Catalu?a, cliente prioritario del Tribunal Constitucional

Catalu?a ha sido en el curso que termina la principal ocupaci¨®n del Tribunal Constitucional, y seguir¨¢ si¨¦ndolo tras el par¨¦ntesis del verano. El tribunal ha terminado esta semana sus plenos hasta septiembre con el objetivo de dictar todas las sentencias del proc¨¦s entre el ¨²ltimo trimestre de este a?o y el primero de 2021. Quedar¨¢ as¨ª abierto el camino para que sea la justicia europea, a trav¨¦s del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la que tenga la ¨²ltima palabra sobre la relevancia penal del refer¨¦ndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y aclarar si se vulneraron los derechos de los l¨ªderes independentistas en el proceso judicial que desencadenaron los preparativos y la celebraci¨®n del 1-O.

Todos estos recursos que quedan por resolver alejan la posibilidad de la renovaci¨®n del tribunal pendiente desde el pasado mes de noviembre. Tanto el PSOE como el PP consideran que es m¨¢s razonable que sean los mismos magistrados que han estudiado los casos planteados hasta ahora sobre el proc¨¦s los que se ocupen de los que quedan pendientes.

Hasta este momento se han resuelto un total de 50 recursos relacionados con el proceso independentista, 30 de ellos de naturaleza penal. Otros 20 se refer¨ªan a conflictos de competencias, legislativos o parlamentarios. Ninguno ha prosperado. Las impugnaciones pendientes son las relativas a las condenas impuestas por el Tribunal Supremo.

La decisi¨®n del Constitucional de volcarse en resolver las peticiones de amparo por la supuesta vulneraci¨®n de derechos fundamentales de los l¨ªderes independentistas dejar¨¢ en un relativo segundo plano otras cuestiones importantes. Por ejemplo, los recursos contra la aplicaci¨®n del estado de alarma y sus decretos de desarrollo durante el per¨ªodo de alerta sanitaria, entre marzo y junio. O la sentencia sobre la constitucionalidad de la ley de seguridad ciudadana, aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy, que sigue sin fecha prevista.

El tribunal, en todo caso, no se va a limitar a una ¨²nica materia, pero el prop¨®sito es que como m¨¢ximo en febrero o marzo del a?o pr¨®ximo se haya terminado con la revisi¨®n del proc¨¦s. Para facilitarlo sigue funcionando el grupo de seis letrados que ha trabajado sobre todas las impugnaciones ya resueltas bajo la direcci¨®n del magistrado C¨¢ndido Conde-Pumpido, a quien ahora se ha unido otro miembro del tribunal, Antonio Narv¨¢ez, ambos procedentes de la carrera fiscal.

Los recursos que es probable que se resuelvan primero son los de los exconsellers Meritxell Borr¨¤s y Carles Mund¨®, que fueron condenados por un delito de desobediencia a penas de inhabilitaci¨®n y multa. Luego se abordar¨¢n los de los condenados a penas que oscilaron entre los ocho y los 13 a?os, seg¨²n los casos, por el delito de sedici¨®n en concurso medial con el de malversaci¨®n.

La impugnaci¨®n m¨¢s complicada es la que present¨® Oriol Junqueras. Su recurso de amparo supera los 300 folios, a lo largo de los cuales se recogen hasta 28 motivos por los que su defensa ¡ªa cargo del letrado Andreu Van den Eynde¡ª entiende que el fallo del Supremo deber¨ªa anularse. De ah¨ª que la decisi¨®n del tribunal sea la de empezar por lo aparentemente menos complejo, con la idea de ir desbrozando el camino. Los recursos de Borr¨¤s y Mund¨® se van a aprovechar, en este sentido, para dar respuesta a uno de los motivos de impugnaci¨®n que comparten todas las peticiones de amparo presentadas. Se trata de la tesis de que el proc¨¦s nunca debi¨® ser juzgado por el Tribunal Supremo, por supuesta falta de competencia para ello. A juicio de los l¨ªderes independentistas, los hechos debieron ser enjuiciados en el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC). Las posibilidades de que prospere este motivo de amparo son remotas, por no decir nulas. Pero las defensas han acudido al Constitucional poniendo las luces largas. En otras palabras, su objetivo principal no es ganar en el tribunal de garant¨ªas, sino en el de Estrasburgo. Es en esta instancia de la justicia europea donde el debate sobre el fuero de los dirigentes independentistas, y sobre todo la supuesta vulneraci¨®n de sus derechos de representaci¨®n pol¨ªtica pueden dar m¨¢s juego.

Esta cuesti¨®n ya ha sido muy debatida en el propio Constitucional cuando se han resuelto los recursos contra la larga prisi¨®n preventiva de los l¨ªderes independentistas, lo que les impidi¨® ejercer como diputados, tanto del Parlament como del Congreso. Tres magistrados ¡ªFernando Vald¨¦s Dal-R¨¦, Mar¨ªa Luisa Balaguer y Juan Antonio Xiol¡ª formularon votos particulares para defender que no debieron verse privados del ejercicio del cargo. Pero ahora los recursos no son contra la decisi¨®n de no permitirles ejercer sus cargos parlamentarios, sino contra la sentencia dictada por el Supremo.

Lo que se discute, en suma, no es ya si se vulner¨® el derecho de representaci¨®n de un parlamentario electo durante el tiempo en que fue un preso preventivo, sino si esa privaci¨®n de su condici¨®n de diputado puede llegar a suponer la nulidad del fallo que le conden¨®. Por ello, es m¨¢s dif¨ªcil que haya votos particulares a favor de estimar los recursos en este punto, porque ya no se est¨¢ hablando de pronunciamientos sin consecuencias pr¨¢cticas, sino de la posibilidad de anular la sentencia del proc¨¦s.