¡°Buitres¡± contra ¡°okupas¡±: as¨ª es la guerra de ideas y consignas en plena crisis de la vivienda
A la mara?a de organizaciones del poderoso ¡®lobby¡¯ inmobiliario, hist¨®rico dominador del debate, se le opone un creciente bloque contra el ¡°rentismo¡±
?Abajo el intervencionismo!, claman a un lado de la l¨ªnea del frente. ?Fuera especuladores!, responde la otra trinchera. Se libra una guerra ideol¨®gica sobre la vivienda y su campo de batalla no se limita a los partidos. Hay dos bloques de organizaciones enfrentados en ¡°una discusi¨®n esencial para definir c¨®mo repartimos la riqueza¡±, explica Aitana Alguacil, profesora de Sociolog¨ªa en la Universidad Carlos III y coautora de La vivienda en Espa?a en el siglo XXI. ¡°Hist¨®ricamente, ha sido un debate dominado por el discurso de defensa a ultranza de la propiedad privada, con m¨²ltiples altavoces bien conectados en posiciones de poder¡±, se?ala Jordi Bonshoms, profesor de Derecho Penal en la Universitat Pompeu Fabra (UPF) e investigador sobre vivienda. Pero a?ade: ¡°Aunque el lobby inmobiliario sigue siendo dominante, cada vez le opone m¨¢s resistencia un contradiscurso con ¨¦nfasis en el derecho a la vivienda¡±.
El primer bloque, defensor del negocio inmobiliario, abomina del ¡°intervencionismo¡±, exalta la ¡°seguridad jur¨ªdica¡± y alerta de las amenazas a la propiedad, sean los impuestos o la ocupaci¨®n (u ¡°okupaci¨®n¡±, subrayando su car¨¢cter antisistema). Es un bloque ¡°con un arraigo de m¨¢s de medio siglo¡± que est¨¢ ¡°especializado en influir tanto en la opini¨®n p¨²blica a trav¨¦s de los medios o la universidad como en la pol¨ªtica¡±, explica Bonshoms.
Precisamente la presencia de expol¨ªticos en su c¨²spide permite presentar a tres organizaciones que sirven como punto de partida. La Asociaci¨®n de Propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval), que integra al fondo Blackstone, tiene desde febrero como presidenta a Helena Beunza, secretaria general de Vivienda con el Gobierno del PSOE hasta dos a?os antes y sustituta en Asval del ex alcalde de Barcelona y exministro socialista Joan Clos. La Asociaci¨®n de Consultoras inmobiliarias (ACI), que re¨²ne a firmas que representan el 90% de este mercado ¨CBNP Paribas, Catelle, CBRE y otras¨C, tiene al frente a Ricardo Mart¨ª-Flux¨¢, jefe de protocolo con Juan Carlos I (1992-1996) y secretario de Estado con Jaime Mayor Oreja en Interior (1996-2000). Al mando del Instituto de Estudios Econ¨®micos (IEE), think tank de la CEOE, est¨¢ ??igo Fern¨¢ndez de Mesa, tambi¨¦n ex secretario de Estado con el PP, en su caso de Econom¨ªa (2014-2016).
Asval, ACI e IEE comparten implicaci¨®n en el debate sobre la vivienda, que desarrollan a trav¨¦s de m¨²ltiples herramientas: informes, eventos, expertos en los medios, mensajes en webs y redes... Asval anunci¨® en 2023 una millonaria reclamaci¨®n de indemnizaciones al Estado por los l¨ªmites a las subidas de renta, que ser¨ªa mayor ¨Cadvert¨ªa¨C si sal¨ªa la ley de vivienda. Poco antes de su aprobaci¨®n, la ACI lanzaba un comunicado de ¡°alerta¡±: la norma ¡°pondr¨¢ en peligro la inversi¨®n¡±. Es el mismo discurso que recorre el informe sobre vivienda que present¨® el IEE en 2022, en un acto en el que su presidente clam¨® contra la ¡°creciente legitimaci¨®n¡± de las ¡°ocupaciones¡± y de la ¡°suspensi¨®n de desahucios¡± en Espa?a.
Las citadas son solo tres entre m¨²ltiples entidades en un bloque que integra tambi¨¦n a patronales, empresas que act¨²an a su vez como analistas, portales... La mara?a es densa. Su caudal de mensajes, abundante. A pesar de sus intereses en el negocio, sus integrantes se declaran objetivos. ¡°M¨¢ximo rigor¡±, afirma un portavoz de Asval sobre sus an¨¢lisis. El bloque tiene v¨ªnculos con la universidad. La inmobiliaria Tecnocasa, que defiende posiciones contra el ¡°intervencionismo¡±, financia con 30.000 euros anuales una c¨¢tedra en la Pompeu Fabra. Un estudio de dicha c¨¢tedra hace m¨¢s de un a?o pronosticaba la desaparici¨®n del mercado del alquiler de m¨¢s de 100.000 inmuebles por la ¡°inseguridad jur¨ªdica¡± de la nueva ley.
La Asociaci¨®n de Promotores y Constructores (APCE), nacida en 1968 y que durante la tramitaci¨®n de la norma denunci¨® que era ¡°inconstitucional¡±, financia otra c¨¢tedra con la misma cuant¨ªa, tambi¨¦n en la UPF, que en 2023 public¨® un informe cr¨ªtico con las pol¨ªticas de contenci¨®n de rentas y que reclamaba medidas como los ¡°incentivos a los propietarios¡±. ¡°Tiene la misma credibilidad que un estudio financiado por Marlboro sobre las consecuencias del tabaco¡±, denunci¨® entonces el Sindicato de Inquilinas de Catalu?a.
La APCE no responde a las preguntas de EL PA?S. Tanto Tecnocasa como la UPF defienden su contribuci¨®n al debate. ¡°Hemos informado de subidas y bajadas del precio de la vivienda, siempre de manera imparcial¡±, afirma por escrito L¨¢zaro Cubero, director de An¨¢lisis de Tecnocasa, que subraya que la c¨¢tedra publica informaci¨®n de sus propias ¡°bases de datos¡± y de ¡°fuentes p¨²blicas¡±. La UPF, tambi¨¦n por escrito, reivindica la ¡°transparencia¡± de los estudios y la transferencia de conocimiento a la sociedad que permiten las c¨¢tedras.
Tanto APCE como la Confederaci¨®n de la Construcci¨®n comparten diagn¨®stico contra las pol¨ªticas del Gobierno, as¨ª como soluci¨®n: construir casas mediante ¡°colaboraci¨®n p¨²blico-privada¡±. ?Y las inmobiliarias? Al igual que promotoras y constructoras, se organizan en plataformas que funcionan como proveedoras de informaci¨®n y an¨¢lisis. Dos de sus portavoces ofrecen una panor¨¢mica de las posiciones del sector. La ¡°principal¡± raz¨®n de los altos precios del alquiler es la ¡°inseguridad jur¨ªdica¡±, afirma Montserrat Junyent, vicepresidenta de la Federaci¨®n de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias (FADEI), que pide menos ¡°burocracia¡± y ¨Cen el caso de Barcelona¨C rebajar la exigencia de un 30% de vivienda protegida en nuevas promociones aprobada con Ada Colau. Jos¨¦ Mar¨ªa Alfaro, presidente de la Federaci¨®n de Asociaciones Inmobiliarias (FAI), recalca que la propiedad tiene un ¡°rango superior¡± de protecci¨®n constitucional. En cuanto a las medidas, reclama m¨¢s construcci¨®n como soluci¨®n a largo plazo, y mientras tanto, avales ICO para cubrir a los arrendatarios e incentivos fiscales para aflorar pisos vac¨ªos.
Todos los sectores tienen altavoces. Como las socimis. Hasta 36 inversoras inmobiliarias de este tipo integran Asocimi, cuyo presidente, Javier Basagoiti, otro experto citado en el debate, es un firme partidario de la autorregulaci¨®n de los mercados. En el sector asegurador y de gesti¨®n del alquiler sobresale la aportaci¨®n de las firmas Alquiler Seguro y Agencia Negociadora del Alquiler. La Fundaci¨®n Alquiler Seguro financia el ¡°centro de estudios¡± Observatorio del Alquiler, que funciona como un surtidor de datos para orientar ¡°pol¨ªticas p¨²blicas informadas¡±. ¡°La presencia de la Universidad Rey Juan Carlos en el Observatorio garantiza su independencia¡±, sostiene por escrito Sergio Cardona, portavoz de la compa?¨ªa, que difunde mensajes contra la ley de vivienda y sobre la amenaza de la ocupaci¨®n. Sus preocupaciones coinciden con las de Jos¨¦ Ram¨®n Zurdo, director de Agencia Negociadora del Alquiler, que acusa al Gobierno de un ¡°exagerado intervencionismo¡±.
Idealista es una fuente fundamental. No solo para los medios. Incluso informes del Banco de Espa?a incluyen sus datos. Idealista sostiene una posici¨®n contraria a la l¨ªnea pol¨ªtica del Gobierno, cuya ley de vivienda, seg¨²n un an¨¢lisis de 2023, lleva a los inquilinos a ¡°cotas desconocidas de sufrimiento¡±. Adem¨¢s de portal de b¨²squeda, Idealista es prestador de servicios de intermediaci¨®n hipotecaria y aseguramiento. ?Condiciona eso su an¨¢lisis? Francisco I?areta, su portavoz, responde por escrito que no, porque Idealista muestra el mercado con ¡°transparencia¡± y datos ¡°comprobables¡±. ¡°Ninguno de nuestros productos y servicios tiene un impacto directo sobre los precios¡±, a?ade el portavoz de Idealista, empresa colaboradora de Asval.
Tambi¨¦n tienen presencia en el debate entidades antiocupaci¨®n como la Organizaci¨®n Nacional de Afectados por la Okupaci¨®n, la Plataforma Afectados por la Ocupaci¨®n o la Asociaci¨®n Espa?ola contra la Okupaci¨®n, que reciben atenci¨®n dentro de la cobertura medi¨¢tica que recibe el fen¨®meno.
¡°Discursos alternativos¡±
Un punto fuerte del bloque inmobiliario ¨Ccoinciden los investigadores Bonshoms y Alguacil¨C es que un discurso que favorece principalmente a los hogares rentistas, en torno al 10% del total de familias en Espa?a, logra una acogida favorable mucho m¨¢s all¨¢ de ese porcentaje ?Por qu¨¦? El quid, sostienen, es que m¨¢s de un 75% de la vivienda en Espa?a es en propiedad, lo que facilita un extendido recelo ante cualquier medida que pueda reducir su valor, incluso aunque el propietario solo tenga una y resida en ella. Romper la alianza entre perceptores de rentas y propietarios de una vivienda es uno de los desaf¨ªos de lo que Alguacil llama ¡°discursos alternativos¡±. Sus defensores conforman el segundo bloque.
?Qui¨¦nes lo forman? Cualquier lista incluye a la PAH, que en 2024 ha cumplido 15 a?os y que ve complementada su tarea por los sindicatos de inquilinas. Nacidos en 2017 en Madrid y Barcelona, estos sindicatos locales est¨¢n acumulando protagonismo en las actuales movilizaciones con su propuesta de ¡°huelga de alquileres¡±. Junto a la movilizaci¨®n social, libran la batalla ideol¨®gica. No solo con un diagn¨®stico cr¨ªtico, sino adoptando una actitud beligerante contra entidades como Asval, Idealista, Tecnocasa o Alquiler Seguro.
Nombres vinculados al sindicalismo de inquilinos, como los investigadores Javier Gil en Madrid o Jaime Palomera en Barcelona, destacan hoy en el debate sobre vivienda firmando estudios con repercusi¨®n medi¨¢tica. ¡°Es una novedad que ayuda a reducir el desequilibrio de fuerzas¡±, se?ala Bonshoms. Conectados a estos sindicatos hay entidades dedicadas a difundir ideas, estudios y propuestas. El Instituto de Investigaci¨®n Urbana de Barcelona, que promueve la ¡°justicia social y ecol¨®gica¡±, public¨® en octubre un informe ¡°sobre la creciente desigualdad en el acceso a la propiedad¡± que tuvo importante repercusi¨®n. En cuanto al Grupo de Estudios Cr¨ªticos Urbanos, con sede en Madrid, lanz¨® en abril un estudio que rebat¨ªa el argumentario seg¨²n el cual la intervenci¨®n en el mercado perjudicar¨ªa fundamentalmente a peque?os caseros.
¡°Debemos ser humildes. Nos enfrentamos a un marco dominante que ha resistido a la crisis de 2008 y al 15-M. Ellos son m¨¢s y tienen m¨¢s recursos. Eso s¨ª, se empieza a notar un cambio. El rentismo sufre una crisis de legitimidad¡±, afirma Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid. Su ideario se vale de un conjunto de t¨¦rminos detectables tambi¨¦n en la PAH, el Observatori DESCA, las Comisiones de Vivienda 15-M o Facua. Todas son entidades que suscriben un an¨¢lisis seg¨²n el cual existe un sistema ¡°mercantilizador¡± y un ¡°rentismo¡± que privilegia a los arrendatarios improductivos, entre ellos los ¡°fondos buitre¡± y otros ¡°grandes tenedores¡± dedicados a la ¡°especulaci¨®n¡±.
¡°En paralelo a una aceleraci¨®n de la extracci¨®n de rentas, la resistencia es cada vez m¨¢s s¨®lida. De ah¨ª que el concepto rentismo, que evidencia la injusticia de vivir de las rentas a costa del trabajo de otros, se est¨¦ abriendo paso¡±, explica Javier Rubio, miembro del Centro de Asesor¨ªa y Estudios Sociales, una cooperativa legal que tambi¨¦n participa en la pugna ideol¨®gica y en la que ejerce como abogada la excandidata de Unidas Podemos en la Comunidad de Madrid Alejandra Jacinto. Mientras el sindicalismo laboral ha sufrido ¡°cierto desgaste¡±, la movilizaci¨®n en torno a la vivienda contribuye a ¡°una renovaci¨®n del repertorio de reivindicaci¨®n democr¨¢tica¡± con atractivo para la poblaci¨®n joven, a?ade.
?C¨®mo valoran desde el negocio el protagonismo de estos sindicatos? La t¨®nica es la prudencia. Hay incluso mensajes de comprensi¨®n. Aportan ¡°nuevas perspectivas¡±, sostiene por escrito la ACI, que se considera un agente ¡°abierto al di¨¢logo¡± en el debate. Las reivindicaciones de los sindicatos parten de ¡°una necesidad real¡±, afirma Sergio Cardona, de Alquiler Seguro, que atribuye las cr¨ªticas de este movimiento a su compa?¨ªa a una err¨®nea atribuci¨®n a los caseros de la responsabilidad de garantizar el derecho a la vivienda. Tecnocasa tambi¨¦n cree que los ataques recibidos se deben al ¡°desconocimiento¡±. ¡°La gran mayor¨ªa de nuestros clientes son vecinos del barrio¡±, se?ala su directivo L¨¢zaro Cubero. El mensaje m¨¢s cr¨ªtico sale de FADEI, cuya vicepresidenta cree que los sindicatos lanzan mensajes ¡°alarmistas¡±.
El bloque que enfatiza el derecho a la vivienda se extiende, sin llegar a los planteamientos m¨¢s radicales, a organizaciones como Amnist¨ªa Internacional, CC OO o UGT, que se han sumado en Madrid a una plataforma junto a los sindicatos de inquilinas, a su vez imbricados en el movimiento contra la turistizaci¨®n. La soci¨®loga Aitana Alguacil cree que este frente ir¨¢ a m¨¢s: ¡°Se han resquebrajado las bases del discurso seg¨²n el cual el mercado se equilibra bien sin la pol¨ªtica. Es normal que los discursos contra esa idea ya desmentida avancen¡±.
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