Bruselas prepara nueva munici¨®n contra Hungr¨ªa y Polonia

Bruselas quiere poner sobre la mesa nueva munici¨®n contra los pa¨ªses del Este. Cansada ya del agrio tira y afloja con Polonia y Hungr¨ªa, que amenazan con dinamitar valores centrales de la UE como la independencia judicial y el respeto al colectivo LGTBI, la Comisi¨®n Europea est¨¢ lista para lanzar antes de final de octubre el llamado mecanismo de condicionalidad, una herramienta creada para asegurarse de que ni un euro de los hist¨®ricos fondos de recuperaci¨®n acabe en manos de quienes incumplen el Estado de derecho. El mecanismo se encontraba en un limbo, a la espera de un pronunciamiento del tribunal europeo. Pero el Ejecutivo comunitario est¨¢ dispuesto a acelerar el paso. ¡°La herramienta est¨¢ demasiado madura como para no ponerla en marcha¡±, ha asegurado la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario Vera Jourov¨¢ a un reducido grupo de medios, entre ellos EL PA?S.

La medida, que naci¨® como una salvaguarda para el presupuesto europeo y el multimillonario programa Next Generation pactado el a?o pasado para aliviar la crisis provocada por la pandemia de covid-19, tendr¨¢ en la mirilla a Varsovia y Budapest, antagonistas de una larga y tensa batalla con el Ejecutivo comunitario por la deriva iliberal de sus Gobiernos.

Su creaci¨®n fue uno de los grandes debates del pasado oto?o bruselense: una inc¨®moda china en el zapato que a punto estuvo de llevarse por delante los fondos de recuperaci¨®n. Cost¨® sangre, sudor y mucha reuni¨®n virtual, presencial y mixta sacarlo adelante. Se acab¨® adoptando una definici¨®n laxa que persigue la vulneraci¨®n del Estado de derecho cuando esta ¡°afecta o amenaza con afectar gravemente la buena gesti¨®n financiera del presupuesto de la Uni¨®n o la protecci¨®n de los intereses financieros de la Uni¨®n¡±. Entr¨® en vigor este a?o, pero su aplicaci¨®n qued¨® en el aire cuando sus potenciales afectados ¨Csorpresa: Hungr¨ªa y Polonia¨C desafiaron su legalidad por entender que interfer¨ªa en competencias internas de los Estados miembros. Lo recurrieron en marzo ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

A¨²n no se ha celebrado la vista en Luxemburgo ¨Cprevista para los d¨ªas 11 y 12 de octubre¨C y el fallo no est¨¢ ni se le espera hasta dentro de varios meses. Pero el Parlamento Europeo, que ha enarbolado la bandera de la defensa del Estado de derecho, ha ido elevando en los ¨²ltimos tiempos la presi¨®n sobre el Ejecutivo del bloque comunitario para obligarle a que act¨²e de inmediato.

En julio, la Euroc¨¢mara reclam¨® a la Comisi¨®n ¡°que investigue r¨¢pidamente¡± cualquier posible infracci¨®n de los principios del Estado de Derecho ¡°que afecte o corra el grave riesgo de afectar a la buena gesti¨®n financiera del presupuesto de la Uni¨®n¡±, se?alando que ¡°la situaci¨®n en algunos Estados miembros ya justifica una acci¨®n inmediata¡±. Los eurodiputados exigieron al Ejecutivo de Ursula von der Leyen que reportara los primeros casos bajo investigaci¨®n antes del final de octubre, y amenaz¨® a Bruselas con llevar su inacci¨®n a los tribunales europeos.

La presidenta de la Comisi¨®n es quien tendr¨¢ la ¨²ltima palabra, pero algunos de los casos ya est¨¢n bajo la lupa de la Oficina Antifraude de la UE, y Bruselas pretende dar el primer paso para activar el procedimiento en apenas tres semanas, indican fuentes del Ejecutivo. Von der Leyen no parece dispuesta a acabar acorralada por la Euroc¨¢mara y enfrentada un caso ante la Corte europea en Luxemburgo por no haber actuado con fuerza y decisi¨®n para combatir los ca?onazos de tintes antidemocr¨¢ticos que llegan desde Hungr¨ªa y Polonia. A partir de ah¨ª comenzar¨¢ un tira y afloja que arrancar¨¢ con la notificaci¨®n de las infracciones a las capitales afectadas.

La comisaria Vera Jourov¨¢, una de las voces m¨¢s activas del colegio de comisarios frente a la deriva autoritaria de algunos socios comunitarios, cree que con esta nueva bala Bruselas cuenta ya con un men¨² bastante completo para enfrentarse a unos pa¨ªses que ponen en jaque la autonom¨ªa de los jueces, someti¨¦ndolos a un estricto control disciplinario, permiten la creaci¨®n de las llamadas zonas anti-LGTBI o arman un frente ideol¨®gico para privar a los ni?os del acceso a las cuestiones m¨¢s elementales de la educaci¨®n de g¨¦nero. ¡°Se trata de proteger el dinero europeo¡±, a?ade la comisaria checa.

Para desplegar sus efectos, y cerrar el grifo de los presupuestos comunitarios, los casos que presente Bruselas deber¨¢n superar una votaci¨®n en el Consejo, el ¨®rgano donde se sientan los 27 pa¨ªses y en el que tradicionalmente se ha atascado cualquier tir¨®n de orejas a Polonia y Hungr¨ªa a cuenta de los valores de la UE. Hasta ahora, la Uni¨®n hab¨ªa abierto expedientes a ambos pa¨ªses a trav¨¦s del art¨ªculo 7 del Tratado de la UE, por violar los valores fundamentales, pero nunca han llegado a cuajar porque se nunca han llegado a cuajar porque se requieren mayor¨ªas muy elevadas (cuatro quintas partes del Consejo) o la unanimidad ¨Cy entre los amigos se?alados y acorralados siempre se acaban protegiendo¨C.

En cambio, el mecanismo de condicionalidad solo necesita una mayor¨ªa cualificada para su aprobaci¨®n. Fuentes del Ejecutivo estiman que, de lanzarse en octubre, los casos podr¨ªan llegar a una votaci¨®n del Consejo hacia la segunda mitad del 2022. Pero ya solo su activaci¨®n por parte de la Comisi¨®n podr¨ªa hacer da?o, por ejemplo, al Gobierno de Viktor Orb¨¢n, que se enfrenta a unas elecciones previstas para la primavera de 2022.

Arsenal contra Polonia

El argumento econ¨®mico, cree Bruselas, puede acabar por mostrar el camino a Budapest y Varsovia. Sobre todo si se multiplican los frentes. El Ejecutivo comunitario cuenta, adem¨¢s, con los multimillonarios planes de recuperaci¨®n como palanca. Polonia y Hungr¨ªa son de los pocos pa¨ªses cuyos fondos anticrisis a¨²n no han recibido luz verde (tampoco los de Suecia, Finlandia y Estonia; ni los de Bulgaria y Pa¨ªses Bajos, que a¨²n no los han presentado formalmente).

La negociaci¨®n con Polonia, que aspira a recibir una jugosa cifra de 36.000 millones de euros, se encuentra algo m¨¢s encarrilada, detallan fuentes del Ejecutivo comunitario, que estiman que el fondo se podr¨ªa desbloquear en noviembre. La Comisi¨®n pretende pactar un plan con hitos que el Gobierno de Mateusz Morawiecki, de la formaci¨®n ultraconservadora Ley y Justicia (PiS), deber¨¢ cumplir para recibir los desembolsos.

Bruselas pretende exigir entre estos pasos que Varsovia desmonte la Sala Disciplinaria del Tribunal Supremo polaco, un ¨®rgano todopoderoso que puede llegar a sancionar a jueces que apliquen la primac¨ªa del derecho europeo o eleven cuestiones prejudiciales ante el TJUE. Aunque el Gobierno del PiS se comprometi¨® en agosto a reformarlo, a¨²n no ha tomado medidas concretas.

A principios de septiembre, la Comisi¨®n dio inicio a dos procedimientos con el fin de imponer multas millonarias a Polonia si no da marcha atr¨¢s a esta y otras medidas de su sistema judicial, que Bruselas considera una grave amenaza para la independencia de los jueces. Polonia, a su vez, desaf¨ªa a la UE con una decisi¨®n a¨²n pendiente de su Tribunal Constitucional, que podr¨ªa llegar a cuestionar uno de los pilares b¨¢sicos del bloque comunitario: la primac¨ªa del derecho de la UE sobre el nacional.

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