El PSOE ultima dos recursos al Constitucional contra el veto del PP de Ayuso a preguntas sobre MAR y la comparecencia de Leguina

El PSOE de Juan Lobato prepara dos recursos de amparo ante el Constitucional por el veto del PP de Isabel D¨ªaz Ayuso a la fiscalizaci¨®n en la Asamblea de la actividad profesional del jefe de gabinete de la presidenta, Miguel ?ngel Rodr¨ªguez (que reaccion¨® al caso de presunto fraude fiscal que afecta a la pareja de la baronesa con amenazas a periodistas) y de Joaqu¨ªn Leguina (que ha sido nombrado presidente de la C¨¢mara de Cuentas). Los socialistas discrepan de los motivos dados por la Mesa del Parlamento (con mayor¨ªa conservadora) para rechazar sus peticiones. As¨ª, las preguntas sobre Rodr¨ªguez fueron rehusadas con el argumento de que el jefe de gabinete no gestiona, sino que asesora, por lo que no es fiscalizable. La propuesta de votar a favor de la libertad de prensa y para condenar los ataques a periodistas ¡°por parte de responsables del Gobierno¡± no se admiti¨® por estar recogida la primera parte en la Constituci¨®n y ser ¡°m¨¢s propia de una declaraci¨®n institucional¡± la segunda. Y la comparecencia de Leguina fue tumbada por una estricta interpretaci¨®n del reglamento de la C¨¢mara.

¡°Si no podemos fiscalizar la actividad del jefe de gabinete de la presidenta, o pedir que el presidente de la C¨¢mara de Cuentas venga a la Asamblea a contarnos cu¨¢l es su plan de trabajo, y a qu¨¦ se va a dedicar, ?Cu¨¢l es nuestro trabajo? ?De qu¨¦ sirve el Parlamento?¡±, se pregunta Lobato. ¡°Si la Mesa bloquea que esas iniciativas entre en el debate pol¨ªtico, se cargan lo que es el Parlamento¡±, argumenta. ¡°Pero es que es algo general, cualquier elemento de fiscalizaci¨®n lo bloquean¡±, se queja sobre el PP, que logr¨® 70 diputados en las elecciones de 2023. ¡°No entienden lo que es una mayor¨ªa absoluta, y que no significa que puedas hacer lo que quieras y que tengas derecho a que no se te fiscalice¡±, a?ade. ¡°Es lo contrario¡±, subraya. Y remata: ¡°Cuanto m¨¢s absoluta es la mayor¨ªa, m¨¢s transparencia, m¨¢s escuchar. A Ayuso se le ha subido a la cabeza, pese a que baj¨® en votos, y en vez de interpretarlo como una oportunidad para gobernar con transparencia y participaci¨®n, hace todo lo contrario¡±.

En los dos casos, las discrepancias tienen gran calado jur¨ªdico. En el de Leguina, el PSOE esgrime que la ley que regula la C¨¢mara de Cuentas recoge en su art¨ªculo 44.3 que el presidente de la instituci¨®n comparecer¨¢ ¡°cuantas veces sea requerido para informar de los asuntos que la Asamblea le solicite¡±. El PP, por su parte, aduce que el reglamento del Parlamento, en su art¨ªculo 236, limita esa posibilidad a convocatorias destinadas a ¡°la presentaci¨®n de informes o memorias de dicho ¨®rgano¡±.

¡°?Pero una ley tiene m¨¢s rango que un reglamento!¡±, se queja Lobato en representaci¨®n de un PSOE que tambi¨¦n afronta una discusi¨®n jur¨ªdica de fondo en el caso de MAR.

Los socialistas quer¨ªan convocar al ex secretario de Estado de Comunicaci¨®n porque este amenaz¨® a una periodista de elDiario.es con ¡°triturar¡± su medio tras desvelar una investigaci¨®n a la pareja de la presidenta, el comisionista Alberto Gonz¨¢lez Amador, por la presunta comisi¨®n de dos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad en documento mercantil. Posteriormente, Rodr¨ªguez envi¨® a medios de comunicaci¨®n el nombre, apellido y foto de dos informadores de EL PA?S, a los que acus¨® falsamente de acosar a vecinos y menores mientras investigaban una ramificaci¨®n de ese caso, creando un bulo que se acab¨® publicado sin comprobaci¨®n alguna.

Pero el PP no dio su brazo a torcer en un asunto clave. Rodr¨ªguez, a juicio de los conservadores, no pod¨ªa ser objeto de preguntas porque no es un alto cargo, ya que no tiene responsabilidades de gesti¨®n... pese a que MAR figura como alto cargo en el portal de transparencia, que refleja oficialmente el organigrama gubernamental; cumple por iniciativa propia en su perfil p¨²blico de esa web con las obligaciones propias de un alto cargo (publicar su patrimonio, renta, gastos...); y tiene rango de director general.

Si el PP encontr¨® argumentos para su posici¨®n en el art¨ªculo 11.1 de la ley del Gobierno y Administraci¨®n de la Comunidad de Madrid (¡°funcionar¨¢, como ¨®rgano de asistencia y asesoramiento, el Gabinete del Presidente¡±), la izquierda los encontr¨® en el 11.3 de la misma norma (¡°el Jefe del Gabinete del Presidente, con nivel org¨¢nico de Director general, ser¨¢ nombrado y, en su caso, cesado por Decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta de su Presidente [como los altos cargos]¡±).

La batalla del Constitucional

Por todo ello acude el PSOE al Constitucional, convertido en uno de los principales campos de batalla entre el PP de Ayuso y la oposici¨®n de izquierdas. Por ejemplo, la Comunidad Madrid ha recurrido ah¨ª la ley de amnist¨ªa estatal. A eso se suman ahora los dos recursos anunciados a finales de junio por el gobierno central contra la reforma de las leyes trans y contra la LGTBIfobia auton¨®micas, que fueron aceptados a tr¨¢mite este jueves, lo que supuso suspender la aplicaci¨®n de las partes recurridas de la norma.

Adem¨¢s, el tribunal tendr¨¢ que pronunciarse sobre una decena de recursos pendientes de resoluci¨®n o admisi¨®n que han sido interpuestos en los ¨²ltimos a?os por la oposici¨®n contra normas o decisiones de Ayuso y la Asamblea regional, incluyendo los que patrocin¨® M¨¢s Madrid la semana pasada por razones similares a los que motivan ahora los dos del PSOE.

As¨ª, el partido de Manuela Bergerot considera vulnerados los derechos de sus diputados porque se impidi¨® la comparecencia MAR, el acr¨®nimo por el que se conoce al jefe de gabinete de Ayuso, y que la C¨¢mara votara si instaba al Ejecutivo a destituirlo. La formaci¨®n de izquierdas tambi¨¦n llev¨® hasta el Constitucional el veto a una comisi¨®n de investigaci¨®n sobre la contrataci¨®n de emergencia en la pandemia, y a que el Parlamento votara si instaba al gobierno a auditar la relaci¨®n entre la Comunidad y el grupo Quir¨®n, que es al mismo tiempo receptor de miles de millones de la Administraci¨®n (con Quir¨®nsalud) y el principal cliente de la empresa del novio de la presidenta (con Quironprevenci¨®n).

Adem¨¢s, M¨¢s Madrid patrocina otros dos recursos de amparo contra la inadmisi¨®n de preguntas y la falta de quorum en la votaci¨®n de la ley del suelo.

Por su parte, Podemos tiene registrado uno de amparo por la del suelo. Finalmente, al recurso ya admitido a tr¨¢mite del Defensor del Pueblo contra un aspecto concreto de la ley trans, se unen los del PSOE contra la ley ¨®mnibus (que ha permitido a Ayuso controlar Telemadrid, la C¨¢mara de Cuentas y el Consejo de Transparencia), la reforma de la norma que regula la televisi¨®n y radio auton¨®micas, y la aprobaci¨®n de la ley del suelo, que se produjo, a su juicio, cuando no hab¨ªa los diputados suficientes.

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