Hagan algo

Hace ya mucho que se sabe que uno de los errores m¨¢s graves del bipartidismo que marc¨® la vida pol¨ªtica espa?ola durante d¨¦cadas fue el llamado reparto de las instituciones. Los dos grandes partidos, PSOE y PP, se adjudicaron respectivas cuotas en los ¨®rganos de direcci¨®n de esas instituciones, desde el Tribunal Constitucional hasta el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pasando por el Tribunal de Cuentas, sin atender espec¨ªficamente a la intachable trayectoria profesional de los candidatos, sino a sus intereses particulares. El resultado ha sido la p¨¦rdida de prestigio de esas instituciones, agravada en las ¨²ltimas legislaturas hasta extremos insoportables por la brutal negativa del Partido Popular a aceptar que mientras gobierne el PSOE se produzca la renovaci¨®n de los cargos cuyo mandato caduca.

El ¨²ltimo y muy lamentable episodio de este estado de cosas ha ocurrido esta semana en el Tribunal Constitucional a cuenta de una sentencia que interpretaba los estados de excepci¨®n y de alarma, que ha desatado un malestar muy profundo en ¨¢mbitos jur¨ªdicos y ha puesto de manifiesto que algunos magistrados, al margen de su adscripci¨®n como conservadores o progresistas, tienen muy pobre opini¨®n de los saberes de algunos de sus colegas. ¡°Legos¡±, ¡°juristas de poca monta¡± fueron los t¨¦rminos utilizados en la primera redacci¨®n de su voto particular por el magistrado Conde Pumpido, obligado a rectificar lastimosamente horas despu¨¦s al negarse los seis firmantes de la sentencia a acudir al pleno mientras no se retiraran t¨¦rminos tan ¡°inaceptables¡±. (Por lo que se ve, estos magistrados pueden hacer huelga si se sienten ofendidos, pero no pueden dimitir cuando la ley les se?ala la puerta). Otro magistrado, de car¨¢cter menos inflamado, Andr¨¦s Ollero (adscrito al sector conservador, pero tambi¨¦n autor de un voto contrario a la sentencia), se limit¨® a dejar constancia de haber o¨ªdo ¡°majader¨ªas¡±, sin atribuirlas. Se refiera a quien se refiera, parece sensato suponer que el trabajo y la capacidad del ponente de la sentencia, Pedro Gonz¨¢lez-Trevijano, han quedado bastante invalidados.

La alegr¨ªa con la que los ministros de Justicia del a?o 2000 aceptaron los cupos fue un serio error, pero qued¨® durante alg¨²n tiempo difuminado por el propio freno que se pon¨ªa cada cual y la verg¨¹enza que no estaban dispuestos a sufrir ni esos ministros ni los propios magistrados. Poco a poco, ese freno se fue soltando, hasta llegar a este momento en que los magistrados aceptan prolongar sine die su mandato con el argumento soberano de que a Pablo Casado le da la gana. Punto.

La sentencia objeto del esc¨¢ndalo actual trata de un elemento clave en la Constituci¨®n: el estado de excepci¨®n. Un dur¨ªsimo art¨ªculo del catedr¨¢tico em¨¦rito y uno de los primeros ministros de Justicia de la democracia, Tom¨¢s de la Quadra Salcedo (EL PA?S, 22 de julio), la considera un ¡°grav¨ªsimo error¡±, que ¡°desde?a el consenso que hizo posible nuestro sistema constitucional¡±. De la Quadra Salcedo llama a todos los juristas a pronunciarse, con la esperanza de que se produzca en alg¨²n momento ¡°overruling¡±, es decir, v¨ªas para no aplicar el precedente y para que el Constitucional modifique su propia doctrina. El expresidente del Tribunal Pedro Cruz Villal¨®n, por su parte, planteaba, tambi¨¦n en este peri¨®dico, su perplejidad por el sentido de la sentencia: ¡°En este pa¨ªs sigue sin haber conciencia de hasta qu¨¦ punto la Constituci¨®n se la juega en cada una de estas ocasiones¡±. Cruz Villal¨®n pide a los presidentes del Congreso y el Senado (c¨¢maras a las que corresponden los nuevos nombramientos) que ¡°paren el juego¡± del bloqueo. Que no sigan con los brazos cruzados.

Vista la actitud del PP y de su asociado VOX, capaces de presentar recursos de inconstitucionalidad contra leyes por las que han votado a favor o que no han podido modificar en el Congreso, quiz¨¢s sea posible hacer caso alg¨²n d¨ªa a los ilustres autores que llevan a?os pidiendo que se elimine la posibilidad de que la minor¨ªa pol¨ªtica haga semejante cosa, algo que no existe en la mayor¨ªa de los pa¨ªses democr¨¢ticos o que, si existe, se utiliza con cuentagotas. Muchos especialistas creen que ese recurso deber¨ªa reservarse a las comunidades aut¨®nomas, Gobierno, Defensor del Pueblo y, quiz¨¢s, a las Cortes en pleno. Pero, de momento, lo urgente es recuperar la herencia de sabidur¨ªa de Garc¨ªa Pelayo, Tom¨¢s y Valiente, Rubio Llorente y de quienes fueron sus seguidores. R¨¢pido.

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