16 semanas de infarto para la pol¨ªtica econ¨®mica
El Gobierno tiene ya comprometido el 41% de los 24.000 millones en fondos europeos previstos para este a?o y ha de avanzar en 16 leyes comprometidas con Bruselas antes de que acabe 2021
El Gobierno encara una agenda econ¨®mica muy intensa de aqu¨ª a final de a?o. Sobre la mesa tiene las reformas comprometidas con Bruselas, la aprobaci¨®n de los Presupuestos, la pr¨®rroga de los ERTE y su conversi¨®n a una estructura permanente, los cambios para bajar el precio de la luz, la subida del salario m¨ªnimo, desatascar las ayudas a empresas y ejecutar a tiempo los fondos europeos. Y todo ello en 16 semanas fren¨¦ticas con dif¨ªciles equilibrios parlamentarios.
Gastar las ayudas europeas es una prioridad. En las ¨²ltimas fechas se ha pisado el acelerador. Seg¨²n los ¨²ltimos datos de Hacienda, de los 24.000 millones dispuestos para este a?o, ya est¨¢ comprometido el 41%, autorizado el 46% y realizado el pago del 18,7%. Aunque buena parte va a las comunidades y estas todav¨ªa tienen que gastarlo, el retraso no preocupa tanto en la medida en que estos fondos se pueden desembolsar en varios a?os. Dicho esto, a partir de diciembre de 2022 se dejar¨¢ de poner el foco en las reformas para, en su lugar, comprobar que los recursos se est¨¢n gastando y que se cumple con los objetivos. Y se trata de unos objetivos muy exigentes. Por esa raz¨®n, el Gobierno tiene el enorme reto de arrancar y engrasar la maquinaria de gasto, esencial para dar un impulso a la recuperaci¨®n.
Dos reformas complicadas
Para poder recibir esos fondos de Europa, es imprescindible cumplir con las reformas. Seg¨²n figura en su plan normativo, en este cuatrimestre el Gobierno tiene que avanzar en 16 proyectos con rango de ley. Toca a uno por semana. Una de las iniciativas que encara m¨¢s escollos es el mecanismo de equidad intergeneracional, un sistema para evitar que la jubilaci¨®n del baby boom ¡ªla generaci¨®n nacida entre finales de los a?os cincuenta y finales de los setenta del siglo XX¡ª sobrecargue las pensiones. Respecto a este mecanismo, el ministro Escriv¨¢ se?al¨® que implicar¨ªa un peque?o ajuste o tener que trabajar m¨¢s tiempo. Sin embargo, al d¨ªa siguiente tuvo que recular. Su legislaci¨®n estaba comprometida con la UE para 2022 en sustituci¨®n del llamado factor de sostenibilidad, una f¨®rmula que aprob¨® el PP, cuya entrada en vigor hab¨ªa sido pospuesta y que recortaba las prestaciones en funci¨®n del aumento de la esperanza de vida. Pero los sindicatos se empe?aron en que este factor se eliminase ya. Ni Bruselas ni la CEOE quer¨ªan que se suprimiese el factor de sostenibilidad sin poner otro que lo sustituyese. As¨ª que el acuerdo con los agentes sociales dice que patronal y sindicatos tienen que consensuar para el 15 de noviembre el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional que reemplazar¨¢ al factor de sostenibilidad.
Si no lo hacen, seg¨²n consta en el acuerdo, el Gobierno legislar¨¢ solo. Fuentes del Ejecutivo asumen que este escenario es posible. Tendr¨¢n que tramitarlo en muy poco tiempo junto a las revalorizaciones con el IPC para poder aprobarlo a finales de a?o en un contexto parlamentario que hace adivinar bloqueos y tensiones.
La otra reforma que afronta una negociaci¨®n complicada es la laboral. Ahora mismo parece inconcebible que la CEOE respalde la actual propuesta de Trabajo, que seg¨²n fuentes de la patronal restringe la temporalidad, la subcontrataci¨®n y la flexibilidad interna. Estas aseguran que si se modifica el art¨ªculo 41 en los t¨¦rminos que plantea el Gobierno implicar¨ªa una contrarreforma de la legislaci¨®n de 2012. As¨ª que la patronal intenta buscar f¨®rmulas alternativas para rebajar la temporalidad y mejorar el empleo juvenil sin que haya un impacto en la contrataci¨®n. El equipo de Yolanda D¨ªaz tiene mucha labor por delante para conseguir un acuerdo en esta materia. El documento firmado por los l¨ªderes europeos para conceder los fondos dice: ¡°Los cambios no resultar¨¢n en obst¨¢culos desproporcionados para que las empresas se ajusten al ciclo y respondan a la evoluci¨®n de la productividad¡±. Tambi¨¦n deja claro que la reforma debe contar con el visto bueno de la patronal.
Trabajo y Seguridad Social tendr¨¢n que pactar con los agentes sociales la pr¨®rroga de los ERTE, que vencen el 30 de septiembre. Esta se plantea solo para los sectores que lo precisen y servir¨¢ para ensayar los nuevos ERTE estructurales, cuya financiaci¨®n est¨¢ a¨²n por resolver.
Todos los d¨ªas tendr¨¢n su af¨¢n. Ante la fuerte escalada en el precio de la electricidad, el presidente S¨¢nchez se ha atado al m¨¢stil con la promesa de que este a?o se pagar¨¢ lo mismo de luz que en 2018 descontando la inflaci¨®n. Y en el Ministerio de Transici¨®n ponen todos sus esfuerzos para que el martes est¨¦ listo el paquete de medidas que debe asegurarlo. Se estudian m¨¢s rebajas de impuestos, reducciones de cargos, emplear ingresos de las subastas del CO? o adelantar la legislaci¨®n para suprimir la sobrerretribuci¨®n por los derechos de CO?. Probablemente ese d¨ªa se apruebe tambi¨¦n, sin el acuerdo con la patronal, la subida del salario m¨ªnimo para lo que resta de a?o.
Presupuestos y una cuant¨ªa fija por ni?o en la renta m¨ªnima
Pedro S¨¢nchez ya ha encargado que los Presupuestos se lleven al Consejo de Ministros entre finales de septiembre y principios de octubre. La ministra de Hacienda, Mar¨ªa Jes¨²s Montero, y el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho ?lvarez, est¨¢n negociando el apoyo de Podemos. Aunque la reforma fiscal se har¨¢ a partir del informe de expertos que se publicar¨¢ en febrero, el Gobierno dar¨¢ alg¨²n paso. Podemos pide por ejemplo establecer el m¨ªnimo del 15% en el impuesto de sociedades. Adem¨¢s, ha reclamado reforzar el escudo social con una prestaci¨®n universal por crianza. Aunque la Seguridad Social ya trabaja por su parte en algo distinto: quiere establecer una cuant¨ªa fija adicional por ni?o que se entregar¨¢ a las familias beneficiarias del ingreso m¨ªnimo vital y otras que est¨¦n en umbrales de renta algo superiores.
Se espera una subida con la inflaci¨®n de pensiones y sueldos de funcionarios para apuntalar el relato de la fuerte recuperaci¨®n. De hecho, as¨ª se reflejaba en el Plan de Estabilidad que se remiti¨® a Bruselas en abril. En estas conversaciones sobre los Presupuestos entrar¨¢ la ley de vivienda y los l¨ªmites al precio del alquiler que quiere imponer Podemos en zonas tensionadas. Y las negociaciones para recabar el apoyo de ERC a los Presupuestos cobran una nueva dimensi¨®n tras suspenderse la inversi¨®n del Prat. Transportes tambi¨¦n tiene entre sus prioridades llevar al Consejo de Ministros en primera lectura la ley de movilidad, incluyendo el sistema de peajes para financiar el mantenimiento de las carreteras.
El PERTE agroalimentario
Tras el PERTE del coche el¨¦ctrico, Industria prepara un nuevo proyecto estrat¨¦gico financiado con fondos europeos: el agroalimentario. El ministerio de Reyes Maroto intentar¨¢ adem¨¢s sacar adelante un plan nacional por la industria.
Y Econom¨ªa trabaja en la aprobaci¨®n de varias leyes pensadas para mejorar el clima empresarial: la reforma concursal, la legislaci¨®n de creaci¨®n empresarial y la ley para fomentar las start-up (empresas emergentes). En la primera se agilizan los procesos concursales y preconcursales y se facilita la exoneraci¨®n de deudas. En la segunda se dan m¨¢s facilidades para crear una empresa. Y en la tercera se crean incentivos para las empresas emergentes, para atraer el talento y para favorecer la inversi¨®n. Pese a que se ha pedido a Bruselas una pr¨®rroga del marco de ayudas europeo por la covid, Econom¨ªa no alargar¨¢ el plazo para dar los 7.000 millones en ayudas a empresas m¨¢s all¨¢ del 31 de diciembre. El motivo es que est¨¢n presupuestadas para este a?o, alegan.
Aunque la reforma de la financiaci¨®n auton¨®mica tardar¨¢ m¨¢s, Hacienda probablemente saque antes de que acabe el a?o una nueva definici¨®n de la poblaci¨®n ajustada, una variable que pondera la poblaci¨®n en funci¨®n de la superficie, la insularidad o la edad, todos ellos elementos que elevan el gasto para la prestaci¨®n de servicios. Es decir, cuesta m¨¢s mantener unos servicios con una poblaci¨®n envejecida o que est¨¢ muy dispersa. Y, por tanto, se ajusta el reparto teniendo en cuenta este tipo de factores. Su definici¨®n condicionar¨¢ el nuevo sistema de financiaci¨®n de las comunidades.
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