El pacto incluye un compromiso para limitar el precio de los alquileres
Los partidos progresistas pactan subir el IRPF para el 0,4% de los contribuyentes y para el 0,7% de las empresas
El acuerdo para un Gobierno progresista, el documento que han elaborado PSOE y Unidas Podemos, se compromete?a regular el precio de los alquileres, a fomentar las viviendas sociales y recoge un plan estatal para la rehabilitaci¨®n. El acuerdo tambi¨¦n contiene un paquete de medidas fiscales para subir los impuestos a las rentas m¨¢s altas y a las multinacionales.
PSOE y Unidas Podemos remarcan, en el documento de 51 p¨¢ginas, su compromiso con las reglas fiscales de Bruselas. "Desarrollaremos una pol¨ªtica fiscal responsable, que garantice la estabilidad presupuestaria y la reducci¨®n del d¨¦ficit y de la deuda p¨²blica", subraya. Con este p¨¢rrafo ambos partidos han querido lanzar un mensaje de estabilidad a las autoridades comunitarias y a los inversores que pudieran ver con recelo un pacto entre las dos fuerzas de izquierda.?
Compromiso con las reglas fiscales europeas
Para cumplir, el pr¨®ximo Ejecutivo tendr¨¢ que aprobar nuevas medidas de ajuste por importe aproximado de 9.000 millones. Tanto PSOE como Unidas Podemos huyen de los recortes de gasto p¨²blico y las pol¨ªticas de austeridad que dispararon la desigualdad durante la crisis. As¨ª que el camino que marcan es el de las subidas de impuestos. "Reforzaremos la progresividad del sistema impositivo y la suficiencia de los ingresos p¨²blicos, reduciendo las diferencias con la media europea", sostienen.
Para obtener m¨¢s recursos con los que sufragar las nuevas medidas de gasto y embridar los n¨²meros rojos, las fuerzas progresistas proponen subidas de impuestos a las rentas m¨¢s altas, las multinacionales y la creaci¨®n de nuevas figuras tributarias para que las tecnol¨®gicas y las instituciones financieras paguen m¨¢s. Tambi¨¦n prometen un mayor esfuerzo en la lucha contra el fraude fiscal, una medida comod¨ªn que figura en todos los programas electorales, aunque luego es dif¨ªcil cuantificar sus resultados.
IRPF: subida para el 0,4% de los contribuyentes
En el paquete fiscal destaca la subida del IRPF para las rentas superiores a 130.000 euros. La medida es un poco m¨¢s dura de lo previsto en el acuerdo de Presupuestos suscrito por ambos partidos hace un a?o. Los socialistas llevan tiempo d¨¢ndole vueltas a esta iniciativa. Se plantearon, incluso, descartar este aumento de impuestos, pero tras el nuevo pacto con Podemos incluso se rebaja el l¨ªmite a partir del cual aplicar¨¢n el alza fiscal: de 140.000 euros a 130.000 euros.
"Se incrementan dos puntos los tipos impositivos sobre la base general para los contribuyentes que tengan rentas superiores a 130.000 euros y cuatro puntos para la parte que exceda de 300.000 euros. El tipo estatal sobre las rentas de capital se incrementar¨¢ en 4 puntos porcentuales para dichas rentas superiores a 140.000 euros", sostiene el documento.
La medida solo afectar¨¢ a cerca del 0,4% de los declarantes, seg¨²n fuentes conocedoras del pacto de Gobierno, que cifran en unos 80.000 contribuyentes los afectados. No obstante, seg¨²n la Memoria de la Administraci¨®n Tributaria, solo 143.797 contribuyentes de los 19.621.728 que presentaron la declaraci¨®n en 2017 confesaron rentas superiores a 120.000 euros.
Impuesto de sociedades: subida para el 0,7% de las empresas
Ambos partidos de izquierda tambi¨¦n se comprometen a subir los impuestos a las grandes empresas. El objetivo es que las multinacionales paguen como m¨ªnimo un 15%. "Se reformar¨¢ garantizando una tributaci¨®n m¨ªnima del 15% de las grandes corporaciones, que se ampliar¨ªa hasta el 18% para las entidades financieras y empresas de hidrocarburos", sostiene el documento. La ministra de Hacienda en funciones, Mar¨ªa Jes¨²s Montero, asegur¨® hace unos meses en este peri¨®dico que la medida, que ya estaba incluida en los Presupuestos de 2019 que no salieron adelante, solo afectar¨ªa a unas 10.000 empresas, el 0,7% del total. "Solo tributan en sociedades un tercio de las empresas de este pa¨ªs. De estas, a una de cada cuatro se le van a bajar los impuestos. Y solo un 0,7%, que son unas 10.000 grandes corporaciones, son las que se ver¨¢n afectadas por las medidas. Es decir, el 99,3% de las empresas que tributan en sociedades no ver¨¢n afectada su capacidad contributiva o la ver¨¢n disminuida", se?al¨®.
El documento tambi¨¦n explica que se "limitar¨¢n las exenciones de dividendos y de plusval¨ªas de sociedades por su participaci¨®n en otras sociedades, reduciendo en un 5% las referidas exenciones, en concepto de gastos no deducibles en el impuesto, de gesti¨®n de la participaci¨®n que mantiene la matriz en la filial, como prev¨¦ y permite la directiva matriz-filial". Para las sociedades cotizadas de inversi¨®n inmobiliaria (socimis) se recupera el consenso que alcanzaron hace ya un a?o ambas formaciones en el pacto presupuestario y se acuerda imponer un gravamen del 15% sobre los dividendos no distribuidos. Estas compa?¨ªas que se dedican al alquiler de inmuebles (mayoritariamente oficinas y comercios, pero tambi¨¦n viviendas) no pagan impuestos actualmente a cambio de repartir anualmente al menos el 80% de su beneficio (por el que s¨ª pagan impuestos sus perceptores de manera individual).
Adem¨¢s, se reducir¨¢ el impuesto de sociedades para las peque?as y medianas empresas (pymes). Las empresas que facturen menos de un mill¨®n de euros pasar¨¢n a tributar un 23% en lugar del 25% actual.?
¡®Tasa Google¡¯ e impuesto a las transacciones financieras
Hay otras viejas propuestas en materia fiscal que vuelven a aparecer en el pacto entre las dos formaciones. Una de ellas es el impuesto sobre determinados servicios digitales, mejor conocido como tasa Google. Este gravamen, que afectar¨¢ a las grandes plataformas tecnol¨®gicas, ser¨¢ aprobado ¡°en l¨ªnea con las recomendaciones de la Uni¨®n Europea¡±, reza el texto.
Bruselas ya intent¨®, sin ¨¦xito, implantar un recargo que atajara los resquicios que las grandes empresas digitales emplean para reducir su factura fiscal, pero choc¨® con la negativa de Irlanda y los n¨®rdicos. Ahora la pelota est¨¢ en mano de la Organizaci¨®n para la Cooperaci¨®n y el Desarrollo Econ¨®micos (OCDE), que hace dos a?os y medio acept¨® el encargo del G20 de reformar las reglas fiscales internacionales. Hay sin embargo pa¨ªses como Francia que han adelantado por la derecha y ya tienen una ley aprobada. Un camino que tambi¨¦n Espa?a intent¨® emprender a trav¨¦s de los Presupuestos de 2019 que no logr¨® sacar adelante. El PSOE propon¨ªa imponer un gravamen del 3% sobre los ingresos generados por los servicios de publicidad en Internet para empresas con facturaci¨®n superior a los 750 millones de euros e ingresos en Espa?a de al menos tres millones. El Ejecutivo de S¨¢nchez estimaba recaudar unos 1.200 millones con la medida, una cifra considerada demasiado optimista por distintas casas de an¨¢lisis.?
Otro caballo de batalla que vuelve a aparecer es la tasa a las transacciones financieras. El Ejecutivo de S¨¢nchez ya hab¨ªa propuesto que este recargo se fijara en el 0,2% y se aplicara a la compra de acciones de empresas espa?olas cotizadas con capitalizaci¨®n por encima de los 1.000 millones de euros. En este caso, la previsi¨®n de recaudaci¨®n se situaba en los 850 millones.?
Lucha al fraude
Pero es la lucha contra el fraude fiscal la disposici¨®n que encabeza el cap¨ªtulo del acuerdo dedicado a la Justicia fiscal y equilibrio presupuestario. Los dos aliados de Gobierno se proponen dise?ar una estrategia nacional y poner en marcha una ley de medidas de prevenci¨®n y lucha contra el fraude. Entre las disposiciones mencionadas se encuentran varias de las reivindicaciones constantes del cuerpo de los inspectores de Hacienda: reforzar los medios para luchar contra el fraude, actualizar la lista de para¨ªsos fiscales, potenciar la prevenci¨®n a trav¨¦s de la lista de morosos de la Agencia Tributaria y, por ¨²ltimo, prohibir las amnist¨ªas fiscales como la aprobada en 2012 por el ministro de Hacienda del PP Crist¨®bal Montoro, despu¨¦s anulada por el Constitucional.?
Veterinarios, higiene ¨ªntima femenina y comida basura?
El acuerdo propone revisar la fiscalidad de los servicios veterinarios, sobre los cuales pesa un IVA del 21%. El mismo recargo se aplica a los productos de higiene femenina, que ahora PSOE y Podemos quieren modificar. ¡°Vamos a abordar la desactivaci¨®n de lo que se denomina?tasa rosa, es decir, el incremento de precio de un mismo producto cuando se trata de una versi¨®n femenina¡±, menciona el texto, que fija ¡°abordar la fiscalidad con perspectiva de g¨¦nero¡±.?
El texto tambi¨¦n recoge revisar la tasaci¨®n de ¡°los alimentos ultraprocesados o ricos en grasas y az¨²cares¡±. Catalu?a puso en marcha en 2017 un impuesto a las bebidas azucaradas envasadas, que le permiti¨® recaudar m¨¢s de 40 millones de euros en 2018, antes de ser anulado el pasado julio por el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a.?
Limitar el precio del alquiler
El texto se compromete a ¡°impulsar las medidas necesarias¡± para poner l¨ªmites a los alquileres, un asunto que ya origin¨® debate entre Podemos y el PSOE en la negociaci¨®n del ¨²ltimo decreto sobre vivienda. El acuerdo propone usar el ¨ªndice de precios oficial que est¨¢ elaborando ya el Ministerio de Fomento y habilitar a comunidades aut¨®nomas y Ayuntamientos a usar esa estad¨ªstica para elaborar la suya propia. Los Ayuntamientos ¡°podr¨¢n declarar de forma objetiva y fundamentada en criterios t¨¦cnicos, con car¨¢cter temporal y excepcionalmente¡± zonas tensionadas. Esto implicar¨ªa que los alquileres en esas ¨¢reas no pudieran subir m¨¢s de lo que establezca la normativa.
En el pacto presupuestario que alcanzaron el Gobierno de Pedro S¨¢nchez y Podemos hace algo m¨¢s de un a?o ya se alud¨ªa a la elaboraci¨®n de una estad¨ªstica oficial para poner tope a los alquileres de ciertas zonas. El decreto aprobado el pasado marzo se qued¨® a medio camino al implementar la elaboraci¨®n de la estad¨ªstica, pero sin cambiar el art¨ªculo 17 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), el que establece que las rentas de los alquileres las pactan libremente las partes. Podemos exigi¨® modificarlo, algo que aparentemente deber¨¢ hacerse ahora para permitir los l¨ªmites de precios, una v¨ªa que ya se ha experimentado en algunos territorios y ciudades de Europa y de EE UU.
El texto del pacto apunta que la crisis y ¡°una mala planificaci¨®n pol¨ªtica¡± est¨¢n detr¨¢s de los problemas de muchos ciudadanos para acceder a la vivienda. Para solventarlo propone, en primer lugar, ampliar el presupuesto dedicado a pol¨ªticas de vivienda. Tambi¨¦n apuesta por poner en marcha un plan estatal para la rehabilitaci¨®n de viviendas, que dar¨¢ ayudas a peque?os propietarios para renovar sus pisos y ponerlos en alquiler asequible. Ese plan contemplar¨¢ obras para mejorar la eficiencia energ¨¦tica de las viviendas y el documento especifica, adem¨¢s, que las empresas ¡°tambi¨¦n se beneficiar¨¢n¡± mediante programas de apoyo financiero para que adopten tecnolog¨ªas m¨¢s eficientes.
M¨¢s parque p¨²blico
PSOE y Podemos se han propuesto tambi¨¦n definir los conceptos de vivienda vac¨ªa y gran tenedor de vivienda, algo que algunas comunidades ya incluyen en su normativa. A estas y a los municipios se les proporcionar¨¢n ¡°distintas herramientas para su detecci¨®n y diagn¨®stico¡±. La finalidad es aplicar ¡°las medidas m¨¢s adecuadas: fiscales, sancionadoras, de aseguramiento o est¨ªmulo¡± para que esos pisos y casas vuelvan al mercado. La vivienda de protecci¨®n p¨²blica se orientar¨¢ exclusivamente al alquiler ¡°evitando que sean vendidas o explotadas por fondos buitre¡±. Para aumentar el parque de vivienda p¨²blica y de alquiler social se favorecer¨¢n los convenios de Sareb (el denominado banco malo, que absorbi¨® gran parte del ladrillo t¨®xico de la banca) y se estimularan el alquiler y la construcci¨®n de nuevos pisos de ¡°promotores p¨²blicos y privados¡±.
El documento tambi¨¦n recoge el ¡°realojo inmediato¡± de inquilinos que son expulsados de sus casas porque est¨¢n en situaci¨®n vulnerable y no pueden pagar la renta. En el caso de las personas desahuciadas por impago de la hipoteca, se favorecer¨¢ que encuentren un alquiler social. Para estos casos ¡°se estudiar¨¢n obligaciones adicionales para los grandes tenedores de vivienda¡± y se establecer¨¢n ¡°nuevas medidas de car¨¢cter normativo que refuercen la protecci¨®n de las personas hipotecadas¡±.
Asimismo, ¡°se potenciar¨¢ el observatorio de la vivienda¡± para ¡°investigar y analizar la situaci¨®n de la vivienda en Espa?a¡±, se aprobar¨¢ ¡°una estrategia que aborde la problem¨¢tica del sinhogarismo¡± y se ¡°impulsar¨¢n reformas normativas¡± para facilitar que las comunidades de vecinos puedan prohibir los alquileres tur¨ªsticos, algo que actualmente puede hacerse con el acuerdo de tres quintas partes de los propietarios.
Bankia queda fuera del acuerdo
Bankia ha quedado fuera del acuerdo entre el PSOE y Podemos. El banco p¨²blico, del que el Estado tiene un 61,8% del capital, era un pieza codiciada por el partido de Pablo Iglesias para cambiar su orientaci¨®n y convertirlo en una entidad ¡°que facilite acceso al cr¨¦dito a los elementos m¨¢s productivos y din¨¢micos como los aut¨®nomos, las pymes y las empresas de la econom¨ªa social; tambi¨¦n debe contar con par¨¢metros de justicia en el mercado de las hipotecas y atender las funciones sociales de la banca que otras entidades descuidan, como cajeros en la Espa?a vaciada o inversiones en vivienda social¡±. Para realizar todos estos objetivos, el primer paso era ¡°impedir la inminente privatizaci¨®n de Bankia¡±.
El Gobierno ha manifestado recientemente que mantiene sus planes de privatizar Bankia a la vez que ha admitido que deber¨ªa reforzar el papel del Instituto de Cr¨¦dito Oficial (ICO).
El acuerdo firmado este lunes supone un alivio para los gestores de la entidad encabezada por Jos¨¦ Ignacio Goirigolzarri, que ha visto c¨®mo ha ca¨ªdo con fuerza en Bolsa cada vez que se hablaba de un acuerdo PSOE-Podemos. Los directivos actuales de la entidad han dicho en repetidas ocasiones que su permanencia al frente de Bankia estaba condicionada a poder gestionar la entidad como hasta ahora, es decir, sin injerencias, con los mismos criterios que un banco privado, aunque la mayor¨ªa de las acciones est¨¦n en manos del Estado.
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