El bloque de investidura orilla los art¨ªculos m¨¢s pol¨¦micos de la ¡®ley mordaza¡¯ para avanzar en su reforma

La negociaci¨®n parlamentaria para la reforma de la ley de seguridad ciudadana, la conocida como ley mordaza, ha llegado este martes a la orilla de su particular r¨ªo Rubic¨®n que les impide cerrar un acuerdo. Los seis partidos que llevan cerca de un a?o negociando en la sombra ¨DPSOE, Unidas Podemos, PNV, ERC, EH Bildu y Junts¨D han mantenido un nuevo encuentro, esta vez de manera telem¨¢tica, para cerrar los cambios en una quincena de art¨ªculos de la pol¨¦mica ley que aprob¨® el PP con su mayor¨ªa absoluta en 2015, pero han evitado abordar los seis puntos que provocan mayores discrepancias, seg¨²n coinciden en detallar fuentes parlamentarias conocedoras del desarrollo de la reuni¨®n. Son los ¨²ltimos en los que no hay acuerdo y, por tanto, el escollo final para cerrar un acuerdo. Pese a estas diferencias, para PSOE, Unidas Podemos y PNV, los avances alcanzados hasta ahora son ¡°suficientes¡± para sacar adelante la reforma. ERC, EH Bildu y Junts creen, sin embargo, que el acuerdo est¨¢ ¡°muy lejos¡±.

Este martes, el caso m¨¢s significativo de ese intento de soslayar los puntos pol¨¦micos para avanzar en la negociaci¨®n ha sido el art¨ªculo 37, que detalla qu¨¦ infracciones son catalogadas como leves. Los representantes de los seis partidos han acordado cambios en cinco de los apartados del mismo, entre ellos el que pone fin a la obligaci¨®n de comunicar con car¨¢cter previo cualquier manifestaci¨®n. Sin embargo, han evitado abordar el punto cuarto, que fija las sanciones por faltas de respeto a los agentes, uno de los m¨¢s utilizados por las Fuerzas de Seguridad para sancionar. Hasta ahora, los socialistas se muestran intransigentes en este punto y han rechazado las dos propuestas planteadas para reformarlo. Una, la de Unidas Podemos, que quiere limitar estas sanciones a los ¡°insultos o injurias¡±, como ya recog¨ªa en las enmiendas que present¨® en solitario cuando se inici¨® el debate. La otra, la del PNV, propone castigar las ¡°expresiones o conductas¡± que desacrediten el ejercicio de la funci¨®n de los agentes.

Tampoco han abordado los apartados que recogen la utilizaci¨®n por parte de la Polic¨ªa del material antidisturbios y, en concreto, de las pelotas de goma para hacer frente a las algaradas callejeras (art¨ªculo 23); el que avala los rechazos en frontera, conocidos como devoluciones en caliente, de migrantes en las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla (disposici¨®n adicional d¨¦cima); el que sanciona ¡°la desobediencia o resistencia a la autoridad o a sus agentes¡±, que fue masivamente utilizado por la polic¨ªa para castigar los que se saltaron el confinamiento durante la pandemia (art¨ªculo 36.6); el que determina la responsabilidad subsidiaria de los convocantes de una manifestaci¨®n por los incidentes que se puedan producir en el transcurso de la misma (art¨ªculo 30.3), y el que permite a las Fuerzas de Seguridad instalar controles en lugares p¨²blicos para identificar y cachear personas, y registrar veh¨ªculos (art¨ªculo 17.2). No obstante, las mismas fuentes detallan que en este ¨²ltimo punto hay un principio de acuerdo que los seis partidos intentar¨¢n cerrar en los pr¨®ximos d¨ªas.

En el resto de art¨ªculos abordados este martes ¨Dy que los seis partidos llevar¨¢n a la reuni¨®n de la ponencia parlamentaria que se celebrar¨¢ el pr¨®ximo jueves con la presencia ya de PP, Vox y Ciudadanos, que se oponen a la reforma¨D, destacan algunos que provocan recelos entre los sindicatos y asociaciones de la Polic¨ªa Nacional y la Guardia Civil, que salieron a la calle en noviembre de 2021 para protestar por la reforma y que han mostrado recientemente su disposici¨®n a repetir las movilizaciones. As¨ª, los seis partidos han pactado incluir la exigencia de que tanto las declaraciones de los agentes como los textos de sus actas y atestados ¡°resulten coherentes, l¨®gicos y razonables¡± para que conserven la presunci¨®n de veracidad que hasta ahora les daba la ley sin ning¨²n condicionante. Los sindicatos policiales creen que estos requisitos pueden dejar sin cobertura legal muchas de sus actuaciones.

Otro punto acordado ha sido la reducci¨®n del importe de las multas para las infracciones leves y graves, y la modificaci¨®n de la cuant¨ªa inferior de las muy graves. As¨ª, las leves se situar¨ªan, si es aprobada la reforma, entre los 100 y los 500 euros (ahora llegan a los 600) y las graves, entre 501 y 25.000 euros (est¨¢n entre los 600 y los 30.000 euros). Finalmente, las muy graves ir¨ªan desde los 25.001 a los 600.000 (en la actualidad se mueven en la horquilla entre los 30.001 y los 600.000 euros).

Tambi¨¦n, se contempla la posibilidad de eludir en algunos casos el pago de las mismas mediante la reparaci¨®n del da?o causado, as¨ª como sustituirlas por ¡°actividades de reeducaci¨®n¡± en determinadas infracciones, entre ellas las que se impongan por consumir droga en la calle. Donde todav¨ªa hay alg¨²n fleco pendiente es en la redacci¨®n del nuevo art¨ªculo 53 bis de la ley, sobre el fraccionamiento o suspensi¨®n de las sanciones en funci¨®n de la capacidad econ¨®mica del infractor. El PSOE, que junto a Unidas Podemos hab¨ªa propuesto la modificaci¨®n de este punto, ha pedido ahora esperar a un informe del Ministerio de Hacienda para cerrarlo, coinciden en se?alar varias fuentes consultadas.

En la reuni¨®n tambi¨¦n se ha acordado incorporar al texto una disposici¨®n adicional, a partir de una enmienda de EH Bildu, para incluir en los programas de formaci¨®n de las Fuerzas de Seguridad del Estado, ¡°nuevos m¨®dulos formativos sobre mediaci¨®n y empleo de m¨¦todos adecuados como v¨ªa alternativa de soluci¨®n de conflictos¡±. Seg¨²n el texto, la mediaci¨®n deber¨¢ ser el ¡°est¨¢ndar de trabajo [de los polic¨ªas] ante la ciudadan¨ªa¡±.