?Discriminada por heterosexual? La guerra a la diversidad vuelve al Supremo de Estados Unidos

En plena ofensiva contra las pol¨ªticas de diversidad e inclusi¨®n, el Tribunal Supremo de Estados Unidos examina este mi¨¦rcoles un caso que encaja como un guante para su revoluci¨®n conservadora. Los jueces dictaron en 2023 una sentencia contra la discriminaci¨®n positiva por raz¨®n de raza en el acceso a la universidad que ha abierto paso a demandas de todo tipo contra instituciones educativas, empresas y otras organizaciones. El caso que se debate este mi¨¦rcoles en una vista oral supone una vuelta de tuerca m¨¢s: una mujer asegura que fue discriminada por ser heterosexual en favor de dos homosexuales.

Lo que tiene que decidir el Tribunal Supremo es si debe ser m¨¢s dif¨ªcil para los trabajadores de grupos mayoritarios, como blancos o heterosexuales, probar las demandas por discriminaci¨®n en el lugar de trabajo. Los jueces estudiar¨¢n el recurso de Marlean Ames, una mujer heterosexual de 60 a?os, que pretende revivir su demanda contra el Departamento de Servicios a la Juventud de Ohio.

En esa demanda afirmaba que hab¨ªa perdido su puesto de trabajo en favor de un hombre homosexual y que no se le hab¨ªa concedido un ascenso en favor de una mujer homosexual, en violaci¨®n de la legislaci¨®n federal sobre derechos civiles. Asegura que eran personas menos cualificadas que ella, pero que su supervisor tambi¨¦n era homosexual y se decant¨® por ellos. ¡°As¨ª es como llegu¨¦ a sentir que me discriminaban por ser heterosexual y me dejaban de lado por ellos¡±, declar¨® Ames la semana pasada a Reuters.

Hasta ahora, los tribunales exigen a los demandantes que pertenezcan a un grupo mayoritario demostrar ¡°circunstancias de fondo que apoyen la sospecha de que el demandado es ese empleador inusual que discrimina a la mayor¨ªa¡±, como han sentenciado tribunales inferiores en varios casos, incluido el de Ames. Esos tribunales han dicho que el list¨®n m¨¢s alto est¨¢ justificado porque la discriminaci¨®n contra esos trabajadores es relativamente infrecuente.

Ames, sin embargo, considera que tener una mayor carga de la prueba va en contra del principio de igualdad. ¡°La discriminaci¨®n es discriminaci¨®n¡±, declar¨® a Reuters. ¡°Espero que esto pueda ayudar a cualquiera que sienta que ha sido discriminado a obtener un trato justo en los tribunales y no tenga que llegar a los extremos a los que yo tuve que llegar¡±.

En su escrito ante el Tribunal Supremo, Ames argumentaba que exigirle que demuestre ¡°circunstancias de fondo¡± entra en conflicto con el texto de la Ley de Derechos Civiles, que simplemente proh¨ªbe la discriminaci¨®n ¡°contra cualquier individuo con respecto a los t¨¦rminos y condiciones de empleo debido al sexo de ese individuo¡± u otra caracter¨ªstica protegida. ¡°La ley tal como se aplica exige algo m¨¢s de ella que la ley tal como est¨¢ escrita¡±, se quejaba. Adem¨¢s, a?ad¨ªa Ames, ese obst¨¢culo adicional solo se aplica a un ¡°subconjunto de demandantes¡±, es decir, los que son miembros de un grupo mayoritario.

Por su parte, varios grupos de derechos civiles alegaron por escrito ante el Tribunal Supremo que Ames est¨¢ pidiendo a los jueces que interpreten la ley ¡°de una manera que ignora las realidades del persistente legado de discriminaci¨®n de este pa¨ªs a la hora de evaluar las demandas por trato desigual¡±.

El Tribunal Supremo cuenta con una mayor¨ªa de seis jueces conservadores frente a tres progresistas. En su sentencia sobre la discriminaci¨®n positiva en el acceso a las universidades, el tribunal se dividi¨® en funci¨®n de esas l¨ªneas ideol¨®gicas. Los jueces deben ahora valorar si la carga de la prueba ha de ser la misma en los casos de discriminaci¨®n contra minor¨ªas y contra mayor¨ªas. En ¨²ltima instancia, la igualaci¨®n de los requisitos puede hacer m¨¢s dif¨ªcil a los miembros de minor¨ªas probar que son v¨ªctimas de la discriminaci¨®n.

Ofensiva conservadora

El caso de Ames llega al Tribunal Supremo en plena ofensiva conservadora contra los principios de diversidad, igualdad e inclusi¨®n. Encaja perfectamente en su narrativa de que esos principios acaban traduci¨¦ndose en la discriminaci¨®n de los grupos mayoritarios.

El presidente, Donald Trump, ha dictado decretos proscribiendo la aplicaci¨®n de pol¨ªticas inclusivas en la administraci¨®n. Adem¨¢s, ha amenazado con rescisiones de contratos p¨²blicos y con demandas a las empresas que apliquen esos principios.

En uno de los decretos, firmado el 20 de enero, el d¨ªa de su investidura, el presidente ordenaba la ¡°terminaci¨®n de todos los programas discriminatorios, incluidos los mandatos, pol¨ªticas, programas, preferencias y actividades ilegales de DEI y de ¡®diversidad, equidad, inclusi¨®n y accesibilidad¡¯ (DEIA) en el Gobierno Federal, bajo cualquier nombre que aparezcan¡±.

Un segundo decreto, dictado el 21 de enero, obligaba a las empresas y otros contratistas a certificar que no ten¨ªan pol¨ªticas de diversidad discriminatorias y ped¨ªa a cada agencia federal que se?alase hasta nueve objetivos de posibles investigaciones sobre sus pol¨ªticas de DEI entre empresas cotizadas, asociaciones sin ¨¢nimo de lucro, fundaciones, asociaciones y universidades.

Un juez federal ha suspendido cautelarmente la aplicaci¨®n de algunas de las disposiciones de dichos decretos. Aun as¨ª, la presi¨®n activista y regulatoria ha llevado a muchas empresas a abandonar sus pol¨ªticas antes el riesgo de sufrir demandas o perder contratos.