J¨®venes sin vivienda

Acceder a una vivienda digna en Espa?a se est¨¢ volviendo cada vez m¨¢s complicado, seg¨²n un arsenal de datos estad¨ªsticos procedentes del Gobierno, del Banco de Espa?a, del sector inmobiliario y hasta de los agentes sociales. Contrariamente a lo que suced¨ªa en los a?os de la burbuja inmobiliaria, los problemas se concentran hoy en las ciudades m¨¢s grandes y en las zonas tur¨ªsticas m¨¢s estresadas, tanto en la compra como en el alquiler, con una subida de precios sostenida durante los ¨²ltimos a?os y especialmente acusada en Madrid, Barcelona, M¨¢laga, Valencia, y en algunas zonas de Baleares y Canarias: ese incremento, unido a la falta de vivienda social, hace que la proporci¨®n de personas que realizan un sobreesfuerzo para pagar el alquiler haya aumentado significativamente y alcance ya una de las tasas m¨¢s elevadas de Europa. Reducir esa dificultad es crucial para mejorar las tasas de natalidad, favorecer la capacidad de consumo y ahorro de los hogares, y evitar, por esta v¨ªa, un incremento de la desigualdad. El sobrecalentamiento de los precios inmobiliarios implica una dificultad creciente de los j¨®venes para acceder a una vivienda, a la que se suma una de las tasas de paro m¨¢s elevadas del Atl¨¢ntico Norte y una de las tasas de precariedad m¨¢s altas de Europa.

Con esos mimbres, no es extra?o que la vivienda haya sido el principal escollo para el acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos sobre el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, esencial para pacificar lo que resta de legislatura. El paquete anunciado conjuga medidas populares, como el bono para el alquiler, con instrumentos de m¨¢s calado, como los incentivos para sacar viviendas vac¨ªas al mercado y para aumentar el parque de vivienda social. Hay que subrayar el acuerdo pol¨ªtico alcanzado, aunque en el debe cabe destacar que falta hoy concreci¨®n en las principales propuestas.

La vivienda es una prioridad pol¨ªtica para los dos socios del Gobierno. Los habituales trompetistas del apocalipsis afirman que esas medidas pueden ahuyentar a potenciales inversores y que distorsionan el sacrosanto juego de la oferta y la demanda. El mercado, sin embargo, no parece que haya funcionado especialmente bien en los ¨²ltimos tiempos, y no solo por una estructura de incentivos que llev¨® hace 15 a?os a la burbuja inmobiliaria. En Alemania y en varios pa¨ªses europeos hemos visto propuestas en la l¨ªnea de lo que plantea el Ejecutivo de Pedro S¨¢nchez.

En el acuerdo hay algunos elementos cuestionables, como la previsi¨®n de rebajas de los alquileres de los denominados grandes propietarios, pero no por tratarse de un ataque a la propiedad privada, sino porque sus efectos ser¨¢n m¨¢s simb¨®licos que reales. Los grandes propietarios controlan menos del 15% del stock de viviendas, y la aplicaci¨®n de la rebaja depender¨¢ de ayuntamientos y comunidades aut¨®nomas en las ¨¢reas tensionadas: es previsible que su aplicaci¨®n sea muy limitada, en particular tras anunciar Pablo Casado la insumisi¨®n del PP y sus comunidades a la aplicaci¨®n de una ley estatal.

Menos discutible es la utilizaci¨®n de instrumentos fiscales, como la desgravaci¨®n, para fomentar el mantenimiento de las rentas, aunque tambi¨¦n en este caso habr¨¢ que esperar a la redacci¨®n final de la ley para descartar que suceda algo parecido a lo que pas¨® con las desgravaciones fiscales de hace dos d¨¦cadas, que iban directamente al bolsillo de los vendedores y arrendadores. El anunciado ¡°bono joven¡± deber¨ªa articularse evitando las deficiencias que lastraron una medida similar impulsada en 2008, y es quiz¨¢ la medida m¨¢s popular, pero la sustancia de la nueva regulaci¨®n est¨¢ en otra parte: la acci¨®n combinada del fomento decidido de la vivienda social orientada hacia los j¨®venes (con la necesaria contribuci¨®n de todas las administraciones). Los detalles de la ley dar¨¢n la medida de su ambici¨®n y de su utilidad para atajar el problema.