La apretada agenda econ¨®mica del Gobierno para acabar el a?o: del salario m¨ªnimo a los nuevos impuestos

El par¨®n de la actividad por la pandemia, los desequilibrios en la recuperaci¨®n, la guerra de Ucrania con la subsiguiente crisis energ¨¦tica¡­ La legislatura no ha dado tregua en lo econ¨®mico, forzando al Gobierno a aprobar numerosas medidas para tratar de aliviar la situaci¨®n de familias y empresas. Con la inflaci¨®n todav¨ªa por encima del 7% y un convulso contexto internacional, la recta final del mandato coincide adem¨¢s con la cuenta atr¨¢s para algunas promesas realizadas por el Ejecutivo de coalici¨®n. A todo ello se une, adem¨¢s, el calendario comprometido con Bruselas para la recepci¨®n de fondos de recuperaci¨®n. Espa?a siempre se ha presentado como un alumno avanzado en esa materia: fue la econom¨ªa europea m¨¢s golpeada por la covid y luego se esforz¨® en dar la imagen de pa¨ªs diligente, siendo el primer socio en recibir las ayudas europeas. As¨ª que todo ello converge en dos meses decisivos para afrontar el ¨²ltimo a?o de legislatura: desde la aprobaci¨®n de los Presupuestos, cuya negociaci¨®n sigue activa, hasta la subida del salario m¨ªnimo interprofesional o el acuerdo con la banca para aliviar el encarecimiento de las hipotecas. Esta es la fren¨¦tica agenda econ¨®mica del Gobierno en la recta final de 2022:

Nuevos impuestos

El Ejecutivo ha anunciado la creaci¨®n de grav¨¢menes extraordinarios a energ¨¦ticas, bancos y grandes fortunas, que prev¨¦ tener listos al inicio del nuevo curso para financiar las medidas anticrisis. Los bancos m¨¢s grandes deber¨¢n pagar el 4,8% de su margen de intereses y comisiones. Tambi¨¦n estar¨¢n sujetas al gravamen las entidades que operan en el pa¨ªs y se encuentran bajo la supervisi¨®n directa del Banco Central Europeo, incluidas las extranjeras. El¨¦ctricas, petroleras y gasistas con una facturaci¨®n superior a los 1.000 millones abonar¨¢n el 1,2% del importe neto de su cifra de negocios. El Ejecutivo argumenta que estos sectores se est¨¢n beneficiando del alza de los tipos de inter¨¦s y del repunte de los precios de la energ¨ªa, respectivamente. Estas dos figuras estar¨¢n en vigor durante dos ejercicios (2023 y 2024) y se est¨¢n tramitando a trav¨¦s de una proposici¨®n de ley para agilizar los plazos. Hacienda estima ingresar unos 7.000 millones en total por ellas.

El Impuesto de Solidaridad a las Grandes Fortunas se aprobar¨¢ con una enmienda, que se ha registrado este mismo jueves, a la norma que crea los grav¨¢menes a banca y energ¨¦ticas. Se exigir¨¢ a partir de los tres millones de euros de patrimonio, con tipos crecientes que van desde el 1,7% hasta el 3,5% para riquezas de m¨¢s de 10 millones. Tambi¨¦n estar¨¢ en vigor en 2023 y 2024, aunque el Gobierno no descarta convertirlo en permanente. Seg¨²n Hacienda, afectar¨¢ a 23.000 contribuyentes y recaudar¨¢ hasta 1.500 millones al a?o. El impuesto sobre el patrimonio que cobran las comunidades se podr¨¢ deducir, por lo que el grueso de la recaudaci¨®n llegar¨¢ de los territorios que aplican bonificaciones a este tributo, como Madrid. A trav¨¦s de una enmienda a la misma ley tambi¨¦n se limitar¨¢ temporalmente, al 50%, la posibilidad de compensar p¨¦rdidas en el impuesto de sociedades para los grupos consolidados. Los dem¨¢s cambios fiscales anunciados por el Gobierno ¡ªrebaja del IRPF para trabajadores de bajos ingresos o reducci¨®n del IVA para productos de higiene femenina, entre otros¡ª van incorporados a los Presupuestos de 2023 que est¨¢n ahora en tramitaci¨®n parlamentaria.

Salario m¨ªnimo

El salario m¨ªnimo interprofesional (SMI) volver¨¢ a subir en 2023, y deber¨¢ alcanzar el 60% del sueldo medio en Espa?a. Ese es el compromiso que adquiri¨® el Gobierno tras suscribir la Carta Social Europea, y que derivar¨¢, previsiblemente, en la subida m¨¢s elevada de la legislatura. El comit¨¦ de expertos convocado por el Ministerio de Trabajo ¡ªformado por acad¨¦micos, miembros del Gobierno y un par de representantes sindicales¡ª deber¨¢ trasladar su propuesta antes de que acabe el mes. Los sindicatos han presionado para que el aumento eleve los 1.000 euros mensuales repartidos en 14 pagas que fija el SMI actual hasta los 1.100. Consideran que una subida inferior impedir¨ªa que los trabajadores que cobran el salario base, aproximadamente 3,2 millones de personas, mantuvieran su capacidad adquisitiva. El hecho de que las pensiones vayan a revalorizarse un 8,5% en enero, de acuerdo con la evoluci¨®n del IPC, supone un est¨ªmulo mayor para que el alza sea, como m¨ªnimo, equiparable. Esto supondr¨ªa un aumento de 85 euros. A pesar de que la potestad para determinar cualquier modificaci¨®n del salario m¨ªnimo recae exclusivamente en el Gobierno, la voluntad del Ejecutivo pasa por convocar a los agentes sociales y trasladarles sus intenciones. La patronal CEOE, que ya no apoy¨® las ¨²ltimas subidas, ha mostrado su rechazo por entender que compromete la viabilidad de las empresas en un contexto de incertidumbre como el actual, por lo que la nueva alza, de resultar pactada, ser¨ªa de forma bilateral con los sindicatos.

Reforma de las pensiones

La primera parte de la reforma de las pensiones fue aprobada en las Cortes Generales en diciembre de 2021, y en 2023 deber¨¢ estar lista la segunda, que est¨¢ incluida en el Plan de Recuperaci¨®n y Resiliencia enviado por el Gobierno a Bruselas. Los apartados que est¨¢n todav¨ªa por resolver tienen que ver con el aumento del periodo de c¨¢lculo para la pensi¨®n, as¨ª como el destope de las prestaciones m¨¢ximas. Aunque el Ministerio de Seguridad Social trabaja en f¨®rmulas que permitan afrontar con garant¨ªas la jubilaci¨®n de los babyboomers (la generaci¨®n nacida entre finales de los a?os cincuenta y finales de los setenta del siglo XX), que tensionar¨¢n la sostenibilidad del sistema por su volumen, los agentes sociales niegan que estas se hayan planteado en la mesa de di¨¢logo social. El ministro Jos¨¦ Luis Escriv¨¢ ha anunciado algunas de las l¨ªneas argumentales que gu¨ªan las distintas posibilidades que se contemplan en su gabinete: desde la posibilidad de que, aunque crezca el n¨²mero de a?os, se puedan desechar algunos de los peores para que el c¨®mputo final de la pensi¨®n no se vea perjudicado; hasta una reforma de las lagunas de cotizaci¨®n que permitan que las prestaciones bajen menos en aquellos que no cuentan con los a?os suficientes. Esta segunda v¨ªa responde al reconocimiento de que existen cada vez m¨¢s carreras laborales con una evoluci¨®n menos lineal.

Hipotecas

Otra tarea pendiente del Gobierno es aliviar el bolsillo de los hipotecados en apuros por la r¨¢pida subida de tipos de inter¨¦s del Banco Central Europeo (BCE). El acuerdo con la banca se ha retrasado m¨¢s de lo previsto y a¨²n no se vislumbra la fumata blanca. La morosidad no aprieta por el momento (sigue por debajo del 4%, en niveles hist¨®ricamente bajos), pero el Ejecutivo quiere preparar un plan de forma preventiva que sirva de colch¨®n para los hogares vulnerables por el incremento de los costes. Ambas partes coinciden en que el pacto es necesario, pero falta por encontrar un punto en com¨²n sobre tres grandes diferencias. Por un lado, el n¨²mero de afectados que se podr¨ªan beneficiar de las ayudas: se quiere modificar el concepto de cliente vulnerable, aunque hay posturas encontradas sobre cu¨¢nto debe abarcar. Tambi¨¦n se negocia la amplitud del plan: el sector financiero defiende que sean medidas muy concretas y la vicepresidenta primera, Nadia Calvi?o, insiste en que debe ser un paquete m¨¢s amplio. Y, por ¨²ltimo, en la duraci¨®n de lo pactado: la banca repite que debe ser algo transitorio, solo para el momento de crisis actual, pero el Ejecutivo pretende que las modificaciones se plasmen en el C¨®digo de Buenas Pr¨¢cticas. Es decir, que se alargue su aplicaci¨®n y se convierta en algo permanente.

Vivienda

En el calendario de reformas prometido a Bruselas a cambio de la recepci¨®n de los fondos de recuperaci¨®n, la aprobaci¨®n de una ley estatal de vivienda figuraba como hito para el tercer trimestre de este a?o. Pero acab¨® septiembre y la tramitaci¨®n del proyecto de ley no logr¨® desatascarse en el Congreso. Desde entonces, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana repite que la idea es tener el texto listo antes de que acabe el a?o. No ser¨¢ f¨¢cil: la ley de vivienda ha provocado roces en el Gobierno de coalici¨®n durante toda la legislatura. No obstante, fuentes al tanto de las negociaciones indican que el asunto ¡°se puede desatascar muy r¨¢pido¡± a partir del momento en que PSOE, Podemos y ERC acerquen posturas sobre los tres puntos que centran las discusiones. Estos son los mismos que a la vuelta de verano: hasta d¨®nde llegar¨¢n los topes a los alquileres que establece la futura norma, qu¨¦ hacer con el parque de viviendas de la Sareb (el banco malo) y c¨®mo regular los desahucios de familias vulnerables.

Desde la pandemia, los desalojos de viviendas se encuentran sujetos a reglas especiales que se han ido prorrogando por decreto. Si no entra en vigor la nueva norma, previsiblemente habr¨¢ que extender otra vez lo que el Gobierno bautiz¨® como escudo social. Transportes tambi¨¦n ha relacionado la negociaci¨®n de la futura ley de vivienda con otra medida especial que caduca el 31 de diciembre: el tope del 2% en las actualizaciones de las rentas de alquiler. Desde finales del pasado marzo, dentro del decreto para paliar los efectos provocados por la guerra de Ucrania, el Ejecutivo estableci¨® ese l¨ªmite para evitar que la inflaci¨®n se cebase con los inquilinos. Podemos ha dicho que pedir¨¢ prorrogar ese l¨ªmite mientras el IPC contin¨²e mostrando subidas abultadas, lo que previsiblemente se har¨¢ en conjunto con el resto de iniciativas de respuesta a la crisis energ¨¦tica.

Descuentos al combustible

Cuando el Gobierno puso en marcha la bonificaci¨®n de 20 c¨¦ntimos por litro en las estaciones de servicio, el 1 de abril, tanto el gas¨®leo como la gasolina rondaban los 1,8 euros. Siete meses despu¨¦s y en pleno debate interno en el Ejecutivo sobre el futuro de la medida, rondan los 2 y 1,75 euros por litro, respectivamente. El terreno de juego, en fin, sigue siendo el mismo que entonces. Ni el precio del petr¨®leo, bastante estable, ni el atasco en las refiner¨ªas invitan a pensar en que el precio de los combustibles habr¨¢ bajado mucho antes del 31 de diciembre, cuando vence la medida. En los ¨²ltimos meses, los diferentes ministerios implicados han mandado mensajes contradictorios. En agosto, la titular de Transportes, Raquel S¨¢nchez, abri¨® la puerta a prorrogarla. A mediados de octubre, Calvi?o dej¨® caer que el Ejecutivo estaba sopesando limitar la ayuda a los ¡°sectores o colectivos m¨¢s afectados¡±. Y la semana pasada, otra vicepresidenta, Teresa Ribera, desliz¨® que se ¡°modular¨¢n¡± o que directamente se har¨¢n ¡°desaparecer¡± las medidas contra el encarecimiento de la energ¨ªa que ¡°no sean particularmente acertadas¡±.

Cada vez que les ha tocado pronunciarse, los organismos internacionales, del FMI a la OCDE, han abogado por limitar las ayudas a los grupos sociales vulnerables. El tal¨®n de Aquiles de la bonificaci¨®n ¡ªm¨¢s all¨¢ de lo m¨¢s evidente: supone una subvenci¨®n con dinero p¨²blico a combustibles f¨®siles¡ª es su regresividad. Salvo casos excepcionales, los particulares que m¨¢s combustible consumen, y m¨¢s contaminan, son los de mayor renta. La pasada primavera, el Gobierno justific¨® la universalidad, sin ning¨²n tipo de diferenciaci¨®n por renta, por la urgencia de la medida: no daba tiempo a cruzar la bonificaci¨®n con las declaraciones de los contribuyentes. Medio a?o despu¨¦s, no hay constancia de que los sistemas inform¨¢ticos de la Administraci¨®n est¨¦n preparados para esa funcionalidad.