La crisis con las disidencias de Iv¨¢n Mordisco impacta la lucha contra la deforestaci¨®n
El Estado Mayor Central opera en los cuatro departamentos del arco de la deforestaci¨®n amaz¨®nica, los mismos en los que el Gobierno suspendi¨® el cese al fuego
El presidente Gustavo Petro se ha mostrado ante el mundo como un ambientalista. Enrutar a Colombia hacia la paz total y la lucha decidida contra el cambio clim¨¢tico han sido sus dos mayores obsesiones. En su visi¨®n, ambos prop¨®sitos deben ir de la mano en uno de los pa¨ªses m¨¢s biodiversos del planeta. Pero en ese horizonte aparece como un oscuro nubarr¨®n el impasse en los di¨¢logos con una de las disidencias de la extinta guerrilla de las FARC, el llamado Estado Mayor Central, que es el actor armado dominante en las regiones donde la deforestaci¨®n devora cada a?o enormes trozos de bosque amaz¨®nico.
Ante la masacre de cuatro adolescentes ind¨ªgenas, Petro decidi¨® suspender a partir de esta semana el cese al fuego bilateral que hab¨ªa acordado con los disidentes en los departamentos de Meta, Caquet¨¢, Guaviare y Putumayo, que coinciden con el llamado arco de la deforestaci¨®n amaz¨®nica. La conservaci¨®n de esos bosques garantiza, entre muchas otras cosas, la regulaci¨®n del clima y la oferta de agua en la zona andina ¨Cincluyendo la distante Bogot¨¢¨C, a trav¨¦s de los llamados ¡°r¨ªos voladores¡±.
Los esfuerzos del Gobierno por detener la tala y la quema en la Amazon¨ªa, apodada como el pulm¨®n del mundo, est¨¢n estrechamente ligados a la b¨²squeda de la paz total con distintos grupos armados ¨Cy con el Estado Mayor Central en particular¨C. Tambi¨¦n se relacionan con la implementaci¨®n de los aspectos m¨¢s ¡®verdes¡¯ del acuerdo de paz firmado con las FARC, como frenar la frontera agr¨ªcola, reintegrar excombatientes en econom¨ªas rurales sostenibles, los proyectos de sustituci¨®n de cultivos il¨ªcitos o los proyectos de desarrollo rural en los municipios m¨¢s golpeados por el conflicto. Todos esos prop¨®sitos se ven entorpecidos cuando la guerra se recrudece.
¡°No podemos lograr la paz en esta regi¨®n si no tenemos la paz con la naturaleza¡±, advert¨ªa hace dos meses la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, durante un encuentro con las comunidades en la vereda Cerro Azul, cerca de San Jos¨¦ del Guaviar¨¦, al mismo tiempo la puerta de entrada a la Amazon¨ªa y el epicentro de la voraz deforestaci¨®n que la aqueja. A su lado, hombro a hombro, estaba el comisionado de Paz, Danilo Rueda, el principal responsable de capotear la crisis en la negociaci¨®n con las disidencias encabezadas por Iv¨¢n Mordisco. En los primeros acercamientos, el Gobierno les pidi¨® como un gesto de buena voluntad frenar la tala, y varios observadores coinciden en que el descenso ha sido notorio.
Los temas ambientales, en un sentido amplio, han irrumpido en la agenda de la paz total. La degradaci¨®n detr¨¢s de la miner¨ªa ilegal fue una de las razones del Gobierno para acabar el cese al fuego con el Clan del Golfo, la mayor banda del narcotr¨¢fico, mientras que en la mesa con el ELN, la ¨²ltima guerrilla en armas, uno de los negociadores es el reconocido ambientalista Rodrigo Botero, el director de la Fundaci¨®n para la Conservaci¨®n y Desarrollo Sostenible (FCDS). La deforestaci¨®n, en particular, apunta a ocupar un lugar preponderante en la mesa con el Estado Mayor Central.
En armas, la guerrilla de las FARC tend¨ªa a restringir la deforestaci¨®n en las ¨¢reas donde operaba, en gran medida porque las tupidas copas de los ¨¢rboles dificultaban que el Ej¨¦rcito identificara sus campamentos desde el aire. Desde su desarme, la deforestaci¨®n aument¨® dr¨¢sticamente, encabezada o promovida por nuevos y viejos actores armados, a menudo en una feroz competencia entre ellos, explicaba en su momento el International Crisis Group (ICG). El fen¨®meno est¨¢ empujado por la ganader¨ªa, el acaparamiento de tierras, la miner¨ªa ilegal y los cultivos de coca, entre otras causas. Los bosques y selvas tropicales que revisten la mitad del territorio colombiano siguen bajo asedio.
Cuando surgieron las disidencias, los frentes en la regi¨®n amaz¨®nica al principio incentivaban la deforestaci¨®n, e incluso pagaban a los campesinos para talar, dice Elizabeth Dickinson, analista del ICG. ¡°En alg¨²n momento, las disidencias, al menos en algunas zonas de Caquet¨¢, Guaviare y Meta, volvieron a poner controles ambientales¡±, explica. En los acercamientos, el Estado Mayor Central ha explorado la posibilidad de acordar alg¨²n rol ambiental para sus combatientes si se llegan a desmovilizar. Dickinson califica la suspensi¨®n del cese al fuego como una ¡°oportunidad perdida¡± para articular la agenda de Petro para reducir el da?o a los bosques con un proceso de paz. ¡°No vamos a resolver el tema de deforestaci¨®n si no resolvemos el conflicto¡±, apunta.
Es un problema de larga data. El Gobierno de Iv¨¢n Duque (2018-2022) ¨Cque militariz¨® la pol¨ªtica ambiental con la campa?a Artemisa¨C se propuso en un primer momento mantener la p¨¦rdida anual de bosques al nivel r¨¦cord de 2017, en torno a unas 220.000 hect¨¢reas. Sin embargo, con el apoyo de Alemania, Reino Unido y Noruega ¨Cel mayor cooperante ambiental de Colombia, adem¨¢s de pa¨ªs garante del acuerdo con las FARC y la mesa con el ELN¨C, estableci¨® despu¨¦s metas m¨¢s ambiciosas. En el 2021 se deforestaron 174.103 hect¨¢reas, un aumento frente al 2020, pero el Ministerio de Ambiente acaba de anunciar que de acuerdo con las cifras preliminares para 2022 estima que la deforestaci¨®n retrocedi¨® 10% el a?o pasado en todo el pa¨ªs. Esa reducci¨®n alcanza el 25% justamente en los departamentos de Guaviare, Meta, Caquet¨¢ y Putumayo ¨Cque tradicionalmente representan en torno al 65% de la deforestaci¨®n total¨C. A la espera de cifras definitivas, consolidar esos logros pasa tambi¨¦n por reconducir la negociaci¨®n con las disidencias.
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