La mitad de los Estados mexicanos son incapaces de rastrear las armas traficadas desde EE UU
El Gobierno federal ha lanzado una ofensiva contra el tr¨¢fico de armas desde Estados Unidos, pero de las 200.000 que ingresan ilegalmente al a?o, solo al 15% se les da seguimiento
La mitad de los Estados de M¨¦xico no saben de d¨®nde salieron las armas que son utilizadas para cometer cr¨ªmenes dentro de su territorio y que son traficadas desde Estados Unidos. Peor todav¨ªa no contribuyen a las investigaciones que se realizan para encontrar a los traficantes de este armamento. En esa lista est¨¢n las entidades m¨¢s peligrosas del pa¨ªs, con los m¨¢s altos ¨ªndices de homicidios, donde m¨¢s se utilizan armas de fuego. De acuerdo con los datos de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en ingl¨¦s) de Estados Unidos a los que ha tenido acceso EL PA?S, las fiscal¨ªas del Estado de M¨¦xico, Michoac¨¢n, Sonora, Guerrero, Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Ciudad de M¨¦xico, San Luis Potos¨ª, Quintana Roo, Tlaxcala, Hidalgo y Campeche no tienen acceso al sistema de rastreo de la agencia, llamado eTrace, y que es clave para comenzar a identificar a los responsables del contrabando.
Mientras el Gobierno del presidente Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador ha lanzado una ofensiva contra el tr¨¢fico de armas desde Estados Unidos, estas entidades, la mayor¨ªa gobernadas por pol¨ªticos emanados de Morena, no han llegado a acuerdos con esta agencia estadounidense, propietaria del sistema de rastreo y an¨¢lisis de armas de fuego. El eTrace es la ¨²nica herramienta en ambos pa¨ªses para ubicar el origen de las armas que entran ilegalmente a al pa¨ªs, ya que en M¨¦xico no existe una base de datos nacional que re¨²na toda la informaci¨®n sobre armas ligadas a la comisi¨®n de delitos. Seg¨²n lo estimado por las autoridades mexicanas las armas traficadas desde territorio estadounidense alcanzan las 200.000 al a?o.
Para poder solicitar rastreos v¨ªa eTrace y con ello contribuir en las investigaciones que se llevan a cabo para cortar las redes de tr¨¢fico de armas, las fiscal¨ªas deben, primero, acreditar su equipo y laboratorios ante la Oficina Internacional de Asuntos Antinarc¨®ticos y Procuraci¨®n de Justicia de Estados Unidos (INL, por sus siglas en ingl¨¦s) y entrenar a sus oficiales para que puedan tener cuentas personales para ingresar al sistema. Los Estados mexicanos que a¨²n no pueden acceder a eTrace no cuentan con lo necesario para poder investigar el origen de las armas que aseguran o, en algunas ocasiones, no est¨¢n interesados en colaborar con ATF, de acuerdo con fuentes consultadas.
Apenas la semana pasada, luego de que legisladores de Estados Unidos criticaran las acciones del Gobierno mexicano para combatir el tr¨¢fico de fentanilo desde M¨¦xico hacia su pa¨ªs, el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, condicion¨® la ayuda para detener la droga sint¨¦tica a que Estados Unidos emprenda m¨¢s acciones para frenar el contrabando de armas.
La Fiscal¨ªa General de la Rep¨²blica (FGR) ha reconocido que eTrace es la ¨²nica manera en que se puede descubrir el origen de las armas, ya que M¨¦xico no posee ninguna plataforma ni registro de ese estilo. As¨ª lo expres¨® en una respuesta a una solicitud de informaci¨®n, a trav¨¦s de la plataforma de transparencia de M¨¦xico, sobre las armas incautadas y rastreadas en el pa¨ªs. En palabras de la FGR, eTrace ¡°es un sistema electr¨®nico para solicitar el rastreo de armas de fuego exclusivamente para la determinaci¨®n de temas en materia de procuraci¨®n de justicia con la finalidad de combatir el tr¨¢fico ilegal de armas de fuego¡±.
A nivel federal, la ATF y la FGR colaboran desde 2008, cuando dentro de la Iniciativa M¨¦rida, Estados Unidos y M¨¦xico firmaron el memor¨¢ndum de entendimiento para el uso de eTrace. Ese a?o, se rastrearon 7.500 armas. De acuerdo con cifras de ATF, el a?o 2022 cerr¨® con 30.000 rastreos hechos por M¨¦xico, de los cuales, 25.512 fueron solicitados por la FGR y el resto por 12 Estados que hasta entonces ten¨ªan la acreditaci¨®n de INL y el acceso a eTrace. Sin embargo, los rastreos anuales representan apenas el 15% de las armas que entran ilegalmente desde Estados Unidos.
La FGR tiene, en total, 163 agentes con cuentas en el eTrace, incluidas las que tienen agentes del Centro de An¨¢lisis e Informaci¨®n para el Combate a la Delincuencia (CENAPI). Las fiscal¨ªas estatales que han logrado certificarse suman 141 cuentas. El Estado que m¨¢s usuarios tiene es Guanajuato con 27, le sigue Chihuahua con 20, Nuevo Le¨®n con 18 y Baja California con 14.
Entre los Estados que todav¨ªa no tienen la capacidad de usar el sistema estadounidense destacan Sonora, Estado de M¨¦xico y Guerrero. Sonora, el Estado gobernado por el exsecretario de Seguridad P¨²blica a nivel federal Alfonso Durazo, es la ¨²nica entidad de la frontera de M¨¦xico con Estados Unidos que no tiene acceso al eTrace. Adem¨¢s, tres de sus ciudades que comparten frontera con Estados Unidos (Agua Prieta, Nogales y Querobabi) son identificadas por el Gobierno mexicano como unos de los principales cruces de armas ilegales de mayor dinamismo, de acuerdo con un art¨ªculo escrito por Fabi¨¢n Medina, entonces jefe de oficina del secretario de Relaciones Exteriores, publicado en el n¨²mero especial 2020 de la Revista Mexicana de Pol¨ªtica Exterior, editada por el Instituto Mat¨ªas Romero, que depende de la Canciller¨ªa mexicana.
El Estado de M¨¦xico, encabezado por el priista Alfredo del Mazo y que ocupa el tercer lugar en la lista de los Estados con m¨¢s homicidios en 2022, es la ¨²nica entidad de las gobernadas por partidos de oposici¨®n a Morena, el partido mayoritario, que no colabora con las agencias estadounidenses para el rastreo de armas. Por otro lado, adem¨¢s de ser el octavo Estado con m¨¢s homicidios en el pa¨ªs es la segunda entidad con mayor n¨²mero de detenidos por tr¨¢fico de armas, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad P¨²blica de 2019. Otros de los 15 Estados que registraron m¨¢s homicidios el a?o pasado y no tienen acceso al eTrace son Michoac¨¢n, Morelos, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
Ciudad de M¨¦xico tambi¨¦n sobresale en la lista. Adem¨¢s de ser la capital del pa¨ªs, es uno de los principales Estados donde m¨¢s delitos contra la Ley de Armas de Fuego y Explosivos, que regula la posesi¨®n de estos artefactos. Hace dos a?os, el secretario de Seguridad de la ciudad, Omar Garc¨ªa Harfuch, fue atacado con un arsenal de armas que sorprendi¨® por su poder y por haberse llevado a cabo en una de las principales avenidas, a la altura de la colonia m¨¢s lujosa de la capital. Quintana Roo, por su parte, y particularmente el Aeropuerto Internacional de Canc¨²n, es la puerta de entrada del tr¨¢fico de armas del sur del pa¨ªs, seg¨²n lo informado en el ¨²ltimo reporte sobre tr¨¢fico de armas del Centro de Estudios Sociales y Opini¨®n P¨²blica de la C¨¢mara de Diputados.
La utilidad del rastreo de armas y la importancia del ¡®time-to-crime¡¯
La l¨®gica detr¨¢s del rastreo de armas a trav¨¦s del sistema eTrace es simple: entre m¨¢s rastreos, m¨¢s probabilidades de encontrar organizaciones criminales que se dediquen al contrabando de armas desde Estados Unidos a M¨¦xico.
Expertos en el rastreo de la agencia ATF han explicado a EL PA?S c¨®mo funciona la b¨²squeda de estos artefactos: Primero, un arma es recuperada en M¨¦xico. Segundo: la informaci¨®n como la matr¨ªcula y la marca es ingresada al sistema eTrace. Dependiendo de la prioridad se hace un rastreo urgente, (se utiliza cuando las armas se usaron en un ataque, por ejemplo) que arroja los resultados en 24 horas, o una b¨²squeda regular (cuando el arma es asegurada en un operativo sin violencia), que tarda entre 5 a 10 d¨ªas.
Tercero: los resultados del rastreo detallan d¨®nde se produjo el arma, a qu¨¦ lugar se distribuy¨®, a qu¨¦ persona se vendi¨®. El sistema indica lo que los investigadores estadounidenses llaman time-to-crime, es decir, el tiempo que pas¨® desde que el arma fue comprada hasta el d¨ªa en que fue utilizada en un delito. Este lapso es importante porque si transcurri¨® un a?o o menos, es un indicador de que el arma se compr¨® para ser traficada, y esto para la ATF es una pista que puede llevar hasta una organizaci¨®n criminal dedicada al contrabando de armas desde Estados Unidos hacia M¨¦xico. En estos casos, sabiendo qui¨¦n compr¨® el arma, los agentes proceden a cuestionarlo para saber c¨®mo lleg¨® a M¨¦xico.
Para que sea m¨¢s dif¨ªcil de rastrear, el tr¨¢fico de armas es facilitado por comerciantes no autorizados o prestanombres. De acuerdo con cifras oficiales del Gobierno estadounidense, solo un 5% de los distribuidores autorizados son responsables de haber vendido las armas de fuego ingresadas ilegalmente a M¨¦xico. El resto llega despu¨¦s de haberse comprado por revendedores o productores minoristas, que no cuentan con antecedentes penales, se prestan para adquirir las armas en nombre de los carteles y llevan a cabo un tr¨¢fico ¡°hormiga¡± principalmente de armas cortas. La otra fuente son las ferias de armas, las cuales son aprovechadas por las organizaciones criminales transnacionales para adquirir grandes lotes de armas, sin que se lleve a cabo la verificaci¨®n de antecedentes penales ni l¨ªmites de compra, de acuerdo con reportes de la Canciller¨ªa mexicana.
La semana pasada, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firm¨® una orden ejecutiva para endurecer los requisitos para hacer m¨¢s estricta la compra y la venta de armas en ese pa¨ªs. La acci¨®n se suma a otras emprendidas por su Gobierno con el mismo objetivo, como el incremento de la pena por traficar armas hacia M¨¦xico. A partir de 2022, las autoridades estadounidenses implementaron como castigo de 5 a 20 a?os de prisi¨®n, antes sal¨ªan libres pagando fianza o con solo un a?o de c¨¢rcel. Por su parte, M¨¦xico ha presentado dos demandas contra los principales fabricantes de armas en Estados Unidos, con el argumento de que al producir estos artefactos facilitan su contrabando. Despu¨¦s de que fuera desechada la primera demanda en septiembre del a?o pasado, el Gobierno mexicano ha presentado una apelaci¨®n el pasado 15 de marzo. La segunda demanda interpuesta en Arizona fue presentada en octubre de 2022.
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