Una pol¨ªtica para los pisos tur¨ªsticos
El beneficio inmediato de este tipo de explotaciones no justifica el perjuicio social que causan y su efecto sobre el mercado de la vivienda
El anuncio de que Barcelona se dispone a cerrar todos los pisos tur¨ªsticos en el horizonte de 2028 ha puesto encima de la mesa un debate que trasciende el del modelo tur¨ªstico que necesita Espa?a y alcanza de lleno a uno de los grandes problemas del pa¨ªs: la carest¨ªa de la vivienda. Con una aportaci¨®n de m¨¢s del 12% al PIB nacional, el turismo es un sector clave para la econom¨ªa y para la vida de millones de espa?oles, y tiene que seguir si¨¦ndolo. Sin embargo, los inconvenientes que se derivan de esta industria deben abordarse con determinaci¨®n para evitar que el perjuicio final sea mayor que el beneficio inmediato.
Dado el impacto que tienen en la disponibilidad y en el precio de la vivienda, la regulaci¨®n estricta e incluso la prohibici¨®n de los pisos tur¨ªsticos en determinadas circunstancias deben formar parte de este debate. En Barcelona y en otras ciudades ¡ªdesde Ibiza hasta M¨¢laga¡ª, el fen¨®meno se ha hecho insostenible, con expulsiones masivas de inquilinos que est¨¢n desfigurando el centro de las ciudades, aniquilando cualquier actividad que no sea puramente tur¨ªstica y afectando severamente a la vida de los vecinos que resisten.
El Ministerio de Vivienda ha convocado para esta semana a los ayuntamientos porque cada autonom¨ªa y cada ciudad aborda de manera diferente un fen¨®meno que ha alcanzado un volumen desorbitado al calor de las plataformas digitales, que permiten poner viviendas a disposici¨®n de los turistas con escasos controles por parte de la Administraci¨®n. La prioridad es analizar si los 10.000 pisos tur¨ªsticos que funcionan legalmente en Barcelona, los 16.000 de Madrid o los 11.000 de M¨¢laga lo hacen siguiendo la normativa. Los expertos se?alan como problema no solo la amplia variedad de regulaciones, sino, sobre todo, la falta de iniciativa de la mayor parte de administraciones para inspeccionar y, en su caso, multar a los incumplidores. Que el a?o pasado en Madrid solo se impusieran 86 sanciones ilustra bien el escaso ¨ªmpetu fiscalizador. El propio Ayuntamiento ha calculado, adem¨¢s, que el 92% de este tipo de apartamentos operan sin licencia.
La regulaci¨®n de los pisos tur¨ªsticos tendr¨¢ que ser forzosamente asim¨¦trica teniendo en cuenta que lo que es un grave problema en muchas urbes y zonas costeras puede ser un factor de progreso econ¨®mico y social en zonas rurales de la Espa?a vac¨ªa, donde el alquiler de antiguas casas deshabitadas puede contribuir a fijar poblaci¨®n y a generar riqueza. Cosa bien distinta es, sin embargo, la transformaci¨®n masiva de viviendas en pisos de uso tur¨ªstico en ciudades que terminan expulsando a sus propios habitantes.
Es a esto a lo que Barcelona ha dicho basta ampar¨¢ndose en un decreto de la Generalitat que da cinco a?os a los municipios para que regulen si quieren o no tener pisos tur¨ªsticos y, en su caso, fijen las condiciones. La medida dar¨¢ lugar a una disputa legal entre los concesionarios de licencias y el Ayuntamiento, pero en la capital catalana la emergencia habitacional es tal que el malestar con ese tipo de apartamentos amenaza con derivar en turismofobia. Evitarlo est¨¢ en manos de las administraciones. Para ello debe quedar claro que los turistas deben alojarse principalmente en establecimientos de hosteler¨ªa, ya sean hoteles convencionales, apartahoteles o pensiones. Las viviendas tienen que ser, por regla general, espacios en los que vivir. Solo as¨ª, evitando la competencia entre visitantes y locales, se podr¨¢ mantener un equilibrio entre la necesaria actividad tur¨ªstica y la calidad de vida de los ciudadanos.
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