Los frentes judiciales pendientes del ministro Grande-Marlaska

La decisi¨®n tomada este mi¨¦rcoles por la Audiencia Nacional de avalar la decisi¨®n del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de cesar por ¡°p¨¦rdida de confianza¡± como jefe de la Guardia Civil en Madrid al coronel Diego P¨¦rez de los Cobos no cierra la causa. La sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, que revocaba el fallo del juez de primera instancia, a¨²n puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo. Fuentes cercanas al alto mando de la Guardia Civil, destinado en la Inspecci¨®n de Armas y Explosivos desde su destituci¨®n, apuntan que, precisamente, est¨¢ estudiando hacerlo. Tiene 30 d¨ªas para presentar el recurso. La sentencia, en la que se estima el recurso del Ministerio del Interior, ha concluido que la destituci¨®n del alto mando estuvo correctamente motivada y se ajust¨® a la normativa que se aplica a los agentes del instituto armado.

Tambi¨¦n ha seguido el mismo camino judicial el coronel Manuel S¨¢nchez Corbi, cesado con id¨¦ntico argumento en agosto de 2018 como jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) ¨Dla principal unidad de investigaci¨®n de la Guardia Civil en la lucha contra la corrupci¨®n y el crimen organizado¡ª tras la filtraci¨®n a la prensa de un correo interno en el que se criticaba la falta de fondos reservados. Aquella decisi¨®n, tomada por Grande-Marlaska semanas despu¨¦s de asumir la cartera, tambi¨¦n fue respaldada por la justicia en primera y segunda instancia al considerar que fue ajustada a derecho y que no exist¨ªa la motivaci¨®n personal que alegaba S¨¢nchez Corbi. Sin embargo, el alto mando de la Guardia Civil recurri¨® este fallo ante el Tribunal Supremo. Un a?o despu¨¦s de que se presentara el recurso, el alto tribunal a¨²n no se ha pronunciado si lo admite a tr¨¢mite, seg¨²n detallan a este diario fuentes del entorno del guardia civil. S¨¢nchez Corbi dej¨® el servicio activo a finales de enero y pas¨® a trabajar en la empresa privada.

El pr¨®ximo viernes la atenci¨®n de Interior estar¨¢ en los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid. Ese d¨ªa est¨¢n citados a declarar como imputados los seis polic¨ªas que, el pasado 21 de marzo, irrumpieron por la fuerza en un piso de la madrile?a calle de Lagasca donde se celebraba una fiesta contraviniendo el estado de alarma entonces en vigor. Los seis polic¨ªas fueron acusados por el inquilino de la vivienda de allanamiento de morada y da?os. La cita se acod¨® despu¨¦s de que la Audiencia Provincial de Madrid ordenase, en junio, a otro juez que archivase la causa abierta contra los nueve j¨®venes que fueron detenidos aquella noche en la vivienda y apuntase en su auto que los polic¨ªas pod¨ªan haber cometido ¡°un exceso en el ejercicio de la autoridad¡±. Aquella intervenci¨®n policial gener¨® una enorme pol¨¦mica tras difundirse en las redes sociales, d¨ªas despu¨¦s del suceso, las im¨¢genes grabadas por una de las ocupantes de la vivienda. Grande-Marlaska sali¨® entonces en defensa de la actuaci¨®n de los agentes, que enmarc¨® dentro de la legalidad, y para ello lleg¨® a poner en duda la inviolabilidad de los pisos tur¨ªsticos por considerar que no son morada pese a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en sentido contrario.

Tambi¨¦n ha provocado a Interior quebraderos de cabeza legales la reciente repatriaci¨®n de menores inmigrantes no acompa?ados desde Ceuta a Marruecos. Y, adem¨¢s, en dos frentes: un juzgado de la ciudad aut¨®noma y la Audiencia Nacional, a los que acudieron varias ONG para frenar la medida con la que se pretend¨ªa devolver al pa¨ªs magreb¨ª a buena parte de los 1.500 menores que, durante la crisis migratoria del pasado mayo, entraron irregularmente en la ciudad norteafricana. Una jueza de Ceuta suspendi¨® en agosto la medida cuando se iba a aplicar a nueve menores con un auto, que no admit¨ªa recurso, en el que consideraba que hab¨ªa quedado ¡°acreditado¡± la supuesta irregularidad del procedimiento.

Interior y Gobierno de Ceuta se se?alaron entonces mutuamente como responsables de ordenar, en ¨²ltima instancia, la operaci¨®n. Seg¨²n la documentaci¨®n aportada por cada una de las partes, Interior habr¨ªa iniciado el procedimiento a petici¨®n del Ejecutivo aut¨®nomo. La jueza concluy¨® que correspond¨ªa a la Delegaci¨®n del Gobierno incoar ¡ªabrir¡ª los expedientes, si los hubiera habido, y atribu¨ªa por tanto la responsabilidad al Ministerio de Interior. El fallo, que solo afectaba a los nuevos ni?os, paraliz¨® todo el proceso. Entonces. Marlaska defendi¨® p¨²blicamente el mecanismo utilizado: ¡°Lo que se determina es reagruparlos de manera asistida, para volver a su entorno social y con su familia, tal y como recoge la Convenci¨®n del Ni?o¡±, recalc¨® el ministro, asegurando que se hab¨ªa respetado ¡°el ordenamiento jur¨ªdico en su conjunto¡±. Ante la Audiencia Nacional, Interior tambi¨¦n se escud¨® en que la iniciativa de la medida hab¨ªa sido del Ejecutivo de Ceuta y, en sus alegaciones, afirm¨® que ninguna orden ni acto administrativo hab¨ªa salido del departamento.