Colapso en la lista de espera para evaluar la discapacidad: ¡°Me siento olvidada¡±
El Defensor del Pueblo ha empezado a recabar informaci¨®n sobre las demoras, que por ley no pueden superar los seis meses y muchas est¨¢n tardando a?os. El n¨²mero de quejas ciudadanas por esta causa se ha triplicado desde 2019
El Defensor del Pueblo, ?ngel Gabilondo, inici¨® a finales de julio actuaciones de oficio con las autonom¨ªas y las ciudades de Ceuta y Melilla para recabar informaci¨®n sobre las demoras en la evaluaci¨®n de las personas con discapacidad. El n¨²mero de quejas de los ciudadanos por esta causa se ha triplicado desde 2019 y, seg¨²n ha podido constatar, los retrasos llegan a ser de ¡°hasta tres a?os en algunas regiones¡±, cuando la ley establece un plazo m¨¢ximo de seis meses para resolver estas solicitudes de reconocimiento y revisi¨®n. Mar¨ªa Luisa Nogales, extreme?a de 54 a?os, lleva a la espera desde el 17 de marzo de 2022, cuando present¨® la petici¨®n tras 24 meses de baja laboral. Padece una enfermedad cr¨®nica autoinmune llamada lupus. ¡°Tengo un dolor persistente por todo el cuerpo, capaz de despertarme mientras duermo¡±, resume. A sus altibajos emocionales se suma la frustraci¨®n de lidiar con la burocracia: ¡°Me siento olvidada por la Administraci¨®n¡±.
El 18 de octubre de 2022 el Consejo de Ministros aprob¨® un real decreto para establecer un nuevo baremo de valoraci¨®n de la discapacidad que sustituy¨® al elaborado en 1999, ya obsoleto porque se cre¨® en torno a la idea de minusval¨ªa. Se centraba en la enfermedad, pero dejaba de lado otros condicionantes de las personas afectadas como los biopsicosociales. El nuevo sistema tambi¨¦n puso en marcha un tr¨¢mite de urgencia para acelerar la calificaci¨®n del grado de discapacidad en causas humanitarias, de especial necesidad social, de salud, de esperanza de vida y de violencia de g¨¦nero. Pero las listas de espera engrosan.
En enero, el Comit¨¦ Espa?ol de Representantes de Personas con Discapacidad ya alertaba de la situaci¨®n y aseguraba que Extremadura y Canarias eran los territorios que acumulaban mayor lista de espera. Entonces, sus habitantes tardaban hasta 24 meses en obtener la valoraci¨®n del grado de discapacidad. Les segu¨ªan Andaluc¨ªa, Castilla-La Mancha y Asturias con 18 meses de demora.
El informe anual de 2023 sobre las personas con discapacidad, emitido por el Defensor del Pueblo, evidenciaba que en el Principado de Asturias no se estaban pudiendo emitir resoluciones administrativas y se efectuaban a los interesados meras comunicaciones sobre su grado de discapacidad, a las que otras entidades no confieren el valor jur¨ªdico oportuno. Adem¨¢s, esta autonom¨ªa inform¨® sobre el traspaso de la funci¨®n de valoraci¨®n a la Consejer¨ªa de Salud.
Vanesa Fern¨¢ndez, residente de 39 a?os en la Comunidad de Madrid, solicit¨® el 23 de septiembre de 2022 una revisi¨®n por agravamiento de su grado de discapacidad, valorado en un 37%, pero no fue evaluada hasta julio del siguiente a?o, aunque el dictamen final tampoco lo recibi¨® hasta el 24 de noviembre de 2023. ¡°No obtuve un aumento, me qued¨¦ como estaba. Adem¨¢s, me concedieron un baremo de movilidad negativo con car¨¢cter definitivo¡±, explica indignada porque esto le impide solicitar la tarjeta de aparcamiento para personas con discapacidad, propuesta en un informe por su neur¨®logo. Fue diagnosticada de esclerosis m¨²ltiple en 2012 y recientemente de fibromialgia, entre otras patolog¨ªas. ¡°La enfermedad ha ido empeorando, en 2021 solo ten¨ªa tres lesiones y ahora tengo 14. Mis resonancias no mienten¡å, explica.
Adem¨¢s, denuncia que le impidieron acudir a la evaluaci¨®n acompa?ada de una persona de confianza, un derecho que recoge el nuevo baremo. Lamenta haber sufrido una demora extensa para recibir su dictamen y cree que el personal evaluador no le formul¨® las preguntas convenientes ni examin¨® su contexto biopsicosocial, ya que su madre y su hija tambi¨¦n tienen discapacidad. Por ello, en enero denunci¨® esta situaci¨®n en los juzgados.
Gabilondo solicit¨® en julio a las autonom¨ªas el n¨²mero de expedientes de reconocimiento o de revisi¨®n pendientes de resolver antes y despu¨¦s de la entrada en vigor del nuevo baremo y los medios materiales y humanos con los que se cuenta para realizar esta labor, as¨ª como las posibles medidas de choque implementadas o previstas. Todav¨ªa est¨¢ a la espera de respuestas.
Nogales muchas veces siente que no puede m¨¢s, cuando es incapaz de conducir y hasta de levantarse de la cama por el cansancio extremo y el dolor de las articulaciones. ¡°Si tengo una semana complicada, no puedo acudir al trabajo¡±, cuenta tras recordar que durante m¨¢s de un mes fue incapaz de caminar por una afecci¨®n en los tendones del pie. A veces, sufre neblina l¨²pica, una disfunci¨®n cognitiva que le produce bloqueos mentales. ¡°Estuve mucho tiempo sin poder manejar mi cuerpo, mi vida y mis emociones¡±, describe.
Confiesa que vivir en una lista de espera le hace sentir impotente. En Extremadura solo hay dos equipos de valoraci¨®n, uno en C¨¢ceres y otro en Badajoz, donde Nogales asegura que ¡°en mayo todav¨ªa estaban tramitando las solicitudes de octubre de 2020¡å. Cree que la obtenci¨®n de la discapacidad le ayudar¨ªa a anticipar la edad de jubilaci¨®n y a costear los productos farmac¨¦uticos y las sesiones de fisioterapia, entre otras cosas: ¡°Ojal¨¢ no tuviera que solicitarla, por desgracia lo tengo que hacer. Entendemos todas las situaciones administrativas, pero, ?qui¨¦n nos entiende a nosotros como pacientes?¡±.
El secretario de finanzas de la Confederaci¨®n Espa?ola de Personas con Discapacidad F¨ªsica y Org¨¢nica, Daniel An¨ªbal Garc¨ªa, afirma que la situaci¨®n es preocupante. ¡°A veces, llaman a la persona para darle el resultado, pero ya ha fallecido. En numerosas ocasiones los ciudadanos solicitan una valoraci¨®n urgente para conseguir un trabajo acorde a su diagn¨®stico y cuando llega el dictamen, la plaza ya est¨¢ ocupada por otra persona¡±, explica.
El reconocimiento de la discapacidad es un tr¨¢mite de car¨¢cter retroactivo, es decir, si se obtiene una resoluci¨®n aprobatoria, esta queda vigente desde el d¨ªa en que se entreg¨® toda la documentaci¨®n, no cuando se recibi¨® la resoluci¨®n. Pero a Garc¨ªa no le convence en la pr¨¢ctica: ¡°De nada sirve. Son a?os sin tener unos derechos que les corresponden y las personas se van quedando sin subvenciones para adaptar su vivienda o sin poder concursar a una oposici¨®n. Estas cosas no se pueden retrotraer con el paso del tiempo¡±.
El Defensor del Pueblo advierte de que ¡°los periodos de espera dan lugar a situaciones muy dif¨ªciles para muchas personas que, adem¨¢s de hacer frente a las limitaciones en la vida diaria que les impone su discapacidad, ven obstaculizado y demorado su acceso a diversas prestaciones sociales y ayudas que les pueden resultar imprescindibles¡±. Asegura que con el paso del tiempo le resulta m¨¢s dif¨ªcil comprender el hecho de que las administraciones competentes se vean incapaces de solucionar este problema, dotando adecuadamente de personal los equipos de valoraci¨®n y orientaci¨®n correspondientes.
Garc¨ªa admite que el nuevo baremo es mejor que el anterior porque analiza m¨¢s aspectos, aunque considera que su aplicaci¨®n no es correcta. Cree que con este modelo el personal evaluador necesita m¨¢s tiempo para realizar un estudio profundo de la persona, pero considera que existe una baja inversi¨®n en recursos humanos para llevarlo a cabo. En la normativa se indica que los ¨®rganos competentes tienen que dar una formaci¨®n concreta a los equipos encargados de esta tarea.
En el informe anual de 2023 sobre las personas con discapacidad se recogi¨® que el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, en colaboraci¨®n con las comunidades aut¨®nomas, pondr¨ªa a disposici¨®n de los equipos de evaluaci¨®n un programa de formaci¨®n espec¨ªfico dirigido a todos los t¨¦cnicos evaluadores, 1.400 profesionales aproximadamente. La respuesta de las comunidades aut¨®nomas en la mayor¨ªa de los casos coincidi¨® en destacar el desarrollo de una nueva herramienta inform¨¢tica, la contrataci¨®n de m¨¢s personal o la creaci¨®n de nuevos centros de valoraci¨®n.
La coordinadora t¨¦cnica de la confederaci¨®n Plena Inclusi¨®n Espa?a, Amalia San Rom¨¢n, observa, tras lanzar una consulta a sus m¨¢s de 980 entidades, ¡°una tendencia a rebajar el grado de discapacidad con el nuevo baremo¡±. Adem¨¢s, cree que ¡°las personas con inteligencia l¨ªmite, que presentan dificultades menos visibles, quedan por debajo del porcentaje necesario para acceder a ayudas importantes¡±.
Garc¨ªa insiste en que los dict¨¢menes no se entregan con suficiente informaci¨®n. ¡°Por ello, el ciudadano se encuentra muy indefenso y no sabe c¨®mo le han examinado, tanto si est¨¢ conforme con la valoraci¨®n o en desacuerdo¡±. La secretaria de la Federaci¨®n Espa?ola de Lupus, ?urea Jim¨¦nez, incide en que los m¨¦dicos deben hacer un informe del paciente m¨¢s detallado: ¡°No solo tienen que explicar el tratamiento, tambi¨¦n precisan describir de forma pormenorizada los efectos que causa la enfermedad a la persona afectada para que cuando el equipo evaluador reciba la informaci¨®n sepa realmente c¨®mo es su d¨ªa a d¨ªa¡±.
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