Las ni?as forzadas a ser madres en medio del auge de la violencia en Ecuador
Mientras persisten las barreras para acceder al aborto en los casos permitidos, ni?as y adolescentes v¨ªctimas de violaciones se ven obligadas a parir hijos que tambi¨¦n son v¨ªctimas
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Ser madre para muchas ni?as en Ecuador es una imposici¨®n. Seis de cada 10 menores de entre 10 y 14 a?os dan a luz cada d¨ªa producto de una agresi¨®n sexual. Y esto es un retrato de las maternidades forzadas en el pa¨ªs andino. En la Amazonia ecuatoriana, por ejemplo, una ni?a de 13 a?os v¨ªctima de violaci¨®n solicit¨® el servicio de aborto, pero el personal de salud intent¨® disuadirla: ¡°Es muy riesgoso¡±, le dijeron. ¡°Podr¨ªas tener una hemorragia¡±. La adolescente y su madre desistieron del procedimiento. Pese a que, desde 2021 la interrupci¨®n del embarazo en casos de violaci¨®n es legal, el acceso contin¨²a siendo restrictivo debido a la falta de informaci¨®n y estigma del personal de salud. En 2023, de las 4.937 ni?as que quedaron embarazadas, apenas 247 accedieron al aborto y 1.665 tuvieron un hijo nacido vivo. Del resto, no hay cifras claras y se desconoce si acudieron a centros clandestinos.
A la semana 20, la ni?a de la Amazonia fue internada en terapia intensiva. ¡°La madre estaba muy indignada porque le aseguraron que el aborto era riesgoso, pero nunca le dijeron que el embarazo en una menor ya es un riesgo¡±, dice Ver¨®nica Vera, vocera de Las Comadres, una organizaci¨®n feminista de acompa?amiento de aborto seguro en Ecuador y quien recibi¨® el caso. Historias como esta se repiten, una y otra vez, en las organizaciones que velan por los derechos de las mujeres y ni?as en el pa¨ªs. El embarazo de una menor de 15 a?os es un riesgo: hay cinco veces m¨¢s probabilidades de morir por causas relacionadas con el embarazo o parto, seg¨²n el Fondo de Poblaci¨®n de las Naciones Unidas (UNFPA). La ni?a termin¨® muy grave y a cargo de un beb¨¦ prematuro extremo, que no quiso. A las v¨ªctimas les obligan a parir hijos que tambi¨¦n son v¨ªctimas, ni?os que nacen en total desventaja.
Para 2024, la cifra tampoco es alentadora. En el primer trimestre del a?o, 2.756 ni?as y adolescentes entre 10 y 14 a?os estaban embarazadas y apenas 105 han accedido a su derecho al aborto. Los casos de violencia sexual contra ni?as en el pa¨ªs vienen acompa?ados de invisibilizaci¨®n y falta de acceso a los servicios de salud. ¡°Existen barreras de acceso como la objeci¨®n de consciencia, la interpretaci¨®n de las causales y el l¨ªmite de edad gestacional, que impiden a las ni?as el acceso integral al derecho al aborto¡±, se?ala Ana Vera, abogada de la organizaci¨®n de derechos humanos Surkuna. En Ecuador, el aborto solo es legal en tres casos: cuando corre peligro la vida de la mujer, por peligro para la salud y cuando es consecuencia de una violaci¨®n.
Trabas en las causales y miedo de los m¨¦dicos
El plazo para que una mujer acceda al aborto por la causal violaci¨®n de manera legal es limitado: solo 12 semanas. Esto provoca que muchas ni?as y adolescentes, que acuden fuera de ese per¨ªodo, encuentren obst¨¢culos y no puedan ejercer su derecho. ¡°Una situaci¨®n que se recrudece sobre todo en las menores que viven violencia dentro de sus entornos familiares. Son ni?as que tardan en reconocer el embarazo¡± y ¡°se dan cuenta cuando ya es visible o son terceras personas las que notan ese embarazo¡±, explica Ana Vera. ¡°Muchas de ellas no van a poder acceder a la causal violaci¨®n para interrumpir esos embarazos porque van a llegar tarde al servicio de salud¡±, enfatiza Vera.
Entre 2021 y 2023, apenas 53 ni?as y adolescentes de 10 a 14 a?os accedieron a una interrupci¨®n voluntaria del embarazo bajo la causal violaci¨®n. Para Mar¨ªa Fernanda Morales, ginec¨®loga obstetra, ciertos m¨¦dicos condenan a las ni?as a continuar con los controles prenatales. ¡°No les explican que, solo por su edad, tienen el derecho a interrumpir su embarazo¡±, subraya. Morales resalta que es obligatorio que el personal m¨¦dico no solo realice un control prenatal, sino que tambi¨¦n ofrezca informaci¨®n sobre las opciones de interrupci¨®n del embarazo.
¡°En el caso de las ni?as, hay concurrencia de causales: no solo se aplica la causal violaci¨®n, sino que el embarazo es s¨ª mismo representa un riesgo para su vida, por lo que tambi¨¦n aplica la causal salud¡±, explica Virginia G¨®mez de la Torre, directora de Fundaci¨®n Desaf¨ªo, organizaci¨®n que promueve los derechos sexuales y reproductivos. G¨®mez profundiza que esta causal no tiene un l¨ªmite de tiempo y que, en estos casos, es aplicable para salvar la vida de las menores. Cualquier mujer cuya salud est¨¦ en riesgo¡ª ya sea f¨ªsico, mental y social¡ª puede acceder a un aborto legal, pero eso no sucede en el pa¨ªs.
La causal salud es donde m¨¢s existen obst¨¢culos: los m¨¦dicos la interpretan ¨²nicamente como una enfermedad grave, cuando en realidad incluye tambi¨¦n la salud mental. Un embarazo producto de una violaci¨®n implica un grave impacto en la salud mental, en especial de menores abusadas. ¡°Hay evidencia de que los embarazos no deseados pueden provocar estados depresivos, pero muchos profesionales de la salud tienden a encasillar la situaci¨®n en un cuadro espec¨ªfico¡±, explica. Morales enfatiza que, si una ni?a llega a las 16 semanas de embarazo, el profesional debe entender que no solo tiene derecho a la salud f¨ªsica, sino tambi¨¦n a la salud mental y social. ¡°El embarazo la pone en riesgo, y estos riesgos tambi¨¦n incluyen aspectos mentales y sociales¡±.
Las dificultades en el acceso al aborto se deben, en parte, al temor que muchos m¨¦dicos sienten al realizar este procedimiento. Se enfrentan a una zona gris: el aborto es un derecho y a la vez un delito. Este vac¨ªo legal provoca trabas: profesionales de salud que han garantizado el derecho al aborto, pero que luego han sido procesados judicialmente por la Fiscal¨ªa. ¡°Es urgente que el aborto deje de ser un delito para solucionar este limbo jur¨ªdico¡±, se?ala Ver¨®nica Vera. La ginec¨®loga Mar¨ªa Fernanda Morales a?ade que adem¨¢s es importante establecer causales claras que permitan a los m¨¦dicos practicar abortos sin temor a enfrentar procesos judiciales.
Acceder a un aborto deber¨ªa ser sencillo, pero en la pr¨¢ctica sucede todo lo contrario, vulnerando el derecho de cientos de mujeres, ni?as y adolescentes. Ver¨®nica Vera, portavoz de Las Comadres, cuenta que varios de los casos que atienden son de mujeres que han intentado acceder al aborto por las tres causales, pero se han encontrado barreras. ¡°Intentamos que los casos que acompa?amos, y que deciden ir al sistema de salud p¨²blica, presenten una solicitud por escrito para que tengan un respaldo f¨ªsico en caso de que les niegue el procedimiento, haya dilaciones injustificadas, o el personal de salud vulnere sus derechos¡±. Pese a que solo es necesaria una petici¨®n oral, que manifieste el deseo de acceder a un aborto, muchas de estas solicitudes se quedan sin respuesta. En cambio, otras ni siquiera se reportan por miedo a sus agresores, que en algunos casos, reportan organizaciones sociales, pertenecen a grupos delincuenciales.
La inseguridad: otro obst¨¢culo en el acceso al aborto
Expertas advierten que la actual crisis de seguridad ha exacerbado la violencia de g¨¦nero. Desde las organizaciones sociales se reporta un aumento de las agresiones sexuales, el recrudecimiento de la impunidad y las dificultades del acceso al aborto en zonas tomadas por grupos de delincuencia organizada. ¡°Hay casos de ni?as y adolescentes que son violentadas por integrantes de organizaciones criminales, lo que, por supuesto, aumenta la cantidad de embarazos producto de violencia sexual, as¨ª como la imposibilidad de que las v¨ªctimas y sobrevivientes puedan activar los mecanismos legales para acceder al aborto¡±, enfatiza Ana Vera de Surkuna.
Aunque no es necesario presentar una denuncia ni declaraci¨®n jurada, el solo hecho de que el servicio de salud necesite la constancia de que el embarazo es consecuencia de violencia sexual expone a las mujeres, ni?as y adolescentes a riesgos por parte de grupos criminales. ¡°Muchas no se atreven a denunciar por miedo¡±, profundiza Vera.
Esta realidad tampoco es nueva para Virginia G¨®mez de la Torre, de Fundaci¨®n Desaf¨ªo. G¨®mez de la Torre asegura haber escuchado testimonios de un grupo de violadores vinculados a un grupo de delincuencia organizada. ¡°Todo el mundo sab¨ªa qui¨¦nes violaban, sab¨ªan la casa donde estaban, pero el terror de denunciar pod¨ªa m¨¢s. Si antes de esto el ¨ªndice de denuncias era baj¨ªsimo, peor ahora¡±, zanja.
Marta Zambrano, asesora nacional de derechos sexuales y reproductivos de Plan Internacional¡ªorganizaci¨®n que trabaja por los derechos de la ni?ez y la igualdad de las ni?as¡ª explica que el incremento de la violencia ha limitado su trabajo. Las capacitaciones y charlas sobre educaci¨®n sexual y reproductiva cada vez son menos. Zambrano asegura que hay zonas en la provincia costera de Guayas donde no pueden ingresar. ¡°Ponemos en peligro a los menores porque son zonas donde hay tiroteos. Hacemos esfuerzos de manera virtual, pero no es posible¡±, lamenta. ¡°Si no se toman medidas urgentes el problema va a ir en aumento¡±.
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