Cuatro d¨¦cadas defendiendo los derechos m¨¢s ultrajados

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Corr¨ªa el a?o 1961. La ma?ana del 28 de mayo, el diario The Observer incluy¨® entre sus informaciones un art¨ªculo titulado Lo presos olvidados, sobre dos estudiantes portugueses detenidos por brindar por la libertad durante la dictadura de Salazar. Estaba firmado por el abogado brit¨¢nico Peter Benenson, que se sirvi¨® de ¨¦l para lanzar una campa?a en pro de la amnist¨ªa. Este fue el origen de lo que hoy conocemos como Amnist¨ªa Internacional, una organizaci¨®n independiente que defiende el cumplimiento de los derechos humanos en todo el mundo y que est¨¢ formada por m¨¢s de siete millones de activistas. Entre sus principales hitos se cuenta su trabajo por la abolici¨®n de la pena de muerte y la tortura, la protecci¨®n de activistas por los derechos de los homosexuales, las mujeres y los defensores del medioambiente.

En 2018, Amnist¨ªa Internacional cuenta con numerosas delegaciones de todo el mundo. Una de ellas es la espa?ola, que este mi¨¦rcoles 21 de marzo celebra su 40 aniversario. El Consejo de Ministros legaliz¨® a la organizaci¨®n en Espa?a en 1978, un a?o despu¨¦s de que la organizaci¨®n fuera galardonada con el Premio Nobel de la Paz, y solo unos a?os despu¨¦s de que naciera en la clandestinidad. Hoy cuenta con 84.000 socios, 2.400 activistas y m¨¢s de medio mill¨®n de personas que colaboran asiduamente en sus campa?as. Durante estas cuatro d¨¦cadas, se ha centrado en causas nacionales, como la libertad de expresi¨®n y la derogaci¨®n de la ley de seguridad ciudadana, la acogida de refugiados, la violencia de g¨¦nero o el derecho a la vivienda y la salud.

?Cu¨¢les han sido los mayores y mejores hitos de Amnist¨ªa Internacional Espa?a en estas cuatro d¨¦cadas? Hacemos un repaso:

1. Pena de muerte

Japon¨¦s y antiguo boxeador, Iwao Hakamada ha pasado sus ¨²ltimos 66 a?os en el corredor de la muerte tras ser declarado culpable de un cr¨ªmen multiple perpetrado en 1966: asesinar al jefe de la f¨¢brica en la que trabajaba y a la familia de este. Hakamada fue sometido a interrogatorios durante 20 d¨ªas sin presencia de un abogado, fue golpeado y obligado a firmar una confesi¨®n. Amnist¨ªa Internacional Espa?a se involucr¨® en 2009. En 2014 el hombre, ya anciano, fue liberado. En marzo de 2018 se decide si se repite su juicio.

Este es el caso m¨¢s reciente de una lucha contra la pena capital que Amnist¨ªa Internacional inici¨® en 1977 con la promoci¨®n de la Declaraci¨®n de Estocolmo, el primer manifiesto abolicionista internacional de la pena de muerte. Por entonces, solo ocho pa¨ªses en Europa y otros ocho en Am¨¦rica la hab¨ªan expulsado completamente de su legislaci¨®n. En 2018, ya son 141 estados los que la han abolido, pero se han registrado ejecuciones en otros 23. No obstante, a finales de 2016 a¨²n exist¨ªan en todo el mundo al menos 18.848 personas condenadas a muerte. Otras 3.117 fueron ejecutadas. Estas cifras no incluyen las miles de ejecuciones realizadas en China, donde estos datos se encuentran clasificados como secreto de Estado.

2. Jurisdicci¨®n Universal

El principal hito de la jurisdicci¨®n universal en el que particip¨® Amnist¨ªa Internacional fue la detenci¨®n de Augusto Pinochet en Londres el 10 de octubre de 1998 por petici¨®n de la Audiencia Nacional espa?ola. Amnist¨ªa Internacional fue observadora de procesos judiciales contra los exgenerales argentinos Cavallo y Scilingo, la detenci¨®n de Fujimori en Chile, a la que sigui¨® su extradici¨®n en 2008 a Per¨² y posterior condena a 25 a?os de c¨¢rcel por delitos contra los derechos humanos. Tambi¨¦n contribuy¨® a que Charles Taylor fuera juzgado en 2007 en el Tribunal Especial para Sierra Leona, acusado de cr¨ªmenes de lesa humanidad y cr¨ªmenes de guerra. Y a que los l¨ªderes serbios Slobodan Milosevic, Ratko Mladic, Radovan Karadzic, fueran juzgados y condenados en el Tribunal para la Antigua Yugoslavia por genocidio.

M¨¢s del 80% de los Estados miembros de Naciones Unidas tienen legislaci¨®n que les permite aplicar el principio de jurisdicci¨®n universal respecto a uno o m¨¢s cr¨ªmenes de derecho internacional o delitos ordinarios tipificados en el derecho nacional. Amnist¨ªa Internacional comenz¨® a trabajar en 1996 en acciones a favor de la creaci¨®n de la Corte Penal Internacional (CPI), un tribunal permanente que Naciones Unidas impuls¨® dos a?os m¨¢s tarde y que comenz¨® a funcionar en 2002. En 2018, el Estatuto de Roma ¡ªinstrumento constitutivo de la CPI¡ª hab¨ªa sido ratificado por 105 estados. Espa?a fue uno de los primeros en hacerlo.

3. Armas

Amnist¨ªa Internacional inici¨® la batalla para lograr el Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA) en 1990, un documento que proh¨ªbe la transferencia de armas cuando un pa¨ªs sabe que se podr¨ªan usar para cometer genocidio, cr¨ªmenes de lesa humanidad o cr¨ªmenes de guerra. Siete a?os despu¨¦s, se propuso un C¨®digo de Conducta para regular su comercio internacional. Desde 2005, empieza a trabajar junto a otras organizaciones en la campa?a Armas bajo control, cuyo objetivo era impulsar un Tratado Internacional sobre el control del comercio de armas.

El TCA entr¨® en vigor en 2014, pero al menos un cuarto de los 130 pa¨ªses que lo han firmado, ratificado solo por 94, no cumplen con las obligaciones que establece. Hoy, 650 millones de armas circulan por el mundo, cada a?o se fabrican ocho millones m¨¢s y 16.000 millones de balas. Alrededor del 60% de las violaciones de derechos humanos sobre las que trabaja la organizaci¨®n se cometen con armas. Las m¨¢s recientes van desde Estados Unidos, donde el exalumno de un instituto de Parkland (Florida) Nikolas Cruz, asesin¨® a 17 personas el pasado febrero, hasta Siria, donde los bombardeos del r¨¦gimen en la localidad de Guta han causado casi 600 muertos y han sido considerados como cr¨ªmenes de guerra.

4. Casos individuales

Amnist¨ªa Internacional ha trabajado por miles de casos individuales desde sus inicios. Entre otros, se ha involucrado en la situaci¨®n de personas condenadas en juicios injustos, de condenados a pena de muerte, o detenidas por expresar sus opiniones.Se ha conseguido liberar a presos como el periodista cubano Bernardo Ar¨¦valo Padr¨®n, la monja tibetana Phusntson Nyidron, el reverendo ecuatoguineano Bienvenido Samba Momesori, el abogado sirio Anwar al-Bunni, la defensora de los derechos de las mujeresen China, Su Changlan, o las integrantes del grupo de m¨²sica ruso, Pussy Riot. Esta ¨²ltima fue una de las batallas m¨¢s medi¨¢ticas. Afect¨® a las ciudadanas Maria Alekhina, Nadezhda Tolokonnikova y Ekaterina Samutsevich, detenidas en 2012 por interpretar una canci¨®n protesta en una catedral ortodoxa de Mosc¨². Seis meses despu¨¦s fueron condenadas a dos a?os de prisi¨®n por "vandalismo por motivos de odio religioso". Ekaterina recuper¨® la libertad en octubre de 2012, pero Maria y Nadezhda cumplieron su pena en colonias penitenciarias conocidas por su brutalidad.

Una de las campa?as m¨¢s emblem¨¢ticas de la delegaci¨®n espa?ola es Regala tus palabras, puesta en marcha en 1999 para enviar palabras de apoyo a personas detenidas en todo el mundo. Desde sus inicios hasta 2017, con esta campa?a se han trabajado 58 casos, de los cuales 44 fueron liberados, y han participado miles de interesados.

5. Mujeres

En 1994, la campa?a Los derechos humanos, un derecho de mujer, sacaba a la luz c¨®mo por el hecho de ser mujer se agravaban las violaciones de derechos fundamentales. Las leyes discriminatorias, las dificultades para el acceso a la educaci¨®n, a la salud, los cr¨ªmenes de honor, los abortos por raz¨®n de sexo, son algunos. Y aquellas que se defienden contra los abusos son las que m¨¢s las sufren. As¨ª le ocurri¨® a Bel¨¦n, argentina condenada a ocho a?os de prisi¨®n tras sufrir un aborto espont¨¢neo en un hospital p¨²blico. O a Guangcheng, abogado y activista encarcelado por ayudar en una demanda contra las autoridades del ayuntamiento de Linyi, en la provincia china de Shandong, por haber obligado presuntamente a miles de mujeres a abortar para cumplir las cuotas de natalidad impuestas por el Gobierno. Otra activista perseguida fue la guatemalteca Norma Cruz, que recibi¨® amenazas de muerte por documentar casos de violencia contra las mujeres y ayudarlas a obtener justicia.

En 2004, con la campa?a No m¨¢s violencia contra las mujeres, se sac¨® de lo privado la violencia que se ejerce contra las mujeres en el ¨¢mbito familiar, y se reclam¨® a los Estados que asumieran su responsabilidad tomando medidas para prevenirla y perseguirla. Una tercera campa?a, Mi cuerpo, mis derechos, fue el empuj¨®n necesario para el impulso de los derechos sexuales y reproductivos, en un entorno en el que pocas mujeres en el mundo pueden decidir sobre sus cuerpos.?

Bel¨¦n fue absuelta en marzo de 2017 tras dos a?os en prisi¨®n preventiva, Guancheng cumpli¨® una condena de cuatro a?os y tres meses hasta su liberaci¨®n en 2010. ?l y su familia permanecieron en arresto domiciliario hasta que huyeron a Estados Unidos en 2012. En cuanto a Norma, en 2011 se hall¨® al responsable de las amenazas, Marco Tulio Casalosa, que fue condenado. Quedan por resolver muchas batallas a¨²n, como la liberaci¨®n de las activistas iran¨ªes?Atena Daemi y Golrokh Ebrahimi, reclu¨ªdas por defender los derechos de las mujeres en su pa¨ªs.

6. Ni?os y ni?as

Los derechos de los menores tampoco se respetan. Especial atenci¨®n ha dedicado la organizaci¨®n a las ejecuciones de personas que cometieron sus delitos cuando eran menores de edad. Gracias a la presi¨®n internacional, en Estados Unidos el Tribunal Supremo declar¨® inconstitucional todas las condenas a muerte de menores en 2005. Amnist¨ªa Internacional cree que este tipo de condenas se sigue manteniendo en pa¨ªses como Arabia Saud¨ª, Bangladesh, Indonesia, Maldivas, Nigeria, Pakist¨¢n, Pap¨²a Nueva Guinea, e Ir¨¢n, donde s¨®lo en 2016, hab¨ªa 78 menores en el corredor de la muerte. En Israel est¨¢ pendiente el caso de la activista palestina de 17 a?os Ahed Tamimi y los otros 350 ni?os y ni?as recluidos en c¨¢rceles y centros de detenci¨®n de este pa¨ªs. La adolescente ha sido condenada a ocho meses de prisi¨®n y a pagar una multa de 1.164 euros por un tribunal militar israel¨ª para menores por abofetear y empujar a unos soldados armados el d¨ªa en que el primo de la joven, de 14 a?os, hab¨ªa recibido un disparo en la cabeza, el pasado diciembre. Ahed, que se ha convertido en un s¨ªmbolo de la resistencia palestina, fue arrestada y duramente interrogada.

En Espa?a, Amnist¨ªa Internacional denunci¨® en 2009 los castigos, aislamiento, medicaci¨®n forzada y graves violaciones de los derechos humanos hacia las ni?as y ni?os en centros terap¨¦uticos privados que dependen de la competencia de la administraci¨®n p¨²blica.

7. Objeci¨®n al servicio militar

Entre 1980-2002 se desarroll¨® en Espa?a el movimiento contra el servicio militar obligatorio. Amnist¨ªa Internacional amparaba a los objetores de conciencia que eran encarcelados por ejercer la objeci¨®n una vez incorporados a filas. De hecho durante esa ¨¦poca, fueron al menos 13 objetores los ¨²nicos casos de espa?oles considerados presos de conciencia por la organizaci¨®n, es el caso de Miguel Rodr¨ªguez M¨¦ndez o Francesc Alexandra, ambos en 1987.

8. Tortura y malos tratos

Se han dado varios pasos importantes desde que Amnist¨ªa Internacional llev¨® a cabo la primera campa?a mundial a favor de la erradicaci¨®n de la tortura en 1972 con informaci¨®n de m¨¢s de 70 pa¨ªses. En 1987 entr¨® en vigor la Convenci¨®n contra la Tortura, ratificada por 162 pa¨ªses y en 2014, la organizaci¨®n puso en marcha la campa?a Stop Torturapara exigir medidas concretas contra una pr¨¢ctica que sigue muy extendida. Se consiguieron avances legislativos importantes en Nigeria, M¨¦xico o Uzbekist¨¢n; y en casos individuales, con la liberaci¨®n de v¨ªctimas que, en muchos casos, hab¨ªan sido condenadas por confesiones hechas bajo tortura.

Destacaron casos como es el de la mexicana Yecenia Armenta, que tras la presi¨®n internacional fue absuelta y sali¨® de prisi¨®n en 2016 despu¨¦s de cuatro a?os presa. Hab¨ªa sido golpeada, semiasfixiada y violada hasta que reconoci¨® haber participado en el asesinato de su esposo. Tambi¨¦n el de Erkin Musaev, un exalto cargo del Gobierno de Uzbekist¨¢n y trabajador de la ONU que fue torturado y condenado a 20 a?os de c¨¢rcel en 2007, acusado de espiar para un Estado miembro de la OTAN sin especificar y de utilizar indebidamente fondos de la ONU. La declaraci¨®n de culpabilidad se bas¨® en una confesi¨®n que se vio obligado a firmar por las amenazas que recibi¨® su familia. Fue liberado en 2017. Tambi¨¦n sufri¨® los mismos abusos Moses Akatukba, detenido por robo cuando ten¨ªa 16 a?os. No solo fue brutalmente torturado por la polic¨ªa en Nigeria, sino que adem¨¢s fue condenado a muerte.

9. Avances para v¨ªctimas del franquismo en Argentina y M¨¦xico

Pese a que en Espa?a se suceden los obst¨¢culos para la investigaci¨®n de cr¨ªmenes de derecho internacional ocurridos durante la Guerra Civil y el franquismo, otros pa¨ªses, en aplicaci¨®n del principio de la jurisdicci¨®n universal, han iniciado investigaciones para abordar unos delitos a los que Espa?a no se quiere enfrentar. Argentina fue el pa¨ªs pionero en iniciar esta investigaci¨®n, con la causa que se abri¨® en 2010, y aunque nuestro pa¨ªs se est¨¦ negando a colaborar, la causa sigue abierta. Por otro lado, en febrero de 2017, la Procuradur¨ªa General de la Rep¨²blica de M¨¦xico admiti¨® la denuncia presentada por Amnist¨ªa Internacional y por Ligia Ceballos Franco, quien hace unos a?os descubri¨® que podr¨ªa haber sido una beb¨¦ robada en 1968 en Espa?a. Es la segunda causa abierta en el mundo sobre cr¨ªmenes del franquismo. Amnist¨ªa Internacional y Ligia han presentado pruebas para la investigaci¨®n que indicar¨¢n si se trata de un caso de desaparici¨®n forzada.

10. Empresas

Las empresas deben respetar los derechos humanos. Como la petrolera Shell, responsable de dos vertidos en 2008 que contaminaron en el Delta del N¨ªger. En 2009, Amnist¨ªa Internacional la acus¨® de haber destruido el medio de vida miles de personas. Cuatro a?os despu¨¦s, un afectado logr¨® ser indemnizado por da?os. En 2015, la compa?¨ªa pag¨® 55 millones de libras esterlinas a la comunidad de Bodo en un acuerdo extrajudicial.

En Nauru y Manus (oc¨¦ano Pac¨ªfico central) la empresa espa?ola Ferrovial gestionaba en 2017 a trav¨¦s de su filial Broadspectrum dos centros de personas refugiadas, a las que env¨ªa el Gobierno australiano en contra de su voluntad. Malviven all¨ª aproximadamente unas 1.000 personas con una atenci¨®n m¨¦dica inadecuada, sufriendo humillaciones y abusos, a lo que se suman los efectos psicol¨®gicos del encierro en una isla remota. Amnist¨ªa Internacional denunci¨® esta situaci¨®n e hizo campa?a para que Ferrovial abandonara la gesti¨®n de los centros. Tambi¨¦n la ONU exigi¨® su cierre y finalmente el contrato de Ferrovial con el Gobierno australiano expir¨® el 31 de octubre de 2017 . No fue renovado.

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