La lucha de Miguel V¨¢zquez para que los mayores tengan en las residencias un defensor

Cuando el mes pasado un hogar de mayores de Madrid expuls¨® a una residente por supuesta mala conducta, la familia encontr¨® al otro lado del tel¨¦fono la ayuda experta de Miguel V¨¢zquez. Este abogado jubilado de 69 a?os es el presidente de Pladigmare, una asociaci¨®n de derechos en residencias que ha ganado fuerza gracias al boca a boca, las m¨²ltiples apariciones en medios de comunicaci¨®n durante la pandemia y la inagotable tenacidad de V¨¢zquez.

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El presidente de Pladigmare no pudo impedir que Los Nogales Hortaleza echara a la calle a Pilar Larena, una persona con enfermedades ps¨ªquicas que llevaba seis a?os en el centro, pero revel¨® a la prensa lo sucedido y con posterioridad la Fiscal¨ªa anunci¨® que est¨¢ investigando el desalojo, que la residencia efectu¨® sin una orden judicial. La familia de Pilar, quien ha sido realojada en otro centro, lamenta que antes de la expulsi¨®n las autoridades ignoraron sus denuncias. ¡°Sin Pladigmare, nos habr¨ªamos sentido desamparados¡±, afirma agradecida la hermana, Concha.

V¨¢zquez sospecha que esta expulsi¨®n no es un caso aislado y dice que ha trascendido gracias a que Concha es socia de Pladigmare y se rebel¨® contra el atropello. En las residencias, afirma, casi nadie denuncia lo que sucede dentro. Los trabajadores temen un despido, la empresa protege con celo su imagen y las familias quedan a ciegas.

?l querr¨ªa que las 475 residencias en Madrid tuvieran un consejo elegido por familiares y residentes, de modo semejante a las asociaciones de padres de alumnos en el mundo educativo, pero la Comunidad de Madrid solo tiene constancia de 26 centros con un ¨®rgano de participaci¨®n (llamados por ley consejos de usuarios o de residentes), seg¨²n las respuestas del Gobierno regional este a?o a dos solicitudes de acceso a informaci¨®n p¨²blica de Pladigmare, que significa Plataforma por la Dignidad de los Mayores de Residencias. Estos consejos son una rareza a pesar de que desde 2003 la ley madrile?a exige que las residencias p¨²blicas y las concertadas, cerca de la mitad del sector en Madrid, tengan estos ¨®rganos. (Vean al final del art¨ªculo la tabla con las 26 residencias que s¨ª disponen de un consejo conocido).

¡°En una residencia, los trabajadores tienen un comit¨¦ sindical y la direcci¨®n de la empresa a la patronal. Los ¨²nicos sin representantes son los residentes¡±, se queja V¨¢zquez. Estos ¨®rganos son escasos porque son demasiado inc¨®modos, seg¨²n ¨¦l: ¡°Las empresas no quieren que las cosas que pasan salgan de las cuatro paredes de una residencia¡±.

Esto lo sabe V¨¢zquez por experiencia propia. Antes de liderar Pladigmare, tuvo a su madre en una residencia que se negaba a formar uno de estos ¨®rganos.

Aquella batalla empez¨® en 2007, cuando Eugenia Sarti ingres¨® con 90 a?os en la residencia de Usera, un centro p¨²blico de la Comunidad cuya gesti¨®n lleva a?os cedida a empresas. Pronto, V¨¢zquez not¨® las carencias del centro de 160 residentes, en particular la notable escasez de cuidadores, pero tambi¨¦n el maltrato. Cuenta que un d¨ªa lleg¨® a ver a su madre sin previo aviso y se encontr¨® con que los empleados la hab¨ªan castigado. Estaba sentada sobre su silla de ruedas, encerrada entre dos mesas en el rinc¨®n de un pasillo.

¡°Me puse hecho un basilisco¡±, recuerda ¨¦l. ¡°Junto a ella estaban cuatro o cinco trabajadores charlando tranquilamente¡±.

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Hablando con familiares supo que los problemas eran generales y decidieron organizarse. Siguieron ¡°el proceso habitual de toma de conciencia¡±, explica. Primero, cuatro o cinco se reunieron en un bar; m¨¢s tarde, para dar cabida a un grupo creciente, reservaron un local del Ayuntamiento; sacaron una octavilla llamada Sab¨ªas Que, dirigida a las familias; mandaron una carta firmada por 110 personas al Defensor del Pueblo y al consejero de Asuntos Sociales; V¨¢zquez fue entrevistado por la cadena SER.

El hijo de Eugenia actu¨® como un investigador que busca arrojar luz sobre un mundo oscuro. En la web, apenas hab¨ªa informaci¨®n sobre el centro, la legislaci¨®n que lo regula o el contrato con la empresa que lo gestionaba entonces, Aser. Tampoco los pol¨ªticos mostraban tanto inter¨¦s como ahora por el bienestar en residencias. ¡°Est¨¢bamos totalmente en blanco sobre el tema¡±, dice Miguel.

?l ten¨ªa experiencia en estas lides tan desiguales. En los ochenta, cuando era mec¨¢nico del Metro de Madrid y representante sindical, estudi¨® Derecho porque estaba harto de que la empresa ¡°se las diera con queso¡± a los trabajadores, aprovechando su desconocimiento. Se sac¨® la carrera por la UNED en seis a?os y m¨¢s tarde fue promocionado al departamento jur¨ªdico del suburbano.

De nuevo, sus conocimientos jur¨ªdicos valieron su peso en oro. Averigu¨® que la ley madrile?a es clara: como residencia p¨²blica, el centro de Usera debe tener un consejo participativo. En julio de 2012, la Defensora del Pueblo les dio la raz¨®n y mand¨® una carta a la Comunidad, recordando que la empresa adjudicataria estaba obligada a aceptar el ¨®rgano.

La votaci¨®n se celebr¨® el 29 de abril de 2013 en el sal¨®n de fisioterapia, donde fue colocada la urna. Fueron elegidos tres representantes, un presidente, un secretario y una vocal. Eugenia hab¨ªa muerto en diciembre de 2012, pero V¨¢zquez segu¨ªa involucrado en la lucha de la residencia de Usera. Otros familiares firmaron autorizaciones para que pudiera acceder al centro.

La fiesta democr¨¢tica dur¨® poco. Desde el inicio, la empresa que acababa de asumir la gesti¨®n, Quavitae (propiedad de un fondo de capital riesgo brit¨¢nico), trat¨® de sabotear el consejo impidiendo sus reuniones mensuales, seg¨²n Andr¨¦s Campos, yerno de una residente. La residencia hac¨ªa o¨ªdos sordos a sus reclamaciones para mejorar el servicio. Prueba de que ten¨ªan raz¨®n es que las inspecciones de la Comunidad detectaron grietas, humedades y suciedad generalizada. Entre 2014 y 2019, la Comunidad impuso a la multinacional francesa DomusVi, que absorbi¨® a Quavitae, sanciones por 101.387 euros.

Otro problema del consejo era que la mayor¨ªa de familiares no pod¨ªan votar ni ser elegidos. Solo los familiares con tutela reconocida por un juez pod¨ªan participar. Esta limitaci¨®n dej¨® fuera a personas muy involucradas, como Campos. Con los a?os, el consejo de residentes de Usera perdi¨® fuelle y tras la marcha de las personas m¨¢s implicadas lleva tres a?os desierto.

Otras residencias han intentado seguir el ejemplo del consejo de Usera, pero seg¨²n Pladigmare es frecuente el boicoteo de las empresas, que a veces esconden la convocatoria entre los anuncios del tabl¨®n y luego informan de que el ¨®rgano qued¨® vacante porque ¡°no hubo candidatos¡±.

Pladigmare reclama una reforma de las normas madrile?as para que todas las residencias, incluidas las privadas, est¨¦n obligadas a tener estos consejos. Tambi¨¦n pide que participen familiares sin tutela y que la Comunidad sancione a las residencias que boicotean estos ¨®rganos. Estos consejos tendr¨ªan voz durante las inspecciones y conocer¨ªan el presupuesto. Adem¨¢s del consejo, proponen una Asamblea general que re¨²na a todas las familias y residentes cada tres meses.

Un peque?o avance este a?o, muy lejos de lo que pide Pladigmare, ha sido la introducci¨®n obligatoria de una ¡°comisi¨®n de men¨²s¡± formada por familiares y usuarios en las residencias privadas que concierten plazas con la Comunidad.

Si estas irregularidades se dieran en guarder¨ªas, todo el mundo estar¨ªa poniendo el grito en el cielo

Miguel V¨¢zquez, presidente de Pladigmare

V¨¢zquez espera que se mantenga el impulso que la pandemia ha dado a su joven asociaci¨®n, fundada en 2016. Pladigmare ha triplicado el n¨²mero de familiares y residentes involucrados hasta llegar a cerca de 600 personas y esta primavera se han asociado a grupos similares de otras 11 comunidades aut¨®nomas para crear la primera plataforma estatal del ramo. V¨¢zquez es uno de los tres portavoces.

Aunque hoy parezca dif¨ªcil de creer, hasta hace cinco a?os no hab¨ªa asociaciones en Madrid para defender los derechos de las personas que viven en estos hogares colectivos. En parte esta ausencia se explica por lo r¨¢pido que ha crecido el n¨²mero de residencias de mayores, un negocio que prolifera por la necesidad de dar cuidados a una sociedad con cada vez m¨¢s personas dependientes.

Muchos asociados a Pladigmare son hijos de v¨ªctimas que han denunciado el triaje para acceder a hospitales p¨²blicos que la Comunidad impuso en la primera ola. Otros han llegado a la asociaci¨®n para combatir irregularidades como la falta de personal, la calidad de la comida o la limpieza, o simplemente porque buscan asesoramiento.

En Madrid, otra asociaci¨®n de familias con fuerza es Marea de Residencias, nacida en 2019. Las dos surgieron gracias al impulso del exdiputado madrile?o de Unidas Podemos Ra¨²l Camargo, que puso en contacto a familias de varias residencias donde hab¨ªa reclamaciones. Camargo no mantiene v¨ªnculos con Pladigmare y V¨¢zquez lleva a?os tratando de desprenderse de unas acusaciones de politizaci¨®n que interesan a la patronal. Mantiene di¨¢logo frecuente con representantes de todos los grupos de izquierda, pero ni PP ni Ciudadanos les reciben.

V¨¢zquez cree que la mera existencia de los consejos contribuir¨ªa a que muchos familiares presten m¨¢s atenci¨®n a sus mayores. Lamenta que muchos familiares apenas visitan a sus mayores e ignoran lo que sucede en las residencias.

¡°Si estas irregularidades se dieran en guarder¨ªas, todo el mundo estar¨ªa poniendo el grito en el cielo¡±, compara ¨¦l. ¡°Al final, se trata de acabar con el edadismo, la idea de que los mayores son trastos in¨²tiles a los que solo les queda morirse¡±.

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