La Suprema Corte ordena aplazar los amparos sobre prisi¨®n preventiva oficiosa en plena batalla por la reforma judicial

En una sesi¨®n privada, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Naci¨®n (SCJN) han aprobado aplazar los juicios de amparo que tratan sobre la prisi¨®n preventiva oficiosa hasta que el alto tribunal resuelva los proyectos que tiene pendientes desde hace meses. La decisi¨®n, que la ha dado a conocer la ministra Lenia Batres, llega en un momento de m¨¢xima tensi¨®n entre la Corte y el Gobierno, con la espada de una reforma sobre la cabeza del poder judicial federal. El Supremo est¨¢ tratando de negociar contrarreloj con el Ejecutivo los alcances de la iniciativa presidencial, que pretende destituir de un plumazo a 1.600 juzgadores federales, entre ellos a los 11 ministros de la Corte. La prisi¨®n preventiva oficiosa ha sido descrita por Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador como un pilar de su estrategia de seguridad, y ahora, por primera vez, la SCJN ordena a los tribunales colegiados esperar hasta que el pleno de la Corte resuelva sobre esta pol¨¦mica medida.

La prisi¨®n preventiva oficiosa se ha convertido desde hace meses en un arma arrojadiza entre el Gobierno y la Corte. Esta figura, que est¨¢ recogida en el art¨ªculo 19 de la Constituci¨®n y permite enviar de forma autom¨¢tica a la c¨¢rcel a los acusados en una serie de delitos ¡ªque van desde el feminicidio o el secuestro hasta el robo dentro de una vivienda¡ª, ha sido defendida con u?as y dientes por el gabinete de Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador. El Ejecutivo la considera fundamental para contener la crisis de inseguridad en la que est¨¢ sumido el pa¨ªs, con m¨¢s de 30.000 homicidios al a?o.

Sin embargo, hace m¨¢s de un a?o que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) sancion¨® a M¨¦xico por ella, por el caso de Daniel Garc¨ªa y Reyes Alp¨ªzar, los dos hombres que estuvieron 17 a?os y medio en prisi¨®n sin una sentencia. Para evitar que su caso se repitiera, el tribunal internacional orden¨® al pa¨ªs eliminarla y ¡°adecuar su ordenamiento jur¨ªdico, incluyendo sus disposiciones constitucionales, para que sea compatible con la Convenci¨®n Americana¡±. Ni el Congreso ¡ªque tiene la facultad legislativa¡ª ni la Suprema Corte ¡ªque est¨¢ interpelada en la sentencia internacional¡ª lo han hecho en estos 15 meses.

La SCJN tiene pendientes tres proyectos. El principal es el del ministro Jorge Pardo, el expediente 3/2023, que nace directamente para tratar de dar respuesta jur¨ªdica a la sentencia de la Corte Interamericana. Es el m¨¢s ambicioso de todos, porque supone inaplicar el art¨ªculo 19 de la Constituci¨®n para dejar sin vigencia a la prisi¨®n preventiva oficiosa. Necesita solo de seis de los 11 votos del pleno para salir adelante. Este fue la diana de los ataques del Ejecutivo. ¡°Yo espero que la Suprema Corte recapacite, entre en raz¨®n y que no aprueben ese cambio porque va a significar impunidad, aunque lo que hemos visto ¨²ltimamente es lamentablemente muy aleccionador de lo c¨ªnico, de lo descarado, que est¨¢n actuando jueces y magistrados y ministros¡±, dijo L¨®pez Obrador en mayo. Ante la ofensiva, la Corte decidi¨® aplazar la decisi¨®n hasta despu¨¦s de las elecciones.

El triunfo arrollador del 2 de junio de Morena, que le da la mayor¨ªa suficiente para hacer cambios constitucionales, cambi¨® el tablero del juego. La reforma judicial propuesta por el presidente se convirti¨® en un hecho inevitable y la casa del poder judicial federal entr¨® en estado de emergencia. Despu¨¦s del shock, la presidenta de la SCJN, Norma Pi?a, y algunos de los ministros empezaron a buscar di¨¢logo con el Gobierno para tratar de atenuar puntos de la reforma, en especial, los que tienen que ver con la consulta popular de 1.600 jueces, magistrados y ministros. En esa maniobra de negociaci¨®n, se incluy¨® la participaci¨®n de los ministros en los di¨¢logos organizados por el Congreso, donde pidieron una implementaci¨®n paulatina de la reforma. Al d¨ªa siguiente, L¨®pez Obrador lo acept¨®.

En esta nueva fase de acercamiento se enmarca la decisi¨®n que se tom¨® el lunes en la Corte a puerta cerrada. Todo parte de un amparo desde Puebla. El 18 de abril de 2023, M. H. B. quien estaba en prisi¨®n preventiva oficiosa desde marzo de ese a?o en el CERESO de San Miguel, en Puebla, acusada del delito de trata de personas, reclama la medida cautelar porque vulnera sus derechos. Esta mujer presenta ese amparo unos d¨ªas despu¨¦s de que la Corte Interamericana hubiera ordenado a M¨¦xico eliminar la prisi¨®n preventiva oficiosa. Sin embargo, un juez de distrito se lo niega. Ella interpone un recurso de revisi¨®n en junio que llega al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito con el nu?mero 198/2023.

Es este tribunal colegiado el que en septiembre solicita a la Suprema Corte que atraiga el caso. Esa solicitud llega al ministro Jorge Pardo. El 28 de febrero, la primera sala del Supremo decide no atraer el caso ¡°al existir diversos asuntos relacionados con la prisio?n preventiva oficiosa¡±: el ya mencionado expediente 3/2023, el amparo en revisi¨®n 284/2022, del ministro Alfredo Guti¨¦rrez Ortiz Mena, y una acci¨®n de inconstitucionalidad 49/2021, presentada por la ministra Margarita R¨ªos Farjat. As¨ª en abril, se devuelve el asunto al tribunal colegiado.

El 9 de mayo, por mayori?a de los magistrados de este tribunal, se solicita a la Corte ahora que aplace la resoluci¨®n del amparo, ¡°asi? como todos aquellos que guarden similitud, hasta en tanto se resuelva sobre la convencionalidad de la prisio?n preventiva oficiosa¡±. En otras palabras, el tribunal aduce que no puede pronunciarse sobre el amparo de M. H. B. hasta que la Suprema Corte resuelva sus proyectos y emita el criterio que va a imperar sobre la prisi¨®n preventiva oficiosa.

El asunto estaba, hasta este lunes, guardado en un caj¨®n. ¡°La convencionalidad de la prisio?n preventiva oficiosa es un tema pendiente por resolver por esta SCJN¡±, se lee en el posicionamiento sobre este asunto, el segundo en el orden del d¨ªa, al que ha tenido acceso EL PA?S. Entre los motivos para conceder el aplazamiento a los magistrados, se establece que si se obliga a un tribunal colegiado a resolver ese amparo se le estar¨ªa ¡°delegando¡± resolver si la prisi¨®n preventiva oficiosa ¡°vulnera derechos fundamentales contenidos en la Convencio?n Americana¡±.

Por eso, el pleno de forma privada ha decidido ¡°ordenar la suspensi¨®n de la tramitaci¨®n de todos los amparos pendientes de resoluci¨®n en cualquier tribunal colegiado del pa¨ªs, cuyo tema de fondo sea la validez de la prisi¨®n preventiva¡±, ha dado a conocer la ministra Lenia Batres, el alfil del Gobierno de L¨®pez Obrador en la Corte, quien ha celebrado la ¡°buena decisi¨®n ante las circunstancias actuales¡±. Ha a?adido: ¡°Es una medida precautoria, para evitar que cualquier instancia jurisdiccional emita fallos que resulten contradictorios con el criterio general que fijar¨¢ la SCJN¡±.

En M¨¦xico hay 68.000 personas en prisi¨®n preventiva oficiosa, seg¨²n datos del Gobierno. Muchos de ellos, despu¨¦s de estar encerrados durante a?os esperando una sentencia, salen absueltos. La figura, que es una anomal¨ªa en el resto de Latinoam¨¦rica, ¡°es contraria las garant¨ªas internacionales¡±, seg¨²n la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), que la considera un encarcelamiento por adelantado. Adem¨¢s, el pa¨ªs cuenta con dos prisiones preventivas, la justificada ¡ªque tambi¨¦n implica que el acusado siga su proceso judicial en la c¨¢rcel, pero porque un juez considera que existe riesgo de fuga o de da?ar a la v¨ªctima¡ª y la oficiosa, que es la que se aplica de forma autom¨¢tica. El tribunal internacional solo exige modificar esta ¨²ltima.

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