Podemos propone recuperar la indemnizaci¨®n por despido de 45 d¨ªas por a?o trabajado
El partido de Ione Belarra registra una proposici¨®n de ley para volver al escenario anterior a la reforma de 2012 y plantea equiparar esta figura con la del nulo
Podemos propone recuperar la indemnizaci¨®n por despido de 45 d¨ªas por a?o trabajado, tal y como contemplaba la normativa laboral antes de la aprobaci¨®n de la reforma de 2012 por el Gobierno entonces dirigido por Mariano Rajoy. El partido encabezado por Ione Belarra ha registrado este martes una proposici¨®n de ley en el Congreso de los Diputados para reformar el Estatuto de los Trabajadores, en la que tambi¨¦n incluye el establecimiento de una jornada laboral de 35 horas semanales, y que en el caso de despido improcedente, sea el propio trabajador el que pueda elegir entre una indemnizaci¨®n o la readmisi¨®n en el puesto. Una medida que supondr¨ªa la equiparaci¨®n de esta figura con la del despido nulo.
En plena reclamaci¨®n judicial ante instancias europeas por parte de los sindicatos mayoritarios UGT y CC OO acerca de si la figura del despido improcedente, tal y como est¨¢ recogida actualmente por parte de la normativa espa?ola, resarce suficientemente el da?o que percibe el trabajador despedido sin raz¨®n objetiva, Podemos se desmarca con una petici¨®n mucho m¨¢s ambiciosa. De hecho, en el esqueleto de la reclamaci¨®n sindical presentada ante el Comit¨¦ Europeo de Derechos Sociales (CEDS), no est¨¢ la definici¨®n de una nueva f¨®rmula que ampl¨ªe la regla actual ¡ªde 33 d¨ªas por a?o trabajado con un l¨ªmite de 24 mensualidades¨D, sino el establecimiento de otras variables que ampl¨ªen (o no) la indemnizaci¨®n percibida. Algunas de esas excepciones tienen que ver, por ejemplo, con la movilidad territorial.
Seg¨²n adelant¨® EL PA?S hace un mes, el CEDS ¡ªque depende del Consejo de Europa¡ª ya habr¨ªa resuelto que la indemnizaci¨®n por despido improcedente en Espa?a no se ajusta a la Carta Social Europea, aunque todav¨ªa no lo ha hecho p¨²blico. Esta Carta, suscrita por el Gobierno en la anterior legislatura, establece ¡°el derecho de los trabajadores despedidos sin raz¨®n v¨¢lida a una indemnizaci¨®n adecuada o a otra reparaci¨®n apropiada¡±. Algo que, en opini¨®n de los sindicatos, no se produce actualmente. Este posicionamiento europeo era el esperado por las centrales, puesto que ya en 2022 fall¨® a favor de un sindicato franc¨¦s que hab¨ªa planteado la misma denuncia, y hab¨ªa avalado reclamaciones en la misma l¨ªnea en Italia o Finlandia.
No vinculante
A falta de un pronunciamiento judicial p¨²blico, las consecuencias de que la denuncia sindical espa?ola sea satisfecha en el marco europeo no conllevar¨ªan, necesariamente, la obligatoriedad de adaptar la normativa espa?ola, puesto que la suscripci¨®n de la Carta Social por parte del Gobierno no convierte en vinculantes las resoluciones judiciales. Este matiz t¨¦cnico, de no resolverse en el marco del di¨¢logo social, conllevar¨ªa la judicializaci¨®n de todos los casos de despido, en los que cada juez podr¨ªa aplicar la jurisprudencia europea de forma particular, dando pie a un escenario de inseguridad jur¨ªdica, tal y como alertan distintas voces del entorno laboral.
Por su parte, el Ministerio de Trabajo, dirigido por la l¨ªder de Sumar, ha venido refrendando las tesis de las centrales de trabajadores, e incluso ha calificado de ¡°imprescindible¡± la reforma del despido. ¡°La posici¨®n del Ministerio es n¨ªtida. El r¨¦gimen jur¨ªdico de la indemnizaci¨®n por despido en Espa?a dif¨ªcilmente cumple con la Carta Social Europea¡±, se?al¨® a principios de mes el secretario de Estado de Empleo, Joaqu¨ªn P¨¦rez Rey.
Sin embargo, desde el departamento que dirige Yolanda D¨ªaz no han trascendido los par¨¢metros de ese futuro cambio legislativo, ni se ha se?alado si su posicionamiento para satisfacer la necesaria reparaci¨®n del trabajador despedido pasa por recuperar los 45 d¨ªas por a?o trabajado que hoy demanda Podemos. De hecho, la reformulaci¨®n del despido qued¨® fuera de la negociaci¨®n de la reforma laboral de 2021, entre otras razones, para que este nuevo marco pudiera contar con acuerdo de todos los agentes sociales, singularmente con el de los empresarios.
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