o el Museo del Prado con casi 3 millones de visitantes anuales; y por considerarse despreciable el riesgo de disturbios de orden p¨²blico de car¨¢cter ideol¨®gico, citando el precedente de la reciente manifestaci¨®n convocada por Unidos Podemos, UGT y CC OO contra el eventual traslado de los restos a La Almudena que apenas congreg¨® a 200 personas".
Los Franco alegan que con sus intenciones el Gobierno ha violado sus "derechos fundamentales a la intimidad personal y familiar y a la libertad religiosa" al perseguir la exhumaci¨®n contra la voluntad de la familia. Y argumentan que es una injerencia en sus deseos decidir el destino de los restos, para lo que se agarran a una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo en el caso Solska y Rybicka contra Polonia, en la que se conden¨® al Gobierno polaco por realizar una exhumaci¨®n en las mismas circunstancias y sin dar a los familiares la posibilidad de acudir a la v¨ªa jurisdiccional para invocar la violaci¨®n de sus derechos. Tambi¨¦n aluden a una advertencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo en su auto del pasado 17 de diciembre cuando especifica que no podr¨ªa ejecutarse la exhumaci¨®n sin que los afectados pudieran recurrir ante la misma sala y que esta se pronuncie al respecto.
El ¨²ltimo gran argumento de los Franco apela, adem¨¢s, a la falta de jurisdicci¨®n del Gobierno espa?ol para acordar la exhumaci¨®n tras el reconocimiento expreso por parte del Ejecutivo el pasado 8 de noviembre "del car¨¢cter inviolable de la bas¨ªlica del Valle de los Ca¨ªdos derivado de su condici¨®n de lugar de culto". Los Franco recuerdan esa circunstancia (que procede del tratado entre Espa?a y la Santa Sede de 1979) as¨ª como la expresa denegaci¨®n por la autoridad eclesi¨¢stica competente ¨Cel abad en funciones del templo, Santiago Cantera¨C para acceder a la bas¨ªlica para realizar la exhumaci¨®n.
La familia mantiene por todos esos motivos que la exhumaci¨®n es improcedente y se reserva algo m¨¢s que un aviso para el final. Remachan que "para el hipot¨¦tico caso de que se estimase procedente la exhumaci¨®n" se les haga entrega de esa resoluci¨®n "para proceder a su reinhumaci¨®n en la sepultura que tienen en propiedad en la cripta de la catedral de Santa Mar¨ªa de la Almudena de Madrid", que es algo a lo que el Gobierno se niega porque no quiere trasladar el problema de los restos de Franco del valle de Cuelgamuros en El Escorial al centro de la capital.
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