Duterte firma una ley antiterrorista que pone en riesgo la libertad de expresi¨®n en Filipinas
El controvertido texto es visto por muchos cr¨ªticos como una argucia legal para perseguir el disenso
No es el primer ataque a los pilares de la democracia m¨¢s antigua del sureste asi¨¢tico. Desde que lleg¨® al poder en 2016, el Gobierno del presidente filipino, Rodrigo Duterte, ha perseguido y encarcelado a opositores y periodistas, especialmente si se mostraban cr¨ªticos con su guerra antidrogas, que ha dejado miles de muertos en los pasados cuatro a?os. Aunque la lista de agresiones al pluralismo es larga, muchos temen que el ¨²ltimo golpe sea el letal: una controvertida y vaga ley antiterrorista que podr¨ªa permitir a las autoridades acusar de terrorismo a detractores del dirigente sin supervisi¨®n judicial.
El texto recibi¨® el apoyo mayoritario del Parlamento a comienzos de junio, tras haber sido respaldado previamente por el Senado ¡ªcon ambas C¨¢maras dominadas por aliados de Duterte¡ª, y este viernes fue firmado por el mandatario. La ley ampl¨ªa los delitos imputables como terrorismo, entre ellos los intentos de da?ar una propiedad gubernamental; poseer o transportar armas; o cualquier acto que ponga en riesgo la seguridad p¨²blica, provisi¨®n que, seg¨²n los opositores de la ley, est¨¢ pensada para silenciar a la disidencia.
Adem¨¢s, la ley extiende el periodo que un sospechoso de terrorismo puede permanecer detenido, sin orden de arresto, de los 3 d¨ªas actuales a 14, con una posible extensi¨®n de otros diez. La normativa, que en principio reemplazar¨¢ a la Ley de Seguridad Humana de 2007, delega en un Consejo Antiterrorista elegido por Duterte y predominantemente formado por generales jubilados el poder de detener a los sospechosos y de emitir las ¨®rdenes de detenci¨®n, y no en los tribunales, en contra de los dictados constitucionales.
¡°Es obvio que la ley no est¨¢ pensada para ir contra terroristas reales¡±, ha denunciado la senadora Leila de Lima, en la c¨¢rcel desde hace tres a?os por aceptar sobornos de narcotraficantes, cargo que niega y considera una excusa para detenerla por sus cr¨ªticas hacia la guerra contra los narc¨®ticos.
Aunque hay c¨¦lulas yihadistas afines al Estado Isl¨¢mico que operan en Filipinas, adem¨¢s de la guerrilla comunista Nuevo Ej¨¦rcito del Pueblo (NEP), considerada tambi¨¦n un grupo terrorista, pol¨ªticos como De Lima consideran que la nueva ley no se centrar¨¢ ¨²nicamente en perseguir a miembros de estos grupos. ¡°Cualquier protesta individual, como podr¨ªa ser criticar no haber recibido ayuda en medio de la pandemia, puede ser considerada incitaci¨®n al terrorismo¡±, ha advertido la senadora.
Un tipo de cr¨ªticas que prolifera actualmente en Filipinas, donde se estima que millones de familias han pasado hambre en uno de los cierres m¨¢s estrictos y largos del planeta por la pandemia de coronavirus. La capital, Manila, comenz¨® la apertura el 1 de junio, tras 78 d¨ªas de estricta cuarentena y pese a que los contagios ¡ªque superan los 30.000 en todo el pa¨ªs, cerca del 65% en dicha metr¨®polis¡ª, no parecen a¨²n controlados. Duterte ha sido cuestionado por minimizar primero el impacto del virus y no atender a los m¨¢s necesitados despu¨¦s, uno de los motivos por los que algunos analistas creen que se habr¨ªa apresurado tambi¨¦n en sacar adelante la ley antiterrorista.
¡°Esta ley antiterrorista debe a?adirse a la larga lista de normativas que pueden ser utilizadas para legitimar los ataques a la disidencia, como las leyes de delitos cibern¨¦ticos o de sedici¨®n, empleadas durante el confinamiento para arrestar a numerosos internautas¡±, denuncia Julius Trajano, analista pol¨ªtico filipino asentado en Singapur. La ley de delitos cibern¨¦ticos tambi¨¦n ha sido empleada contra Mar¨ªa Ressa, fundadora del medio independiente Rappler y una de las periodistas m¨¢s prominentes de Filipinas. Muy cr¨ªtica con la campa?a contra las drogas de Duterte, la reportera podr¨ªa enfrentarse a una pena m¨¢xima de 6 a?os de c¨¢rcel tras haber sido considerada culpable. No es el ¨²nico medio atacado: la licencia de ABS-CBN, el mayor grupo medi¨¢tico del pa¨ªs, expir¨® el pasado mayo, despu¨¦s de numerosos retrasos en el Congreso para renovarla que la cadena considera intencionados. Duterte la acus¨® de publicar ¡°noticias injustas¡±.
Desde que gan¨® las elecciones hace cuatro a?os, el mandatario se ha hecho pr¨¢cticamente con la totalidad del control de los ¨®rganos ejecutivo, legislativo y judicial de Filipinas, convirti¨¦ndose en el presidente m¨¢s poderoso desde el dictador Ferdinand Marcos, que aplic¨® la ley marcial durante ocho de sus m¨¢s de veinte a?os de mandato (1965-1986). Una medida que es anatema en Filipinas desde la ca¨ªda de Marcos, pero que tanto Duterte como otros miembros de su administraci¨®n contemplaron reinstaurar, medio en serio medio en broma, para controlar el confinamiento, criticado por la ONU como ¡°altamente militarizado¡±.
El organismo internacional ha elevado ¨²ltimamente los reproches contra el Gobierno filipino. Apenas un d¨ªa despu¨¦s de que el Parlamento aprobara la ley antiterrorista el 3 de junio, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos public¨® un informe en el que se refiere a los ¡°asesinatos extrajudiciales¡± de al menos 8.633 personas ¡ª27.000 seg¨²n Amnist¨ªa Internacional¡ª en el marco de la campa?a antidrogas. El documento tambi¨¦n resalta la ¡°demonizaci¨®n de la disidencia¡±, citando la muerte de al menos 248 activistas, periodistas, abogados y miembros de sindicatos desde 2016.
Unas acusaciones que Duterte, que sac¨® a su pa¨ªs de la Corte Penal Internacional de La Haya en 2019, tild¨® de ¡°refrito de quejas¡± mientras se apresuraba a renovar sus soflamas contra los narcotraficantes tras requisarse un alijo con cerca de 800 kilogramos de metanfetaminas. ¡°Si destrozas mi pa¨ªs distribuyendo droga¡ Te matar¨¦¡±, amenaz¨®, un d¨ªa despu¨¦s de que se publicara el informe de la ONU.
Lejos de amedrentarse ante las cr¨ªticas, el mandatario parece dispuesto a redoblar su apuesta para aplacarlas. ¡°Duterte ha mostrado un absoluto desprecio por los ideales democr¨¢ticos desde antes de convertirse en presidente¡±, afirma Shamini Darshni Kaliemuthu, director del grupo de defensa de derechos humanos Forum-Asia. ¡°Sus tendencias autocr¨¢ticas ¡ªa?ade¡ª han creado una cultura donde las violaciones de derechos humanos ocurren sin que nadie responda por ellas¡±.
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