Las reivindicaciones feministas, m¨¢s all¨¢ de las tormentas por la ¡®ley trans¡¯ y la reforma del ¡®solo s¨ª es s¨ª¡¯

En los ¨²ltimos meses, copados pol¨ªtica y medi¨¢ticamente por los debates que ha generado la llamada ley trans y las rebajas de penas y excarcelaciones a reos de delitos sexuales tras la entrada en vigor de la ley del solo s¨ª es s¨ª, se ha producido un desplazamiento de los temas que llevan a?os en el centro de la agenda feminista, pendientes a¨²n para alcanzar una igualdad real y efectiva en la poblaci¨®n espa?ola. Y, aunque esa herida abierta en el feminismo por las dos ¨²ltimas normas haya sido pr¨¢cticamente el centro y los manifiestos de los distintos colectivos en ciudades de toda Espa?a lo reflejen de una u otra manera, est¨¢n sobre todo construidos en torno al amplio abanico de problemas que suponen el n¨²cleo de la desigualdad.

Entre ellos est¨¢n la defensa de los servicios p¨²blicos o la vivienda digna, los llamados suelos pegajosos ¡ªaquellos obst¨¢culos que las mujeres encuentran para incorporarse al mercado laboral o para hacerlo en igualdad de condiciones que los hombres¡ª, los techos de cristal, la brecha salarial. Tambi¨¦n los feminicidios y la violencia machista en todas sus formas; los problemas concretos que afectan a mujeres migrantes o en situaci¨®n irregular, a las racializadas, a las discapacitadas, jubiladas y ancianas, a las v¨ªctimas de trata y explotaci¨®n sexual. Han incluido las cuestiones en torno a las familias monoparentales, las mujeres que viven en pa¨ªses en guerra, oprimidas por sus sistemas pol¨ªticos o que mueren intentando cruzar las fronteras para huir de los conflictos. Y las mujeres que sufren violencia obst¨¦trica o explotaci¨®n reproductiva por convertirse en vientres de alquiler.

La lista es larga porque las demandas del movimiento son transversales a toda la problem¨¢tica social. Lo que sigue es un repaso a algunas de esas reivindicaciones que parecen haberse desdibujado por el ruido de las pol¨¦micas:

Feminicidios

En Espa?a, 49 hombres asesinaron a sus parejas o exparejas el pasado a?o. En lo que va de a?o, son ya 10 las mujeres asesinadas y se contabilizan 1.192 desde que comenz¨® la estad¨ªstica oficial, en 2003. A finales de diciembre, una concatenaci¨®n de asesinatos, y tentativas, hicieron de ese mes el peor desde que se registran cifras, en 2003, con 11. Y tambi¨¦n supuso el repunte ¨Duna concentraci¨®n de cr¨ªmenes¨D m¨¢s extendido en el tiempo. Adem¨¢s, mientras que la media de cr¨ªmenes con alerta previa a las autoridades suele rondar el 20%, en aquel pico exist¨ªan denuncias previas en al menos seis casos; y el 39% de las v¨ªctimas del pasado a?o hab¨ªan iniciado un proceso judicial. Provoc¨® la alerta del Gobierno.

Los ministerios de Igualdad, Interior y Justicia, junto a las autonom¨ªas en las que se hab¨ªan producido los asesinatos, se reunieron en la primera sesi¨®n del comit¨¦ de crisis sobre violencia de g¨¦nero. Y Fernando Grande-Marlaska compareci¨® en una rueda de prensa de urgencia para hablar sobre lo que estaba ocurriendo. Tanto desde Igualdad como desde Interior hubo dos mensajes claros. Uno, que aunque Espa?a cuenta con la ley contra la violencia de g¨¦nero y algunos de los protocolos m¨¢s avanzados del mundo, estos son sistemas en continua evoluci¨®n que a veces presentan grietas que hay que reparar de forma urgente. El otro, que la violencia sobre las mujeres es un problema del Estado y de todas sus instituciones, pero tambi¨¦n de la sociedad.

A lo largo de las siguientes semanas, se activaron y propusieron varias medidas. Entre ellas, Interior inform¨® de que se pedir¨ªa a los jueces pulseras de control para los agresores machistas ¡°potencialmente letales¡±. Y, tras la segunda reuni¨®n del comit¨¦ de crisis a finales de enero por otro repunte de asesinatos a comienzo de a?o, se incluyeron como propuestas en el informe resultante de esa reuni¨®n tres cuestiones: que aquellas mujeres en situaci¨®n de alto riesgo por violencia machista y especial vulnerabilidad econ¨®mica tengan acceso inmediato a una vivienda y a una ayuda como el ingreso m¨ªnimo vital; que en el ¨¢mbito rural existan puntos violetas que no solo den informaci¨®n, sino que sirvan como mecanismos de derivaci¨®n, y que podr¨ªan estar ubicados en farmacias, centros sociales y en los centros de atenci¨®n primaria, y atenci¨®n psicol¨®gica especializada para estas mujeres dentro del Sistema Nacional de Salud.

Trata y explotaci¨®n sexual, prostituci¨®n y proxenetismo

Hay cuestiones que en Espa?a no generan conflictos, como el rechazo a la trata con fines de explotaci¨®n sexual. Seg¨²n el ¨²ltimo balance del Ministerio de Interior, con datos de 2020, hay 3.867 personas en ¡°situaci¨®n de riesgo de trata y explotaci¨®n sexual¡± ¡ªlas que identifican durante las inspecciones¡ª, aunque varios estudios apuntan a que el n¨²mero real podr¨ªa estar entre 20.000 y 40.000 ¡ªcifras que tambi¨¦n dio el Gobierno en mayo en el Congreso¡ª. Ante estos datos, en noviembre sali¨® del Consejo de Ministros en primera vuelta el anteproyecto de Ley Org¨¢nica Integral contra la Trata y la Explotaci¨®n de Seres Humanos.

Le queda todo el recorrido parlamentario, pero ese primer texto tiene como principal objetivo amparar a todas las v¨ªctimas de ese tr¨¢fico, que es conocido sobre todo en su rama de explotaci¨®n sexual (cuyas v¨ªctimas mayoritarias son mujeres y ni?as), pero que tambi¨¦n supone la explotaci¨®n laboral y est¨¢ relacionado con la extracci¨®n y venta de ¨®rganos y tejidos corporales. La idea del Ejecutivo es que quede aprobada antes del fin de esta legislatura y no se prev¨¦n conflictos en torno a ella.

S¨ª se advierten para otras cuestiones, como la abolici¨®n de la prostituci¨®n, en la que hay disenso tanto dentro del Congreso como en el seno del movimiento feminista, donde existen posturas a favor de la regulaci¨®n. A finales de mayo de 2022, en medio del tr¨¢mite parlamentario para la Ley de Libertad Sexual, el PSOE meti¨® a ¨²ltima hora, sabiendo que contar¨ªa con el apoyo del PP, una enmienda que supon¨ªa incluir la abolici¨®n de la prostituci¨®n e inclu¨ªa la tercer¨ªa locativa ¡ªquienes ponen pisos o locales para que se ejerza la prostituci¨®n¡ª. Pero tanto Unidas Podemos como otros socios minoritarios rechazaban esta cuesti¨®n y, al poner en riesgo la aprobaci¨®n, la retiraron en el ¨²ltimo momento. ¡°El PSOE tiene 143 a?os de historia. Abolir la prostituci¨®n para nosotros es irrenunciable¡±, dijo entonces Laura Berja, portavoz socialista en la Comisi¨®n de Igualdad.

Esta cuesti¨®n, que efectivamente el PSOE tiene entre sus compromisos hist¨®ricos, no pudo ir a m¨¢s all¨¢ y, al d¨ªa siguiente, las socialistas registraron una proposici¨®n de ley que ya no supon¨ªa la abolici¨®n de la prostituci¨®n, sino el abordaje del proxenetismo. Algo que el movimiento feminista abolicionista, mayoritario, reprocha al Ejecutivo. Tras retirar aquella enmienda, el Congreso dio luz verde a iniciar el tr¨¢mite legislativo de la proposici¨®n de ley socialista que pretende castigar a quienes pongan locales para que se d¨¦ la prostituci¨®n y a quienes la demandan.

Esta propuesta tiene como objeto una reforma del C¨®digo Penal para prohibir el proxenetismo en cualquiera de sus formas. Sin embargo, cuando ese documento de cuatro p¨¢ginas se debati¨® en el Congreso, hubo disensos. Las intervenciones de los distintos grupos giraron hacia la trata, para la que hay una ley integral en tr¨¢mite; la pornograf¨ªa, a la que no se alude en el texto y cuyo control entre los menores tambi¨¦n fue un compromiso socialista y es una demanda de parte del movimiento feminista, y sobre todo la prostituci¨®n.

Techos de cristal

La ausencia de mujeres en puestos de poder ha sido una de las reclamaciones m¨¢s notables del movimiento feminista en Espa?a desde hace a?os. La realidad es que las compa?¨ªas cotizadas en la Bolsa espa?ola no alcanzan la recomendaci¨®n de la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de llevar la diversidad de g¨¦nero en sus consejos directivos hasta el 40%. La presencia de mujeres en esos puestos de toma de decisi¨®n se queda en un 32,3%.

En el caso de las compa?¨ªas que cotizan en el Ibex 35, la tasa de paridad aumenta hasta el 37,4%. Son 163 consejeras, 14 m¨¢s que en 2021. Pero 32 de las 35 empresas est¨¢n lideradas por hombres. En el caso de los comit¨¦s ejecutivos ¡ªlos ¨®rganos encargados de ejecutar las decisiones que ha adoptado el consejo de administraci¨®n¡ª, solo hay un 16,5% de representantes femeninas.

Las explicaciones son varias: la menor visibilidad de las mujeres, la dificultad de conciliaci¨®n en un puesto de responsabilidad y que existe una din¨¢mica en la que los hombres tienden a escoger a otros hombres para esos puestos, entre muchas otras. El Consejo de Ministros aprob¨® este martes el anteproyecto de la Ley de Representaci¨®n Paritaria, anunciado el 4 de marzo por el presidente, Pedro S¨¢nchez.

El objetivo de la ley es garantizar que exista una representaci¨®n igualitaria entre hombres y mujeres en los ¨®rganos de decisi¨®n, desde el ¨¢mbito de la pol¨ªtica, hasta en el econ¨®mico. El texto prev¨¦ que haya paridad en las listas electorales y entre ministras y ministros, y en los consejos de administraci¨®n de las grandes empresas. El objetivo es que haya un 40% de mujeres en los puestos p¨²blicos y en la direcci¨®n de cualquier empresa cotizada o entidad de inter¨¦s p¨²blico con m¨¢s de 250 trabajadores y 50 millones de volumen de negocio anual.

Brecha salarial y cuidados

En lo que tambi¨¦n se ha trabajado durante los ¨²ltimos a?os es en disminuir la brecha salarial entre hombres y mujeres. Una reducci¨®n que, poco a poco, se va consiguiendo. Seg¨²n el estudio Por hacer m¨¢s ganamos menos que present¨® CC OO en febrero, en el a?o 2021 la diferencia entre los sueldos de mujeres y hombres era de un 20,9%, casi seis puntos menos que en 2018 (26,5%) y m¨¢s de 10 menos que en 2014 (31,4%). Aun as¨ª, la brecha sigue siendo imponente. Las espa?olas cobraron una media de 22.601 euros brutos en 2021. Ellos, 27.322. Es decir, que las mujeres ganaron 4.721 euros menos de media que los hombres.

Una de las razones por las que se siguen manteniendo estas diferencias es el trabajo a tiempo parcial. Al asumir mayoritariamente ellas las tareas de cuidados, trabajan m¨¢s que los hombres a tiempo parcial. Un 22,6% de las mujeres lo hace, frente al 6,8% de los hombres. De hecho, el 75% de los trabajadores a tiempo parcial son mujeres. El informe de CC OO revela que, si las mujeres trabajaran a jornada completa en igual medida que los hombres, la brecha salarial se reducir¨ªa del 20,9% al 8,4%. Otro motivo, seg¨²n el estudio del sindicato, son los complementos salariales, que retribuyen la presencialidad, la nocturnidad o trabajar los fines de semana, algo que las mujeres no pueden asumir de la misma manera que sus hom¨®logos masculinos, de nuevo, por encargarse de los cuidados.

La Comisi¨®n 8-M del movimiento feminista de Madrid, organizadora hist¨®rica de la marcha por el D¨ªa Internacional de la Mujer en la capital, record¨® precisamente el viernes que los cuidados familiares siguen recayendo mayoritariamente en las mujeres. Y que hay sectores de trabajo en los que la atenci¨®n y la asistencia personales juegan un papel considerable, como la sanidad, que est¨¢n altamente ¡°feminizados¡±. Por ello, en el manifiesto que marca los objetivos del 8-M de este a?o, las feministas exigen una ley que ponga los cuidados en el centro.

El Ministerio de Igualdad puso en marcha durante esta legislatura el Plan Corresponsables, una nueva pol¨ªtica p¨²blica cuyos principales objetivos son facilitar la conciliaci¨®n, crear ¡°empleo de calidad¡± en el sector de los cuidados ¡ªprecarizado y copado en m¨¢s del 90% de los casos por las mujeres¡ª, y poder certificar la experiencia profesional de las cuidadoras que trabajan en negro. En febrero de 2022, el ministerio de Irene Montero transfiri¨® 190 millones de euros a las comunidades aut¨®nomas y ayuntamientos para su implementaci¨®n. Y ha vuelto a destinar esa cantidad este a?o.

A nivel judicial, diversas sentencias han reconocido el papel de la mujer en los cuidados y la atenci¨®n de la casa durante los ¨²ltimos a?os. La m¨¢s reciente, la del juzgado de primera Instancia de V¨¦lez-M¨¢laga (M¨¢laga) del martes, que ha dictaminado que un hombre debe pagar a su expareja 204.000 euros ¡°como compensaci¨®n por el trabajo dom¨¦stico no retribuido realizado en el hogar¡±, durante los 25 a?os que estuvieron casados.