El Tribunal Constitucional ha decidido apretar el acelerador para dictar antes del verano las sentencias m¨¢s importantes que ten¨ªa pendientes desde hace a?os. La relativa a la ley del aborto se conocer¨¢ el pr¨®ximo 9 de mayo, y con ello el tribunal cerrar¨¢ un primer ciclo de resoluciones que han supuesto el aval en un trimestre ¡ªentre enero y abril de este a?o¡ª a algunas de las principales leyes de la legislatura. Entre ellas, la reforma educativa de la ley Cel¨¢a y la ley de Eutanasia. La relativa a la interrupci¨®n voluntaria del embarazo, a su vez, ha sido reelaborada durante los ¨²ltimos dos meses, asegurando su coherencia con la nueva legislaci¨®n en vigor en esta materia. El tribunal tambi¨¦n ha dado respaldo a importantes medidas sociales recurridas por el PP y/o Vox, seg¨²n los casos. Entre ellas, el decreto-ley que equipar¨® el permiso de paternidad al de maternidad, o el que prohibi¨® los desahucios durante el estado de alarma decretado frente a la pandemia, en 2020 y 2021.

La nueva mayor¨ªa progresista del ¨®rgano de garant¨ªas ha actuado de forma cohesionada en todos estos asuntos, con alguna discrepancia en casos concretos. Pero en general lo han hecho en t¨¦rminos que ponen en evidencia tanto los motivos que tuvo el PP para su f¨¦rrea oposici¨®n a la renovaci¨®n del Constitucional como las razones que tuvo el PSOE para insistir en el cambio constitucionalmente previsto de cuatro magistrados, que debieron cesar en junio de 2022, pero cuyo mandato se extendi¨® hasta enero pasado. Con los relevos, el tribunal ha pasado a contar con siete magistrados del sector progresista, por cuatro del bloque conservador. En algunas materias ha sido factible cierta aproximaci¨®n, aunque la din¨¢mica general del tribunal lleva a la constataci¨®n habitual de la existencia de dos grupos que traducen a lo jur¨ªdico las alternativas de las respectivas tendencias ideol¨®gicas que encarnan.

Ello se ha visto reflejado en los primeros pulsos de tanteo entre ambos sectores, en los meses iniciales de la nueva etapa del tribunal renovado. La mayor¨ªa progresista ha cerrado filas frente a la primera ofensiva de recusaciones presentadas, cuyo principal objetivo ha sido dificultar, si no impedir, que el Constitucional dictase sentencia sobre la ley del aborto. El tribunal, sin embargo, las rechaz¨® todas, e incluso impidi¨® que la magistrada Concepci¨®n Espejel se abstuviese de participar en la deliberaci¨®n del recurso contra la ley de interrupci¨®n voluntaria del embarazo, presentado por el PP en 2010.

El motivo de Espejel para abstenerse era su posible falta de apariencia de imparcialidad, puesto que hab¨ªa criticado este proyecto siendo vocal del Poder Judicial. Los magistrados conservadores abogaron por admitir esa abstenci¨®n, pero la mayor¨ªa progresista se opuso, estimando que las opiniones de Espejel, expuestas hace 12 a?os en informes no vinculantes y que no llegaron a formalizarse, no eran motivo suficiente para apartarla de la deliberaci¨®n. Los magistrados Juan Carlos Campo y Laura D¨ªez, en cambio, s¨ª se han abstenido sin oposici¨®n del tribunal en los casos relativos a leyes o decretos-leyes en cuya confecci¨®n tuvieron una participaci¨®n directa. Campo lo hizo en la sentencia de la ley Cel¨¢a, y D¨ªez en relaci¨®n con la normativa ling¨¹¨ªstica catalana, que aval¨® en informes oficiales y que ha sido cuestionada ante el Constitucional, por no atenerse a los fallos que impusieron un 25% de castellano en el sistema educativo en Catalu?a.

Frente a las sentencias relativas a la ley Cel¨¢a o la ley de Eutanasia tambi¨¦n ha habido votos discrepantes, pero no siempre han sido presentados por los magistrados conservadores en bloque. As¨ª, en el primer caso los cuatro integrantes de este grupo votaron en contra, mientras que en el segundo solo lo hicieron dos, Enrique Arnaldo y Concepci¨®n Espejel. En el fallo sobre la ley Cel¨¢a, por otra parte, el tribunal reiter¨® que la Constituci¨®n no impone porcentajes para el uso de las lenguas en el sistema educativo. Sobre esta materia, el tribunal tambi¨¦n rechaz¨® el amparo solicitado por una empresa que exigi¨® la traducci¨®n al castellano de una sentencia redactada en catal¨¢n por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares, dado que esta parte solo cuestion¨® un auto de ejecuci¨®n de la sentencia dictada, sin haber objetado antes el uso de dicha lengua durante el proceso.

Segunda etapa

El ¨®rgano de garant¨ªas ya prepara para una segunda etapa una nueva lista de fallos sobre otros importantes recursos pendientes, como el relativo a la reforma legal que dej¨® al Consejo General del Poder Judicial sin la competencia para efectuar nombramientos mientras est¨¦ en funciones, o el presentado contra las f¨®rmulas de juramento de numerosos diputados de grupos minoritarios, cuyos miembros accedieron a sus cargos parlamentarios sin ce?irse al estricto acatamiento a la Constituci¨®n, usando diversas expresiones alternativas. Tambi¨¦n se conocer¨¢ antes del verano la sentencia relativa a la p¨¦rdida del esca?o por parte del diputado de Podemos Alberto Rodr¨ªguez, condenado a una pena de multa por dar una patada a un polic¨ªa en una manifestaci¨®n que tuvo lugar en la Laguna (Tenerife) en 2014.

Por los contactos previos entre magistrados, fuentes del tribunal estiman altamente probable que el Constitucional avale la prohibici¨®n de dichos nombramientos del Poder Judicial, as¨ª como que ampare al exdiputado Alberto Rodr¨ªguez, por considerar que la p¨¦rdida de su esca?o implic¨® una clara falta de proporcionalidad entre su conducta y las consecuencias que se derivaron de ella. En dichos medios se estima que la cuesti¨®n de los juramentos de los diputados de grupos minoritarios ser¨¢ muy debatida, pero que nada de la sentencia que se dicte cuestionar¨¢ la legitimidad de su acceso al cargo parlamentario.