Catalu?a, laboratorio de la vivienda

Catalu?a es el laboratorio de la vivienda. Fue acicate a la ley Por el Derecho a la Vivienda (25/5/2023). Y su avanzadilla, con varias normas auton¨®micas. En esa fase hizo hincapi¨¦ en factores que configuran un ¡°intervencionismo constrictivo¡±. El m¨¢s medi¨¢tico y discutido, los topes a los precios del alquiler.

Solo rigen desde marzo. Conviene, pues, m¨¢s tiempo para evaluarlos. Sobra el nihilismo ideologista. Y huelga el optimismo oficial precipitado: cierto que los precios bajaron un 5% en el segundo trimestre (sobre el primero), en las ciudades reguladas. Pero tambi¨¦n que la oferta se desplom¨® un 17,2%, desvi¨¢ndose al alquiler de temporada, menos regulado. Una de cal y otra de arena para el acceso, ?se neutralizan entre s¨ª? Faltan datos para saberlo: depender¨¢ de cu¨¢ndo y c¨®mo se regulen esos desv¨ªos. Y m¨¢s plazo: para calibrar si el alza de precios previa a la vigencia de la normativa se debi¨® o no a la cautela anticipatoria de los caseros. En cambio, ya ha capotado en el Tribunal Constitucional otro factor constrictivo: la obligaci¨®n de los ¡°grandes tenedores¡± de ofrecer un ¡°alquiler social¡± antes de ejecutar un desahucio. Figuraba en la ley auton¨®mica 1/2022 de Emergencia en el ¨¢mbito de la vivienda.

La sectorial Comunidades/Gobierno del d¨ªa 3 marc¨® un horizonte de colaboraci¨®n (bono alquiler joven), de discusi¨®n (redacci¨®n de un nuevo plan general; alternativas) y de concreci¨®n de las inversiones anunciadas. La promesa de Salvador Illa como president de la Generalitat (el martes, en el gran debate anual del Parlament) de un nuevo programa de vivienda ¡ªel mayor auton¨®mico¡ª, para generar 50.000 pisos p¨²blicos hasta 2030, es el mascar¨®n de proa del nuevo ¨¦nfasis. Sin negar el enfoque coercitivo (ni mencionarlo), acent¨²a la ¡°intervenci¨®n consorciativa¡±. En el que lo esencial es la construcci¨®n, la financiaci¨®n (4.400 millones en cuatro a?os), las reformas legales necesarias, y la colaboraci¨®n p¨²blico-privada.

No solo se airean los pisos a construir, sino su palanca clave, c¨®mo se financian. Y de ah¨ª en cascada pragm¨¢tica la clave es saber de cu¨¢nto terreno dispondr¨¢ la Generalitat, que nadie ha contabilizado hasta hoy (tampoco el del conjunto del Estado): crear¨¢, con los ayuntamientos, con la administraci¨®n central y los propietarios de solares que lo deseen, una ¡°reserva de suelo p¨²blico¡± a ofrecer a los municipios para que lo desarrollen (y en principio, que estos y sobre todo los privados, construyan). Esta nueva disposici¨®n de suelo es distinta a la de la ¨¦poca aznarista, cuando todo el suelo del pa¨ªs era en principio edificable, lo que llev¨® a la burbuja inmobiliaria y la gran crisis financiera. Porque es selectiva. Pero amplia: Illa concret¨® que ya en febrero de 2025 ¡°movilizar¨¢ solares de equipamientos¡±, mediante las modificaciones normativas necesarias (auton¨®micas) para destinarlos a vivienda protegida de alquiler, am¨¦n de a?adir al fondo todo el suelo de la propia Generalitat (el poderoso Institut Catal¨¤ del S¨®l). Eso implica multiplicar el suelo disponible ¡ªla madre de todas las batallas¡ª, pero sin la suicida locura neoliberal de anta?o.

Tambi¨¦n se incluye una reducci¨®n a la mitad en el plazo de entrega de llaves desde que se inicia la planificaci¨®n: hoy es de 100 meses, se debe llegar a 50. ?C¨®mo? Mediante una nueva licencia urban¨ªstica simplificada que acelerar¨¢ los tr¨¢mites. Cierra el c¨ªrculo el apoyo a promotores privados y p¨²blicos con una l¨ªnea de cr¨¦dito del Institut Catal¨¤ de Finances (500 millones anuales); otra de igual cuant¨ªa para subvencionar a familias en su compra o alquiler, y evitar desahucios; y un fondo de emancipaci¨®n juvenil (otros 500).

Un Comit¨¦ de agilidad urban¨ªstica monitorizar¨ªa el proceso. Y es de esperar tambi¨¦n ¡ªaunque nada se ha anunciado¡ª una rendici¨®n p¨²blica, puntual y peri¨®dica de cuentas sobre las unidades entregadas, terminadas, en proceso o en licitaci¨®n... Sin ello, fallar¨ªa la confianza ciudadana.