Las l¨ªneas rojas de los rectores a la ¡®ley Castells¡¯: ni plazas fijas para asociados ni profesores titulares gobernando

El anteproyecto de la LOSU (Ley Org¨¢nica del Sistema Universitario) entra en una nueva fase de negociaci¨®n tras pasar el texto por el Consejo de Ministros antes de lo esperado. El ministro Manuel Castells, consciente de que la parte del gobierno de las universidades ¨Daludido como gobernanza¨D no convence a ning¨²n colectivo, presentar¨¢ en las pr¨®ximas semanas una nueva propuesta. Tendr¨¢n hasta finales de noviembre para negociar y entonces comenzar¨¢ el tr¨¢mite parlamentario. Estas son las propuestas de la conferencia de rectores (CRUE), que ha trazado varias l¨ªneas rojas en el documento. Los ¨¢nimos est¨¢n algo caldeados, pues la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades P¨²blicas (Creup) ha culpado al ministerio en un comunicado de haber ¡°negociado y acordado¡± la ley con los rectores.

Personal

Asociados. Los rectores se niegan a que el 15% de las plazas vacantes en la universidad tengan que ser ocupadas por profesores asociados doctores. ¡°?Por qu¨¦ reservar a los asociados y no a profesores visitantes? Que se presenten¡±, plantea un rector. ¡°Una reserva legal para el acceso al empleo p¨²blico debe justificarse en elementos objetivos de discriminaci¨®n o en la existencia de m¨¦ritos espec¨ªficos diferenciados, algo que no ocurre en este caso¡±, mantiene la CRUE en sus alegaciones. La categor¨ªa de asociados fue creada a primeros de los ochenta para que profesionales destacados pudieran aportar su experiencia a la universidad, pero se ha convertido en una alternativa barata ¡ªcobran desde 300 euros¡ª y falsa, porque en muchos casos el profesor no tiene otra ocupaci¨®n y pasa horas trabajando de forma gratuita para hacer curriculum.

Esta semana, Isabel de la Cruz, portavoz de la Plataforma de Profesorado Asociado, se alegraba: ¡°El ministerio siempre nos dec¨ªa que no se pod¨ªa fijar porcentajes y s¨ª era posible¡±. Hoy son uno de cada cuatro profesores en la p¨²blica y el anteproyecto obliga a que en cinco a?os no sean m¨¢s del 20% de las plantillas. Los rectores opinan que es demasiado ambicioso: ¡°Parece que se haya establecido [el porcentaje] con un c¨¢lculo realista de los recursos financieros necesarios y las limitaciones de la tasa de reposici¨®n¡±.

La carrera indefinida y paralela. A los rectores no les incomoda que existan profesores titulares no funcionarios, pues permitir¨ªa el acceso m¨¢s r¨¢pido de profesionales que consideran valiosos, pero les disgusta que la figura ¨Dque existe en Catalu?a y Pa¨ªs Vasco¨D ¡°parece quedar en manos de las comunidades aut¨®nomas en funci¨®n de sus competencias¡±. Alertan sobre su posible acceso a catedr¨¢ticos ¨D¡±la promoci¨®n interna solo es posible desde un cuerpo funcionarial¡±¨D y les preocupa que ¡°existan diferencias de dedicaci¨®n y retributivas [con los funcionarios] que no estar¨ªan justificadas por elementos objetivos¡±. Estas distinciones las marcar¨ªan los gobiernos auton¨®micos.

Carga docente. El ministerio quiere que los profesores no centren solo su carrera en investigar ¨Dlo que ahora les permite progresar¨D, sino en la docencia, forz¨¢ndoles a que impartan entre 120 y 240 horas de clase al a?o; y los rectores reclaman que solo haya un m¨¢ximo de horas. Con la redacci¨®n actual, un rector o un director de departamento tendr¨ªa que impartir al menos 120, lo que dicen ¡°refleja un desconocimiento de la dedicaci¨®n que suponen estos cargos¡±. Adem¨¢s, quieren excepciones para que figuras de renombre vengan en la pr¨¢ctica solo a investigar, como los dos premios Nobel que tiene la Universidad del Pa¨ªs Vasco.

Comisiones de selecci¨®n. Comparten que los tribunales para un concurso a una plaza permanente sean menos endog¨¢micos ¨Dpor su composici¨®n es muy dif¨ªcil que la gane alguien de fuera¨D pero piden que no sean as¨ª ¨Dobliga a traer externos¨D para los puestos no permanentes ¡°dado que el elevado volumen de contrataciones podr¨ªa bloquear el sistema de concursos¡±.

Profesores ayudantes. Para ser esta figura habr¨¢ que ser doctor y el anteproyecto planea que no tengan que acreditarse en la agencia de evaluaci¨®n ANECA cuando lean la tesis los que ya ejercen, pero los rectores quieren dejar la v¨ªa as¨ª si ¡°lo estimen oportuno las universidades¡±.

Evaluaci¨®n I3. Los rectores quieren que cualquier doctor con ciertos m¨¦ritos cient¨ªficos pueda presentarse a esa acreditaci¨®n que ahora est¨¢ limitada a quienes han disfrutado de un contrato Ram¨®n y Cajal, que es muy competitivo. Para ellos se reserva al menos un 15% de las plazas de empleo p¨²blico. Y alertan: ¡°Hacer el cupo opcional supondr¨ªa un freno sin precedentes a la captaci¨®n de talento en la universidad¡±.

Internacionalizaci¨®n

La CRUE quiere que las universidades puedan reservar plazas para extranjeros en determinados estudios y plantea que la prueba de acceso a la universidad para ellos ¨Dque se hab¨ªa quitado y volvi¨® a establecerse este curso¨D pueda sustituirse por el aprobado en ¡°pruebas estandarizadas internacionales de prestigio y rigor acad¨¦mico contrastable¡±. Adem¨¢s, sugieren dar a los campus la opci¨®n de hacer pruebas internas de conocimiento del idioma y materias b¨¢sicas.

Gobierno de las universidades

El rectorado en manos de los catedr¨¢ticos. Estos se niegan a que un profesor titular con m¨¦ritos acreditados pueda presentarse a las elecciones a rector. Este art¨ªculo del anteproyecto es una propuesta de los socialistas ¨Ddivididos en este tema¨D, que buscan de esta manera hacer hueco a las mujeres en la c¨²spide, pues al ser minor¨ªa las catedr¨¢ticas, ostentan pocos puestos de poder. En este momento hay nueve rectoras de un total de 50 rectores en la universidad p¨²blica. Los rectores argumentan que ¡°aunque el titular no podr¨ªa presentarse a acreditaci¨®n o a concurso, durante el mandato, tendr¨ªa que ser evaluado despu¨¦s en su futura promoci¨®n a catedr¨¢tico por colegas de la propia universidad y de fuera (puede haber conflicto de intereses y generar una imagen dudosa para la instituci¨®n)¡±.

Rector por seis a?os. Est¨¢n de acuerdo con la duraci¨®n m¨¢xima de los mandatos de los rectores que propone la normativa ¨Dmuchas veces los rectores dejan sus planes m¨¢s pol¨¦micos para el segundo ciclo por miedo a no ser reelegidos¨D, pero proponen que estos no puedan volver a presentarse: ¡°seis a?os improrrogables y no renovables¡±.

Cargos femeninos. Los rectores creen que se debe favorecer a las mujeres para que en todos los ¨®rganos colegiados rija ¡°el principio de composici¨®n equilibrada entre mujeres y hombres¡±, pero que no puede ser obligatoria la paridad, porque en algunos campos del conocimiento hay pocas profesoras.

Un Consejo de Gobierno m¨¢s peque?o. El anteproyecto mantiene la cifra de 50 miembros en representaci¨®n de todos los estamentos de la comunidad universitaria y la CRUE lo bajar¨ªa a 30 para que sea un ¨®rgano m¨¢s ¨¢gil en la toma de decisiones. Los rectores sugieren elegir ellos a un tercio del consejo. Coinciden en que los claustros no sobrepasen los 100 participantes aunque en las negociaciones se plantea ahora dejarlo en una horquilla de entre 80 y 150 claustrales. Ahora hay hasta 300. En el norte de Europa estos ¨®rganos son mucho menores y con participaci¨®n de personas de fuera.

Comit¨¦ para elegir rector. La nueva norma propone un sistema alternativo al de las elecciones para elegir rector, pero a la CRUE no le convence. Se tratar¨ªa de que un grupo de entre 20 y 30 personas ¨Dun 30% externas¨D lo elijan directamente entre una lista de candidatos (en el caso en que la universidad cambie sus estatutos, no es obligatorio). ¡°Hubiera tenido m¨¢s sentido que se hubieran dejado totalmente en manos de la universidad las condiciones y composici¨®n para montar un comit¨¦ de este tipo¡±, alega la CRUE.

Designaci¨®n de decanos y directores de departamento. El anteproyecto deja al rector elegir estos cargos entre tres candidatos propuestos por el consejo de facultad. Los rectores proponen, en cambio, seleccionar tras o¨ªr al Consejo de Gobierno.

Un Consejo Social m¨¢s diverso. Los rectores quieren poder sugerir a personalidades de fuera de la universidad, como ocurre en Europa, para este ¨®rgano que tiene que tender puentes entre la sociedad y la empresa y auditar las cuentas. Ahora el presidente del consejo lo elige el Gobierno auton¨®mico y funciona como las cajas de ahorros. En el anteproyecto se propone que este cargo sea elegido, no a dedo, y los rectores proponen que el mandato sea por seis a?os no renovables.

El papel de las privadas. Los rectores afean al ministro que olvide a las universidades privadas, ¡°especialmente en la exposici¨®n de motivos¡±, al sobreentender que las p¨²blicas son ¡°la totalidad del Sistema Universitario Espa?ol¡±. Reclaman que si las privadas se van a abstener de votar temas que solo ata?en a las p¨²blicas, ocurra lo mismo en el sentido contrario. El anteproyecto dedica un espacio muy peque?o a las privadas y muchas se han sentido ninguneadas.

El freno a las malas universidades. Ahora, el Consejo General de Pol¨ªtica Universitaria, en el que est¨¢n presentes todos los campus, los gobiernos auton¨®micos y el ministerio, emite un informe t¨¦cnico sobre la calidad de un proyecto de universidad que es preceptivo, pero no vinculante y las comunidades ¨Dcomo ocurri¨® en Cantabria¨D pueden salt¨¢rselo. Los rectores piden que la valoraci¨®n tenga que ser positiva.

La independencia de los campus. Los rectores consideran que el anteproyecto legisla demasiado y se entromete en la autonom¨ªa universitaria. En el texto hay varias quejas, por ejemplo , la relativa a la creaci¨®n de institutos de formaci¨®n permanente¡±. A juicio de los rectores, ¡°parece m¨¢s oportuno que quede en el ¨¢mbito de cada universidad, en funci¨®n de su perfil propio¡±.

Reconocimiento de la FP Superior. Actualmente, cada universidad convalida como quiere los estudios de FP Superior de un alumno, lo que crea una gran disparidad de valoraciones. Los rectores quieren que el Ministerio de Universidades se involucre en el proceso ¡°con el reconocimiento de cr¨¦ditos¡±, en consonancia con el Ministerio de Educaci¨®n.

Colegios mayores. Creen de ¡°dudosa legalidad¡± que estas residencias de estudiantes solo puedan estar promovidas y gestionadas por organizaciones sin ¨¢nimo de lucro.

Financiaci¨®n

Presupuestos. La pretensi¨®n del Gobierno es que la inversi¨®n en universidad llegue al 1% del PIB en 10 a?os y los rectores sostienen que ¡°la concreci¨®n de dichos objetivos debe ir ligada al incremento del gasto p¨²blico y calendarizarse en consecuencia con el incremento de inversi¨®n real¡±. Porque, si no, sostienen que dif¨ªcilmente se va a terminar en cinco a?os con la precariedad en los campus.

Autonom¨ªa en ciencia. Proponen que la parte del presupuesto destinada a investigaci¨®n est¨¦ eximida de un control previo y se someta a una auditor¨ªa posterior. Las trabas burocr¨¢ticas entorpecen mucho el trabajo de los cient¨ªficos que desean rendir cuentas luego.

Complementos salariales. Los rectores desean poder dar primas a su personal si es aprobado por el Consejo de Gobierno y su Consejo Social.

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