La exigencia de ¡°derecho al tiempo¡± de las v¨ªctimas de pederastia hace avanzar el fin de la prescripci¨®n del delito en Latinoam¨¦rica

EL PA?S puso en marcha en 2018 una investigaci¨®n de la pederastia en la Iglesia espa?ola y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce alg¨²n caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en Am¨¦rica Latina, la direcci¨®n es: abusosamerica@elpais.es.

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El tiempo juega contra una persona que ha sufrido abusos sexuales en la infancia, porque cuando consigue contarlo, si lo consigue, a veces muchas d¨¦cadas despu¨¦s, la ley ya no puede hacer nada para castigar a su agresor, el delito ha prescrito. Y el pederasta puede seguir actuando. En 2010, en Chile, surgi¨® un movimiento para cambiar esto llamado Derecho al Tiempo, que pide que estos delitos no prescriban nunca. Consigui¨® su objetivo en 2019, debido tambi¨¦n a la indignaci¨®n por el esc¨¢ndalo del sacerdote Fernando Karadima. Lo mismo hab¨ªa ocurrido en El Salvador con el caso del cura Jes¨²s Delgado, que admiti¨® abusos en el pasado tras la denuncia de su v¨ªctima, pero no pudo ser juzgado, y el pa¨ªs cambi¨® la ley en 2015. A Chile y El Salvador se han unido en la ¨²ltima d¨¦cada Colombia, M¨¦xico, Per¨² y Ecuador, en todos ellos la pederastia ya no prescribe nunca, aunque la medida no tiene efecto retroactivo.

De este modo, seg¨²n indica un informe elaborado por las organizaciones CHILD Global, Fundaci¨®n Derecho al Tiempo y Brave Movement, Latinoam¨¦rica se ha ido colocando a la vanguardia de los cambios legales para combatir esta lacra en el mundo, donde hay un total de 32 pa¨ªses que han aprobado esta medida. El informe, que se presenta hoy martes, destaca la labor de la prensa, que ha destapado numerosos esc¨¢ndalos en la Iglesia, en el impulso del debate y el cambio social. En Bolivia, por ejemplo, fue gracias a una investigaci¨®n de EL PA?S, que revel¨® los abusos del jesuita espa?ol, Alfonso Pedrajas, que hab¨ªa escrito un diario con sus cr¨ªmenes. El caso destap¨® luego muchos otros y el Gobierno boliviano present¨® en el Congreso un proyecto de ley para abolir los plazos de prescripci¨®n en estos delitos, aunque fue rechazado. Bolivia est¨¢ entre los pa¨ªses m¨¢s atrasados en la legislaci¨®n, pues el plazo de prescripci¨®n para una violaci¨®n concluye cuando la v¨ªctima cumple 30 a?os. En Espa?a, donde este diario investiga la pederastia en la Iglesia desde 2018 y motiv¨® la primera investigaci¨®n oficial, el Parlamento catal¨¢n acaba de aprobar una propuesta al Congreso para reformar el C¨®digo Penal y que los delitos de pederastia penados con m¨¢s de cinco a?os de c¨¢rcel no prescriban. Es algo que ya existe en pa¨ªses como B¨¦lgica, Holanda, Suiza o Suecia.

El informe, de 65 p¨¢ginas, analiza la legislaci¨®n de 19 pa¨ªses de Latinoam¨¦rica para radiografiar c¨®mo es la situaci¨®n en cada uno de ellos. Los autores esperan que sea una herramienta para activistas, pol¨ªticos y legisladores para impulsar cambios que impidan la impunidad del delito. En una clasificaci¨®n de los pa¨ªses, de mejor a peor seg¨²n sus ordenamientos legales, Chile, El Salvador y M¨¦xico son los m¨¢s virtuosos, porque adem¨¢s no tienen concordato con la Santa Sede que entorpezca o condicione de alg¨²n modo las investigaciones, otro factor que analiza el estudio. Les siguen Per¨², Ecuador y Colombia, que tambi¨¦n han abolido la prescripci¨®n, pero mantienen acuerdos con el Vaticano.

Los autores del documento consideran que ¡°ser¨ªa una buena pr¨¢ctica que los gobiernos nacionales abolieran sus concordatos con el Vaticano¡± pues advierten que en algunos pa¨ªses hay disposiciones que pueden impedir que un cl¨¦rigo pueda ser procesado, y por lo tanto representan ¡°una amenaza fundamental tanto para la democracia como para los derechos humanos¡±. ¡°Como m¨ªnimo, deber¨ªan reformarlos para consagrar el principio de que ninguna disposici¨®n afectar¨¢ a la persecuci¨®n de los delitos sexuales del clero ni al intercambio de informaci¨®n con funcionarios p¨²blicos en su investigaci¨®n judicial o extrajudicial¡±, apuntan. En muchos casos, como ha ocurrido en Espa?a con la investigaci¨®n del Defensor del Pueblo, las autoridades no tienen acceso a los archivos y documentaci¨®n de la Iglesia, que se puede negar a proporcionarlos. De hecho, en la clasificaci¨®n del estudio, ¡°Espa?a estar¨ªa en la mitad baja de la tabla¡±, se?ala Miguel Hurtado, la v¨ªctima que destap¨® los abusos en la abad¨ªa de Montserrat, Barcelona, y miembro fundador de Brave Movement, que ha participado en el trabajo.

En la parte media de la clasificaci¨®n latinoamericana est¨¢n Uruguay, Honduras, Paraguay, Bolivia, Costa Rica, Cuba y Guatemala. En el tramo inferior se hallan Argentina y Venezuela, porque tienen plazos de prescripci¨®n y concordatos. Por ¨²ltimo, en el extremo m¨¢s negativo de la tabla el informe sit¨²a a Brasil y Rep¨²blica Dominicana como los pa¨ªses con una legislaci¨®n m¨¢s hostil a las v¨ªctimas. Son los dos estados donde un concordato con la Santa Sede limita m¨¢s la capacidad de investigar los delitos y adem¨¢s tienen plazos de prescripci¨®n. Adem¨¢s, Rep¨²blica Dominicana y Cuba son los dos ¨²nicos lugares donde el plazo no comienza a contar con la mayor¨ªa de edad, sino desde el momento del delito, lo que reduce a¨²n m¨¢s el tiempo para denunciar.

Vinka Jackson, psic¨®loga, escritora y superviviente de abuso sexual, fue quien abri¨® en Chile el debate en 2007, impuls¨® la fundaci¨®n Derecho al Tiempo y es una de las coautoras del informe: ¡°Con el derecho al tiempo demandamos acoger las evidencias de la ciencia, de la medicina, en favor de que las v¨ªctimas de abuso sexual infantil puedan contar con el tiempo para comprender, elaborar, procesar, asimilar y entonces verbalizar lo vivido para poder recurrir a la justicia, sin temer que el muro de los plazos de prescripci¨®n, arbitrariamente definido, impidan no solamente la justicia, sino que interfieran en los procesos de reparaci¨®n¡±. Lo que espera con este estudio es sumar al fin de la prescripci¨®n a las autoridades de otros pa¨ªses ¡°que tienen en sus manos abrir la puerta y poner el tiempo del lado de las v¨ªctimas¡±.

El dosier apunta que ¡°hist¨®ricamente, los plazos de prescripci¨®n de los delitos relacionados con los abusos sexuales a menores han sido injustamente cortos¡±, y aunque se ha justificado que los plazos de prescripci¨®n ¡°promueven la eficacia judicial¡±, las v¨ªctimas sufren la p¨¦rdida de su derecho a una reparaci¨®n, que ¡°se vive como un doble castigo¡±. El documento cita un estudio en Reino Unido que se?al¨® c¨®mo un 44.9% de hombres y un 25.4% de mujeres que sufrieron abusos no fueron capaces de contarlo hasta que pasaron m¨¢s de 20 a?os. Otro trabajo en Estados Unidos, que analiz¨® los casos de abusos en los Boy Scouts of America, estableci¨® que m¨¢s del 50% de quienes denunciaron lo hicieron despu¨¦s de los 50 a?os.

Hurtado opina que ¡°gracias al periodismo de investigaci¨®n, la sociedad civil ha aprendido sobre el fen¨®meno de la denuncia demorada, que la v¨ªctima no denuncia cuando quiere, sino cuando puede¡±. Si luego la justicia no puede actuar, ¡°se vulneran los derechos civiles de las v¨ªctimas y se pone en peligro a otros menores, porque sin condena el agresor puede seguir trabajando con ni?os¡±. Es m¨¢s, el informe recuerda que la reincidencia en estos delincuentes es muy alta y ¡°su riesgo puede aumentar a medida que envejecen, ya que tienen mayor experiencia pr¨¢ctica, un modus operandi m¨¢s sofisticado, su estatus social en la comunidad es m¨¢s consolidado, y la asimetr¨ªa de poder con sus v¨ªctimas es incluso mayor¡±. Por otro lado, el estudio apunta que es necesario crear un amplio consenso internacional sobre la prescripci¨®n de los delitos de pederastia porque los agresores cambian de pa¨ªs y pueden buscar los m¨¢s permisivos. Ha quedado patente en el caso de la Iglesia, que ha estado trasladando de destino a los curas pederastas durante d¨¦cadas.

El debate de la abolici¨®n de la prescripci¨®n no ha llegado solo a los procesos penales, sino tambi¨¦n a los civiles, donde se reclaman indemnizaciones. En algunos casos, incluso, se ha aplicado con efecto retroactivo: en California se estableci¨® en 2003 la f¨®rmula de una ventana temporal que permiti¨®, durante el plazo de un a?o, presentar demandas con efecto retroactivo por hechos del pasado ya prescritos. Actualmente, en Espa?a el plazo termina un a?o despu¨¦s de que se estabilicen las secuelas del da?o. No obstante, el presidente del Gobierno, Pedro S¨¢nchez, prometi¨® en su discurso de investidura ¡°reforzar el marco jur¨ªdico para que los delitos de agresi¨®n y abusos sexuales a menores no est¨¦n limitados a un momento concreto y la responsabilidad civil no prescriba¡±.