El Gobierno colombiano le retira las condecoraciones al general que dirigi¨® la retoma del Palacio de Justicia

Atr¨¢s han quedado los d¨ªas de gloria para Jes¨²s Armando Arias Cabrales, quien como comandante de la D¨¦cima Tercera Brigada del Ej¨¦rcito de Colombia dirigi¨® el operativo de la retoma del Palacio de Justicia, los d¨ªas 6 y 7 de noviembre de 1985. La reacci¨®n militar a la toma de las instalaciones judiciales por parte de la guerrilla del M-19 fue interpretada inicialmente como una victoria castrense. Pero las cuatro medallas que le dieron a Arias Cabrales en los a?os siguientes se fueron desti?endo a medida que se conoc¨ªan nuevos detalles: pruebas, testimonios y videos evidenciaban que algunas de las personas dadas por muertas hab¨ªan salido con vida del Palacio y nunca aparecieron. Arias Cabrales dej¨® de ser considerado un h¨¦roe, y este mi¨¦rcoles el Gobierno de Gustavo Petro orden¨® el retiro de sus condecoraciones.

Un decreto del Ministerio de Justicia establece que la decisi¨®n se debe a que el general en retiro fue condenado por delitos dolosos ¡ªcometidos con ¨¢nimo de causar da?o¡ª. En 2011 un juez sentenci¨® a Arias a 35 a?os de c¨¢rcel por la desaparici¨®n forzada de cinco personas, decisi¨®n que luego fue ratificada por el Tribunal de Bogot¨¢ y por la Corte Suprema de Justicia. El documento establece que, debido a que el delito de desaparici¨®n forzada constituye una grave violaci¨®n a los derechos humanos, implica ¡°una clara obligaci¨®n del Estado de adoptar, de forma inmediata, todas las medidas para garantizar a las v¨ªctimas los derechos a la verdad, la justicia y la reparaci¨®n¡±.

En 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declar¨® al Estado colombiano responsable por la privaci¨®n arbitraria de la libertad y las torturas cometidas en contra de cuatro personas, y por la desaparici¨®n forzada de otras 11, una de las cuales era el ex magistrado auxiliar del Consejo de Estado, Carlos Horacio Ur¨¢n Rojas, quien tambi¨¦n se comprob¨® que hab¨ªa sido ejecutado extrajudicialmente. Su hija, Helena Ur¨¢n Bidegain, quien ten¨ªa 10 a?os al momento de su muerte, fue una de las tres personas ¡ªjunto con los periodistas Diana L¨®pez Zuleta, colaboradora de este medio, y Gonzalo Guill¨¦n¡ª, que presentaron un derecho de petici¨®n, en enero de 2023, ante el ministro de Defensa, Iv¨¢n Vel¨¢squez, para ¡°retirarle de manera inmediata, oficial y p¨²blica la Medalla Servicios Distinguidos en Orden P¨²blico al general en retiro Jes¨²s Armando Arias Cabrales, y todos los dem¨¢s reconocimientos que haya recibido como militar despu¨¦s de la retoma Palacio de Justicia en 1985¡å.

¡°No es una venganza¡±, le aclara Ur¨¢n a este diario luego de que se conociera el decreto. Para la autora del libro Mi vida y el Palacio, en el que cuenta c¨®mo este episodio impact¨® su vida y la de su familia, esta es una ¡°decisi¨®n hist¨®rica¡± porque viene del Estado, ¡°que antes siempre lo neg¨®¡±. Lo define, m¨¢s bien, como ¡°un asunto propio de una democracia, algo que debe seguir sucediendo en Colombia y en cualquier parte del mundo cuando la Fuerza P¨²blica abusa de su poder o comete cr¨ªmenes de guerra o de lesa humanidad, y es una medida claramente de no repetici¨®n y de democratizaci¨®n del pa¨ªs. Y solamente puedo pensar en mi pap¨¢ y en todos aquellos que murieron por las acciones u ¨®rdenes de este se?or¡±.

L¨®pez, quien tambi¨¦n promovi¨® el retiro de medallas al exgobernador de la Guajira Kiko G¨®mez, responsable del asesinato de su padre en otras circunstancias, asegura que este tipo de decisiones son ¡°medidas restaurativas¡±, pues era ¡°una afrenta para las v¨ªctimas y para la institucionalidad misma que a Arias Cabrales se le hayan otorgado condecoraciones oficiales, incluso despu¨¦s de la toma del Palacio de Justicia. El retiro de las medallas, adem¨¢s, es un mensaje para todo el pa¨ªs: no se les puede otorgar reconocimientos a quienes han abusado de su poder y cometido cr¨ªmenes bajo el abrigo de sus cargos oficiales¡±.

El decreto donde se le despoja de sus reconocimientos militares, sin embargo, fue firmado por el ministro de Justicia, N¨¦stor Osuna, quien fue nombrado por el presidente Petro como ministro de Defensa ad hoc para resolver este derecho de petici¨®n en concreto, luego de que Vel¨¢squez se declarara impedido por haber ejercido en el pasado como abogado de Helena Ur¨¢n.

La JEP y la solicitud de la desclasificaci¨®n de archivos

Justo hace un a?o, en enero de 2023, las v¨ªctimas de las desapariciones del Palacio de Justicia, que todav¨ªa buscan saber qu¨¦ pas¨® en esas 48 horas, por qu¨¦ nunca volvieron a ver a sus familiares que salieron con vida, y qui¨¦n dio la orden de desaparecerlos, se encontraron frente a frente con Arias Cabrales, hoy de 87 a?os. Lo hicieron por petici¨®n del mismo general en retiro, quien hab¨ªa solicitado acogerse a la Jurisdicci¨®n Especial para la Paz (JEP), el tribunal transicional nacido del acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC, que otorga condenas m¨¢s favorables a los responsables de delitos cometidos en el marco del conflicto a cambio de hacer aportes a la verdad.

Las v¨ªctimas en la sala guardaban la esperanza de que Arias aclarara lo sucedido. Pero durante los dos d¨ªas de audiencias el militar no dijo nada nuevo: repet¨ªa lo que hab¨ªan dicho otros acusados o reiteraba viejos argumentos. ¡°No cuento con los elementos de juicio¡±, ¡°no sab¨ªa¡±, ¡°no s¨¦¡±, ¡°me enter¨¦ a posteriori¡±, fueron algunas de sus afirmaciones. Sostuvo que, a pesar de haber comandado la operaci¨®n, no ten¨ªa conocimiento directo porque fueron sus subordinados los que estuvieron en el Palacio. Finalmente, dijo que tambi¨¦n se consideraba una v¨ªctima.

El 16 de marzo de 2023, al encontrar que Arias no hab¨ªa hecho un aporte extraordinario a la verdad, la JEP decidi¨® expulsarlo del mecanismo de justicia. Perdi¨® la libertad transitoria que hab¨ªa obtenido desde 2020 y las v¨ªctimas se quedaron sin conocer lo sucedido. Aseguran que entre los militares hay un ¡°pacto de silencio¡±. D¨¦bora Anaya, quien ten¨ªa dos a?os cuando su madre desapareci¨®, le ha pedido a la JEP que desclasifique y les permita acceder a los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), que permanecen protegidos por esa jurisdicci¨®n.

Por su parte, Helena Ur¨¢n Bidegain ha instado al presidente Petro para que le solicite al Gobierno de Estados Unidos que libere los archivos clasificados sobre lo ocurrido. ¡°Yo hab¨ªa encontrado en mi investigaci¨®n la participaci¨®n directa de Estados Unidos y por lo tanto consideraba que era importante que se le pidiera la desclasificaci¨®n completa de todo lo que ten¨ªa, sobre todo a la CIA¡±, asegura Helena. Pero fue la JEP la que, con base en lo que ella les cont¨® sobre estos indicios en una audiencia, le orden¨® al Ministerio de Relaciones Exteriores que realizara ¡°todas las labores diplom¨¢ticas necesarias tendientes a obtener del Gobierno de Estados Unidos la desclasificaci¨®n de los archivos preservados relacionados con hechos del Palacio¡±.

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