El Supremo prepara la revisi¨®n de oficio de la pena de inhabilitaci¨®n de Oriol Junqueras

Tras la aprobaci¨®n este jueves en el Senado de la reforma de C¨®digo Penal que elimina el delito de sedici¨®n y modifica el de malversaci¨®n, el Tribunal Supremo se prepara para revisar de oficio en las pr¨®ximas semanas la sentencia por la que se conden¨®, a entre 9 y 13 a?os de c¨¢rcel e inhabilitaci¨®in, a Oriol Junqueras y otros ocho l¨ªderes independentistas. La nueva legislaci¨®n entrar¨¢ en vigor 20 d¨ªas despu¨¦s de que se publique en el Bolet¨ªn Oficial del Estado (BOE) y en ese momento, se?alan fuentes del alto tribunal, se pedir¨¢ a las acusaciones y las defensas que informen sobre sus efectos en las penas impuestas a los nueve condenados. El Gobierno indult¨® los castigos de prisi¨®n, pero no los de inhabilitaci¨®n, por lo que la Sala Segunda (Penal) tiene que adaptar las penas a la nueva ley. Los cambios aprobados ese jueves obligar¨¢n tambi¨¦n al Supremo a modificar el procesamiento y las ¨®rdenes de detenci¨®n europeas e internacional dictadas contra el expresidente catal¨¢n Carles Puigdemont, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y el resto de pr¨®fugos de la justicia espa?ola.

La revisi¨®n de la sentencia dictada en octubre de 2019 por la Sala Segunda correr¨¢ a cargo del mismo tribunal que juzg¨® y conden¨® a los l¨ªderes independentistas por sedici¨®n y malversaci¨®n: Manuel Marchena, Andr¨¦s Mart¨ªnez de Arrieta, Juan Ram¨®n Berdugo, Antonio del Moral, Andr¨¦s Palomo y Ana Ferrer (el s¨¦ptimo magistrado, Luciano Varela, se jubil¨® nada m¨¢s firmar esta resoluci¨®n). Los magistrados no han estudiado todav¨ªa c¨®mo afecta la reforma del C¨®digo Penal a las penas impuestas, pero dan por hecho que bajar¨¢n mucho. La decisi¨®n se tomar¨¢ tras escuchar a las partes y analizar c¨®mo encajan los hechos probados de la sentencia de 2019 en la nueva legislaci¨®n.

La pena por sedici¨®n desaparecer¨¢ porque este delito ya no estar¨¢ en el C¨®digo Penal, pero el tribunal estudiar¨¢ si las conductas atribuidas a los l¨ªderes independentistas pueden ahora castigarse con la nueva modalidad agravada de des¨®rdenes p¨²blicos, para el que se prev¨¦n hasta cinco a?os de c¨¢rcel y entre seis y ocho de inhabilitaci¨®n cuando sea cometido por autoridades. Parte de la sala se inclina por que no, y, en ese caso, los cinco condenados que solo lo est¨¢n por sedici¨®n (la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, los exconsejeros Josep Rull y Joaquim Forn, el l¨ªder de ?mnium, Jordi Cuixart, y el expresidente de la ANC Jordi S¨¤nchez) ver¨¢n extinguida toda su pena.

En el caso de los otros cuatro que, adem¨¢s de por sedici¨®n, est¨¢n condenados por malversaci¨®n (Junqueras y los exconsejeros Ra¨¹l Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa) el tribunal debe estudiar tambi¨¦n c¨®mo adapta esa pena a la nueva regulaci¨®n de la malversaci¨®n, se?alan fuentes del ¨®rgano. La reforma del C¨®digo Penal modifica este delito para distinguir si se produce o no enriquecimiento personal. Las penas que recog¨ªa el texto anterior, de hasta 12 a?os de c¨¢rcel y hasta 30 de inhabilitaci¨®n, quedan ahora reservadas para quien ¡°con ¨¢nimo de lucro, se apropie o consienta que un tercero se apropie¡± del patrimonio p¨²blico que tenga a su cargo. Pero el Gobierno, promotor de la reforma, considera que el caso del proc¨¦s no se engloba en esa modalidad, sino en una que incorpora el C¨®digo Penal y que castiga a la autoridad o funcionario que d¨¦ al patrimonio p¨²blico ¡°una aplicaci¨®n p¨²blica diferente de aquella a la que estuviere destinado¡±, produciendo un ¡°da?o o entorpecimiento graves del servicio al que estuviere consignado¡±. La pena oscila entre uno y cuatro a?os de c¨¢rcel si se considera que se ha producido ese ¡°da?o o entorpecimiento grave¡± del servicio p¨²blico, y entre uno y tres a?os de inhabilitaci¨®n (no de c¨¢rcel) ni se concluye que no lo ha habido.

Para imponer la pena a los l¨ªderes independentistas condenados por sedici¨®n y malversaci¨®n, el Supremo aplic¨® la f¨®rmula del concurso medial (cuando un delito es un medio necesario para la comisi¨®n de otro), por lo que no concret¨® qu¨¦ pena exacta correspond¨ªa por cada delito. Pero s¨ª precis¨® que la condena por malversaci¨®n lo era en su modalidad agravada por raz¨®n de su cuant¨ªa (superior a 250.000 euros), por lo que la pena, de haberse impuesto sin concurso medial, habr¨ªa oscilado entre seis y 12 a?os de c¨¢rcel. El tribunal debe decidir ahora en qu¨¦ modalidad de la nueva malversaci¨®n encaja la del proc¨¦s y concretar el castigo.

Antes de tomar una decisi¨®n, el ¨®rgano se dirigir¨¢ a las partes para que den su opini¨®n. Primero preguntar¨¢ a las acusaciones (Fiscal¨ªa, Abogac¨ªa del Estado y la acci¨®n popular, ejercida por Vox) y se les dar¨¢ un plazo para que contesten, previsiblemente de cinco d¨ªas, se?alan las fuentes. Despu¨¦s, se preguntar¨¢ a los abogados de los nueve condenados. Y, tras estudiar sus escritos, los magistrados dictar¨¢n un auto con las nuevas penas y los argumentos jur¨ªdicos de su decisi¨®n.

Llarena, obligado a mover ficha

La desaparici¨®n de la sedici¨®n y la reforma de la malversaci¨®n obligar¨¢ tambi¨¦n a mover ficha al magistrado Pablo Llarena, instructor del proc¨¦s y que tramita la causa contra Puigdemmont y el resto de dirigentes independentistas que se fugaron para esquivar a la justicia espa?ola. Las fuentes consultadas se?alan que Llarena tendr¨¢ que cambiar el procesamiento y la euroorden por sedici¨®n lanzados en octubre de 2019 contra el expresident y los exconsejeros Toni Com¨ªn y Clara Ponsat¨ª, que est¨¢n en B¨¦lgica. El magistrado debe decidir si pide su entrega solo por malversaci¨®n o tambi¨¦n por des¨®rdenes p¨²blicos o alg¨²n otro tipo recogido en el C¨®digo Penal.

Las euro¨®rdenes est¨¢n ahora suspendidas a la espera de que la justicia europea responda a una cuesti¨®n prejudicial remitida por Llarena, pero el magistrado deber¨¢ actuar antes, sin esperar a la respuesta del tribunal comunitario. ¡°No puedes tener a una persona procesada por un delito que no existe¡±, se?alan fuentes de la sala en referencia a la desaparici¨®n de la sedici¨®n. Este cambio afecta tambi¨¦n a Marta Rovira, procesada por rebeli¨®n, pero que fuentes del Supremo dan por hecho que tambi¨¦n podr¨¢ beneficiarse de la reforma porque la sentencia descart¨® ese delito y si hubiera regresado a Espa?a, probablemente, se le habria juzgado por sedici¨®n.