Los ciudadanos de Ecuador, Costa Rica, Chile y Uruguay se abren a la ¡®mano dura¡¯ contra la inseguridad
Una investigaci¨®n de Flacso y de la Universidad de Santiago de Chile arroja una alta percepci¨®n de miedo y orfandad institucional, aunque a medida que la gente profundiza en la tem¨¢tica el instinto punitivo se modera
Hace unos 10 a 15 a?os se consideraba que cuatro pa¨ªses de Am¨¦rica Latina eran excepcionales a las altas tasas de homicidios en la regi¨®n: Ecuador, Costa Rica, Chile y Uruguay. Exist¨ªa en ellos una narrativa de prevenci¨®n, rehabilitaci¨®n, un Estado que revolv¨ªa asuntos y le daban la espalda a las medidas de ¡®mano dura¡¯. Desde entonces, la violencia ha extendido sus tent¨¢culos a esos territorios tildados de exitosos. Este cambio fue el punto de partida de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y el Departamento de Estudios Pol¨ªticos de la Universidad de Santiago de Chile (USACH) para tomar la temperatura de c¨®mo se sienten los ciudadanos de dichos cuatro pa¨ªses y cu¨¢n abiertos est¨¢n a que se implementen medidas de castigo radicales para combatir la inseguridad.
Los resultados del proyecto Mano Dura y erosi¨®n democr¨¢tica en Am¨¦rica Latina: Evaluaci¨®n del inter¨¦s por Mano Dura en Chile, Costa Rica, Ecuador y Uruguay, basado en conversaciones con ocho grupo focales y entrevistas en los cuatro pa¨ªses (m¨¢s de medio millar), arrojan que la sensaci¨®n de miedo alcanza el 67%, que existe una sensaci¨®n de orfandad institucional y de que el gran enemigo, el crimen organizado, es m¨¢s sofisticado que el propio Estado. Y que subsiste una nostalgia de la disciplina y el reconocimiento de la autoridad, asociada a castigos severos. A medida que las distintas comunidades discut¨ªan, sin embargo, el instinto punitivo se iba moderando. Pasaban de defender el trabajo forzado en las c¨¢rceles a querer mejorar la calidad de ¨¦stas, por ejemplo, dando cuenta de la compleja interacci¨®n entre las pol¨ªticas de mano dura y la salud de las instituciones democr¨¢ticas.
Las conversaciones apuntan a diversas interpretaciones sobre mano dura. Se asocia a leyes estrictas (21%), un cierto orden y autoridad (15%) o al respeto y la crianza firme (14%), principalmente. Los cuatro pa¨ªses presentan imaginarios mayoritariamente positivos sobre la mano dura (58% en promedio), especialmente en Ecuador y Costa Rica. El 16% se muestra ambivalente y el 26% tiene una imagen negativa. Uruguay y Chile encabezan en esta ¨²ltima percepci¨®n, con 39% y 31%, respectivamente.
El principal actor al que se le exige actuar con mano dura es al presidente de la Rep¨²blica. Dentro de los referentes internacionales que aparecen con frecuencia figuran Nayib Bukele (91 menciones), Javier Milei (15), Vladimir Putin (12) y Donald Trump (9). En general, los personajes nacionales que los participantes del proyecto vinculan a las pol¨ªticas de mano dura est¨¢n relacionados con partidos de derecha.
La soci¨®loga y acad¨¦mica de la Universidad de Santiago (USACH), Luc¨ªa Dammert, coordinadora general del proyecto, se?ala que ¡°hay una mirada positiva sobre lo que le ha hecho Bukele, porque ha tenido resultados, pero cuando empiezas a conversar, la ciudadan¨ªa no quiere, salvo casos ultra-excepcionales, cerrar el Congreso, que los presidentes gobiernen por decreto o que las Fuerzas Armadas est¨¦n en la puerta de su casa. Todav¨ªa existe en estos pa¨ªses la posibilidad de otro tipo de medidas¡±. En t¨¦rminos narrativos, afirma que ¡°el mundo progresista no termina de revisar las multidimensionalidades de la conversaci¨®n ciudadana. Se ha quedado en que esto es pasar leyes para castigar a la gente. Pero la gente tambi¨¦n se da cuenta de que aprueban las leyes y luego no pasa nada¡±.
Abierta la conversaci¨®n sobre la situaci¨®n de seguridad en cada pa¨ªs, el 67% de los participantes incluy¨® la emoci¨®n del miedo, donde aparecieron palabras que iban desde temor hasta terror. El 17% emple¨® un lenguaje asociado a la rabia, incluida la impotencia y la frustraci¨®n; el 13% con la preocupaci¨®n y el 3% con la tristeza, con cierta desesperanza respecto de un cambio, seg¨²n el estudio desarrollado por Dammert, junto con los investigadores Mary Fran Malone, profesora de la Universidad de New Hampshire; Sebasti¨¢n Cutrona, de la Liverpool Hope University; Jonathan Rosen, de la Universidad de Nueva Jersey, y la soci¨®loga Manuela Gil, asistente general del proyecto.
En los grupos consultados en Ecuador y Costa Rica, las emociones asociadas a la rabia, la injusticia y el cansancio frente a la delincuencia alcanza un 25%, unos ocho puntos por sobre los otros dos pa¨ªses. En Uruguay predominan las diversas capas del miedo y en Chile y Costa Rica lideran las menciones a la preocupaci¨®n (18% y 19%, respectivamente) y la tristeza (4% y 6%), vinculada a la empat¨ªa hacia las v¨ªctimas y sus familias afectadas por la delincuencia.
El proyecto recoge c¨®mo se repite entre los participantes la visi¨®n de un pasado que fue mejor. Lo que potencia su sensaci¨®n de miedo y la alteraci¨®n de su vida cotidiana es el incremento en la frecuencia de los delitos, el aumento en la violencia asociada a estos y una mayor diversidad de los cr¨ªmenes. ¡°Ya no hay paz. Uno est¨¢ preocupado hasta cuando los hijos andan en la escuela porque ahora hay balaceras hasta en las escuelas, afuera, entonces uno ya no sabe ni qu¨¦ pensar, da miedo salir¡±, dice una mujer costarricense del grupo de entre 30 a 50 a?os.
Los responsables del miedo
La migraci¨®n irregular y el narcotr¨¢fico son dos factores responsables del problema de seguridad en los cuatro pa¨ªses, seg¨²n el estudio. En Ecuador, se se?ala que el narcotr¨¢fico a gran escala representa un tipo de delito diferente al que se conoc¨ªa previamente, vinculado estrechamente a Colombia y M¨¦xico. En Chile, la presencia de bandas criminales, el aumento de homicidios con armas de fuego y los cr¨ªmenes violentos se vinculan con la migraci¨®n irregular de venezolanos, y en Costa Rica de la de nicarag¨¹enses. ¡°La gente extranjera deber¨ªa venir a sumar, a hacer que mi pa¨ªs crezca (¡). No ense?arles a los delincuentes modos nuevos, por ejemplo, de tortura¡±, apunta una chilena entre 30 y 50 a?os. En Uruguay, si bien se?alan que el narcotr¨¢fico tiene responsabilidad, no siempre est¨¢ vinculado a la poblaci¨®n extranjera. Le atribuyen el origen de la crisis a factores internos como la desigualdad social, el consumo de drogas y una cierta p¨¦rdida de valores, como el respeto por la autoridad.
Uno de los principales habilitadores de los problemas de seguridad, seg¨²n los participantes, son los pol¨ªticos. Por ejemplo, identifican las pol¨ªticas de apertura de fronteras implementadas en distintos momentos, especialmente en Costa Rica y Chile, como elementos que han contribuido al surgimiento y profundizaci¨®n de la crisis. Tambi¨¦n en las conversaciones aparecen factores que obstaculizan los cambios. En algunos grupos se se?ala que valores democr¨¢ticos como la protecci¨®n de los derechos humanos y el debido proceso judicial, limitan las acciones que consideran necesarias para enfrentar la delincuencia. ¡°?Por qu¨¦ tenemos que tener consideraci¨®n con los derechos humanos de los delincuentes si ellos no tienen ninguna luz para matar a alguien por 100 pesos con un tel¨¦fono?¡±, apunta un chileno entre 30 y 50 a?os. Adem¨¢s, en muchos grupos se percibe que el sistema judicial es ineficaz en la persecuci¨®n y el castigo de delincuentes.
En los cuatro pa¨ªses se destaca el papel de los medios de comunicaci¨®n en la percepci¨®n de la seguridad. Coinciden en que existe una sobreabundancia de noticias sobre delincuencia e inseguridad, lo que les dificulta discernir su veracidad. Queda de manifiesto la baja confianza que les tienen, descritos como ¡°alarmistas¡±, lo que los ha llevado a elegir fuentes no tradicionales para informarse. Muchos dicen que conf¨ªan m¨¢s en las redes sociales que en la televisi¨®n o la prensa escrita. En Ecuador se da un fen¨®meno particular en el que la desconfianza hacia los medios de comunicaci¨®n tradicionales existe, pero varios afirman que est¨¢n al servicio del Estado y buscan crear una sensaci¨®n de falsa tranquilidad.
La hip¨®tesis preliminar que se plantea en la investigaci¨®n es que los medios desempe?an un papel clave en mantener una percepci¨®n alta y estable de inseguridad en la poblaci¨®n. A trav¨¦s de la sobreexposici¨®n a ciertos delitos, los medios ¡°normalizan una visi¨®n de la violencia y la delincuencia, haciendo que la poblaci¨®n se sienta constantemente insegura, sin importar la naturaleza espec¨ªfica de su miedo¡±, sostiene el informe. Entonces, aunque las cualidades del miedo son distintas (a ser robado frente a ser asesinado, por ejemplo), en una escala de percepci¨®n, ambas personas podr¨ªan sentir el mismo nivel de inseguridad.
Respecto a cu¨¢n alarmante consideran la crisis de seguridad en sus respectivos pa¨ªses, en una escala de cinco niveles, siendo el primero el m¨¢s bajo, el 43% de los participantes la sit¨²an en el tercero, el 28% en el cuarto y el 22% en el quinto, el m¨¢s cr¨ªtico. Mientras que los grupos de Chile y Uruguay se concentran en el nivel tres, Costa Rica y, sobre todo, Ecuador presentan promedios m¨¢s altos.
?Qu¨¦ medidas adoptar?
Cuando se discut¨ªan medidas preventivas, como la modernizaci¨®n de las instituciones y la reinserci¨®n social, los argumentos en contra eran que las califican de poco eficientes y que no logran resolver la crisis actual. En las propuestas de control, como intensificar la lucha contra la delincuencia en lugar de centrarse en su castigo, se vio cierto consenso sobre la necesidad de ampliar las atribuciones de las fuerzas policiales y brindarles mayor respaldo para actuar frente a la delincuencia. En determinados grupos, la discusi¨®n deriv¨® en la necesidad de recurrir a las Fuerzas Armadas, ya que perciben que las polic¨ªas no est¨¢n preparadas para enfrentar delitos del crimen organizado, entre otros. Dentro de las propuestas punitivas, la discusi¨®n se enfoc¨® en incrementar los a?os de prisi¨®n para delitos como homicidios o robos con violencia. Algunos plantearon que es imposible reinsertar socialmente a ese tipo de delincuentes.
Dammert advierte que uno de los problemas de concentrarse en una amenaza transnacional, como el crimen organizado, es que se invisibilizan otras violencias, como ¡°la violencia contra la mujer, la violencia en el colegio, y un mont¨®n de otros temas que tambi¨¦n nos afligen y tal vez incluso m¨¢s¡±. ¡°Hay un c¨®ctel que es peligroso para la calidad de nuestras democracias¡±, remarca la acad¨¦mica.
Algunas propuestas de los participantes son derechamente radicales y apuntan a la necesidad de romper con la separaci¨®n de poderes del Estado, adem¨¢s de transgredir libertades civiles. Aqu¨ª aparecen respuestas diversas. Los que se resisten son los que consideran que los delincuentes son los responsables del problema, que no son necesarias esas acciones, y que la democracia es siempre deseable. Para otros, la concentraci¨®n del poder aparece como un camino alternativo a las medidas que han sido adoptadas hasta ahora. ¡°Frente a la percepci¨®n de que los gobiernos anteriores han fallado en combatir la delincuencia, la idea de una salida autoritaria puede ser vista como una medida m¨¢s eficaz, r¨¢pida y eficiente¡±, describe el informe.
En una tabla sobre la agresividad de las medidas para combatir la delincuencia, siendo el primero las m¨¢s moderadas y el quinto el de las m¨¢s radicales, el 12,5% est¨¢ en el tercer escal¨®n, el 31% en el cuarto y el 53% en el quinto. Uruguay es el m¨¢s moderado, frente a Chile, Costa Rica y Ecuador, siendo este ¨²ltimo el m¨¢s extremo. A medida que la conversaci¨®n avanza, apunta la investigaci¨®n, la narrativa se modera porque aparecen los derechos y libertades civiles, las identidades nacionales y rasgos idiosincr¨¢ticos y elementos institucionales de la democracia. El ejemplo m¨¢s claro dentro de los moderadores idiosincr¨¢ticos es el de Costa Rica y su cultura de la paz al no tener Ej¨¦rcito. Uruguay, por ejemplo, que apela a su historia reciente y c¨®mo han vivido la memoria hist¨®rica de la dictadura (1973-1985) para poner pa?os fr¨ªos.
En el caso chileno, algunos expresan que no ser¨ªa deseable regresar a pr¨¢cticas de control y represi¨®n como las de la dictadura (1973-1990), sin embargo, hay quienes argumentan que ser¨ªa necesario aplicar una mano dura similar a la de esos a?os. Sugieren que la memoria de la dictadura limita actualmente la capacidad de las polic¨ªas, Fuerzas Armadas y de los pol¨ªticos para implementarlas. Otra noci¨®n que modera el debate en los grupos del pa¨ªs sudamericano es el que implementar medidas de mano dura ser¨ªa un ¡°retroceso civilizatorio¡±. Esto surge acompa?ado de la idea de que, si bien Chile puede estar en una crisis y la percepci¨®n inseguridad ser muy alta, no estar¨ªa tan mal como los dem¨¢s pa¨ªses latinoamericanos.
¡°En Uruguay¡±, se?ala Dammert, ¡°la gente no est¨¢ dispuesta a disminuir sus derechos. En Costa Rica la gente se sigue viendo como un pa¨ªs que tiene una autodefinici¨®n de un pac¨ªfico, que no quiere caer en una guerra interna. El caso chileno es mucho m¨¢s complicado porque encuentras una mirada mucho m¨¢s autoritaria, probablemente por una sensaci¨®n mayor de abandono y una profunda frustraci¨®n respecto al trabajo institucional y pol¨ªtico. Y en Ecuador tienen una visi¨®n de que est¨¢n en una guerra interna con un nivel de corrupci¨®n institucional gigante¡±.
Una de las ideas m¨¢s difundidas en los cuatro pa¨ªses es que las leyes son demasiado blandas y permisivas con los delincuentes. Que los castigos no son proporcionales a los delitos y que existe una ¡°puerta giratoria¡±, haciendo referencia a la entrada y salida del sistema judicial con total impunidad. Esto se atribuye al Poder Legislativo y a la manera en que se aplican las normas. Cuando se percibe que el Estado no est¨¢ ejerciendo el castigo suficiente para enfrentar la delincuencia, los participantes discuten sobre alternativas civiles, entre las que destacan las detenciones ciudadanas y linchamientos, con la premisa de tomar ¡°justicia por sus propias manos¡±. ¡°Ya no se puede confiar mucho hoy en d¨ªa en la polic¨ªa porque ah¨ª empieza la corrupci¨®n, les pasan plata y ya¡±, dice un hombre ecuatoriano entre 18 y 29 a?os.
Para los participantes, un modelo ideal de l¨ªder, concluye la investigaci¨®n, ser¨ªa caracterizado como una figura pura, limpia frente a un sistema pol¨ªtico corrupto, con una br¨²jula moral que seguir. Personas a las que se les permite ensuciarse las manos excepcionalmente, sin que esto les quite su investidura de l¨ªderes morales y carism¨¢ticos.
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