Valencia contabiliza 830 grandes propietarios de vivienda y planea subirles el IBI un 30% en los pisos vac¨ªos

El Ayuntamiento de Valencia ha contabilizado 830 propietarios de 10 o m¨¢s viviendas en la ciudad, de los cuales 406 son personas f¨ªsicas y 424 son personas jur¨ªdicas (empresas), seg¨²n ha informado este martes el concejal de Hacienda, el socialista Borja Sanju¨¢n. Esta es la base de grandes tenedores a los que el Consistorio, gobernado por Joan Rib¨®, de Comprom¨ªs, en coalici¨®n con el PSPV-PSOE, podr¨¢ aplicar un recargo del 30% en el IBI (impuesto de bienes inmuebles) si mantienen las viviendas vac¨ªas y la normativa auton¨®mica que habilitar¨¢ esa posibilidad se aprueba pr¨®ximamente, como est¨¢ previsto.

La tercera ciudad m¨¢s poblada de Espa?a basa sus c¨¢lculos en el Estudio de n¨²mero de viviendas por tenedor, que cifra en 420.298 el n¨²mero total de viviendas en su t¨¦rmino municipal y en 324.329 el de propietarios. El 99,74% de estos disponen de menos de 10 inmuebles mientras que el 0,26% restante (830) tienen en su poder m¨¢s de 10 viviendas. ¡°El registro de vivienda vac¨ªa que est¨¢ elaborando la Generalitat debe determinar ahora cu¨¢les de estos grandes propietarios no han sacado al mercado del alquiler sus inmuebles y, por tanto, son susceptibles de que el consistorio les aplique el recargo del IBI¡±, explica la nota.

¡°El Ayuntamiento de Valencia ya ten¨ªa hechos los deberes y la Generalitat ha avanzado mucho. Si los plazos se cumplen y tenemos ese registro de viviendas vac¨ªas de la Generalitat de grandes tenedores antes de final de a?o, en el 2022 habr¨¢ ya un recargo¡±, asegura Sanju¨¢n. El objetivo no es recaudar m¨¢s, sino que haya menos vivienda vac¨ªa en la ciudad y, por tanto, bajen los precios del alquiler, a?ade la nota, que tambi¨¦n hace referencia a la futura ley de vivienda en la que est¨¢ trabajando el Gobierno.

Esa norma, cuyo borrador todav¨ªa no ha sido remitido al Congreso para iniciar el tr¨¢mite legislativo, permitir¨¢ limitar las rentas de alquiler en ¨¢reas tensionadas de precios si el casero es una empresa con m¨¢s de 10 viviendas. La definici¨®n var¨ªa por tanto ligeramente con respecto a los c¨¢lculos del Ayuntamiento, que lo ha establecido a partir de 10 viviendas como establecer¨¢ la futura norma auton¨®mica. Aunque el consistorio aclara que de las 424 personas jur¨ªdicas con 10 o m¨¢s viviendas, 164 tienen entre 10 y 14 viviendas; 76 tienen entre 15 y 19 viviendas; 119 tienen de 20 a 49 viviendas; 33 tienen entre 50 y 99 casas; 26 cuentan con entre 100 y 299 viviendas, y seis tienen 200 o m¨¢s. Del an¨¢lisis de estos datos se desprende que estas empresas suman al menos 11.200 casas en la ciudad, un 2,6% del parque total. Aunque esta cifra, si se toma como referencia la parte alta de la horquilla, podr¨ªa ser incluso m¨¢s del doble.

Compensaciones a los pisos protegidos

La futura ley estatal de vivienda tambi¨¦n contempla recargos en el IBI para las viviendas vac¨ªas que podr¨¢n ser de hasta el 150%. La intenci¨®n del Ejecutivo de coalici¨®n es que esa penalizaci¨®n a las casas que permanecen desocupadas sin justificaci¨®n se aplique tanto a particulares como de empresas que posean cuatro o m¨¢s inmuebles. La aplicaci¨®n o no de ese recargo, no obstante, depender¨¢ de cada ayuntamiento. Como tambi¨¦n ser¨¢ decisi¨®n municipal si se obliga o no a las empresas promotoras a reservar un 30% de los inmuebles que levanten sobre suelo consolidado (el que est¨¢ listo para construir) a viviendas de protecci¨®n oficial (VPO). Esa medida, anunciada junto con el acuerdo de Gobierno la semana pasada, contemplar¨¢ en cualquier caso que el consistorio compense a los promotores, confirman fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Es decir, que los ayuntamientos que obliguen a reservar un 30% a VPO deber¨¢n aumentar la edificabilidad, ceder terrenos equivalentes o compensar con base en precios de mercado a los promotores.

Otra novedad importante de la ley es que al menos la mitad de esa VPO deber¨¢ tener como finalidad el alquiler, y no la venta. El Gobierno quiere reforzar los parques de arrendamiento social, de los que Espa?a tiene una fuerte carencia en comparaci¨®n con otros pa¨ªses europeos. Por ello, tal y como adelant¨® EL PA?S, la futura norma tambi¨¦n contendr¨¢ limitaciones para que las Administraciones que tienen pisos sociales los vendan en bloque a inversores, en operaciones similares a las que el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid protagonizaron en los a?os de la Gran Recesi¨®n.