?Ser ¡®homeless puede ser ilegal¡¯? El encendido debate de qu¨¦ hacer con los 650.000 sin techo del pa¨ªs

Una sentencia del Tribunal Supremo encendi¨® el debate. Como se ha vuelto costumbre en los Estados Unidos de los ¨²ltimos a?os, las decisiones de la corte m¨¢s alta del pa¨ªs han definido algunas de las discusiones m¨¢s calientes a nivel social, desde el aborto, con la revocaci¨®n del derecho federal de las mujeres para interrumpir el embarazo, hasta la discriminaci¨®n positiva o la inmigraci¨®n y las deportaciones. El 28 de junio fue el turno de la situaci¨®n de las personas sin hogar, un problema ya end¨¦mico que en 2023 lleg¨® a su m¨¢ximo hist¨®rico, con m¨¢s de 650.000 personas viviendo en las calles, un aumento del 12% comparado con el a?o anterior.

La palabra del Supremo, que vot¨® siguiendo l¨ªneas ideol¨®gicas claras ¡ªlos seis jueces conservadores, tres nombrados por Donald Trump, contra las tres juezas progresistas¡ª, dictamin¨® que las administraciones locales pod¨ªan imponer leyes que proh¨ªban dormir en la calle, en tiendas de campa?a o a la intemperie, y multar o hasta arrestar a personas que no acataran. Desde ese momento, de California, el Estado que tiene la mayor poblaci¨®n sin techo con 180.000, hasta Florida, del otro lado del pa¨ªs, la cuesti¨®n ha aterrizado con fuerza y se han empezado a adoptar medidas que, a pesar de haber sido declaradas permitidas por la ley, han generado pol¨¦mica y hasta enfrentamientos entre administraciones.

El dictamen del Supremo fue resultado de una petici¨®n impuesta por la ciudad de Grants Pass (Oregon) para que se revisara una sentencia de 2018 de una corte m¨¢s baja que limitaba la capacidad de las ciudades para responder con desalojos forzados al creciente problema de las personas sin techo. El juez Neil M. Gorsuch, en palabra de la mayor¨ªa conservadora del tribunal, dijo que la ordenanza local de Grants Pass, que penaliza dormir o acampar en espacios p¨²blicos, y que hab¨ªa sido paralizada, no violaba la Constituci¨®n. Seg¨²n su lectura, no se criminaliza el hecho de no tener casa, sino el de acampar en ciertos lugares. ¡°No hace ninguna diferencia si el acusado es una persona sin techo, un mochilero de vacaciones o un estudiante que deja su dormitorio para acampar en protesta en los jardines de un edificio municipal¡±, argument¨®.

Del otro lado, la jueza progresista Sonia Sotomayor, junto con las juezas Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson, alegaban que la decisi¨®n dejar¨ªa con todav¨ªa menos protecciones a las personas m¨¢s vulnerables de la sociedad. ¡°Dormir es una necesidad biol¨®gica, no un crimen... Para alguna gente, dormir afuera es su ¨²nica opci¨®n¡±, dijo Sotomayor, agregando que imponer multas y hasta tiempo en prisi¨®n por ¡°dormir en cualquier lugar en p¨²blico a cualquier hora, incluyendo en sus carros, si usan una manta o una camiseta enrollada como almohada¡± b¨¢sicamente castiga el hecho de no tener hogar. ¡°Es inconsolable e inconstitucional¡±, afirm¨® en sus declaraciones desde su silla, una se?al del profundo desacuerdo.

A pesar del disenso dentro del Supremo, la decisi¨®n es definitiva y de hecho fue muy bienvenida especialmente por California, uno de los Estados en principio m¨¢s progresistas del pa¨ªs. El pasado 25 de julio el gobernador, Gavin Newsom, emiti¨® una orden ejecutiva para levantar campamentos de personas sin techo, que se han vuelto parte del paisaje en ciudades como Los ?ngeles o San Francisco, en todo el Estado. El decreto dirige a las agencias estatales adoptar ¡°pol¨ªticas humanas y dignas¡±, lo cual incluye que las personas sin techo deben ser notificadas antes de que se retiren sus carpas de las v¨ªas p¨²blicas. Aunque la orden no puede forzar a que las ciudades y los condados pasen a la acci¨®n, le permite poner en pausa transferencias de recursos millonarias como medida de presi¨®n.

Es el siguiente paso de una cruzada contra uno de los principales problemas del Estado. Desde 2021, las autoridades han retirado 11.000 campamentos y recogido decenas de toneladas de basura en v¨ªas estatales. La nueva orden ejecutiva prioriza el desmantelamiento de acampadas que ¡°representan un riesgo a la vida, a la salud y a la seguridad¡± de las comunidades. Por ley, las autoridades guardar¨¢n las propiedades y objetos recolectados por 60 d¨ªas para ver si alguien los reclama.

En San Francisco, donde el problema ha estado presente durante d¨¦cadas sin una soluci¨®n, la orden fue recibida con entusiasmo. En este basti¨®n del progresismo estadounidense, la alcaldesa dem¨®crata, London Breed, ha abrazado los poderes que le otorgan la decisi¨®n del Supremo y la orden de Newsom. Los ciudadanos ya no aguantan los campamentos que se vuelven pr¨¢cticamente permanentes, el uso abierto de drogas en ellos y la sensaci¨®n de inseguridad que genera: el tema es la cuesti¨®n m¨¢s apremiante para alrededor de la mitad de los residentes de la ciudad.

En los ¨²ltimos d¨ªas, Breed ha dado la orden a la polic¨ªa de que pueden multar a las personas sin techo que rechacen un refugio, y hasta usar la amenaza de un arresto tambi¨¦n. Con su reelecci¨®n en juego en las elecciones de noviembre, la alcaldesa ha prometido ¡°limpiar¡± la ciudad y dar resultados en cuesti¨®n de semanas.

Sin embargo, la alcaldesa de Los ?ngeles, Karen Bass, r¨¢pidamente dijo que no acatar¨ªa la directriz del gobernador Newsom, pues su ciudad ¡ªhogar del famoso Skid Row, barrio del centro donde se estima conviven unas 4.400 personas sin techo y que ha tenido poblaci¨®n sin hogar desde los a?os 30¡ª ha visto resultados positivos en su propio programa para manejar la situaci¨®n de los homeless. Por primera vez en a?os, de 2023 a 2024 Los ?ngeles redujo, levemente, la cantidad de personas que no tienen casa con una estrategia que consiste en moverlos a moteles o refugios. ¡°Esta sentencia no debe utilizarse como excusa para que las ciudades de todo el pa¨ªs intenten arrestar su salida de este problema, o esconder la crisis de las personas sin hogar en ciudades vecinas o en la c¨¢rcel¡±, dijo la alcaldesa Bass. ¡°La ¨²nica manera de abordar esta crisis es trayendo a la gente dentro con vivienda y servicios de apoyo¡±.

Tras la sentencia, el debate ha girado m¨¢s bien en torno al equilibrio entre la aplicaci¨®n de leyes que proh¨ªben acampar, ya sean existentes o nuevas, y la prestaci¨®n de servicios de apoyo que faciliten el acceso a la vivienda. Algunos expertos consideran que una de las respuestas m¨¢s eficientes a este problema es precisamente la construcci¨®n de vivienda asequible, un bien muy escaso en la actualidad. La l¨®gica dicta que una vez se les ubica bajo un techo permanente, los problemas de salud mental o drogadicci¨®n que suelen acompa?ar a estos individuos ser¨¢n m¨¢s f¨¢ciles de atender.

Seg¨²n los cr¨ªticos conservadores, esto no ha funcionado. Una legislaci¨®n de referencia elaborada por el Instituto Cicero, un think tank de Texas, ha servido de base para nuevas leyes en Florida, Georgia, Oklahoma y otros estados republicanos que han tomado medidas contundentes contra los campamentos y han revertido un enfoque que da prioridad al alojamiento de las personas. En cambio, abogan por la detenci¨®n y diagn¨®stico de cada caso para que se ofrezcan soluciones prioritarias espec¨ªficas, como acceso al empleo, tratamiento de drogodependencia, atenci¨®n a salud mental o, sencillamente, vivienda.

En la Florida de Ron DeSantis, en octubre entrar¨¢ en vigor, precisamente, una prohibici¨®n a dormir en p¨²blico dirigida espec¨ªficamente a la gente sin hogar. En Miami Beach, ya est¨¢ en funcionamiento una norma muy similar y para el mes de agosto se ha intensificado su implementaci¨®n. La norma estipula 60 d¨ªas en prisi¨®n y una multa de 500 d¨®lares si se rechaza una cama en un albergue.

No cabe duda que la sentencia del Supremo ha envalentonado a las voces que abogan por una mano dura para hacerle frente a una situaci¨®n que est¨¢ ¨ªntimamente relacionada con la crisis de los opioides y la epidemia de problemas de salud mental graves. Aun as¨ª, el decreto del Tribunal deja intactas protecciones civiles al prohibir multas excesivas y violaciones del debido proceso. De hecho, los gobiernos locales pueden ser demandados, precisamente lo que sucedi¨® en Spokane (Oregon) el jueves pasado. Los demandantes, una organizaci¨®n local que atiende a personas sin techo y dos individuos que han vivido esta realidad, uno todav¨ªa no tiene hogar, alegan que las regulaciones impuestas por las autoridades ¡°criminalizan el hecho de no tener hogar¡±. La decisi¨®n del Supremo puede ser firme, pero el debate apenas comienza.