La Abogac¨ªa del Estado pidi¨® investigar las agendas de los ministros de Fomento de Aznar por la caja b del PP

La Abogac¨ªa del Estado pidi¨® el pasado 29 de julio al juez Santiago Pedraz la pr¨¢ctica de tres nuevas diligencias en la investigaci¨®n de la ¨²ltima pieza sobre la caja b del PP abierta tras la aparici¨®n de los llamados papeles de B¨¢rcenas, publicados por EL PA?S en enero de 2013: la referida a las donaciones de empresarios al partido a cambio supuestamente de la adjudicaci¨®n de contratos p¨²blicos. Entre esas diligencias, la Abogac¨ªa planteaba recabar el listado de visitas que recibieron en la sede del Ministerio de Fomento entre 1996 y 2004 los entonces titulares de la cartera, Rafael Arias Salgado y Francisco ?lvarez Cascos, dentro de las pesquisas por las supuestas irregularidades en 23 contratos concedidos durante el segundo mandato de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar (2000-2004) a la Constructora Hisp¨¢nica, cuyo expresidente ha admitido haber hecho entregas de dinero a la contabilidad opaca de los populares. El magistrado ha rechazado la pr¨¢ctica de estas diligencias al considerar que ya ha ¡°concluido el plazo de investigaci¨®n judicial¡± por estos hechos tras dar por finalizada la causa el pasado 22 de julio. El juez a¨²n tiene que decidir si env¨ªa a juicio a los imputados o si, por el contrario, archiva el sumario.

La Abogac¨ªa del Estado, que defiende en la causa los intereses de la Hacienda P¨²blica, justifica su petici¨®n en el contenido de los dos ¨²ltimos informes que la Unidad de Delincuencia Econ¨®mica y Fiscal (UDEF) de la Polic¨ªa Nacional han entregado al juez Pedraz. En uno de ellos, fechado el pasado 20 de julio, los agentes documentan decenas de irregularidades que provocaron sobrecostes millonarios en buena parte de esos 23 contratos bajo sospecha. En este informe, la Polic¨ªa hac¨ªa hincapi¨¦ en que 11 fueron adjudicados por tres organismos dependientes de Fomento ¡ªAdif, Aena y la Direcci¨®n General de Carreteras¡ª en la etapa en la que ?lvarez-Cascos ocup¨® la cartera. En el escrito, al que ha tenido acceso EL PA?S, la Abogac¨ªa tambi¨¦n hace referencia a la ¨²ltima declaraci¨®n ante el juez Pedraz, el pasado 16 de julio, del extesorero Luis B¨¢rcenas, en la que este se?al¨® a varios ministros de Fomento y, en concreto a ?lvarez Cascos, como presuntos conocedores del sistema de financiaci¨®n irregular del PP a trav¨¦s de donaciones de empresarios a los que luego se les adjudicaban contratos.

En aquella declaraci¨®n B¨¢rcenas describi¨® un episodio en el que Cascos telefone¨® supuestamente a ?lvaro Lapuerta, su predecesor en la tesorer¨ªa y se?alado tambi¨¦n como gestor de la caja b, para reprocharle que hubiera llamado a su director general de Carreteras para tratar una de las adjudicaciones que deb¨ªan presuntamente ama?ar. Siempre seg¨²n la versi¨®n de B¨¢rcenas, sol¨ªan llamar a directores generales y secretarios de Estado para ello, pero el ministro de Fomento estaba enfadado e indic¨® a su interlocutor que todas esas gestiones deb¨ªan pasar por ¨¦l. Durante el reciente juicio por el supuesto pago en dinero negro de las obras en la sede del PP de la calle G¨¦nova, Barcenas ya hab¨ªa se?alado a Cascos, que ocup¨® el puesto de secretario general del partido entre 1989 y 1999, como la persona que orden¨® sistematizar el sistema irregular de donaciones. Cuando Cascos compareci¨® como testigo en la vista, d¨ªas despu¨¦s, lo neg¨®.

En su escrito, la Abogac¨ªa se?ala que por todo ello se hace ¡°necesario¡± la pr¨¢ctica de nuevas diligencias. En concreto, solicitaba el ¡°registro de entrada o de visitas en las dependencias p¨²blicas donde se ubique el Ministerio (ministro) de Fomento, la Secretar¨ªa de Estado de Infraestructuras, la Direcci¨®n General de Carreteras, y la Gerencia/Direcci¨®n General de las distintas empresas o entidades p¨²blicas¡± relacionadas con los contratos bajo sospecha, as¨ª como de la sede principal de Constructora Hisp¨¢nica ¡°durante el per¨ªodo de tiempo se?alado por Luis B¨¢rcenas en su declaraci¨®n, esto es de 1996-2004¡å. Tambi¨¦n reclamaba la ¡°agenda oficial del ministro de Fomento, secretario de Estado de Infraestructuras, director General de Carreteras, y los presidentes, gerentes o directores Generales de las distintas empresas o entidades p¨²blicas cuyos expedientes han sido analizados y durante el per¨ªodo temporal se?alado en el apartado anterior, as¨ª como de Alfonso Garc¨ªa Pozuelo¡±, entonces presidente de la constructora.

Garc¨ªa Pozuelo realiz¨® al menos nueve entregas por un total de 258.000 euros a la contabilidad extraoficial del partido que B¨¢rcenas llevaba de su pu?o y letra, y que qued¨® reflejada en los papeles de B¨¢rcenas. Durante el juicio por la trama principal del caso G¨¹rtel, bautizada como ?poca I, el constructor ya confes¨® que pag¨® al cabecilla de la red de corrupci¨®n, Francisco Correa, para que lo entregara a los ¡°organismos centrales¡± de la Administraci¨®n gobernada por el PP a cambio de obras en Castilla y Le¨®n y en el municipio de Pozuelo de Alarc¨®n (Madrid). Finalmente, la Abogac¨ªa pide que se solicite a la Agencia Tributaria los expedientes que hubiera tramitado por ¡°operaciones de movimientos de efectivo¡± realizadas tanto por Garc¨ªa Pozuelo como por la empresa que presid¨ªa.

La respuesta del juez Pedraz a la petici¨®n de la Abogac¨ªa lleg¨® cuatro d¨ªas m¨¢s tarde. En una providencia de tan solo dos l¨ªneas y medias, el magistrado rechazaba el pasado 2 de agosto practicar las diligencias al considerar que cuando se solicitaron la causa estaba ya concluida. La decisi¨®n del juez ha sido respondida por una de las acusaciones personadas en la causa, que en un recurso presentado el pasado 3 de septiembre, se adhiere a la petici¨®n de la Abogac¨ªa y reclama la pr¨¢ctica de las nuevas diligencias.

Los vaivenes de la causa

Las pesquisas de los papeles de B¨¢rcenas han sufrido multitud de vaivenes desde su apertura en marzo de 2013 como una l¨ªnea de investigaci¨®n dentro del caso G¨¹rtel. El magistrado Pablo Ruz, entonces responsable del Juzgado Central 5 de la Audiencia Nacional, asumi¨® la instrucci¨®n tras recibir un informe de la UDEF que vinculaba la contabilidad secreta del extesorero popular con la trama liderada por Correa, que cerca al PP desde 2009 y que ya se ha saldado con la condena del partido por beneficiarse de la red de corrupci¨®n. La investigaci¨®n dio un primer salto el 15 de julio de 2013, cuando B¨¢rcenas confes¨® por primera vez ante el juez. Entonces reconoci¨® la caja b y asegur¨® que parte de la reforma de la sede de G¨¦nova 13 se pag¨® con dinero negro, pero rechaz¨® de forma general que las donaciones de los empresarios tuvieran por objetivo la adjudicaci¨®n de obras concretas, salvo un proyecto.

En 2015, ante las dificultades para conectar las donaciones con adjudicaciones concretas ¡ªun dato clave para las imputaciones de cohecho¡ª, el juez Ruz dio por finalizada la instrucci¨®n por primera vez con una doble medida. Por un lado, dio carpetazo a la l¨ªnea de las pesquisas sobre las donaciones de empresarios, aunque consider¨® veraces estas entregas de dinero. Y, por otro, envi¨® a juicio la parte de la investigaci¨®n que versaba sobre la reforma con dinero negro de la sede de la calle G¨¦nova, que se ha juzgado este a?o y que se encuentra pendiente de sentencia. La instrucci¨®n sobre los empresarios permaneci¨® cerrada dos a?os hasta que en 2017, tras la aparici¨®n de ¡°elementos nuevos¡±, el juez Jos¨¦ de la Mata, entonces al frente del juzgado, decidi¨® reabrirla. Desde entonces, se han incorporado a la causa nuevos elementos, entre ellas un escrito que B¨¢rcenas envi¨®, en 2021, a la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n en la que admit¨ªa por primera vez la ¡°naturaleza finalista¡± de las donaciones de efectivo que los empresarios hac¨ªan a la caja b del PP: es decir, eran una ¡°contraprestaci¨®n por porcentaje a la adjudicaci¨®n de una obra o servicio p¨²blico¡±.