Las autonom¨ªas decidir¨¢n si dan fondos extra a la escuela concertada

El 7 de junio el presidente Pedro S¨¢nchez desconcert¨® a los centros de ense?anza concertada. Tras anunciar un fondo extraordinario de 2.000 millones de euros para que las autonom¨ªas puedan hacer frente a la reapertura de los colegios en septiembre con las adaptaciones de seguridad que requiere la pandemia, algunos presidentes ¡ªcomo el de Castilla-La Mancha¡ª mostraron su preocupaci¨®n porque ese dinero acabase en los centros concertados y perjudicase as¨ª a las regiones con una ¡°consolidada red p¨²blica¡±. S¨¢nchez aclar¨® que todo ese dinero ser¨ªa para la p¨²blica. Pero en el borrador del real decreto que aprueba este martes el Consejo de Ministros no figura as¨ª. No se especifica la red de destino, de modo que ser¨¢n las comunidades las que decidan entre qu¨¦ centros repartir¨¢n los fondos. Nueve han asegurado que ser¨¢n de ambas titularidades.

¡°El esfuerzo que est¨¢ mostrando el Gobierno, sobre todo, para defender la sanidad y la educaci¨®n p¨²blicas cuando en septiembre ya tengamos a los ni?os y ni?as a la vuelta en el colegio me parece definitivo¡±, se?al¨® S¨¢nchez. Desde entonces, las patronales de la escuela concertada iniciaron su lucha para negociar con las autonom¨ªas que las incluyan en el reparto; incluso el arzobispo de Valencia, Antonio Ca?izares, consider¨® ¡°inconcebible¡± que se las excluyera. Seg¨²n fuentes del Ministerio de Hacienda ¡ªencargado de hacer el reparto de los 2.000 millones entre las regiones¡ª ser¨¢ competencia auton¨®mica decidir c¨®mo lo gestionan, con independencia de la titularidad.

En una entrevista el pasado viernes en la cadena SER, la ministra de Educaci¨®n, Isabel Cela¨¢, no quiso aclarar si los fondos ir¨ªan tambi¨¦n a la concertada. ¡°Ir¨¢n a aquellos centros donde est¨¦n los alumnos m¨¢s necesitados¡±, apunt¨®. Aunque todav¨ªa no est¨¢ claro el protocolo de seguridad, todo apunta a que los alumnos deber¨¢n mantener una distancia de, al menos, un metro. Eso podr¨ªa conllevar una bajada del n¨²mero de escolares por aula, lo cual exigir¨ªa la contrataci¨®n de m¨¢s profesores y la b¨²squeda de nuevos espacios.

¡°A diferencia de la p¨²blica, no podemos usar instalaciones municipales, tendremos que alquilar espacios y eso tiene un coste, al que se sumar¨¢ comprar geles o mascarillas¡±, explica Daniel Alba, presidente de la Fundaci¨®n Educaci¨®n Cat¨®lica, vinculada a la FERE, la patronal de las escuelas cat¨®licas, mayoritaria en la ense?anza concertada.

En el curso 2018-2019, 5,5 millones de alumnos estudiaron en centros p¨²blicos (el 67,2%), 2 millones en concertados (el 25,6%) y unos 700.000 en privados. Si se mira qu¨¦ centros albergan a los alumnos con m¨¢s necesidades, a la concertada le corresponder¨ªa el 25,6%, pero ese curso acudieron el 26,71% de los alumnos con necesidades de aprendizaje. En cambio, al analizar el n¨²mero de alumnos de origen inmigrante, en lugar de concentrar el 25,6% que les corresponder¨ªa, solo matricularon al 14,1%; mientras a la p¨²blica acudieron el 79%, seg¨²n datos del ministerio.

¡°Por principios de equidad, los fondos adicionales se tienen que distribuir atendiendo a las necesidades reales que tienen los centros, y los p¨²blicos albergan a m¨¢s alumnos desfavorecidos y el profesorado tiene que hacer frente a esas situaciones de desigualdad¡±, considera Juan Manuel Escudero, catedr¨¢tico em¨¦rito de la Universidad de Murcia y experto en exclusi¨®n educativa. ¡°La concertada no debiera quedarse fuera, pero debe recibir un trato equitativo, y ello significa dar m¨¢s a quienes m¨¢s lo necesitan¡±, a?ade. Seg¨²n datos de la ONG Save The Children, el 88,9% de los centros gueto en Espa?a ¡ªaquellos en los que m¨¢s del 50% de los alumnos tienen pocos recursos¡ª son p¨²blicos.

Pagos de las familias

¡°La Administraci¨®n tiene que asumir el coste adicional que pueda haber en septiembre, porque todos somos centros sostenidos con fondos p¨²blicos¡±, argumenta Jos¨¦ Mar¨ªa Alvira, secretario general de Escuelas Cat¨®licas, que representa al 60% de los colegios concertados. Alvira se?ala que la ley establece que las administraciones deben garantizar que la ense?anza sea gratuita sin distinci¨®n entre p¨²blicos y concertados. Aunque admite que en la gran mayor¨ªa de sus centros las familias pagan ¡°aportaciones voluntarias¡±, como mucho de 50 euros al mes, aclara que no son obligatorias. ¡°Los centros no deben pedir dinero para afrontar la situaci¨®n, pero la pregunta est¨¢ en el aire: ?si no lo sufraga la Administraci¨®n, c¨®mo se financiar¨¢?¡±, lanza.

Nueve comunidades aseguran que distribuir¨¢n entre la escuela p¨²blica y la concertada la parte de los 2.000 millones: Arag¨®n, Andaluc¨ªa, Castilla-La Mancha, Castilla y Le¨®n, Catalu?a, Baleares, Madrid, Murcia y la Comunidad Valenciana. Canarias, Extremadura y Galicia todav¨ªa no han decidido c¨®mo har¨¢n el reparto. Y otros cuatro territorios ¡ªAsturias, Cantabria, La Rioja y Pa¨ªs Vasco¡ª no contestaron este lunes a este peri¨®dico.

En esta recta final del curso ya ha habido un trato desigual hacia la concertada con independencia del color del Gobierno. Murcia (PP y Ciudadanos), por ejemplo, no entreg¨® mascarillas, geles, ni pantallas a los centros concertados con el argumento de que aunque las n¨®minas de los docentes las paga de Administraci¨®n, dichas medidas de seguridad se encuadran dentro de los ¡°planes de protecci¨®n de riesgos laborales¡± de los colegios e institutos, que cuentan ¡°con sus propias mutuas¡±, indica una portavoz. En cambio, en la Comunidad Valenciana, donde gobiernan los socialistas, Comprom¨ªs y Podemos, la distribuci¨®n del material se ha realizado por igual. En el Pa¨ªs Vasco, con un Ejecutivo del PNV y los socialistas, el responsable de Kristau Eskola (enmarcada en Escuelas Cat¨®licas) asegura que los centros concertados no han recibido ning¨²n apoyo para la reapertura de estas ¨²ltimas semanas.