Desestimado el recurso del Gobierno regional contra la demanda de las residencias de Legan¨¦s
Los jueces dan la raz¨®n al Ayuntamiento y admiten el escrito municipal contra la Consejer¨ªa de Sanidad
Nuevo varapalo a los letrados de la Comunidad de Madrid en los casos de las residencias de Legan¨¦s. Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) han desestimado el recurso presentado por la abogac¨ªa regional contra la demanda del Ayuntamiento leganense por la gesti¨®n de las residencias de mayores de la localidad durante la pandemia. Los jueces entienden que el Consistorio tiene toda la legitimidad para pedir responsabilidades al Gobierno de Isabel D¨ªaz Ayuso y para solicitar que se investigue si la Consejer¨ªa de Sanidad utiliz¨® o no todos los medios que ten¨ªa a su alcance para frenar la oleada de muertes registradas en los geri¨¢tricos.
El auto de la Secci¨®n Octava de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJM, al que ha tenido acceso EL PA?S, desestima a lo largo de ocho folios todos los puntos que hab¨ªa alegado el letrado regional. Este argument¨® en su escrito para desestimar la demanda del Ayuntamiento de Legan¨¦s que esta Administraci¨®n no pod¨ªa ¡°actuar en materias ajenas a su competencia¡± o en casos que no le reportaran ¡°beneficio directo alguno¡±. Es decir, que el Consistorio solo pod¨ªa acudir a los tribunales si ped¨ªa alguna medida para s¨ª mismo. Los magistrados rechazan ese argumento y recuerdan que esta instituci¨®n ha acreditado hasta el momento ¡°un inter¨¦s leg¨ªtimo aparentemente suficiente en la defensa del derecho a la salud de los mayores de los centros ah¨ª [en su municipio] ubicados¡± y para exigir a la Comunidad de Madrid el cumplimiento de sus obligaciones.
Legan¨¦s fue uno de los municipios m¨¢s golpeados por la primera oleada de la pandemia, lo que llev¨® a que el hospital Severo Ochoa estuviera colapsado y fuera necesario habilitar un hospital de campa?a en las inmediaciones. La situaci¨®n fue tal que, adem¨¢s de fallecer centenares de personas, las urgencias del centro no pudieron acoger a pacientes durante d¨ªas y d¨ªas.
¡°Al margen de ello, no solo residentes y trabajadores en las residencias se ven afectados por la situaci¨®n de la pandemia, sino que la misma afecta a la totalidad de los vecinos, toda vez que se demostr¨® que dichos centros fueron un foco de contagio y transmisi¨®n en los primeros momentos de la pandemia, no siendo por tanto ajeno al inter¨¦s municipal el control de la transmisi¨®n de la enfermedad entre los vecinos¡±, recoge el auto de admisi¨®n a tr¨¢mite, del que ha sido ponente el magistrado Rafael Botella y Garc¨ªa-Lastra.
El letrado regional tambi¨¦n apel¨® a que el objeto de la demanda -la medicalizaci¨®n de las residencias y la supuesta inactividad de la Consejer¨ªa de Sanidad- se hab¨ªa perdido por el transcurso del tiempo. En su opini¨®n, la situaci¨®n en los geri¨¢tricos ya hab¨ªa mejorado y las ¨®rdenes ministeriales ya no estaban en vigor. De nuevo, los jueces creen que no se puede admitir ese razonamiento, ya que no se ha entrado en el fondo de la cuesti¨®n, es decir, que no se ha esclarecido si el Gobierno regional actu¨® bien o no en el tratamiento de los mayores ingresados. Los magistrados mantienen su obligaci¨®n de investigar lo sucedido: ¡°Ese pronunciamiento sobre la conformidad o no a derecho de una determinada conducta [la atenci¨®n adecuada en las residencias] y, si esta integraba o no una aut¨¦ntica inactividad, no se ha producido¡±, recoge el escrito.
El auto est¨¢ redactado con t¨¦rminos muy duros y contundentes como los anteriores escritos que obligaban a tomar medidas cautelares en los geri¨¢tricos de Legan¨¦s. Los jueces tambi¨¦n tiran por tierra el intento del letrado regional de no admitir la demanda porque no se agot¨® con car¨¢cter previo la v¨ªa administrativa. El abogado de Sanidad mantiene que, si el Ayuntamiento quer¨ªa que se tomaran medidas urgentes en los geri¨¢tricos, deber¨ªa haber llamado a la puerta de la Consejer¨ªa antes de acudir directamente al TSJM y pedir unas medidas cuatelar¨ªsimas.
El ponente del auto lo rechaza por dos motivos. El primero es que el alcalde de Legan¨¦s, el socialista Santiago Llorente, escribi¨® al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, el 30 de marzo en el que le ped¨ªa actuaciones inmediatas. El 20 de abril, hubo otro requerimiento del Ayuntamiento a los consejeros de Sanidad y Pol¨ªticas Sociales. Cuatro d¨ªas despu¨¦s, se iniciaron las acciones legales.
El segundo motivo resulta a¨²n m¨¢s obvio para los magistrados: ¡°Cuando se exige, como en este caso, el cumplimiento de obligaciones que pueden implicar un riesgo para la vida, debe admitirse la posibilidad de acudir a la jurisdicci¨®n sin agotar el plazo de reacci¨®n que el precepto concede a la Administraci¨®n¡±.
El recurso regional tambi¨¦n planteaba que el Ayuntamiento de Legan¨¦s tan solo buscaba una llamada acci¨®n declarativa, es decir, que los jueces digan si las citadas consejer¨ªas actuaron o no bien y protegieron a los mayores. Los magistrados del TSJM ven acertada esa pretensi¨®n municipal, dado que se hizo en un contexto en el que estaban muriendo decenas y decenas de personas en estos geri¨¢tricos: ¡°La actuaci¨®n del Ayuntamiento articulando una pretensi¨®n de car¨¢cter meramente declarativo no resulta de entrada desacertada. La valoraci¨®n por parte del Tribunal de si hubo o no inactividad es el objeto de este procedimiento y no puede soslayarse¡±.
El ponente concluye que el caso debe seguir adelante y que se debe investigar la actuaci¨®n de la Administraci¨®n regional. Todas estas cuestiones previas se resolver¨¢n en la sentencia, donde se entrar¨¢ en detalle ¡°en el fondo del asunto¡±, seg¨²n el magistrado.
Segundo varapalo por las residencias de Legan¨¦s
La admisi¨®n a tr¨¢mite de la demanda del Ayuntamiento de Legan¨¦s se ha conocido la misma semana que la Audiencia Provincial de Madrid revocaba un auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucci¨®n n¨²mero 5 de Legan¨¦s por el que se archivaba una querella de familiares de 11 mayores fallecidos o contagiados en cuatro geri¨¢tricos de esta localidad. La secci¨®n 23 obliga a reabrir el caso y a estudiarlo en detenimiento para saber si los directores de estas residencias pudieron cometer los delitos de homicidio por imprudencia, omisi¨®n del deber de socorro, trato degradante y prevaricaci¨®n. La acusaci¨®n tambi¨¦n se dirige contra la presidenta regional, Isabel D¨ªaz Ayuso, y los consejeros de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, e Interior y Justicia, Enrique L¨®pez.
La querella, presentada por los familiares de los mayores fallecidos o contagiados, se dirige contra los directores de las residencias Aralia Parque de los Frailes -donde murieron tres mujeres-, Amavir El Encinar -tres mujeres v¨ªctimas mortales-, Domusvi-Legan¨¦s -un residente fallecido- y Vitalia Home Legan¨¦s, con una anciana muerta y dos residentes con covid-19-. La ponente del auto de la Audiencia Provincial, la magistrada Mar¨ªa Paz Batista Gonz¨¢lez, entiende que el archivo de la causa supone una vulneraci¨®n del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva. No se practic¨® ninguna diligencia para investigar los hechos ni se motiv¨® adecuadamente el auto de archivo.
¡°Examinado el escrito de querella, se describen 11 casos distintos en los que se hace referencia a situaciones de retardo en la atenci¨®n m¨¦dica de algunos pacientes de covid-19 que resid¨ªan en las residencias de mayores. As¨ª mismo, se hace alusi¨®n a la falta de medidas de protecci¨®n en las residencias, motivo de muchos de los contagios, seg¨²n manifiestan los querellantes, as¨ª como la falta de informaci¨®n a los familiares del estado de sus seres queridos, entre otras manifestaciones¡±, recoge el auto de la Audiencia.
La magistrada mantiene que lo presentado en la querella da pie a que se pueda decir que pudieron cometerse algunos delitos ¡°si bien siempre de manera indiciaria¡±. Por ello, ordena al juez de Legan¨¦s que practique las diligencias necesarias y comprobar los hechos relatados. Tambi¨¦n afirma que, si los directores de las residencias actuaron conforme a los protocolos del Gobierno regional, es necesario saber ¡°al menos¡± cu¨¢les fueron estos. Para ello, las residencias deber¨¢n aportarlos al juzgado, junto con los criterios de derivaci¨®n de internos a los hospitales.
Los responsables de los geri¨¢tricos tambi¨¦n deber¨¢n entregar las historias cl¨ªnicas de los fallecidos y contagiados, as¨ª como los medios de protecci¨®n individual y personal con que contaban y las medidas de seguridad adoptadas. La magistrada tambi¨¦n ordena que se tome declaraci¨®n a las dos personas infectadas ¡°a fin de tomar un mejor y m¨¢s cercano conocimiento de los hechos¡±.
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