La promesa de sacar a la Polic¨ªa del Ministerio de Defensa se empantana por la duda de a d¨®nde llevarla

El Gobierno de Gustavo Petro parece haber puesto el freno sobre su compromiso de sacar a la Polic¨ªa Nacional de Colombia de la ¨®rbita del Ministerio de Defensa, a pesar de ser una de las recomendaciones m¨¢s concretas de la Comisi¨®n de la Verdad, que se ha propuesto cumplir en su totalidad. No hay ning¨²n af¨¢n para hacerlo, ha matizado el general William Salamanca, reci¨¦n posesionado como director de la Polic¨ªa. ¡°Esta decisi¨®n se est¨¢ analizando con absoluta responsabilidad¡±, le dijo el jueves a Blu Radio. Ante la resquebrajada confianza de la ciudadan¨ªa en la Polic¨ªa, el propio ministro de Defensa, Iv¨¢n Vel¨¢squez, se hab¨ªa sumado a esa promesa de campa?a, parte del m¨¢s amplio debate sobre una reforma de fondo a las fuerzas de seguridad.

¡°Si hay desconfianza entre el pueblo y la fuerza p¨²blica la democracia se acaba y la paz ni la so?amos¡±, dijo Petro el martes en la entrega de mando al nuevo director, una ceremonia en la que vislumbr¨® una fuerza p¨²blica ¡°absolutamente respetuosa de los derechos humanos¡± para cuando acabe su mandato, en 2026. ¡°Convertiremos la seguridad ciudadana urbana en prioridad nacional y, para ello, desde ya, anunciamos que la totalidad de la polic¨ªa de vigilancia entrar¨¢ en un minucioso reentrenamiento, con ¨¦nfasis en derechos humanos, Derecho Internacional Humanitario y manejo de la protesta social¡±, se?al¨® a su turno el general Salamanca, que regres¨® al servicio para relevar al destituido Henry Sanabria, que acab¨® fulminado por sus salidas hom¨®fobas y ultrarreligiosas al frente de una instituci¨®n en deuda de modernizarse.

No hubo, sin embargo, grandes referencias al informe final de la Comisi¨®n de la Verdad, cuyas recomendaciones han vuelto a estar sobre la mesa. A pesar de que el art¨ªculo del Plan de Desarrollo con el que el Gobierno buscaba que su cumplimiento fuera obligatorio se cay¨® en el tr¨¢mite legislativo, esas recomendaciones siguen en pie. Una de las conclusiones m¨¢s inc¨®modas de la Comisi¨®n surgida del acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las FARC, es que la doctrina de seguridad ¨Cy el concepto de enemigo interno¨C exacerb¨® el conflicto armado. Y por lo tanto plantea que es necesario hacer una gran reforma de la fuerza p¨²blica. Entre sus recomendaciones pide ¡°separar a la Polic¨ªa Nacional del Ministerio de Defensa y ubicarla en otro o en un nuevo ministerio, como una medida necesaria, mas no suficiente, para avanzar en el fortalecimiento de su car¨¢cter civil y de la gobernanza en materia de seguridad ciudadana, rural y urbana¡±.

En su primera entrevista como ministro designado, antes de la posesi¨®n presidencial del pasado 7 de agosto, Iv¨¢n Vel¨¢squez asegur¨® que ya era una ¡°decisi¨®n tomada¡±, pues Colombia ¡°es uno de los poqu¨ªsimos pa¨ªses en el mundo que tiene la Polic¨ªa dentro del Ministerio de Defensa¡±. Pero no se han dado pasos concretos en esa direcci¨®n. Los primeros nueve meses del Gobierno se consumieron en las pol¨¦micas entorno al general Sanabria, el devoto director de la Polic¨ªa que irrit¨® en m¨¢s de una ocasi¨®n a los colectivos feministas, LGBTIQ, las organizaciones de derechos humanos y, en general, a los defensores del Estado laico con expresiones antiderechos que terminaron por costarle el puesto. Esos esc¨¢ndalos recordaron que el lema de la Polic¨ªa, ¡°Dios y Patria¡±, es copiado del ideario de la ultraderecha espa?ola, ri?e con disposiciones constitucionales y es un ¡°anacronismo de nuestra instituciones¡±, como ha recordado la soci¨®loga Olga Gonz¨¢lez.

El hecho de que la Polic¨ªa se encuentre en el sector Defensa ha impedido que exista una separaci¨®n clara entre sus funciones y el rol de las Fuerzas Militares, que deben ejercer tareas muy distintas, explica Juan Pappier, subdirector en funciones de Human Rights Watch para las Am¨¦ricas. ¡°Sacar a la Polic¨ªa del Ministerio de Defensa es una decisi¨®n acertada y valiosa, pero no suficiente, no puede ser el final de la reforma policial amplia que necesita Colombia¡±, destaca. ¡°Hay que tomar otras medidas como reformar el sistema disciplinario de la Polic¨ªa, revisar los protocolos sobre uso de la fuerza y la competencia de la justicia penal militar¡±, detalla. ¡°Ser¨ªa un grave error que pasen los a?os de gobierno y que no se logren avances sustantivos en este tema¡±, a?ade.

El eventual traslado abre tambi¨¦n las discusi¨®n de cu¨¢l ministerio podr¨ªa albergarla. Originalmente, el ministro Vel¨¢squez vislumbraba a la Polic¨ªa en un nuevo Ministerio de la Paz, Convivencia y Seguridad, una idea por ahora descartada. ¡°Creo que la mejor opci¨®n es pasarla al Ministerio de Justicia, lo cual requiere una reforma, pues es un ministerio de un tama?o relativamente menor. All¨ª se podr¨ªa coordinar la tarea de la fuerza p¨²blica con la pol¨ªtica criminal¡±, valora Pappier. Si bien en varios pa¨ªses de Am¨¦rica Latina la Polic¨ªa est¨¢ en Interior, en Colombia es la cartera de la pol¨ªtica, encargada de las relaciones con el Congreso, lo que abrir¨ªa nuevos interrogantes. Trasladarla a Justicia tiene todo el sentido, coincide Jer¨®nimo Castillo, experto en seguridad y pol¨ªtica criminal de la Fundaci¨®n Ideas para la Paz (FIP), aunque advierte que es un proceso complejo: ¡°Esto exige una participaci¨®n ciudadana, no puede ser una discusi¨®n de t¨¦cnicos a puerta cerrada, tiene que ser abierta, de cara a la ciudadan¨ªa y con b¨²squeda de legitimidad¡±.

En medio de la oleada de reformas del Gobierno, la policial est¨¢ postergada. ¡°Nos pusimos a hacer un estudio profundo de c¨®mo hacer que ese cambio sea ben¨¦fico para la sociedad, fortalezca la Polic¨ªa y la seguridad ciudadana, no vaya a causar perjuicios a las Fuerzas Militares. Ese deslinde queremos hacerlo muy bien, y no se hace de un d¨ªa para otro¡±, dijo en febrero a este peri¨®dico el ministro de Justicia, N¨¦stor Osuna.

La Polic¨ªa lleva varios a?os en el centro de la controversia, despu¨¦s de los m¨²ltiples abusos documentados a lo largo de las protestas durante el periodo de Iv¨¢n Duque (2018-2022). Las denuncias fueron frecuentes en medio de las medidas de confinamiento para atender la pandemia del coronavirus, pero ese malestar se remonta a la primera oleada de manifestaciones contra Duque, a finales del 2019. En aquel entonces, un proyectil del cuestionado Escuadr¨®n M¨®vil Antidisturbios, el Esmad, mat¨® durante una protesta pac¨ªfica en el centro de Bogot¨¢ al estudiante de bachillerato Dilan Cruz.

Tiempo despu¨¦s, en septiembre del 2020, el homicidio del estudiante de Derecho Javier Ord¨®?ez bajo custodia policial, torturado por dos patrulleros que lo hab¨ªan sometido a incesantes descargadas de taser a pesar de sus s¨²plicas, desat¨® la ira ciudadana. El crimen, cometido en el interior de un Comando de Acci¨®n Inmediata (CAI), provoc¨® dos ca¨®ticas noches de disturbios en Bogot¨¢, que a su vez desencadenaron nuevos y graves abusos, con un saldo de 13 muertos. La alcaldesa Claudia L¨®pez le pidi¨® a Duque liderar un profundo proceso de reforma de la Polic¨ªa. El Gobierno respondi¨® entonces con una defensa cerrada de la fuerza p¨²blica y el propio Duque se fotografi¨® con una chaqueta policial para escenificar su respaldo.

Esos antecedentes precedieron el estallido social del 2021, cuando se multiplicaron las denuncias de violaciones de derechos humanos, incluyendo uso de armas de forma indiscriminada y letal, detenciones arbitrarias y golpizas. Ese hartazgo ciudadano paviment¨® el camino a la Presidencia de Petro, un f¨¦rreo cr¨ªtico de la represi¨®n de las protestas. En el m¨¢s reciente estudio de la firma Invamer, en febrero, el 50% de los consultados ten¨ªa una imagen desfavorable de la Polic¨ªa, frente al 42% de imagen favorable.

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