La Ciudad de la Justicia de Madrid encara un nuevo y ?definitivo? intento de nacer 16 a?os despu¨¦s de la primera piedra

No es la primera vez, ni la segunda, ni la tercera que un Gobierno de la Comunidad de Madrid promete que unificar¨¢ todas las sedes judiciales de la regi¨®n en un mismo espacio: la Ciudad de la Justicia. El lugar escogido desde tiempos de Esperanza Aguirre es Valdebebas, pero el proyecto que parece maldito solo ha conseguido materializarse en un ¨²nico edificio, el Instituto de Medicina Legal, el conocido como rosco. ¡°En realidad es un gl¨®bulo rojo¡±, precisan fuentes de la Consejer¨ªa de Justicia y Presidencia. Su titular, Miguel ?ngel Garc¨ªa, acaba de anunciar que, ahora s¨ª, existe un plan fiable para levantar el macroproyecto y que prev¨¦ que a principios de 2027, las mesas, tel¨¦fonos, togas y fotos del Rey, mobiliario imprescindible de los juzgados, empiecen a llegar a los primeros edificios del campus. Garc¨ªa, con amplia experiencia en el ¨¢rea de Hacienda, propone virar la propuesta de licitaci¨®n con respecto a los planes iniciales, y que la Comunidad asuma el gasto de construcci¨®n y despu¨¦s se encargue de la gesti¨®n directa. Un concurso tradicional en el que la Administraci¨®n p¨²blica dice lo que quiere y las empresas ofrecen sus servicios tratando de rebajar el precio.

?Conseguir¨¢ por fin Isabel D¨ªaz-Ayuso dar forma a uno de los grandes chascos de Esperanza Aguirre? Fue Aguirre la que inaugur¨® en 2007 las obras del macrocomplejo que nunca fue, salvo por el rosco ¡ªo gl¨®bulo rojo¡ª. Su sucesora recuper¨® en 2019 la intenci¨®n de llevarlo a cabo y volvi¨® a mencionar un proyecto que pr¨¢cticamente se hab¨ªa convertido en un tab¨², salpicado adem¨¢s por la corrupci¨®n. Ahora, Miguel Garc¨ªa tiene ese peso sobre sus hombros. El consejero de presidencia y justicia, hombre fuerte del Gobierno de Ayuso y anterior viceconsejero de esta misma cartera en la anterior legislatura, se ha ¡°puesto como reto¡±, ya no solo profesional, sino tambi¨¦n personal, sacar adelante este proyecto, aseguran fuentes de la consejer¨ªa. Por eso ha ideado este nuevo modo de licitaci¨®n en busca de constructoras dispuestas a asumir una iniciativa de esta envergadura. Con este modelo, seg¨²n Mart¨ªn, se elimina ¡°incertidumbre y riesgos¡± para las compa?¨ªas que opten a la licitaci¨®n, porque no depender¨¢ de ellos la inversi¨®n en materiales y en personal en un momento de vaivenes econ¨®micos y de problemas de suministro como el actual.

La construcci¨®n del complejo se dibuja en un horizonte lejano. Si se cumplen los planes planteados por la consejer¨ªa, algo que no ha sucedido en 16 a?os, a mediados del a?o que viene estar¨¢ dise?ado el anteproyecto con el que sacar a concurso las obras. Esperan que en el segundo semestre del a?o se adjudique la primera fase y que las m¨¢quinas empiecen a trabajar a principios de 2025. ¡°La empresa constructora ser¨¢ la que elabore tambi¨¦n el proyecto arquitect¨®nico, nos parece importante que los que hacen el dise?o se involucren tambi¨¦n en la construcci¨®n¡±, asegura Mart¨ªn. El consejero prev¨¦ una inversi¨®n total de 660 millones de euros para levantar una decena de edificios.

Esto es lo m¨¢s inmediato, pero el camino trazado por el equipo actual, fecha la finalizaci¨®n total del proyecto en 2030. Es decir, que esta iniciativa hipoteca, al menos, a los gobiernos salidos de las urnas de las pr¨®ximas elecciones. ¡°Nos parece que este periodo es razonable para la puesta en marcha de un proyecto como este¡±. El PP lleva gobernando en la Comunidad de Madrid desde 1995, as¨ª que es normal que la consejer¨ªa cuente con que no se produzca un vuelco dentro de cuatro a?os que eche por tierra su proyecto. En esta primera fase se incluye la construcci¨®n de las dos sedes principales: el Tribunal Superior de Justicia (TSJM) y la Audiencia Provincial. ¡°Queremos incluir en el anteproyecto que el edificio del TSJM sea un referente ic¨®nico¡±, especifica el consejero.

Para entender lo que supone este anuncio, conviene conocer la cronolog¨ªa que hay detr¨¢s del concepto Ciudad de la Justicia de Madrid.

2007. Esperanza Aguirre celebra una ceremonia para colocar la primera piedra en un acto que cuesta 1,4 millones de euros y que est¨¢ sufragado en parte por una empresa que despu¨¦s ser¨¢ investigada en la trama G¨¹rtel. El proyecto fue presentado 72 veces incluso en actos internacionales y se desarroll¨® un plan publicitario de 200.000 euros que inclu¨ªa paraguas, gorras, camisetas, y un libro promocional.

2009. El proyecto se paraliza. El Ejecutivo de Aguirre alega problemas de financiaci¨®n derivados de la crisis econ¨®mica que ha impedido obtener liquidez con la venta de otros inmuebles p¨²blicos.

2012. La lideresa del PP se empe?a en el proyecto pero con una versi¨®n low cost, alejada de firmas de renombre y edificios emblem¨¢ticos. Nada de esto sucede y los planes quedan de nuevo varados.

2014. El presidente Ignacio Gonz¨¢lez (PP) retoma la idea de construirla con el modelo de la construcci¨®n privada a la que luego se dar¨¢ un canon anual de 40 millones. La presidenta Cristina Cifuentes (PP) paraliza despu¨¦s el plan porque no le convenc¨ªa ni el dise?o ni el modelo de licitaci¨®n. La Ciudad de la Justicia entra en un periodo de abandono.

2020. Se inaugura el ¨²nico edificio construido en todo el complejo, el Instituto de Medicina Legal, justo antes del estallido de la pandemia de coronavirus.

2021. El Gobierno de Ayuso reconoce que todos los planes encargados para el primer plan de Aguirre no sirven, ni siquiera el proyecto de diez millones de euros que se pag¨® al arquitecto Norman Foster para el dise?o de dos edificios.

2022. El Ejecutivo regional vuelve a licitar la obra e insiste en la f¨®rmula que el PP lleva usando a?os en la regi¨®n: concesiones millonarias que se extienden a lo largo de d¨¦cadas a cambio de que el constructor desembolse la inversi¨®n inicial. En este caso, 50 millones de euros al a?o durante unos 36 a?os.

2023. La Comunidad declara desierta la licitaci¨®n al considerar que la ¨²nica oferta recibida no se ajusta a las condiciones de los pliegos.

Y en este punto llega Mart¨ªn, que propone dar m¨¢s seguridad al asumir la Administraci¨®n p¨²blica la inversi¨®n y posterior titularidad. En la regi¨®n hay 28 dependencias judiciales diferentes, casi todas en edificios alquilados por los que la Comunidad de Madrid paga unos 40 millones de euros al a?o. Si marcamos los puntos en un mapa, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid est¨¢ en el barrio de Chueca, en el mismo edificio que la Fiscal¨ªa, dos de las sedes de la Audiencia Provincial se hallan en el barrio del Pilar y otra en Tetu¨¢n, los juzgados de menores, de violencia sobre la mujer y de lo penal est¨¢n en tres edificios distintos en el distrito de San Blas-Canillejas...Y as¨ª un largo etc¨¦tera. Esta dispersi¨®n provoca numerosos contratos de mantenimiento y tambi¨¦n que los abogados vayan con la lengua fuera de un lugar a otro si en la misma ma?ana les citan para varias causas, algo que provoca retrasos en un sistema ya de por s¨ª saturado. Adem¨¢s, tambi¨¦n crea algo de confusi¨®n en los usuarios del sistema judicial, que a veces no tienen muy claro d¨®nde ir. El esp¨ªritu de esta iniciativa es, sobre el papel, eliminar los costes de alquiler a cambio de esta macroinversi¨®n y reducir los de mantenimiento, al unificar el contrato en uno solo. El tiempo dir¨¢ si esta nueva visi¨®n es la acertada.

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