Suprema pol¨ªtica en el tribunal

Si uno se lo propone, puede tomarse perfectamente en serio que a Miguel ?ngel Rodr¨ªguez le ¡°entristece el cada vez m¨¢s bajo nivel de la vida p¨²blica espa?ola¡±, como reza el lema que ha colocado el jefe (de gabinete) de Isabel D¨ªaz Ayuso en el frontispicio de su cuenta de X. Solo hace falta propon¨¦rselo con ese fervor admirable con el que se lo propone buena parte de la c¨¢psula medi¨¢tica capitalina. Todo en esta vida requiere echarle un poco de fe, valiosa virtud c¨ªvica, am¨¦n de religiosa.

Si rebuscamos en nuestras reservas de fe, abrazaremos la convicci¨®n de que el novio de la presidenta madrile?a es, como ella misma ha descrito, v¨ªctima de una vil operaci¨®n de Estado. Una maniobra para destruir a un rival pol¨ªtico que empez¨® el d¨ªa que Hacienda, con su habitual suspicacia estalinista, sospech¨® que algo no encajaba en la declaraci¨®n de un se?or que, tras sextuplicar sus ingresos del a?o anterior, pretend¨ªa rebajar su contribuci¨®n a la mitad. Una venganza que continu¨® con el despliegue de esa ¡°inspecci¨®n salvaje¡± para destruir a un ¡°brillante empresario¡±, cuyo pecado es convivir con una combatiente antisanchista y tratar de escapar al infierno fiscal de este pa¨ªs para ahorrarse 350.000 euros desgravando gastos por 1,7 millones con unas cuantas facturillas un poco inventadas. Nada que no haya hecho cualquier sacrificado espa?olito.

La culminaci¨®n de todo este abominable complot ha sido la actuaci¨®n de la Fiscal¨ªa. Aunque aqu¨ª encontramos tambi¨¦n un motivo de orgullo: vivimos en un pa¨ªs donde para proteger los secretos a voces de un comisionista y defraudador de Hacienda registramos hasta el ¨²ltimo rinc¨®n del despacho y hurgamos en las comunicaciones privadas de una de las m¨¢s altas autoridades del Estado. Y de ese modo perseguimos judicialmente una filtraci¨®n filtrando las conversaciones personales del pretendido filtrador con colaboradores suyos ajenos a la investigaci¨®n. Todo gracias a la pertinaz constancia indagatoria de un juez del Tribunal Supremo que ya presentaba la inigualable hoja de servicios de haber captado que el PP nunca se aprovech¨® de la trama G¨¹rtel. Algunas mentes destrozadas por el wokismo quieren interpretar esto como una vendetta de togas m¨¢s pol¨ªtica que jur¨ªdica, en lugar de un acto de justicia para proteger a un ciudadano indefenso de un ¡°da?o reputacional¡±, seg¨²n nos ilustra su se?or¨ªa ?ngel Hurtado.

Llegados a este punto, nuestra fe ha pasado las pruebas suficientes para convenir que en Espa?a no hay un solo juez que dicte resoluciones basadas en motivos ajenos a lo puramente t¨¦cnico o jur¨ªdico. Interpretar como activismo pol¨ªtico ciertos procedimientos contra independentistas o personas de izquierda solo puede obedecer al empe?o en asesinar a Montesquieu. Nuestra justicia es, sin excepciones, ejemplar. Y el Supremo, su mir¨ªfica c¨²spide.

No podemos mancillar la justicia aireando sospechas infundadas. Sosteniendo que acechaba alg¨²n prop¨®sito mal¨¦volo detr¨¢s de las numerosas actuaciones judiciales sobre Podemos, todas fallidas tras a?os de instrucci¨®n. Cuando un juez porfiaba en escarbar sobre la financiaci¨®n del partido pese a la comprobada falsedad de los informes o daba carta de naturaleza a chismorreos como que Irene Montero pagaba con dinero del Gobierno la ni?era de sus hijos, solo cumpl¨ªa con su deber.

Piensen en el ya exmagistrado de la Audiencia Nacional Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n y las cr¨ªticas que recibi¨® por aquella excelsa jugada jur¨ªdica: en plena negociaci¨®n de la amnist¨ªa en el Parlamento, sac¨® del congelador unas diligencias cuatro a?os paralizadas e imput¨® terrorismo a Carles Puigdemont porque en una manifestaci¨®n que ¨¦l apoyaba se muri¨® de un infarto un ciudadano franc¨¦s. Una filigrana luego coronada por la Sala Segunda del Supremo al corroborar que el ¡°terrorismo no es, ni puede ser, un fen¨®meno est¨¢tico¡±.

En esa misma Sala del alto tribunal debemos lamentar el cese del presidente, Manuel Marchena, a quien algunas de las m¨¢s reputadas firmas de la capital han descrito como un incorruptible tit¨¢n de la ciencia jur¨ªdica. En su haber se cuentan aut¨¦nticas piezas de orfebrer¨ªa, como dictaminar que los l¨ªderes independentistas se enriquecieron con el refer¨¦ndum ilegal porque no lo pagaron de su bolsillo. De ese modo consigui¨® enmendar la plana al Congreso, donde pulula gente que se cree que por haber sido elegida por los ciudadanos puede elaborar leyes para que las apliquen quienes han tenido que sortear un examen opositor al alcance de muy pocos. A Marchena debemos tambi¨¦n aquella sentencia que conden¨® y provoc¨® la retirada de su esca?o al diputado de Podemos Alberto Rodr¨ªguez por agredir a un polic¨ªa, sin que constase parte alguno de lesiones ni m¨¢s prueba que el testimonio dubitativo del propio agente.

El diccionario define la fe: ¡°Creencia que se da a algo por la autoridad de quien lo dice o por la fama p¨²blica¡±. Es por eso por lo que creemos a Marchena, como debemos creer a Hurtado cuando concluye que ha ¡°apuntalado¡± que el fiscal general filtr¨® un documento sobre el novio de Ayuso y da por seguro que su oficina lo mand¨® a La Moncloa. Cierto que no acredita pruebas en qu¨¦ basarlo. ?Pero a qui¨¦n vamos a creer, a Miguel ?ngel Rodr¨ªguez y a un juez del Supremo o a nuestros propios ojos?