Salarios p¨²blicos e inflaci¨®n

El Gobierno propone subir los sueldos de la funci¨®n p¨²blica hasta un 3,5% este a?o, un 2,5% en 2023 y un 2% en 2024, en lo que parece un punto de partida realista para abrir una negociaci¨®n que se mueva dentro de m¨¢rgenes asumibles. La reacci¨®n del Ejecutivo llega tras una manifestaci¨®n sindical de empleados p¨²blicos, ante la proximidad de la reuni¨®n de la mesa de negociaci¨®n de la funci¨®n p¨²blica y apenas horas antes de que los sindicatos anuncien el calendario de movilizaciones previsto para este oto?o. Tambi¨¦n la inminente elaboraci¨®n de los presupuestos hace inexcusable que el Gobierno acuerde con los sindicatos el modo de combatir el mordisco de la inflaci¨®n para los funcionarios y para todos los trabajadores.

La propuesta de incremento del Gobierno corresponde a un rango sensato que combina exigencias l¨®gicas, no siempre coincidentes. Por un lado, supone una recuperaci¨®n tangible, aunque parcial, del poder adquisitivo que se perder¨¢ el a?o pr¨®ximo a causa de la inflaci¨®n, previsiblemente inferior a la del actual ejercicio (pero a¨²n muy abultada). Por otra parte, y al situarse por debajo de la subida de los precios, suavizar¨ªa un efecto de segunda ronda, es decir, una espiral creciente en la que cada uno repercute todos los gastos que le aumentan, de forma que al final la bola de nieve inflacionaria se retroalimenta.

La l¨®gica impl¨ªcita en la oferta del Gobierno pasa por cerrar un acuerdo a varios a?os para repartir el coste de la inflaci¨®n. De esta forma, como sucede muchas veces en la UE, los sacrificios de hoy podr¨ªan verse compensados a medio plazo, en un enfoque que las centrales sindicales estaban dispuestas a asumir en los primeros compases de la interrumpida concertaci¨®n social.

Precisamente, otro efecto positivo de este aumento salarial a varios a?os afecta al pacto de rentas, que qued¨® paralizado ya antes del verano no exactamente por el lado sindical, sino, sobre todo, por la negativa de la patronal a seguir la negociaci¨®n. La CEOE alega que no quiere interferir en las discusiones de los convenios, cuando la realidad es que estos se llevan negociando desde hace meses y la patronal se dec¨ªa entonces dispuesta al pacto global. Los empresarios han venido rechazando la demanda sindical de obtener compensaciones autom¨¢ticas en el futuro para asumir el sacrificio actual de la contenci¨®n salarial.

Habr¨¢ que ver si la f¨®rmula que el Gobierno propone para los funcionarios persuade a los empresarios de que existen pautas para el acuerdo, y que estas pueden ser ¨²tiles tanto para la empresa privada como para el sector p¨²blico. La pelota est¨¢ ahora en su tejado. Una nueva negativa sin justificaci¨®n s¨®lida evidenciar¨ªa la flaqueza de su voluntad de pacto, sin excluir que esa actuaci¨®n respondiese a la presi¨®n rupturista que ejerce el primer partido de la oposici¨®n.

Quienes boicotean el pacto de rentas (mientras lo alaban de forma ret¨®rica) deber¨ªan explicar que antes exigieron a la Administraci¨®n que diese ejemplo de la misma conducta comprometi¨¦ndose en los aumentos salariales para sus empleados. Esta excusa ha quedado obsoleta con el ¨²ltimo movimiento del Gobierno. Tambi¨¦n se imputaba el exceso de temporalidad en el empleo al abuso de estos contratos en el sector p¨²blico, lo que en buena parte era cierto. Como el Ejecutivo tambi¨¦n estabiliz¨® a muchos empleados temporales de la Administraci¨®n y lanz¨® una generosa convocatoria de plazas fijas, se aleg¨® que ah¨ª se sustentaba la evidente mejora del empleo que registra Espa?a. Era, de nuevo, otra coartada pero tambi¨¦n dej¨® de funcionar, y no es el momento de seguir invent¨¢ndolas.