La Fiscal¨ªa del Estado limitar¨¢ las acusaciones por delitos de odio

La fiscal general del Estado, Mar¨ªa Jos¨¦ Segarra, ha pedido este lunes una ¡°reflexi¨®n sosegada¡± sobre los delitos de odio para darles una respuesta penal ¡°proporcionada, disuasoria y garantista¡±. Su departamento ultima una circular ¡ªun escrito que fija criterios de actuaci¨®n vinculantes¡ª que enviar¨¢ a todas las fiscal¨ªas a principios de 2019 para unificar la actuaci¨®n del ministerio p¨²blico ante este delito. La idea, seg¨²n fuentes fiscales, es que las acusaciones se ci?an a los criterios que ha establecido el Tribunal de Estrasburgo en varias sentencias en las que ha condenado a Espa?a por una aplicaci¨®n ¡°desproporcionada¡± de este delito.

La necesidad de abrir una reflexi¨®n para plantear cambios sobre los delitos de odio es una de las prioridades que ha planteado Segarra desde que lleg¨® al cargo en julio. La ¨²ltima memoria anual de la Fiscal¨ªa, presentada en septiembre, abogaba por buscar penas alternativas a la prisi¨®n en los casos de delitos de odio cometidos a trav¨¦s de Internet, una propuesta que el Gobierno se ha mostrado dispuesto a estudiar aunque, por ahora, no ha dado ning¨²n paso en esa direcci¨®n.

Segarra insisti¨® este lunes en la necesidad de ¡°reflexionar¡± sobre este delito. Y lo hizo antes de la inauguraci¨®n de unas jornadas en Madrid de especialistas en delitos de odio y casi a la misma hora que el humorista Dani Mateo comparec¨ªa en un juzgado como investigado por este delito (adem¨¢s de por ultraje a la bandera) por un gag en el que se sonaba la nariz con la bandera espa?ola.

El delito de odio, recogido en el art¨ªculo 510 del C¨®digo Penal, contempla en su forma m¨¢s grave penas de entre uno y cuatro a?os de c¨¢rcel para quien fomente el odio o la violencia contra una persona o un colectivo por motivos racistas, antisemitas, religiosos u otra circunstancia. Segarra advirti¨® de que estos delitos se han incrementado en los ¨²ltimos a?os, sobre todo a trav¨¦s de redes sociales, y que tanto las v¨ªctimas como los autores son a menudo menores.

La Fiscal¨ªa cree que no hay que bajar la guardia ante estas conductas, pero, a su vez, considera que en algunos casos se est¨¢ aplicando de forma ¡°desproporcionada¡±. En sus declaraciones de este lunes, Segarra admiti¨® que el ministerio p¨²blico no siempre est¨¢ mostrando ¡°unidad de actuaci¨®n¡±, un problema que pretende zanjar con la circular que su departamento prev¨¦ tener lista en el primer trimestre de 2019 y que se enviar¨¢ a todas las fiscal¨ªas.

La idea, seg¨²n fuentes fiscales, es que la actuaci¨®n del ministerio p¨²blico se ci?a a los criterios que ha fijado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en varias sentencias en las que ha condenado a Espa?a por la aplicaci¨®n ¡°desproporcionada¡± del delito de odio. La ¨²ltima de estas resoluciones, dictada en marzo pasado, inst¨® a indemnizar a dos manifestantes independentistas catalanes que en 2007 quemaron una foto de los Reyes durante una protesta antimon¨¢rquica en Girona. En la sentencia, el tribunal con sede en Estrasburgo advirti¨® de que la libertad de expresi¨®n ¡°se extiende a informaciones e ideas que ofenden, chocan o molestan¡± y forman parte de las condiciones de ¡°pluralismo, tolerancia y amplitud de miras sin las cuales no hay una sociedad democr¨¢tica¡±.

Condenas de Estrasburgo

Argumentos parecidos hab¨ªa empleado Estrasburgo en 2011 para condenar a Espa?a por vulnerar la libertad de expresi¨®n del l¨ªder abertzale Arnaldo Otegi, al que el Tribunal Supremo hab¨ªa condenado en 2005 por llamar al Rey ¡°jefe de los torturadores¡±. El Tribunal europeo admiti¨® que las expresiones de Otegi pod¨ªan ser consideradas como un lenguaje ¡°provocador¡± y ¡°hostil¡± hacia la monarqu¨ªa pero ni exhortaban al uso de la violencia ni constitu¨ªan un ¡°discurso de odio¡±.

La ¨²ltima memoria de la Fiscal¨ªa General del Estado ya alud¨ªa a que estas sentencias deber¨ªan servir para ¡°aclarar conceptos¡±. ¡°Pero por el momento, lo ¨²nico que hacen es acrecentar la pol¨¦mica¡±, recog¨ªa el texto. Gran parte del problema, en opini¨®n del ministerio p¨²blico, surge de la modificaci¨®n que hizo el PP en 2015 del C¨®digo Penal para ampliar las conductas perseguibles como delito de odio y endurecer las penas de los cometidos a trav¨¦s de Internet. Esa modificaci¨®n, seg¨²n Segarra, no se ha traducido en la creaci¨®n ¡°de una categor¨ªa un¨ªvoca de delitos de odio¡±, sino que estos siguen ¡°diseminados¡± por el C¨®digo Penal, lo que complica la actuaci¨®n de los fiscales. ¡°Debemos buscar soluciones a su interpretaci¨®n¡±, ha reclamado Segarra.

El Congreso tramita una reforma del C¨®digo Penal planteada por Unidos Podemos para proteger la libertad de expresi¨®n. El texto, que pide despenalizar las injurias a la Corona o las ofensas a sentimientos religiosos, coincide con la Fiscal¨ªa en considerar ¡°ambiguo¡± el art¨ªculo 510 del C¨®digo Penal y pedir que las acusaciones se ci?an a la jurisprudencia europea al aplicar este delito.