Espa?a inicia la ratificaci¨®n del tratado de la ONU para crear santuarios marinos en aguas internacionales
El Consejo de Ministros env¨ªa a las Cortes esta semana el acuerdo sobre la alta mar para que sea aprobado. 60 pa¨ªses deben adoptarlo para que entre en vigor, aunque de momento solo lo han hecho ocho
Hicieron falta tres lustros de negociaciones y varios fracasos para cerrar en el seno de la ONU el texto del tratado de protecci¨®n de la biodiversidad marina para las aguas internacionales. Este acuerdo, conocido como el Tratado de Alta Mar, sienta las bases para la creaci¨®n de reservas en las ¨¢reas del oc¨¦ano que no pertenecen a ning¨²n pa¨ªs y en las que existe un amplio descontrol en materia medioambiental. Pero, aunque se consigui¨® consensuar un texto el pasado a?o, no ha entado en vigor porque solo lo han ratificado ocho pa¨ªses hasta el momento. Espa?a tiene previsto iniciar este martes el proceso para hacerlo. El Consejo de Ministros comenzar¨¢ esta ratificaci¨®n, que deber¨¢ ser aprobada a su vez en el Congreso y el Senado durante los pr¨®ximos meses, seg¨²n el Ministerio para la Transici¨®n Ecol¨®gica.
Normalmente, para que los acuerdos internacionales de Naciones Unidas entren en vigor se establece un quorum de pa¨ªses. En el caso del Tratado de Alta Mar se fij¨® que el pacto estar¨ªa activo 120 d¨ªas despu¨¦s de que 60 naciones lo ratificaran. Pero este proceso puede ser lento y el calendario electoral en un a?o de importantes comicios por todo el globo est¨¢ ralentiz¨¢ndolo todav¨ªa m¨¢s. Hasta ahora, solo han depositado la adopci¨®n ante la ONU Seychelles, Palaos, M¨®naco, Micronesia, Mauricio, Chile, Cuba y Belice.
La Uni¨®n Europea tambi¨¦n tiene previsto hacerlo despu¨¦s de que as¨ª lo hayan aprobado tanto el Parlamento comunitario como el Consejo Europeo (donde est¨¢n representados los Gobiernos de los Veintisiete miembros). Pero se necesita, a su vez, que cada pa¨ªs de la UE tambi¨¦n ratifique el denominado oficialmente acuerdo de las Naciones Unidas sobre la Biodiversidad Fuera de la Jurisdicci¨®n Nacional (BBNJ, sus siglas en ingl¨¦s). La Comisi¨®n Europea inst¨® hace unas semanas a los Estados a que lo adopten para que pueda entrar en vigor antes de la pr¨®xima conferencia de la ONU sobre los oc¨¦anos, prevista para junio de 2025.
Marta Mart¨ªn-Borreg¨®n, especialista en oc¨¦ano de Greenpeace, valora que Espa?a lance ahora el proceso de ratificaci¨®n y espera que los Veintisiete sigan el mismo camino en Europa. ¡°B¨¦lgica y Francia eran los que ten¨ªan m¨¢s avanzado el proceso hasta ahora, pero no se sabe c¨®mo pueden afectar las elecciones a la ratificaci¨®n en este pa¨ªs¡±, a?ade.
En teor¨ªa deben salir los n¨²meros para que entre en vigor este acuerdo, que pretende poner algo de orden medioambiental en las aguas de todos para evitar su deterioro. 90 pa¨ªses ¡ªentre los que figuran, adem¨¢s de los miembros de la UE, otros como China, EE UU, Brasil y Canad¨¢¡ª lo han firmado, lo que supone un anuncio de su voluntad de ratificar y apoyar formalmente que se active esta nueva herramienta de derecho internacional. Pero muchos miran de nuevo a otras elecciones, a las de Estados Unidos y a lo que puede ocurrir si vuelve a vencer el republicano Donald Trump, enemigo declarado de los pactos medioambientales.
Y, ?para qu¨¦ servir¨¢ este tratado? Permitir¨¢ el establecimiento de instrumentos de ordenaci¨®n, incluidas las zonas marinas protegidas, para conservar y gestionar de manera sostenible h¨¢bitats y especies vitales en alta mar. Cuando se habla de alta mar o de aguas internacionales se hace referencia a los espacios marinos que no est¨¢n incluidos en las zonas econ¨®micas exclusivas de los pa¨ªses, es decir, los que van m¨¢s all¨¢ de las 200 millas desde la costa que controlan los Estados. Ocupan la mayor parte del oc¨¦ano (un 64%) y aunque existen normas y organismos sectoriales para regular algunos aspectos, como el tr¨¢fico mar¨ªtimo o la pesca, no hay ning¨²n instrumento internacional centrado en la protecci¨®n de la biodiversidad marina.
Que entre en vigor y se aplique este tratado es fundamental para que se pueda cumplir el objetivo de proteger el 30% de los oc¨¦anos y la tierra antes de 2030 (el conocido como objetivo 30x30), que fue a lo que se comprometieron los pa¨ªses del mundo a finales de 2022 en la Cumbre de la Biodiversidad en Montreal. Actualmente, solo alrededor del 1% de la alta mar est¨¢ protegida.
Una vez que est¨¦ ratificado, los pa¨ªses miembros del pacto se reunir¨¢n peri¨®dicamente. Y Espa?a aspira a que la primera de esas conferencias se celebre lo m¨¢s r¨¢pidamente para decidir ¡°sobre temas cruciales para la puesta en marcha efectiva del tratado, como son la ubicaci¨®n de la secretar¨ªa y la designaci¨®n de las primeras ¨¢reas marinas protegidas en alta mar¡±, se?alan desde Transici¨®n Ecol¨®gica. Por el momento, a?aden estas fuentes, hay dos pa¨ªses que se postulan para obtener la secretar¨ªa del acuerdo: B¨¦lgica y Chile.
Navegar m¨¢s lento para proteger a los cachalotes
Organizaciones ambientalistas han pedido al Gobierno que incluya por primera vez un límite de velocidad obligatorio para los barcos en este caso en las aguas españolas para proteger a especies como cachalotes y rorcuales comunes. En concreto, quieren que esta medida se aplique en el Corredor de Migración de Cetáceos del Mediterráneo, una enorme área marina protegida de 46.385 kilómetros cuadrados entre Cataluña, Comunidad Valenciana e Islas Baleares.
En las últimas décadas, las poblaciones de rorcual común y cachalote en el mar Mediterráneo han seguido una preocupante tendencia a la baja, siendo una de las causas principales las muertes por colisiones con embarcaciones en su zona noroccidental, donde existe una alta intensidad de tráfico marítimo.
La propuesta de organizaciones como Greenpeace, Ecologistas en Acción, WWF, Oceana, ClientEarth y OceanCare consiste en la aplicación de un límite general de velocidad obligatorio de 10 nudos para todas las embarcaciones, incluyendo las recreativas. No obstante, incluye unas condiciones diferentes para buques mercantes y ferris. En el primer caso, propone el diseño de un dispositivo de separación de tráfico por el que los buques mercantes deban navegar “a una velocidad reducida con respecto a su velocidad media operativa en un porcentaje a determinar para cada categoría de barcos”. Y para los ferris prevé “una reducción de velocidad obligatoria que permita maximizar la reducción del riesgo de colisiones sin poner en riesgo la calidad del servicio que proporcionan”.
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