Aborto libre en Espa?a
El aval del Constitucional a la ley de Rodr¨ªguez Zapatero consagra definitivamente un derecho central de las mujeres
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Casi 13 a?os despu¨¦s de que el PP presentara un recurso, el Tribunal Constitucional ha avalado la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, que permite abortar libremente en Espa?a hasta las 14 semanas de gestaci¨®n. El alto tribunal reci¨¦n renovado no aprecia ning¨²n elemento de inconstitucionalidad. La esperada sentencia permitir¨¢ ahora asentar un marco jur¨ªdico estable que reconoce a las mujeres el derecho a interrumpir su embarazo sin tener que dar explicaciones o cumplir requisito alguno como exig¨ªa la norma anterior. Es muy saludable que la nueva mayor¨ªa del Tribunal Constitucional haya decidido desbloquear recursos pendientes de tanto calado pol¨ªtico como este. Promovida en 2010 por el Gobierno de Jos¨¦ Lu¨ªs Rodr¨ªguez Zapatero, supuso un salto cualitativo en la capacidad de las mujeres para decidir sobre su propia vida y aline¨® el marco jur¨ªdico espa?ol sobre el aborto con el predominante en el resto de Europa.
El borrador de resoluci¨®n que hab¨ªa redactado el ponente designado por la anterior mayor¨ªa, del sector conservador, qued¨® rechazado por siete votos contra cuatro, y el texto definitivo ser¨¢ elaborado ahora por la magistrada Inmaculada Montalb¨¢n, de acuerdo con el criterio de la nueva mayor¨ªa. Hay que se?alar que el borrador rechazado solo apreciaba inconstitucionalidad en un asunto lateral: el tipo de informaci¨®n que debe facilitarse a la mujer que aborta. El desenlace implica un espaldarazo total y rotundo al sistema de plazos consagrado en la ley, que lleva aplic¨¢ndose m¨¢s de 12 a?os sin ning¨²n problema.
Lo ocurrido en esta d¨¦cada larga muestra las contradicciones de un PP que recurri¨® la norma pero renunci¨® a la vez a modificarla cuando dispuso de una mayor¨ªa absoluta que lo habilitaba para ello bajo la presidencia de Mariano Rajoy. La ley ahora ratificada por el Constitucional supuso un cambio sustancial en la regulaci¨®n del aborto en Espa?a. Desde 1985 se reg¨ªa por una ley muy restrictiva que solo permit¨ªa abortar en tres supuestos: riesgo grave para la salud f¨ªsica o mental de la mujer, violaci¨®n o malformaciones en el feto. La mayor¨ªa de los abortos se justificaban por el riesgo para la salud ps¨ªquica de la madre, con la amenaza permanente de que tanto las mujeres que abortaban como los profesionales que las atend¨ªan pudieran acabar imputados penalmente. La inseguridad jur¨ªdica llev¨® a la reforma de 2010, en la que se sustituy¨® el sistema de supuestos por una ley de plazos que implicaba la despenalizaci¨®n total del aborto y permit¨ªa interrumpir el embarazo por libre decisi¨®n de la mujer hasta la semana 14? de gestaci¨®n, y por razones terap¨¦uticas acotadas, m¨¢s all¨¢ de ese l¨ªmite.
Tras esta decisi¨®n del Constitucional, el derecho al aborto alcanza en Espa?a a partir de ahora una estabilidad que permitir¨¢ apartarlo definitivamente de la lucha partidista. Las ¨²ltimas manifestaciones del l¨ªder del PP, Alberto N¨²?ez-Feij¨®o, en defensa del sistema de plazos indican que el partido evoluciona en esa direcci¨®n. La ¨²ltima vez que el partido conservador intent¨® volver al sistema anterior fue siendo ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallard¨®n, con un proyecto muy retr¨®grado que no solo restitu¨ªa el modelo de supuestos, sino que los hac¨ªa incluso m¨¢s restrictivos que los de la ley de 1985. La movilizaci¨®n de la sociedad y el rechazo que suscit¨® entre las mujeres de su propio espacio pol¨ªtico lo hizo desistir y dimitir de su cargo.
El aval del Constitucional a la ley llega justo cuando est¨¢ a punto de entrar en vigor una nueva reforma que ha sido aprobada ya en el Congreso y en el Senado, por la que se eliminan los requisitos introducidos por el PP en 2015 y se establece que el sistema sanitario p¨²blico garantizar¨¢ que haya un servicio p¨²blico que ofrezca la prestaci¨®n al menos en cada capital de provincia. En estos momentos, solo el 15,7% de los abortos se realizan en centros p¨²blicos y hay cinco comunidades (Madrid, Arag¨®n, Castilla-La Mancha, Murcia y Extremadura) que no tienen ninguno.
Cuando se publique la sentencia del Tribunal Constitucional, el derecho a interrumpir libremente el embarazo quedar¨¢ blindado en Espa?a y con ello se pondr¨¢ fin a una situaci¨®n de inseguridad que ha durado demasiado tiempo.
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