El Tribunal Supremo de EE UU bloquea el plan de quiebra de Purdue Pharma a instancias de la Administraci¨®n de Biden

El Tribunal Supremo de EE UU ha suspendido este jueves el acuerdo con la familia Sackler, propietaria de Purdue Pharma, el fabricante del analg¨¦sico al que se atribuye en buena parte la epidemia de opioides que sufre el pa¨ªs, a la espera de una revisi¨®n instada por el Gobierno federal. Un tribunal federal de apelaciones hab¨ªa dado su visto bueno al acuerdo de quiebra de Purdue, que proteger¨ªa a los miembros de la acaudalada familia Sackler de las demandas de miles de v¨ªctimas de adicci¨®n a los opioides a cambio de una compensaci¨®n de 6.000 millones de d¨®lares. El bloqueo temporal del acuerdo es el ¨²ltimo cap¨ªtulo de una larga batalla legal, sobre el tel¨®n de fondo de la peor crisis de salud p¨²blica en EE UU entre la del sida en los a?os ochenta y la pandemia, en 2020.

Purdue Pharma fabric¨®, publicit¨® y convirti¨® su producto estrella, el analg¨¦sico OxyContin, en la primera opci¨®n de decenas de miles de m¨¦dicos para el tratamiento de dolores cr¨®nicos no oncol¨®gicos. Pero la droga pronto enganch¨® a decenas de miles de estadounidenses, una adicci¨®n que ha causado m¨¢s de 500.000 muertes en dos d¨¦cadas. Para otros muchos adictos, el consumo de OxyContin fue la puerta de entrada al fentanilo, una droga sint¨¦tica 50 veces m¨¢s potente que la morfina.

Asediada por miles de denuncias de entidades y particulares, la farmac¨¦utica se declar¨® en bancarrota en 2019 con la intenci¨®n de esquivar la acci¨®n de la justicia. Pero el Supremo ha dejado en suspenso los procedimientos de quiebra de Purdue Pharma y sus filiales, hasta que en diciembre se resuelva la impugnaci¨®n por parte de la Administraci¨®n de Biden de una sentencia de un tribunal inferior que confirmaba el acuerdo.

De este modo, el tribunal se pone del lado del Departamento de Justicia. El Gobierno ha argumentado que la familia Sackler no puede aprovecharse de las protecciones legales destinadas a los deudores en situaci¨®n de ¡°dificultad financiera¡±, como establece la ley de quiebras. Adem¨¢s de ofrecer un escudo, aun temporal, a los Sackler, la orden del Tribunal, que no ha explicado las razones del bloqueo, a?ade inc¨®gnitas al plan de compensaciones para los Estados, gobiernos locales, tribus y particulares perjudicados por la crisis de los opioides,

La orden especifica que los jueces escuchar¨¢n los argumentos del caso en diciembre. La batalla legal se prolonga desde hace a?os, y versa sobre la responsabilidad del fabricante del OxyContin pero tambi¨¦n, sobre todo, sobre la compensaci¨®n a las v¨ªctimas de esta crisis de adicciones y sobredosis provocada por un medicamento con receta.

Durante el largo proceso judicial ha quedado probada la responsabilidad del sistema, desde la presi¨®n de los lobistas de Purdue Pharma en el Congreso a la facilidad con que algunos funcionarios que fueron blanco de sus campa?as pasaran f¨¢cilmente la puerta giratoria de la Administraci¨®n para acabar trabajando en la farmac¨¦utica. El sistema de incentivos a los vendedores o visitadores m¨¦dicos tambi¨¦n desempe?¨® un papel fundamental por la agresiva pol¨ªtica de mercadotecnia de la compa?¨ªa, incluidos los pagos a m¨¦dicos para que privilegiaran la prescripci¨®n del producto. Otro factor clave que explica la dimensi¨®n de la crisis es la pol¨ªtica enga?osa de difusi¨®n y comercializaci¨®n del OxyContin, al sostener la farmac¨¦utica y la familia hasta ¨²ltima hora que no provocaba adicci¨®n.

Purdue se acogi¨® al Cap¨ªtulo 11 de bancarrota en 2019 para hacer frente a sus deudas, derivadas de miles de demandas. El acuerdo de quiebra fue aprobado en 2021, con la previsi¨®n de aportar en principio 10.000 millones de d¨®lares a sus acreedores, entre los que se encuentran estados y municipios, centros de tratamiento y recuperaci¨®n de adicciones, hospitales, supervivientes y familiares de los fallecidos, entre otros afectados. Pero la Administraci¨®n de Biden y ocho Estados impugnaron el acuerdo. Estos ¨²ltimos accedieron a retirarse tras la promesa de los Sacklers de contribuir con m¨¢s dinero al fondo de compensaci¨®n.

En mayo, el 2? Circuito confirm¨® el acuerdo, al considerar que la ley federal de bancarrota permite protecciones legales para las partes no declaradas en quiebra -como los Sackler- en circunstancias extraordinarias. Ese tribunal dictamin¨® que las reclamaciones legales contra Purdue estaban inextricablemente vinculadas a las reclamaciones contra sus propietarios, y que permitir demandas contra los Sacklers socavar¨ªa los esfuerzos de Purdue para llegar a un acuerdo definitivo.

Los miembros de la familia Sackler, que en todo momento han negado haber actuado mal o a sabiendas de la peligrosidad de su f¨¢rmaco estrella pese a las evidencias cient¨ªficas, han lamentado que el OxyContin ¡°se haya convertido inesperadamente en parte de una crisis de opioides¡±. En mayo la familia reiter¨® su convencimiento de que el acuerdo de quiebra proporcionar¨ªa ¡°importantes recursos para las personas y comunidades necesitadas¡±. Hasta que la Administraci¨®n dem¨®crata, por medio de la Oficina del Fideicomisario -el organismo del Departamento de Justicia encargado de supervisar las quiebras- lo impugn¨® por considerarlo un agravio para los deudores que se hallan ¡°en dificultades financieras¡±. Algo que no puede decirse de la familia Sackler, que retir¨®, seg¨²n la Administraci¨®n, 11.000 millones de d¨®lares de Purdue Pharma antes de aceptar contribuir con 6.000 millones al fondo de reparaci¨®n.

Un grupo que representa a m¨¢s de 60.000 demandantes apoya la resoluci¨®n del acuerdo en sus t¨¦rminos actuales, incluida la inmunidad legal para la familia, al considerar que los miles de millones de d¨®lares en fondos de compensaci¨®n dependen de la confirmaci¨®n y ratificaci¨®n del plan ahora en suspenso.

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