A pesar de la derecha

La Transici¨®n sali¨® adelante a pesar de la resistencia que puso Alianza Popular (AP), el partido fundado por Manuel Fraga que, con el paso del tiempo, acabar¨ªa siendo el Partido Popular que hoy preside Alberto N¨²?ez Feij¨®o. Fraga fue, hasta su fallecimiento en 2012, el presidente fundador del PP.

Fraga siempre fue un paso por detr¨¢s de los acontecimientos e hizo cuanto pudo por evitar los avances democr¨¢ticos de Espa?a. Ocurri¨® ya en el Gobierno de Carlos Arias Navarro, cuando propuso un plan de liberalizaci¨®n del r¨¦gimen que quedaba lejos de la democracia. Se trataba de instaurar un sistema bicameral en el que la C¨¢mara baja fuera elegida por sufragio universal (con exclusi¨®n de los comunistas) y la C¨¢mara alta fuera un refugio de los franquistas y tuviese poder de veto. En fin, un modelo impresentable en Europa occidental, donde Espa?a constitu¨ªa la ¨²ltima dictadura tras las transiciones portuguesa y griega.

Fraga fund¨® Alianza Popular unas semanas antes de la aprobaci¨®n de la Ley para la Reforma Pol¨ªtica. Viendo que la democracia era inevitable, trat¨® de adaptarse y solo prest¨® su apoyo a dicha ley tras obtener algunas concesiones en el sistema electoral (reduciendo su proporcionalidad). Cuando Adolfo Su¨¢rez, unos meses despu¨¦s, dio el paso de legalizar el Partido Comunista de Espa?a, un Fraga encendido declar¨® que aquella medida significaba ¡°un verdadero golpe de Estado, grave error pol¨ªtico, farsa jur¨ªdica y quiebra a la vez de la legalidad y la legitimidad¡±. Supongo que es mera casualidad que Feij¨®o y Santiago Abascal empleen hoy exactamente los mismos t¨¦rminos de Fraga para referirse a la ley de amnist¨ªa y los pactos de investidura.

Las elecciones de 1977 resultaron decepcionantes para la derecha franquista. AP solo obtuvo el 8% del voto, frente al 34% de la UCD de Su¨¢rez. AP se abstuvo en la primera ley aprobada por el Parlamento, la Ley de Amnist¨ªa, que marcaba un nuevo tiempo basado en la integraci¨®n de todas las fuerzas pol¨ªticas. A pesar de su reducido apoyo social, Fraga fue uno de los padres de la Constituci¨®n: busc¨® por todos los medios frenar la descentralizaci¨®n del Estado, y ¨¦l y su partido se opusieron frontalmente a la distinci¨®n entre regiones y nacionalidades que figura en el art¨ªculo 2 de la Constituci¨®n. Cuando lleg¨® el momento de la votaci¨®n del texto constitucional, AP se parti¨® en dos y la mitad de su grupo parlamentario no vot¨® a favor de la hoy vigente Constituci¨®n de 1978.

Desde entonces, el PP ha venido oponi¨¦ndose a todos los cambios de cierto calado pol¨ªtico, del proceso de paz para acabar con el terrorismo a la reforma del Estatuto catal¨¢n, pasando por las leyes de extensi¨®n de derechos civiles. El inmovilismo actual del PP (que se niega a reformar la Constituci¨®n, que se niega a renovar el Consejo General del Poder Judicial, que se niega a negociar con los partidos nacionalistas vascos y catalanes) tiene, pues, abundantes precedentes.

No es una sorpresa que los populares hayan puesto el grito en el cielo ante los acuerdos de legislatura entre las izquierdas y los nacionalistas no espa?olistas. Lo que sin embargo parece sumamente incoherente es envolver su oposici¨®n crispada en los valores de la Transici¨®n y la Constituci¨®n. ?En la Transici¨®n? No es solo que en su d¨ªa AP-PP se opusiera a los avances democr¨¢ticos; es que la Transici¨®n consisti¨® en asumir riesgos, buscar consensos entre diferentes y reconocer la legitimidad de todos los actores pol¨ªticos. De ah¨ª que Su¨¢rez diera pasos valientes como la propia legalizaci¨®n del PCE o el restablecimiento de la legitimidad republicana de la Generalitat. Es un sarcasmo y una burla a la Transici¨®n utilizar aquel periodo para atacar a los partidos pol¨ªticos que hoy quieren justamente, en el mejor esp¨ªritu de dicha ¨¦poca, olvidar las condenas de c¨¢rcel, las cargas policiales, las causas generales y las sentencias ejemplarizantes y apostar en su lugar por la plena integraci¨®n pol¨ªtica de las diversas naciones que componen Espa?a.

En realidad, cuando PP y Vox advierten del holocausto de Espa?a si las izquierdas pactan con nacionalistas vascos y catalanes, lo hacen no desde los valores constitucionales, sino desde un nacionalismo espa?ol intolerante que ha ido apoder¨¢ndose de las derechas y que ha resucitado el discurso de la anti-Espa?a. De ah¨ª que planteen un dilema existencial entre lo que llaman ¡°sanchismo¡± y Espa?a. No es solo una pol¨ªtica extremista y exaltada como Isabel D¨ªaz Ayuso, que acusa fr¨ªvolamente a Pedro S¨¢nchez de ¡°dictador¡±, sino el propio Feij¨®o quien en repetidas ocasiones se ha reafirmado en la contraposici¨®n entre las izquierdas y la naci¨®n espa?ola, como si fueran incompatibles. Se trata de un discurso alejado completamente de la Transici¨®n y que provoca el regocijo reaccionario de Vox, que ve c¨®mo consigue tirar de la derecha conservadora hacia las posiciones m¨¢s intransigentes.

Cuando estos d¨ªas algunos ciudadanos protestan, con plena legitimidad, contra los pactos de investidura y la amnist¨ªa, lo hacen envolvi¨¦ndose en banderas nacionales, cantando el himno nacional y gritando ¡°unidad nacional¡± (y otras cosas menos edificantes). No hay nada reprobable en ello, faltar¨ªa m¨¢s, pero s¨ª en intentar ocultar la verdadera naturaleza de la protesta, que, por mucho que se quiera disimular, no obedece a elevados principios democr¨¢ticos o constitucionales, sino al rechazo visceral de la plurinacionalidad.

Aqu¨ª no est¨¢n en juego la democracia ni el Estado de derecho ni la Constituci¨®n, sino el modelo de Estado, que es cosa bien distinta. Espa?a seguir¨¢ siendo una democracia y un Estado liberal con o sin amnist¨ªa, con o sin pactos con los nacionalistas catalanes y vascos. Lo que se cuestiona es una idea de Espa?a, no nuestro sistema pol¨ªtico.

En este sentido, resulta una impostura que la oposici¨®n al nuevo Gobierno se vista de resistencia democr¨¢tica y constitucional, cuando no es sino un ataque desesperado del nacionalismo espa?ol ante el desmoronamiento del relato dominante sobre la crisis catalana en t¨¦rminos de ¡°golpe de Estado¡±. Es el orgullo herido del nacionalismo espa?ol lo ¨²nico que explica una reacci¨®n tan virulenta como la que estamos viendo en estos d¨ªas angustiosos.

A mi juicio, la ¨²nica amenaza para el sistema democr¨¢tico procede de quienes no aceptan la legitimidad de una amplia mayor¨ªa parlamentaria para apoyar la formaci¨®n de un Gobierno de coalici¨®n PSOE-Sumar. Si de verdad les preocupara algo a las ¨¦lites de la derecha pol¨ªtica, medi¨¢tica y judicial la salud de nuestra democracia, deber¨ªan abandonar las acusaciones insensatas de ¡°golpe de Estado¡±, ¡°acuerdos ileg¨ªtimos¡±, ¡°ruptura del orden constitucional¡± y ¡°violaci¨®n de la divisi¨®n de poderes¡±. Hay amplio espacio para oponerse a la amnist¨ªa y los pactos de investidura sin necesidad de cuestionar su legitimidad y legalidad. El PP lleva 45 a?os utilizando la misma ret¨®rica incendiaria ante cualquier avance. Algo deber¨ªamos haber aprendido en este tiempo sobre la inutilidad de las jeremiadas.

Salvo que a lo largo de hoy y ma?ana ocurra alg¨²n tipo de acci¨®n extraordinaria, la Espa?a que encarn¨® la Transici¨®n va a imponerse, al menos a corto plazo, y se va a buscar el acuerdo y el pacto para resolver las diferencias territoriales y nacionales. Y como tantas otras veces ha ocurrido desde la muerte de Franco cuando el pa¨ªs se ha visto en una encrucijada, todo ello se va a hacer a pesar de la derecha nacionalista.