Las grietas en la financiaci¨®n de campa?as, una amenaza recurrente a la democracia en Colombia

Como una antigua fotograf¨ªa, lo que se observa de las campa?as pol¨ªticas ¨Cdiscursos, apretones de manos o acalorados debates¨C es apenas una parte de un mundo con escenarios de intriga. Lo dem¨¢s, transcurre en el cuarto oscuro. Un espacio al que llegan pocos ojos y en el que algunos est¨¢n dispuestos a lograr ventaja como sea frente a sus adversarios para acariciar el poder. En Colombia no se termina de revelar la imagen completa de las contiendas presidenciales de los ¨²ltimos a?os, ni siquiera cuando la Fiscal¨ªa entra a investigar campa?as, como est¨¢ ocurriendo con la que llev¨® a Gustavo Petro a la Presidencia en 2022.

La Constituci¨®n de 1991 y m¨²ltiples leyes posteriores establecieron l¨ªmites al monto de los gastos en las campa?as, cuant¨ªas m¨¢ximas de las contribuciones privadas, as¨ª como la obligaci¨®n de rendir cuentas p¨²blicas sobre el volumen de ingresos, origen y destino de los recursos. El fin ¨²ltimo es evitar la filtraci¨®n de dineros il¨ªcitos y generar un equilibrio para impedir que el gasto excesivo defina el ¨¦xito de la elecci¨®n de uno u otro candidato. En un escenario so?ado, que las ideas sean las que triunfen.

Los aportes de personas naturales o jur¨ªdicas extranjeras est¨¢n prohibidos, y en el caso de la Presidencia, los de cualquier persona jur¨ªdica. El objetivo es evitar posibles injerencias de sectores privados en las decisiones gubernamentales. Pese a ese andamiaje legal, todos los mandatarios nacionales elegidos despu¨¦s de las normas consagradas en la Constituci¨®n han afrontado cuestionamientos o investigaciones por presuntas irregularidades, incluido Petro.

En su caso, las autoridades investigan si una donaci¨®n por 500 millones de pesos (125.000 d¨®lares) que hizo la Federaci¨®n Colombiana de Trabajadores de la Educaci¨®n (Fecode) ¨Cel principal sindicato de maestros del pa¨ªs¨C al partido oficialista Colombia Humana fue a parar a su campa?a presidencial de 2022.

Marlon Pab¨®n, coordinador de administraci¨®n p¨²blica y transparencia de la Misi¨®n de Observaci¨®n Electoral (MOE) advierte que uno de los saltos a la ley es la triangulaci¨®n de recursos. ¡°Lo que estamos viendo es que los privados est¨¢n donando a los partidos pol¨ªticos para que hagan aportes a las campa?as, entonces los partidos reciben y, en ¨²ltimas, parece que se est¨¢n triangulando los recursos. Se est¨¢ haciendo el quite a la legislaci¨®n¡±, sostiene.

El de Fecode se suma a otros episodios relacionados con la campa?a del presidente Petro que no se han cerrado. Por un lado, las revelaciones de su hijo, Nicol¨¢s Petro, investigado por enriquecimiento il¨ªcito y lavado de activos, sobre eventos en el Caribe supuestamente patrocinados por personajes cuestionados, y que tampoco se incluyeron en los reportes electorales.

Esa versi¨®n se conoci¨® el a?o pasado, meses despu¨¦s de las grabaciones en las que se escucha al exembajador en Venezuela, Armando Benedetti, mencionar una suma de 15.000 millones de pesos (3,7 millones de d¨®lares), mientras amenaza a la entonces jefa de gabinete, Laura Sarabia, con revelar secretos de la campa?a. Por otro lado, est¨¢n los pagos a testigos electorales que no se declararon como gastos, seg¨²n el portal La Silla Vac¨ªa.

La campa?a de Petro report¨® gastos por 28.384 millones de pesos (7 millones de d¨®lares) en primera vuelta y de 13.169 millones de pesos (3 millones de d¨®lares) en la segunda. Los topes eran de 28.536 millones de pesos y de 13.347 millones de pesos en cada una, por lo que oficialmente se gast¨® pr¨¢cticamente todo lo que pod¨ªa. Esos l¨ªmites generalmente han sido motivo de debate. ¡°En Colombia, no sabemos cu¨¢nto realmente cuesta una campa?a electoral, no se ha hecho un estudio juicioso, entonces se terminan poniendo topes que no son acordes en la mayor¨ªa de los casos y que facilitan que se violen las normas. Tampoco est¨¢ claro qu¨¦ se entiende como gasto de campa?a y qu¨¦ no¡±, subraya el exmagistrado del Consejo Nacional Electoral, Joaqu¨ªn Jos¨¦ Vives.

Los cinco antecesores de Petro tambi¨¦n han tenido que dar explicaciones sobre sus financiaciones. En el Gobierno de Iv¨¢n Duque se conocieron audios en los que se relaciona la supuesta entrada de aportes del asesinado ganadero y narcotraficante ?e?e Hern¨¢ndez. Las investigaciones terminaron archivadas. En su defensa por el aporte del sindicato de maestros, el presidente Petro sac¨® a relucir la donaci¨®n de una empresa inmobiliaria a Duque por medio de su partido, el Centro Democr¨¢tico.

En las campa?as de Santos de 2010 y 2014 hubo hallazgos sobre apoyos de la corrupta multinacional Odebrecht. La Fiscal¨ªa confirm¨® aportes por 3.540 millones de pesos (unos 885.000 d¨®lares). El gerente de ambas, Roberto Prieto, acept¨® cargos por financiaci¨®n ilegal de la primera. Fue condenado a cinco a?os de prisi¨®n en 2019 y qued¨® libre en 2022.

De la segunda se sabe que el dinero no habr¨ªa ingresado directamente, sino por medio del pago de contratos de terceros, conocido como el caso Gistic. El principal contrincante de Santos en 2014, ?scar Iv¨¢n Zuluaga, enfrenta un juicio por el ingreso ilegal de dinero de esa misma firma a trav¨¦s de la financiaci¨®n del fallecido publicista brasile?o Duda Mendo?a.

De otro lado, el expresidente ?lvaro Uribe admiti¨® en 2006 que su campa?a de 2002 recibi¨® dineros de Enilce L¨®pez, alias La Gata, la fallecida empresaria del chance, condenada por homicidio y nexos con paramilitares. Uribe asegur¨® que en ese momento se desconoc¨ªan sus v¨ªnculos con el lavado de activos.

Y hace tres a?os, en 2021, los hermanos Miguel y Gilberto Rodr¨ªguez Orejuela, exjefes del cartel de Cali, se?alaron al expresidente conservador Andr¨¦s Pastrana de haber recibido dineros en su campa?a para el periodo 1998-2002, acusaci¨®n que ¨¦l neg¨® de inmediato. La entrada de dineros de esa red de narcotr¨¢fico fue el centro del llamado proceso 8.000 contra el antecesor y rival de Pastrana, Ernesto Samper. Su exgerente de campa?a y exministro de defensa, Fernando Botero Zea, fue condenado.

Los cuestionamientos recurrentes muestran que los mecanismos de control son fr¨¢giles. La MOE explica que la autoridad electoral no hace un seguimiento oportuno. ¡°La debilidad institucional es un problema grand¨ªsimo en Colombia que no se ha resuelto desde los a?os 90. Encontramos una cantidad de normas, pero con una autoridad electoral obsoleta, sin capacidad administrativa, t¨¦cnica, ni personal especializado para indagar durante la campa?a, no despu¨¦s¡±, se?ala Pab¨®n.

Esa autoridad est¨¢ representada, principalmente, en el Consejo Nacional Electoral (CNE), un organismo conformado por nueve magistrados elegidos por las bancadas presentes en el Congreso de la Rep¨²blica, y que por lo tanto tienen una dependencia de los pol¨ªticos cuyas campa?as deben vigilar. El CNE es el responsable de la organizaci¨®n electoral junto a la Registradur¨ªa Nacional del Estado Civil. Adem¨¢s de reconocer y revocar personer¨ªas jur¨ªdicas de partidos y movimientos y realizar el escrutinio de las elecciones, el Consejo tiene obligaciones de vigilancia y control, entre otras. En la pr¨¢ctica, sin embargo, es una entidad poco robusta, centralizada y con escasa presencia en los territorios, el escenario natural para disputarse los votos.

Ante esas limitaciones, act¨²an otras instancias como la Fiscal¨ªa, la Procuradur¨ªa, la Corte Suprema de Justicia y la comisi¨®n de acusaciones de la C¨¢mara de Representantes. El exmagistrado Vives considera que esa dispersi¨®n es ineficiente. ¡°No hay control, ni la gente est¨¢ acostumbrada a que controlen, lo que hace f¨¢cil evadirlo porque cuando no se controla la financiaci¨®n de una campa?a en tiempo real, la historia la escriben sus actores sin que se les pueda controvertir¡±, enfatiza.

La preocupaci¨®n se extiende a las elecciones departamentales y municipales. En octubre pasado, por ejemplo, el 91% de las candidaturas no hab¨ªa reportado ingresos, ni gastos de campa?a, faltando tres d¨ªas para las votaciones, mientras realizaban masivos eventos y la publicidad abundaba en calles y redes. M¨¢s de 120.000 candidatos buscaban votos para 20.000 cargos entre alcald¨ªas, gobernaciones, concejos, asambleas y Juntas Administradoras Locales.

Pab¨®n, de la MOE, se pregunta: ¡°?C¨®mo vas a controlar si no est¨¢n reportando lo que realmente gastan? La autoridad electoral no ha hecho nada para exigirles que cumplan con su deber de reportar en tiempo real y no esperar hasta dos meses despu¨¦s de las elecciones que es el ¨²ltimo plazo que tienen¡±.

Todo esto sin mencionar transacciones irregulares en actividades como la compra de votos que llev¨® a juicio a la excongresista A¨ªda Merlano. ¡°Ni la Fiscal¨ªa entera a disposici¨®n del Consejo Nacional Electoral tendr¨ªa la capacidad de supervisar a 120.000 candidatos¡±, a?ade Vives. Buena parte de las denuncias sobre inconsistencias en campa?as electorales se han conocido por los medios de comunicaci¨®n, m¨¢s que por actuaciones oportunas de las autoridades electorales.

Esa ausencia de mecanismos de control favorece a aspirantes sin intenci¨®n de respetar el juego limpio en la carrera hacia cargos de elecci¨®n popular. Sergio Fajardo, candidato independiente a la Presidencia de la Rep¨²blica en 2018, opina que el problema no es la falta de leyes o las imperfecciones que tengan, sino la ausencia de voluntad para cumplirlas. ¡°Hay que hacer las leyes, pero lo que se necesita de fondo es transparencia. Es la voluntad pol¨ªtica de actuar de manera correcta¡±, afirma.

Fajardo, exgobernador de Antioquia quien report¨® gastos por 10.685 millones de pesos (2,6 millones de d¨®lares) en la primera vuelta presidencial hace cinco a?os, qued¨® en tercer lugar con 282.000 votos de diferencia frente al exalcalde de Bogot¨¢ y exsenador Gustavo Petro, quien pas¨® a segunda vuelta con el tambi¨¦n excongresista Iv¨¢n Duque, el ganador en ambas fechas de la contienda. En la primera de ellas, Petro y Duque reportaron gastos por 23.897 millones de pesos y 24.174 millones de pesos, respectivamente (alrededor de 6 millones de d¨®lares), de acuerdo con los datos declarados ante el CNE.

Las financiaciones de las campa?as pueden tener impacto en la balanza de los resultados electorales, en las alianzas que acuerdan los gobernantes una vez llegan al poder y en la incipiente cultura en un pa¨ªs como Colombia de aportes ciudadanos a candidatos que s¨ª los representan. La plata no registrada en la historia de las campa?as electorales suma una cifra indeterminada. Su monto exacto no se conoce, pero s¨ª cu¨¢nto lastima a la democracia.

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