La pesadilla del alquiler
El fuerte incremento de los precios ha generado un efecto de exclusi¨®n residencial cada vez m¨¢s extendido
La falta de inversi¨®n en vivienda p¨²blica y una regulaci¨®n del alquiler con escasa sensibilidad social y frecuentes bandazos han dado lugar a una crisis habitacional con graves consecuencias para una parte importante de la poblaci¨®n espa?ola. El precio del alquiler ha subido m¨¢s de un 10% en el ¨²ltimo a?o en 72 ciudades y en algunas, coincidiendo con la vuelta del turismo, el incremento ha llegado al 30%. A 11 euros por metro cuadrado de media, el alquiler toca m¨¢ximos hist¨®ricos en las ciudades de m¨¢s de 50.000 habitantes, pero tambi¨¦n las medianas y peque?as registran fuertes tensiones, especialmente en las zonas tur¨ªsticas.
Las causas est¨¢n identificadas, entre ellas el desequilibrio entre una demanda creciente y cada vez m¨¢s depauperada y una oferta menguante que ve en los usos tur¨ªsticos una mayor rentabilidad. La ca¨ªda del poder adquisitivo, especialmente de los j¨®venes, y la presi¨®n especulativa, entre otros, de los fondos de inversi¨®n han propiciado un escenario agravado. Entre los muchos datos que documentan esta divergencia figura un estudio del Observatorio Metropolitano de la Vivienda de Barcelona seg¨²n el cual entre 2000 y 2020 el precio del alquiler subi¨® un 101,6%, es decir, se ha duplicado, mientras que los ingresos de las familias apenas han crecido un 33,6%.
En Espa?a, solo el 15,7% de la poblaci¨®n vive de alquiler, tres puntos m¨¢s que hace una d¨¦cada, pero ser inquilino se ha convertido en un nuevo factor de vulnerabilidad. Encontrar una vivienda asequible es para un sector creciente de la poblaci¨®n una pesadilla. Cuatro de cada diez espa?oles, seg¨²n Eurostat, dedican m¨¢s del 40% de sus ingresos a la vivienda. El alquiler es el principal factor de empobrecimiento de las rentas bajas, pues cada vez consume m¨¢s ingresos. Cuanto m¨¢s pobre es una familia, mayor es la proporci¨®n de sus ingresos que debe destinar a la vivienda. La consecuencia dram¨¢tica est¨¢ siendo el aumento de los desahucios: en el primer trimestre del a?o se han producido m¨¢s de 12.000, la inmensa mayor¨ªa por impago del alquiler.
Las administraciones carecen de recursos e instrumentos para mitigar los efectos de esta quiebra en el derecho constitucional a la vivienda. La sociedad paga ahora la falta de una pol¨ªtica de construcci¨®n de vivienda p¨²blica por parte de todos los gobiernos que se han sucedido. Entre 2000 y 2020, Espa?a apenas le dedic¨® un 0,06% del PIB, cuando la media de la UE fue del 0,5%. Y se dej¨® perder la gran oportunidad de paliar estas carencias cuando, tras el rescate de las cajas de ahorro, se renunci¨® a convertir el enorme paquete de pisos y edificios de la cartera de impagados en un gran parque de vivienda p¨²blica. Construir pisos de alquiler social requiere recursos econ¨®micos, pero tambi¨¦n tiempo. Y esa opci¨®n ten¨ªa la ventaja de que ya estaban construidos.
La situaci¨®n se ha deteriorado tanto que ya no basta con atender las emergencias o facilitar ayudas para que los j¨®venes puedan emanciparse. Para remontar la crisis hay que intervenir con decisi¨®n en diferentes frentes. Regular los precios del alquiler limitando las subidas, como prev¨¦ el proyecto de ley de vivienda, puede ser una de las medidas, siempre que se haga de modo que no retraiga la oferta. En el a?o y medio que se aplic¨® en Catalu?a, antes de que la anulara el Constitucional por un problema competencial, la limitaci¨®n de las subidas demostr¨® que pod¨ªa contener e incluso bajar el precio en las zonas m¨¢s tensionadas. Pero solo la creaci¨®n de un parque suficiente de viviendas para alquiler social permitir¨¢ frenar la brecha de la exclusi¨®n residencial.
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