El Defensor del Pueblo investiga a 33 ciudades que no han iniciado a¨²n sus zonas de bajas emisiones o las est¨¢n retrasando

El Defensor del Pueblo ha abierto una actuaci¨®n de oficio para investigar el retraso que se est¨¢ produciendo en la implantaci¨®n de las zonas de bajas emisiones (ZBE) en una treintena de ciudades. Seg¨²n la ley de cambio clim¨¢tico espa?ola, las 151 urbes espa?olas de m¨¢s de 50.000 habitantes deber¨ªan contar desde el pasado 1 de enero con una de estas ¨¢reas, pero por ahora tan solo est¨¢n implantadas en 14, mientras que otras 120 localidades se encuentran en tr¨¢mite. La instituci¨®n que preside ?ngel Gabilondo ha requerido informaci¨®n a 33 ayuntamientos: siete que van muy retrasados en sus proyectos, ocho que ya los ten¨ªan aprobados y est¨¢n dando marcha atr¨¢s, y otros 18 que ni siquiera han iniciado todav¨ªa los tr¨¢mites pese a que son obligatorias desde hace 11 meses.

Las zonas de bajas emisiones son ¨¢reas, situadas normalmente en el centro de las ciudades, en las que se proh¨ªbe la circulaci¨®n o el aparcamiento de los veh¨ªculos m¨¢s contaminantes para mejorar la calidad del aire y la salud de los ciudadanos. Durante la pasada legislatura, el Ministerio de Transportes reparti¨® 1.500 millones de euros de los fondos europeos Next Generation a decenas de localidades para ayudar a su implantaci¨®n y favorecer la movilidad sostenible. Sin embargo, muchas van muy retrasadas en sus planes. Adem¨¢s, algunos ayuntamientos de PP y Vox surgidos de las pasadas elecciones de mayo han declarado la guerra a estas ¨¢reas y han apostado por minimizarlas e incluso por dar marcha atr¨¢s.

En este contexto, el Defensor del Pueblo ha iniciado una actuaci¨®n de oficio respecto a 33 ciudades por el retraso que se est¨¢ produciendo en la implantaci¨®n de las zonas de bajas emisiones (ZBE) exigidas por la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio clim¨¢tico y transici¨®n energ¨¦tica. Las actuaciones se realizan por varios criterios: en primer lugar, en raz¨®n del n¨²mero de personas afectadas por la contaminaci¨®n y el nivel de retraso en la tramitaci¨®n. As¨ª, se ha solicitado informaci¨®n a siete municipios de m¨¢s de 300.000 habitantes que a¨²n no han aprobado sus ZBE pese a estar en tr¨¢mite: M¨¢laga, Murcia, Palma, Las Palmas de Gran Canaria, Bilbao, Alicante y C¨®rdoba.

Tambi¨¦n se va a investigar a los municipios de m¨¢s de 50.000 habitantes cuyos ayuntamientos no han iniciado a¨²n los tr¨¢mites para declarar las ZBE. En esta categor¨ªa, se ha solicitado informaci¨®n a los consistorios de Aranjuez (Madrid), Arganda del Rey (Madrid), Arona (Tenerife), Barakaldo (Bizkaia), Calvi¨¢ (Baleares), Cerdanyola del Vall¨¦s (Barcelona), Coslada (Madrid), Ferrol (A Coru?a), Granadilla de Arona (Tenerife), Motril (Granada), Orihuela (Alicante), Puerto de Santa Mar¨ªa (C¨¢diz), San Crist¨®bal de la Laguna (Tenerife), Sanl¨²car de Barrameda (C¨¢diz), Telde (Tenerife), Tres Cantos (Madrid) y Valdemoro (Madrid).

Adem¨¢s, la instituci¨®n ha pedido informaci¨®n a aquellos municipios en los que se han revertido o van a revertirse los pasos dados para la adopci¨®n de las ZBE, tal y como han expresado sus gobernantes en diferentes declaraciones. En esta categor¨ªa se incluyen Badalona (Barcelona), Valencia, Gij¨®n (Asturias), Valladolid, Castell¨®n de la Plana, Lorca (Murcia), Elche (Alicante) y Majadahonda (Madrid). Un portavoz de este ¨²ltimo consistorio madrile?o se?ala que ya est¨¢ en marcha el proyecto para instaurar su zona de bajas emisiones, para el que ha recibido 1,1 millones de euros de fondos europeos Next Generation.

Las actuaciones de oficio no surgen a ra¨ªz de la queja de los ciudadanos, sino que son actuaciones proactivas del Defensor del Pueblo. Los t¨¦cnicos de la instituci¨®n requieren informaci¨®n a las diferentes administraciones y, en funci¨®n de la respuesta, analizan los datos y pueden exigir informaci¨®n adicional. Tras ello, el organismo formula resoluciones a las Administraciones P¨²blicas ¡ªen este caso, los ayuntamientos¡ª, para promover la modificaci¨®n de una determinada pr¨¢ctica administrativa, o incluso de una normativa.

Respuestas razonadas

Las principales resoluciones son las recomendaciones, que tienen un car¨¢cter general, y las sugerencias, que se refieren a casos que afectan a situaciones concretas. Tambi¨¦n puede formular recordatorios de deberes legales. La Administraci¨®n puede no aceptarlas, pero la ley le obliga, en cualquier caso, a que razone los motivos de esa decisi¨®n. Una recomendaci¨®n sobre las zonas de bajas emisiones consistir¨ªa en exigir a un ayuntamiento que haga cambios en su modo de actuar para corregir una situaci¨®n en la que se han visto vulnerados los derechos fundamentales de los ciudadanos, en este caso, en cuanto al derecho a la salud.

En septiembre, el Ministerio de Transportes envi¨® una carta a los casi 200 ayuntamientos, de todo signo pol¨ªtico, que han recibido fondos europeos para financiar iniciativas de movilidad sostenible. La misiva advierte de que les exigir¨¢n la devoluci¨®n de las ayudas Next Generation si no ponen en marcha sus ¨¢reas de tr¨¢fico restringido o modifican sin permiso cualquier otro proyecto subvencionado (como los carriles bici). Mientras, la ministra para la Transici¨®n Ecol¨®gica, Teresa Ribera, tambi¨¦n ha amenazado a las urbes d¨ªscolas con recurrir sus planes ante los tribunales.

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