Por qu¨¦ Estados Unidos es una democracia defectuosa

El decano de la Facultad de Derecho de Berkeley, Erwin Chemerinsky, imagina en su nuevo libro una soluci¨®n a los problemas que, considera, se derivan de la virtualmente irreformable Constituci¨®n estadounidense: ¡°Un divorcio no violento, de mutuo acuerdo, del que surgieran dos o m¨¢s pa¨ªses¡±, escribe en No Democracy Lasts Forever (ninguna democracia dura para siempre, sin edici¨®n en espa?ol). Los Estados de la costa oeste formar¨ªan una nueva naci¨®n, llamada Pac¨ªfica, a la que podr¨ªan unirse los territorios dem¨®cratas d...

El decano de la Facultad de Derecho de Berkeley, Erwin Chemerinsky, imagina en su nuevo libro una soluci¨®n a los problemas que, considera, se derivan de la virtualmente irreformable Constituci¨®n estadounidense: ¡°Un divorcio no violento, de mutuo acuerdo, del que surgieran dos o m¨¢s pa¨ªses¡±, escribe en No Democracy Lasts Forever (ninguna democracia dura para siempre, sin edici¨®n en espa?ol). Los Estados de la costa oeste formar¨ªan una nueva naci¨®n, llamada Pac¨ªfica, a la que podr¨ªan unirse los territorios dem¨®cratas de la otra costa ¡°e incluso Illinois¡±. Las partes republicanas del sur y del Medio Oeste se ir¨ªan por su lado, aunque entre ambos bloques salidos de esa secesi¨®n ser¨ªa necesario un acuerdo para asegurar la libertad de movimientos de sus ciudadanos y el libre comercio.

Algo no funciona cuando los juristas se ven empujados a ejercer de novelistas de ciencia ficci¨®n. Para Chemerinsky, eso que no funciona es la Constituci¨®n estadounidense, y no est¨¢ solo en su an¨¢lisis. Un coro de voces, sobre todo desde la izquierda, coincide en se?alar los defectos del texto fundamental como una de las amenazas m¨¢s graves para el futuro de la democracia m¨¢s longeva y estable del mundo, despu¨¦s de que sus aciertos hayan cimentado m¨¢s de dos siglos de prosperidad y libertades. En ese documento, aprobado en 1787 y que no se toca desde hace medio siglo, est¨¢, seg¨²n ese an¨¢lisis, el origen de tres problemas: la instituci¨®n del Colegio Electoral, la composici¨®n del Senado y el funcionamiento del Tribunal Supremo.

Esos problemas ¡ªjunto a otros como la supresi¨®n del voto de las minor¨ªas o la invasi¨®n del dinero sucio en las campa?as electorales¡ª no son nuevos, pero adquirieron otra dimensi¨®n con el ascenso de Donald Trump al poder en 2016, a?o en el que el ¨ªndice de The Economist sac¨® al pa¨ªs del saco de las democracias plenas para meterlo en el de las defectuosas. ¡°Seguimos siendo una democracia, pero sumamente enferma¡±, coincide Steven Levitsky, cuyo ¨²ltimo libro, La dictadura de la minor¨ªa, escrito junto a Daniel Ziblatt, es una contundente llamada de atenci¨®n sobre ese deterioro. La proximidad de las elecciones, las m¨¢s trascendentales que se recuerdan, es una oportunidad para radiografiar los fallos del sistema y plantear, con la ayuda de expertos, posibles soluciones.

La Constituci¨®n ?intocable?

Del musical Hamilton a la obligaci¨®n de memorizar su pre¨¢mbulo en primaria, la Constituci¨®n sigue reverencialmente presente en la vida estadounidense. Pero ?a¨²n es ¨²til un texto escrito hace m¨¢s de dos siglos para una naci¨®n peque?a y en ciernes? ¡°Nadie pudo imaginar entonces que se convertir¨ªa en una rep¨²blica tan grande y expansiva¡±, advierte Josep M. Colomer, polit¨®logo de la Universidad de Georgetown, en Washington. ¡°Su redacci¨®n fue un experimento nuevo, y, consecuentemente, sus redactores pagaron la novatada¡±.

Cambiarla es tan dif¨ªcil que esa certeza ha matado frecuentemente el debate antes de nacer: hace falta una mayor¨ªa cualificada de dos terceras partes de ambas C¨¢maras y el acuerdo de tres cuartas partes de los 50 Estados, n¨²meros hoy por hoy inalcanzables, con el Senado y la C¨¢mara de Representantes limpiamente divididos por la mitad. Al texto se le han hecho 27 enmiendas, 10 de las cuales llegaron pronto, cuatro a?os despu¨¦s de su aprobaci¨®n y como parte del paquete de la Carta de Derechos. La ¨²ltima vez que se modific¨® fue en 1971, para rebajar a los 18 a?os la edad para votar.

Quienes creen en la urgencia de mejorarla ¡ªo incluso redactarla de nuevo¡ª consideran que los enormes cambios sociales registrados en ese medio siglo obligan a pensar que es posible. Recuerdan que en ella est¨¢ tambi¨¦n el pecado original de esta naci¨®n, porque sus redactores no hicieron nada por acabar con la instituci¨®n de la esclavitud. Los que la veneran como un milagro de adaptaci¨®n a los tiempos, casi siempre desde posiciones conservadoras, suelen echar mano de una frase del escritor abolicionista Frederick Douglass: ¡°La Constituci¨®n no significa lo que dice¡±. El polit¨®logo Yuval Levin, que defiende que en el texto fundamental est¨¢ la ¡°soluci¨®n y no el problema¡± de la democracia estadounidense, es uno de ellos. Son, una vez m¨¢s, dos bandos irreconciliables. ¡°[Este pa¨ªs] se fund¨® sobre un conjunto de ideas, pero los estadounidenses est¨¢n tan divididos que ya no se ponen de acuerdo, si es que alguna vez lo estuvieron, sobre cu¨¢les son, o eran, esas ideas¡±, escribe la historiadora Jill Lepore en These Truths (estas verdades, sin edici¨®n en espa?ol).

Presidente contra la voluntad del pueblo

Estados Unidos es la ¨²nica democracia presidencial en el mundo en la que el presidente no es elegido directamente por los votantes, sino por un Colegio Electoral. Eso posibilita que el presidente pueda ser elegido sin una mayor¨ªa de votos: George W. Bush y Donald Trump llegaron a la Casa Blanca con menos votos de los que obtuvieron sus rivales, Al Gore y Hillary Clinton, en las elecciones de 2000 y 2016. Esa situaci¨®n puede repetirse el pr¨®ximo 5 de noviembre.

La Constituci¨®n otorga a cada uno de los 50 Estados un n¨²mero de electores en el Colegio Electoral equivalente a la suma de su representaci¨®n en el Congreso (dos senadores por Estado y un n¨²mero de miembros de la C¨¢mara de Representantes en funci¨®n de la poblaci¨®n, entre 1 y 52). Con las excepciones de Maine y Nebraska, el candidato que vence en un Estado se lleva todos sus votos electorales, sin importar que gane por un voto o por tres millones. Para salir elegido presidente hay que lograr 270 de los 538 votos electorales. Pese a lo obsoleto y potencialmente antimayoritario de la figura, el Colegio Electoral tiene sus defensores. Como la personalidad de la derecha estadounidense Dennis Prager, para el que m¨¢s que un obst¨¢culo se trata de una ¡°idea brillante¡± de los fundadores, que ¡°no quer¨ªan una democracia, quer¨ªan una rep¨²blica¡±. Seg¨²n Levitsky y Ziblatt, la idea de que el Colegio Electoral forma parte de un sistema de controles y contrapesos calibrados con minuciosidad ¡°no es m¨¢s que un mito¡±. Fue una soluci¨®n de compromiso ante la falta de mejor acuerdo.

Colomer explica que el sistema se dise?¨® cuando no se esperaba que existiesen partidos. Se contaba con que, al no alcanzarse la mayor¨ªa suficiente en el Colegio Electoral, la elecci¨®n del presidente pasase a la C¨¢mara de Representantes. ¡°Eso muestra el desconocimiento de c¨®mo funcionar¨ªa la democracia en un pa¨ªs nuevo, sin experiencia, sin precedentes, sin referencias de otros pa¨ªses para consultar¡±.

La regla de que el ganador de un Estado se lleva todos sus votos, unida a la sobrerrepresentaci¨®n de los menos poblados, permite ganar las elecciones a un candidato que pierda en el voto popular. Hoy por hoy, eso favorece a los republicanos, m¨¢s fuertes en los Estados sobrerrepresentados en el voto popular. En la mayor¨ªa de los Estados hay un claro favorito y solo siete est¨¢n realmente en juego: Arizona, Georgia, M¨ªchigan, Pensilvania, Wisconsin, Nevada y Carolina del Norte. ¡°La presidencia se dirime seg¨²n los deseos de entre 150.000 y 200.000 votantes indecisos de unos pocos condados clave, en un pu?ado de Estados bisagra. Ellos ser¨¢n los que decidan el pr¨®ximo presidente¡±, advierte David Schultz, editor de Presidential Swing States (Estados p¨¦ndulo presidenciales, sin edici¨®n en espa?ol).

Gangrena legislativa

El imponente Capitolio de Washington encierra bajo su c¨²pula un Congreso disfuncional. El Senado, cuyos 100 miembros gozan de un mandato de seis a?os que se renueva por tercios cada dos, es una c¨¢mara de representaci¨®n territorial, en la que cada Estado tiene dos senadores, con independencia de su poblaci¨®n, lo que acarrea una sobrerrepresentaci¨®n de los menos poblados. Eso no es tan infrecuente en otras democracias como el hecho de que la C¨¢mara alta sea m¨¢s poderosa que la baja, la C¨¢mara de Representantes. Su composici¨®n (435 miembros, que se renuevan cada dos a?os) s¨ª atiende a criterios de poblaci¨®n, pero no se actualiza desde 1929.

Para la aprobaci¨®n de cualquier ley, hace falta el concurso de ambas C¨¢maras. Cuando cada partido tiene mayor¨ªa en una de las dos, como sucede desde 2023, la par¨¢lisis legislativa y el riesgo de cierre parcial de la Administraci¨®n por falta de aprobaci¨®n de los presupuestos suelen estar garantizados, dada la polarizaci¨®n entre partidos, que se traslada a las instituciones, explica Colomer.

La mayor¨ªa en el Senado ¡ªque tiene adem¨¢s la potestad de ratificar el nombramiento de los jueces federales (incluidos los del Supremo) y otros altos cargos¡ª se puede lograr con una minor¨ªa de votos, como ocurre con la elecci¨®n del presidente. Pero los Estados menos poblados nunca admitir¨¢n una reforma constitucional que les hurte una sobrerrepresentaci¨®n que, de nuevo, favorece hoy en d¨ªa al Partido Republicano.

Por si esa distorsi¨®n fuera poca, la normativa de la C¨¢mara alta abri¨® la veda del filibusterismo, la obstrucci¨®n parlamentaria. Inicialmente, no se pod¨ªa someter un asunto a votaci¨®n hasta que no acabase el debate, lo que gener¨® intervenciones maratonianas. Como resultaba cansado, solo se recurr¨ªa a ese subterfugio en casos extremos. La norma se reform¨®. Por una parte, ya no hac¨ªa falta mantener vivo el debate, sino que bastaba manifestar que se quer¨ªa seguir tratando el tema. Por otra, se permit¨ªa que una mayor¨ªa cualificada pudiera someter un proyecto de ley a votaci¨®n en cualquier momento. En la pr¨¢ctica, eso se ha traducido en que no se puede aprobar casi ninguna ley si no se cuenta con 60 de los 100 votos. La buena noticia es que abolirlo no requiere cambios constitucionales ni legales. Muchos consideran que tiene los d¨ªas contados.

La trinchera bipartidista

Para sus detractores, no hay mejor ejemplo pr¨¢ctico de la crisis del sistema bipartidista estadounidense, que ya se temi¨® George Washington, que la relaci¨®n de ambos partidos con sus candidatos a estas elecciones. Por un lado, est¨¢ alguien que, pese a instigar una insurrecci¨®n y estar condenado por 34 delitos graves, ha logrado tallar a su imagen y semejanza la formaci¨®n republicana, y ha desterrado a la vieja y no tan vieja guardia del conservadurismo estadounidense, que, nueve a?os despu¨¦s, a¨²n es incapaz de plantarle cara. Por otro, hay una aspirante que no sali¨® elegida en las primarias, sino que se hizo con las riendas dem¨®cratas ¡ªa lomos de un enorme entusiasmo inicial entre sus simpatizantes, eso s¨ª¡ª gracias a la renuncia de Joe Biden, un candidato sobre cuyas mermadas capacidades nadie se atrevi¨® a llevarle la contraria hasta que no se hicieron dram¨¢ticamente patentes en p¨²blico.

Adem¨¢s de desprovistos de defensas con las que contaron en otro tiempo para evitar el ascenso de alguien como Trump, los dos partidos han dejado atr¨¢s en la ¨²ltima d¨¦cada su vieja aspiraci¨®n de contener multitudes (a la manera de Walt Whitman) para hundirse m¨¢s en sus trincheras a medida que la polarizaci¨®n se iba acentuando (y ambas formaciones tambi¨¦n iban acentuando) en la vida p¨²blica estadounidense. Hasta entonces, ¡°Estados Unidos¡±, seg¨²n Lee Drutman, autor de Rompiendo el c¨ªrculo vicioso del bipartidismo, ¡°ten¨ªa algo m¨¢s parecido a una democracia multipartidista dentro de su sistema bipartidista¡±. Para revertir esa deriva, Drutman propone una reforma del sistema electoral actual, basada en la idea del ganador-que-se-lo-lleva-todo.

¡°Desde mediados del siglo pasado, ambos partidos se han ido vaciando: los candidatos a la presidencia, al Senado o los que optan a gobernador de los Estados deciden presentarse por su cuenta, recaudan fondos y luego ganan las primarias. Y entonces esperan que el partido los apoye si ganan¡±, argumenta el historiador Michael Kazin, autor de la biograf¨ªa de referencia del Partido Dem¨®crata. ¡°El resultado es que en muchos lugares la estructura del partido no pinta mucho antes de la campa?a electoral, y los consultores profesionales son mucho m¨¢s importantes para el ¨¦xito de los candidatos. Creo que ser¨ªa bueno que hubiera un resurgimiento de las organizaciones partidarias en todos los niveles, pero ser¨¢ dif¨ªcil revertir esta descentralizaci¨®n a largo plazo. La creaci¨®n de partidos estatales fuertes ¨Dcomo han hecho los dem¨®cratas en Wisconsin¨D ayudar¨ªa¡±.

El porcentaje (dos terceras partes) de quienes ver¨ªan bien un tercer partido registra niveles r¨¦cord, seg¨²n Gallup. Aunque esto tampoco podr¨¢ ser. La historia de quienes han intentado una tercera v¨ªa es la de un fracaso detr¨¢s de otro. Como resume el historiador estadounidense Richard Hofstadter (1916-1970): ¡°Los terceros partidos son como las abejas. Una vez han picado, mueren¡±. Es decir, que lo m¨¢ximo a lo que pueden aspirar es a hacer da?o a un lado o a otro y desaparecer despu¨¦s.

Un juez del Supremo es para siempre

M¨¢s excepcionalidades: Estados Unidos es tambi¨¦n el ¨²nico sistema democr¨¢tico del mundo en que los magistrados del Tribunal Supremo mantienen el cargo de por vida. Todas las dem¨¢s democracias consolidadas establecen un l¨ªmite a su mandato, una edad obligatoria a la que jubilarse, o ambos, seg¨²n Levitsky y Ziblatt. Ese car¨¢cter vitalicio se decidi¨® cuando la esperanza de vida era mucho menor y el cargo no ten¨ªa la relevancia actual, con lo que no era raro que los magistrados lo dejasen a la mitad de sus carreras.

Como explica Paul Collins, profesor de Derecho de la Universidad de Massachusetts y experto en la progresiva politizaci¨®n del Supremo, ese sistema es en parte responsable de que el tribunal haya dado un giro brusco hacia la derecha, y haya cambiado fundamentalmente la sociedad estadounidense en ¨¢reas como la libertad reproductiva, el control de armas y los derechos civiles. Ese volantazo se ha producido con una supermayor¨ªa conservadora de seis jueces a tres, conseguida pese a que los republicanos solo han ganado una vez las elecciones en voto popular desde 1992. Trump, que no lleg¨® respaldado por una mayor¨ªa de los electores, nombr¨® a tres de esos jueces. El apoyo popular al Supremo ha ca¨ªdo a m¨ªnimos hist¨®ricos por su divorcio de la opini¨®n p¨²blica y por los esc¨¢ndalos ¨¦ticos que afectan a algunos de los magistrados.

¡°Las dos reformas m¨¢s urgentes son la limitaci¨®n del mandato de sus miembros y la aplicaci¨®n de un c¨®digo ¨¦tico de obligado cumplimiento¡±, sostiene Collins. Es una propuesta que lanz¨® el actual presidente, Joe Biden, entre los planes para su despedida del cargo, poco despu¨¦s de anunciar que no se presentar¨ªa a la reelecci¨®n. Collins le ve poco futuro. ¡°Dado que el tema de la reforma del Tribunal Supremo se ha polarizado tanto ¡ªcon los dem¨®cratas generalmente a favor y los republicanos en contra¡ª, es poco probable que se produzca, a menos que los primeros se hagan con el control tanto de la C¨¢mara de Representantes como del Senado, y est¨¦n dispuestos a eliminar el filibusterismo¡±, explica.

¡®Gerrymandering¡¯: la salamandra que se muerde la cola

El gerrymandering, esa pr¨¢ctica tan estadounidense de dibujar los distritos electorales con fines partidistas, es un mecanismo complejo que resume con contundente sencillez una frase de uso com¨²n a la que recurre a menudo el congresista Jamie Raskin, una de las voces m¨¢s influyentes del Partido Dem¨®crata: ¡°Es como si los pol¨ªticos escogieran a sus votantes, y no al rev¨¦s¡±.

Sucede cada 10 a?os, tras la publicaci¨®n del nuevo censo. Los legisladores estatales dise?an los mapas del voto para las elecciones federales, estatales y locales, y crean formas caprichosas que los benefician porque diluyen la fuerza electoral de sus contrarios. El nombre de gerrymandering se debe a Elbridge Gerry (1744-1814), quinto vicepresidente de Estados Unidos, quien, para favorecer a un amigo, imagin¨® un condado con forma de salamandra (y de ah¨ª la segunda parte del neologismo).

Es una pr¨¢ctica que ejercen ambos partidos, aunque donde gobierna el republicano acostumbra a expresarse de modo m¨¢s extremo. Y suele desencadenar una cascada de impugnaciones en los tribunales que puede retrasar varios a?os la entrada en vigor de los nuevos mapas. Es la salamandra que se muerde la cola: su objetivo es que los que est¨¢n en el poder se perpet¨²en en ¨¦l. Adem¨¢s, desincentiva a sus v¨ªctimas, normalmente minor¨ªas como afroamericanos, latinos o asi¨¢ticos, que pierden el inter¨¦s en la cosa pol¨ªtica al no verse representados. Con esas minor¨ªas se emplean, seg¨²n los expertos, tres t¨¢cticas: diluirlas en una mayor¨ªa de poblaci¨®n blanca (stacking), desgajarlas del distrito en el que estaban (cracking) o empaquetarlos en otros condados en los que sus votos quedan amortizados porque ya se dan por perdidos (packing). ¡°La soluci¨®n al problema est¨¢ clara¡±, explica el analista Ricardo Ram¨ªrez, especializado en derecho al voto, ¡°arrebatar ese proceso de las manos de los pol¨ªticos, separarlo de la ideolog¨ªa y encomendar la tarea a una comisi¨®n independiente¡±. Nueve Estados, como California y Nueva York, ya han tomado ese camino. ¡°Es la ¨²nica salida en un momento como este, en el que hay tanta divisi¨®n, considera Ram¨ªrez.

La financiaci¨®n de las campa?as: dinero sucio

La Comisi¨®n Federal Electoral prohibi¨® en 2008 a Citizens United, entidad conservadora sin ¨¢nimo de lucro, emitir tres anuncios de Hillary, la pel¨ªcula, un filme pagado por ellos y cr¨ªtico con la entonces candidata, porque contraven¨ªa un siglo de restricciones sobre la financiaci¨®n electoral. La cruzada legal por conseguirlo desemboc¨® dos a?os despu¨¦s en una sentencia del Tribunal Supremo que permiti¨® a empresas y otros agentes externos gastar sin l¨ªmite en campa?as electorales. La ¨²ltima manifestaci¨®n de ese cambio en las reglas del juego democr¨¢tico lleg¨® esta semana, cuando se supo que el hombre m¨¢s rico del mundo, Elon Musk, hab¨ªa invertido 75 millones de d¨®lares en intentar devolver a Trump a la Casa Blanca.

Los cinco jueces que votaron a favor del fallo consideraron que la transparencia en las donaciones ser¨ªa suficiente para evitar la corrupci¨®n del sistema. El Supremo no cont¨® con que una parte de ese gigantesco caudal de dinero se canalizar¨ªa a trav¨¦s de unas entidades conocidas como Super PAC, que pueden recibir donaciones de organizaciones opacas financiadas de forma an¨®nima. Esas donaciones se conocen como ¡°dinero oscuro¡± y riegan de fondos a ambos partidos por igual. El gasto en campa?as de empresas y otros grupos externos aument¨® casi un 900% entre 2008 y 2016, y en 2020 alcanz¨® el r¨¦cord de 14.400 millones de d¨®lares, un ciclo en el que esas Super PAC gastaron 3.400 millones de d¨®lares. Casi el 70% de ese dinero lo aportaron solo 100 donantes. En aquella campa?a presidencial, Biden super¨® a Trump en recaudaci¨®n.

Se trata de un problema conectado con la crisis del sistema de partidos, vulnerables y vaciados del contenido que sol¨ªan tener, seg¨²n explica la profesora de Derecho de la Universidad de California en Davis Mary Ziegler, que ha estudiado c¨®mo el movimiento antiabortista inund¨® de fondos a los republicanos hasta que ¡°acab¨® secuestr¨¢ndolo¡±. ¡°Destruyeron su jerarqu¨ªa tradicional¡±, a?ade, y eso allan¨® el camino a ¡°l¨ªderes populistas¡±, siempre que ¡°estos cumplieran con el objetivo de colocar jueces en el Supremo dispuestos a criminalizar el aborto¡±.

Cuando votar es una proeza

En la mayor¨ªa de los pa¨ªses, el Estado incentiva la participaci¨®n en las elecciones. Se suelen celebrar en domingo, los ciudadanos disfrutan de permisos laborales para ir a votar y el censo se elabora de forma autom¨¢tica, sin que sea necesario registrarse. ¡°En Estados Unidos es dif¨ªcil apuntarse, es dif¨ªcil obtener informaci¨®n sobre c¨®mo votar, se vota en un d¨ªa laborable¡­ El derecho a votar no est¨¢ en la Constituci¨®n y durante toda nuestra historia hemos sufrido episodios de gobiernos que lo dificultan¡±, explic¨® Levitsky en una conversaci¨®n reciente. Adem¨¢s, cada Estado regula el acceso a las urnas a su manera: los hay que lo ponen muy f¨¢cil, y los hay que ponen trabas, que afectan principalmente a las minor¨ªas.

La participaci¨®n suele ser baja. En 2020, cuando se batieron r¨¦cords de las ¨²ltimas d¨¦cadas, lleg¨® solo al 67%. Tras esa alta asistencia y en vista de la derrota de Trump, las acusaciones infundadas de fraude electoral desencadenaron una oleada legislativa sin precedentes para dificultar el voto en lugares como Georgia. ¡°Los votantes de m¨¢s de la mitad de los Estados se enfrentar¨¢n a obst¨¢culos para votar que nunca hab¨ªan encontrado en unas elecciones presidenciales¡±, indica el Brennan Center for Justice, referencia en la denuncia de lo que en Estados Unidos se conoce como supresi¨®n del voto, pues es el fin que se atribuye a unas leyes ¡ªen su mayor¨ªa impulsadas por los republicanos¡ª que imponen requisitos que alejan de las urnas de forma desproporcionada a las minor¨ªas ¡ªque suelen votar dem¨®crata¡ª. Desde 2020, al menos 30 Estados han promulgado 78 leyes restrictivas. El congresista dem¨®crata por Ohio Greg Landsman tiene clara la soluci¨®n: ¡°Aprobar la Ley John Lewis de Derechos Electorales¡±, cuyo debate ha sido torpedeado en varias ocasiones en el Capitolio por los republicanos. La ley quiere devolver las cosas a su sitio: las jurisdicciones con un historial de discriminaci¨®n en el voto deben obtener la aprobaci¨®n del Departamento de Justicia o de un tribunal antes de cambiar sus leyes para votar. ¡°Ohio sol¨ªa ser un famoso Estado decisivo¡±, aclara Landsman. ¡°Si dejaran votar a la gente, volver¨ªa a serlo¡±.